Share This

Bookmark and Share

Tecpatl

Tecpatl
Our Word is Our Weapon, if you have anything you would like us to publish please send us an email @ maiz_centeotl_chicomecoatl@riseup.net

3/25/09

"Exigimos al gobierno federal que presente con vida y en libertad a nuestros compañeros"

Rebelión

Comunicado del PDPR-EPR

AL PUEBLO DE MEXICO


A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS !


A casi dos años de cumplirse la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de la indolencia deliberada de los gobiernos federal y estatal de Oaxaca planteamos:

Sr. Calderón, como en reiteradas ocasiones no ha permitido que olvidemos que es el Jefe Máximo de las fuerzas armadas y que asume las consecuencias que deriven de sus decisiones como gobierno, señalamos ante el pueblo de México y el mundo que usted es el responsable y culpable directo del crimen de lesa humanidad de detención-desaparición forzada cometido en la persona de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, usted sabe perfectamente quiénes los detuvieron y en dónde están, porque sería ingenuo pensar que -aunque no tiene el control absoluto de su gabinete- usted no supiera la verdad. Durante este proceso de su gobierno ha habido la intención de dejar pasar deliberadamente el tiempo para que los sigan torturando física y psicológicamente, apostando al olvido y al desgaste, ya la CNDH plantea en su Recomendación 072009, los obstáculos que han interpuesto para aclarar este crimen de lesa humanidad.

Como gobierno se han comprometido positivamente con las demandas de la Comisión de Mediación, pero siguen dando largas al asunto y no hay la voluntad política ni la concreción de dichas demandas, para tener un resultado veraz y concreto sobre la detención-desaparición forzada de nuestros compañeros.

El Sr. Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, tomó las riendas de la SEGOB a pesar de tener un pasado en el que siempre ha defendido a los grandes jerarcas del capital, es decir, a grandes millonarios capitalistas, lo cual a pesar de retirarse de su bufete jurídico implica un conflicto de intereses y hoy se rige supuestamente por la política que dicta su jefe el Sr. Calderón. Suponemos que a estas alturas ya está enterado sobre este asunto que nos concierne y estamos en la espera de la concreción de los compromisos que la SEGOB adquirió con la Comisión de Mediación.

Sin embargo, el gobierno calderonista insiste en hostigar y amenazar a todos y cada uno de los luchadores sociales, sobre todo a los que están por la defensa y libertad de los presos políticos y de conciencia, persiguiendo y desapareciendo a algunos de estos luchadores, como lo sucedido en Guerrero con los dos indígenas Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas.

Se mandan tropas militares por millares al norte del país, como en Ciudad Juárez, Chihuahua bajo el supuesto combate al crimen organizado, dejando una estela de violación de los derechos humanos, anulando de facto garantías y derechos constitucionales justificando la militarización de la sociedad con la falsedad de combatir un problema que tiene origen en el mismo Estado mexicano y sus instituciones, fenómeno al cual volvemos a repetir, los revolucionarios no somos parte de él.

Somos parte de una insurgencia revolucionaria, de los luchadores sociales que condenamos a este régimen neoliberal y que pugnamos por una sociedad sin iniquidades, como tal no hemos hecho declaraciones amorfas, sino concretas en cuanto a las demandas de justicia social y la exigencia de la equidad entre nuestra sociedad para que el 75% de nuestro pueblo tenga lo mínimo para no sufrir la hambruna que ya existe en el país, somos parte del pueblo en descontento y somos un partido revolucionario propositivo para terminar con la pobreza y la miseria que agobia a la mayoría de los mexicanos.

Por enésima ocasión le exigimos al gobierno federal que presente con vida y en libertad a nuestros compañeros y declare públicamente en dónde los ha tenido en todo este tiempo así como a todos los detenidos desaparecidos del país. En este tiempo el CISEN, la SEDENA, la PGR y el gobierno de Ulises Ruiz han negado insistentemente su responsabilidad en la detención-desaparición de nuestros compañeros cuando todas las evidencias dicen lo contrario, cuando previamente unos días antes de su detención agentes de la PGR detuvieron a dos indígenas de los Loxichas a quienes les pidieron el retrato hablado del compañero Edmundo Reyes Amaya, hoy sabemos que estos fueron a comunicar dichos hechos a un luchador social y éste hasta la fecha ha guardado silencio, comprobado está que así fue.

Hay muchas pruebas que se han acumulado con el tiempo, tantas que la propia CNDH -a destiempo- plantea que fue forzada a dar a conocer el entorpecimiento de las investigaciones, entendemos que están pretendiendo entretener a la Comisión de Mediación para poder hacer un enjuague más entre el gobierno federal y Ulises Ruiz para seguir obstaculizando la investigación sin permitir llegar al fondo porque la policía estatal en complicidad con la PGR y el ejército detuvieron a nuestros compañeros.

Consideramos que si en un lapso de tiempo razonable no hay una respuesta que satisfaga a las necesidades de nuestro pueblo y partido, es el gobierno federal, sobre todo usted señor Calderón el responsable directo de lo que se pueda desencadenar ante este ominoso silencio y dilación, sabemos que el combate al narcotráfico y al narcomenudeo es una cortina de humo, porque sólo con ese pretexto pueden llegar a regiones pobres a hacer destrozos y violar los derechos humanos, “amparados” por “su guerra” cuando el motivo fundamental es tratar de descubrirnos y realizar aprehensiones, si así fuese tomen en cuenta que habría una respuesta inmediata y el rompimiento de la tregua.

Confiamos en la calidad de la Comisión de Mediación y nos congratulamos que hoy existan más personalidades que busquen la libertad de los presos políticos de Atenco que tienen una aberrante condena, y los exhortamos a pronunciarse por la libertad no sólo de ellos sino de todos los presos políticos y de conciencia del país.

De nuestra parte nos sumamos a su justa lucha por la liberación de los presos políticos y de conciencia de Atenco y de todo el país como un intento más de evitar una conflagración violenta.

Cuando Calderón dice, que no quiere que nuestra soberanía sea violada, no corresponde su dicho a la realidad, son años que nuestra soberanía ha sido violada, por años en el país han estado funcionando la DEA, el FBI, la CIA, organismos de inteligencia francés, española e israelí, asesorando, instruyendo y capacitando a policías y militares, llevándolos a preparar a Estados Unidos con enseñanzas antiguerrilleras, los cuales, después desertan y ponen esos métodos al servicio del crimen organizado.

¿Dónde vive y quién es ese “misterioso” israelita y todas las demás personas a las cuales les hablaron desde el teléfono de Edmundo Reyes Amaya? Seguramente ese israelita es un agente del Mossad, es decir, la policía de inteligencia judía que junto con los demás participan en cateos, detenciones y torturas contra luchadores sociales. Los asesores colombianos son también quienes se dedican a perseguir a los defensores de los derechos humanos en nuestro país. ¡Claro que hay una soberanía violada! Pero es con la venia de los gobiernos priístas y panistas, las declaraciones gubernamentales no son más que un acto histriónico, no es más que eso, para confundir levantando otra cortina de humo intentando engañar a nuestro pueblo con supuestas posiciones hasta anti norteamericanas.

Nuestro pueblo sigue esperando una respuesta satisfactoria sobre la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y la presentación de todos los detenidos desaparecidos. Exigimos ya, solución a este problema. ¿Qué camino nos queda cuando ustedes no tienen la capacidad política ni el control de sus fuerzas armadas, y las están poniendo bajo el control de las fuerzas armadas norteamericanas para que ellas determinen qué hacer cuando ven que el peligro para sus intereses en México no es la delincuencia organizada, sino el descontento, la rebeldía y la organización popular? No en vano están proponiendo usar tácticas antiguerrilleras en el “combate” contra la delincuencia organizada.

Repetimos no queremos la guerra, no queremos la violencia, amamos la paz; pero cada día ustedes están orillando a nuestro pueblo a que tome decisiones, el aparente conformismo, este supuesto callar, no es más que el embrión de otras cosas, como fue la gestación de la independencia de nuestro país y la revolución de 1910 contra la dictadura porfirista.

Han pretendido callar a la prensa y a los medios electrónicos porque son la única forma de comunicarnos con la Comisión de Mediación. A los que se han plegado a las exigencias gubernamentales les decimos que también serán responsables de un desenlace con medidas drásticas porque han estado presionando para una salida militar.

Sr. Calderón es preferible morir de pie que vivir de rodillas, nuestro pueblo, nosotros lo sabemos porque estamos dentro de él, se está cansando de su política entreguista, proempresarial y explotadora que camina del brazo con quienes tienen las grandes riquezas nacionales y transnacionales.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL






DEL


PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO


PDPR


COMANDANCIA GENERAL


DEL


EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO


CG-EPR



Año 45
República Mexicana, a 23 de marzo de 2009.

"I Want Them to Arrest Me, If That's What It Takes to be Heard!"

LA Teacher's Sit-In Over Layoffs
By SARAH KNOPP

CounterPunch

Fifty teachers along with parent supporters disrupted a Los Angeles Unified School District (LAUSD) School Board meeting March 10 and occupied the boardroom in an attempt to stop a vote on sending out "reduction in force" notices to almost 9,000 district employees.

Claiming a $718 million budget shortfall, the district is threatening to lay off teachers--both permanent and non-permanent--as well as counselors, administrators, custodial and support staff, and other district employees.

The board, led by Monica Garcia--an ally of LA Mayor Antonio Villaraigosa--slunk out of the boardroom and into an undisclosed location somewhere in the building. There, on display to the public only via a closed-circuit broadcast to the cafeteria of the building, they voted 5-2 to authorize Superintendent Ramon Cortines to send out the notices. Board members Julie Korenstein and Richard Vladovic dissented.

For the United Teachers Los Angeles (UTLA) members who participated, the action was transformative.

We had planned the civil disobedience in advance, and the union paid for substitutes so that we could attend the board meeting. School board meetings always start at 1 p.m., so teachers attending is usually not possible.

The meetings take place in a room in a fancy glass building in the middle of downtown LA with seating for about 250. There are 740,000 students in LAUSD, so if only one-tenth of 1 percent of parents wanted to participate, the room would need to be three times bigger.

Most of us on the protest were seasoned activists, but when we chanted "One! Don't cut the budget! Two! A little bit louder! Three! We need the money! Four! Our students!" for an hour in the hot sun before being permitted into the building, we all felt more angry, more energized and many times more confident than we had at such protests in the past. This time, they'd have to drag us out of there if they wanted to shut us up!

And while most of us were veterans whose jobs were not on the line, we were joined by a handful of probationary teachers who won't be returning next year if the layoffs go through.

We were also joined in our civil disobedience by parents and grandparents who were organized by the community group ACORN. One of the protesters, 83-year-old Julia Botello, has 12 children and more than 30 grandchildren who have gone through the public school system. Four of her granddaughters are now teachers.

Julia had just stepped up to the mic to plead with board members not to make the cuts when they stood up to leave the room for their secret chambers. Later, surrounded by a dozen TV cameras, she said, "I'm calling on the president, the governor, and all those above us to help us...I want them to arrest me, if that's what it takes to be heard."

When the school board left the room, the media stayed. School police were ordered not to arrest teacher-occupiers while the media was still present, so we were never arrested. As UTLA President A.J. Duffy explained to reporters and participants:

Some people say that what we are doing today is improper. Was it improper when they did it in the civil rights movement? Was it improper when César Chávez used civil disobedience to force Gallo wine to meet the demands of the field workers? Isn't this how India won its independence from the British Empire? In fact, this whole country that we love was born out of civil disobedience!

Then, each of the teachers present took turns standing up and explaining what would happen at their schools if the cuts went through. Gym teachers who have used their own paychecks to buy volleyballs, teachers with more than 40 students in remediation classes, and a cohort from a social justice academy at a large high school, afraid to lose the energy, drive and innovation of their newest teachers--all told their stories. Teachers made it clear that layoffs resulting in larger class sizes will be a disaster for students.

Since we had the boardroom occupied, we used the opportunity to debate strategies, tactics and the next actions we could take to escalate the fight and involve more parents and teachers. Afterwards, we joined a support rally outside. Students from three prominent high schools had organized a bus to bring them to the protest. The action drew widespread coverage in the local media.


THE SIT-IN was the latest in a series of actions by UTLA in the last few months.

On June 6 of last year, the union organized a one-hour strike to protest state budget cuts targeting schools. The next big action came December 10, when some 10,000 UTLA members demonstrated at seven regional school board offices to protest LAUSD's insulting "last, best, and final offer" that threatened draconian cuts to teachers' health care coverage.

Since then, UTLA and seven other school employee unions have reached a tentative agreement on health care, a deal that turns back LAUSD's most aggressive demands. That agreement will soon be voted on by members.

In parallel bargaining, negotiators for the teachers and LAUSD are far apart on the main contract. Key issues are salary and a series of non-monetary demands dealing with workplace democracy, shared decision-making, rights for school counselors and substitutes, and a fair grievance procedure.

UTLA has been rebuilding the union's capacity to fight since a reform leadership took over in 2005. Teachers won a 6 percent raise in the 2006-07 negotiations. The re-opener rounds in years two and three of our three-year contract have so far yielded nothing but offers of less than zero from the district.

Employees who receive pink slips will not definitely lose their jobs until after a final school board vote in June. Many hope that by then, federal stimulus money will have provided a way for LAUSD to avoid most of the layoffs.

But we intend to make it clear to the district that if they don't find the money by any means necessary to save every single job, they will pay the price of massive unrest.

David Rapkin contributed to this article.

Sarah Knopp is a public school teacher in Los Angeles.

This article originally appeared in the Socialist Worker.

El gobierno estadounidense puso como condición para liberar a un preso de Guantánamo que negara que fue torturado

Reuters, The Independent y Afp




Abogados del gobierno de Estados Unidos intentaron que Binyam Mohamed, un residente británico que estuvo preso en el centro de detención de Guantánamo, Cuba, durante casi siete años, firmara un acuerdo en el que asegurara que jamás había sido torturado y que se comprometiera a no hablar con los medios de comunicación, como condición para ser liberado según documentos presentados ante la Suprema Corte de Justicia británica.

Los textos, relacionados a un fallo que emitieron los jueces británicos en octubre pasado, revelaron que el ejército estadunidense quería que Mohamed aceptara no demandar a Estados Unidos ni a sus aliados. También pretendía que cualquier derecho a indemnización fuera asignado al gobierno estadunidense.

Sin embargo, los abogados de Mohamed rechazaron el acuerdo antes de que el hombre de 31 años fuera liberado hace un mes sin condiciones y sin cargos, tras un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña.

Los hechos revelados hoy reflejan el modo en que el gobierno estadunidense intentó cubrir la verdad sobre la tortura de Binyam Mohamed, declaró Clive Stafford-Smith, abogado de Mohamed y director del grupo de derechos humanos Reprieve.

Mohamed, quien tenía calidad de refugiado en Gran Bretaña desde 1994, viajó a Pakistán para someterse a un tratamiento contra adicciones, pero fue detenido como sospechoso de terrorismo en 2002. Fue torturado en Marruecos y Afganistán, hasta que, bajo tortura, admitió las acusaciones y posteriormente fue trasladado a Guantánamo en 2004.

Por otro lado, abogados defensores de varios detenidos en Guantánamo presentaron dos demandas contra el gobierno de Estados Unidos por el trato que reciben los reclusos y por las nuevas reglas dictadas este mes por el gobierno de Barack Obama en las que justificó que el Estado mantenga detenidos a los sospechosos de terrorismo.

A todo esto, el presunto agente de Al Qaeda, Alí Marri, quien es el último combatiente enemigo detenido en Estados Unidos, se declaró inocente en una corte federal en Peoria, Illinois, de los cargos de conspiración para el apoyo al terrorismo.

El juez de distrito, Michael Mihm, fijó para el 26 de marzo el comienzo del juicio contra Marri, y afirmó que podría durar hasta fin de año.

3/23/09

Ignoring Health Concerns in Nuevo Laredo, US Border Patrol Will Spray 1.1 Miles of Border Land with Chemical Herbicide

The Border’s “Agent Orange” Controversy

By FNS
Frontera NorteSur


In the Vietnam War, the United States sprayed vast tracts of land with the chemical defoliant Agent Orange as part of a counter-insurgency strategy aimed at removing forest cover for Viet Cong and North Vietnamese forces. Although the toxic dioxin released by Agent Orange was later blamed by US veterans’ groups and Vietnamese officials for illnesses and diseases that struck thousands of former US soldiers and upwards of four million Vietnamese citizens, the US Supreme Court recently refused to consider a case by pursued by Vietnamese plaintiffs against the manufacturers of Agent Orange.

Four decades later, on the US-Mexico border, the US Border Patrol intends to employ a chemical herbicide in order to eradicate stands of the Carrizo cane, an invasive plant that grows as tall as 30 feet and provides convenient cover for undocumented border crossers and smugglers. The variety of Carrizo cane that is common in the Laredo-Del Rio borderlands is from the region of Valencia, Spain.

Possibly beginning next week, the US Border Patrol could commence aerial herbicide spraying along a slice of the Rio Grande between the twin cities of Laredo, Texas, and Nuevo Laredo, Tamaulipas. The experimental spraying would cover an area that stretches 1.1 miles between the Laredo Railroad Bridge and Laredo Community College directly across from Mexico, said Roque Sarinana, public affairs officer for the Border Patrol’s Laredo sector.

In addition to aerial spraying of the herbicide Imazapyr, the Border Patrol will employ hand-cutting and mechanical methods that involve applying the killer chemical at ground-level, Sarinana told Frontera NorteSur in an a phone interview. Getting rid of Carrizo cane should improve the Border Patrol’s “line of sight up and down the river, ” Sarinana said.

Depending on weather conditions, the first dustings of .Imazapyr could begin March 25, Sarinana confirmed. “As of now, that’s the plan,” he said.

Concerned about risks to public health from possible herbicide spray drift, runoff and leaching, officials from the city government of neighboring Nuevo Laredo are steadfastly opposed to aerial spraying. “I’ve always been respectful of the law and sovereignty,” said Nuevo Laredo Mayor Ramon Garza Barrios. “But herbicides that affect health in both countries can’t be sprayed.”

Mayor Garza’s stance is supported by other elected and appointed officials in Mexico. On Thursday, March 19, the Tamaulipas State Legislature issued a statement requesting information about the proposed spraying from the Mexican and US sections of the International Boundary and Water Commission as well as Mexican federal agencies.

The zone targeted for spraying is across the Rio Grande from Nuevo Laredo’s Hidalgo neighborhood and only hundreds of yards from the Mexican city’s public water intake system.

Carlos Montiel Saeb, general manager for Nuevo Laredo’s water utility, said the Border Patrol advised his office to turn off water pumps a few hours prior to spraying. “If there is no problem, why are they asking us to do this?” Montiel questioned.

Border Patrol spokesman Sarinana said he had not seen a written objection from Mayor Garza, but stressed it did not mean other US officials had not received a letter. “This is all in the works, so we’ll see what happens,” Sarinana said, adding the Border Patrol plans on releasing a more detailed statement about the future of the Carrizo cane project.

Opposition to the Border Patrol’s aerial spraying plans is likewise growing in Laredo, Texas. The two sides turned out to a March 16 meeting of the Laredo City Council in which elected officials narrowly approved by a controversial 5-4 vote an easement for the US government on city property targeted for spraying.

Jay J. Johnson Castro, Sr., executive director of the Rio Grande International Studies Center at Laredo Community College told Frontera NorteSur the planned aerial spraying caught residents off guard. The aerial applications could threaten more than 1,000 bird and other species at a time when spring hatchings begin and migratory birds are still in the area, Johnson said by phone from his office. The Border Patrol’s Carrizo Cane Eradication Project abuts a nature trail running near the community college, Johnson lamented.

“Nobody knows the impact of Imazapyr,” Johnson contended. “It’s no different than Agent Orange.” Citing the program’s environmental assessment, Johnson said aerial spraying could eventually extend along a strip of river bank 16 miles upriver from the pilot project zone. Despite the potential magnitude of the project, the Border Patrol did not gather local input as required by the National Environmental Policy Act, Johnson charged.

Like virtually all chemical pest control agents, lack of complete public information and multiple, contradictory reports surround the history of Imazapyr, a substance first registered in 1984 and currently manufactured under the trade name Habitat by the multinational BASF corporation.

A fact sheet prepared by the Washington State Department of Agriculture reported Imazapyr was “low in toxicity to invertebrates and practically non-toxic to fish, birds and mammals.” Still, the fact sheet reported Imazapyr was highly mobile and persistent in soils.

In 2007, BASF spokesman Joel Vollmer told the press his company’s Imazapyr product was widely used in wildlife refuges across the US and along the Pecos River and its tributaries to control salt cedar, another troublesome, invasive plant species afflicting the US Southwest.

Public controversies over Imazapyr applications have previously erupted in Alaska, California and Colombia, where experimental use of the herbicide to control illegal coca plantings was approved in 2000. A report on the chemical’s history developed for the non-governmental group Alaska Community Action on Toxics said evidence existed that identified imazapyr as a contaminant of soil, groundwater and surface water. Imazapyr also contains an acid that can irritate the eyes, skin and respiratory system, the report stated. According to the report’s authors, additional evidence linked the herbicide to Parkinson’s Disease-like symptoms.

In developing its Carrizo cane aerial spraying project, the Border Patrol ignored studies by Laredo Community College researchers that examined different means of killing off the invasive species, Johnson charged.

“We are not opposed to the eradication of Carrizo,” he affirmed. “We think it has to go because it consumes about 500 gallons of water per meter and chokes out native vegetation.”

At the federal level, Department of Homeland Security-sponsored researchers earlier explored using biological controls, including wasps, to control Carrizo cane.

US officials have been urging a Carrizo cane eradication program for some time. In 2007, US Representative Henry J. Cuellar (D-Tx) called the tall, thirsty plant a national security issue. Quoted in the news media, Rep. Cuellar said then-Homeland Security Secretary Michael Chertoff had been to the border to get a first-hand look at the Carrizo cane foe. The Laredo Congressman assured the press officials were “looking at what is the fastest, safest way to address the effectiveness of addressing this issue of Carrizo.”

With the clock ticking, Johnson and a growing network of activists on both sides of the border are lobbying high officials to prevent aerial spraying before it occurs.

In an e-mail, longtime border environmental advocate and Sierra Club activist Bill Addington contended spraying would violate the 1983 La Paz accord between the United States and Mexico that requires mutual notification in the event of projects impacting the environment within a 60 mile radius on either side of the border.

“We considering all democratic options-court actions, political protests, media attention,” Johnson added. “We expect our message to be heard by the environmentally-friendly Obama administration. This is too unprecedented to aerially spray a toxic chemical in a densely-populated area.”

Meanwhile, word of the planned herbicide spraying is spreading fast in the two Laredos. Interviewed on the banks of the Rio Grande, a 26-year-old Honduran migrant told the Mexican press he intended to cross into the US without papers before spraying commenced. “They say they will put poison into the river,” said Walter Hernandez. “That’s why I want to cross before then.”

Mario Garcia, a Mexican national who frequents the Rio Grande on the Nuevo Laredo side with his sons, also expressed concern to a Mexican reporter. “I frequently come to fish in the area,” Garcia said. “With what degree of confidence are we going to eat a fish if we know it is contaminated?”

In response to an article about the Imazapyr controversy in the Laredo Morning Times, several readers sent pointed e-mails to the news publication that proposed solutions to the Carrizo cane issue or, as is increasingly the case with border news web sites, used the immediate topic at hand to vent ideological broadsides on issues of race, the environment and US-Mexico relations.

Additional Sources: Enlineadirecta.info, March 19, 20 and 21, 2009. Articles by Gaston Monge and Hugo Reyna. Laredo Morning Times, March 19, 2009. Article by Miguel Timoshenkov. Lider Informativo (Nuevo Laredo), March 17, 2009. Article by Ericka Morales.

El Diario de Juarez, March 16, 2009. Commondreams.org/Inter Press Service, March 16, 2009. Article by Helen Clark. La Jornada, March 8 and 11, 2009. Articles by Carlos Figueroa and editorial staff. Rio Grande Guardian, November 8, 2007. Homelandsecurity.org/journal/, April 2007. Article by Gail Cleere. Panna.org (Pesticide Action Network) August 1, 2000 and April 11, 2008. Akaction.net (Alaska Community Action on Toxics.)

3/20/09

Organizaciones campesinas, listas para dar la batalla contra el maíz transgénico

Con semillas nativas mejoradas buscan evitar la dependencia de productores ante corporativos

La Jornada

Organizaciones campesinas dieron a conocer que ante la determinación gubernamental de permitir la siembra experimental de maíz transgénico en el país –vía la publicación, la semana pasada, de un decreto modificatorio del reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados–, impulsarán acciones legales, y políticas para frenar dicha situación, debido a que la presencia del grano transgénico contaminará las variedades criollas.

Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de El Barzón, señaló en entrevista que el próximo 25 de marzo diversas agrupaciones campesinas se reunirán para analizar posibles acciones legales en contra de esta medida y delinear un plan de actividades, entre las que se podría incluir paralización de maquinaria, así como interponer quejas internacionales, por ejemplo ante la Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre otras.

Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC) comentó que en conjunto con otras agrupaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueros (Conorp) discuten la realización de protestas ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), entre otras. También expuso que promoverán iniciativas legislativas que obliguen a las empresas que comercializan productos derivados de maíz transgénico, tales como harinas y mieles, a informar al consumidor sobre el origen de ese grano.

Agregó que se pedirá la expedición de leyes mediante las cuales las autoridades sanitarias obliguen a las empresas que trabajen con estas variedades transgénicas a que informen sobre las investigaciones que se han realizado sobre los impactos en la salud que originan esas semillas.

De igual forma, apuntó, difundirán entre sus afiliados el uso de semillas de variedades nativas mejoradas para evitar la propagación de cultivos transgénicos, que harán dependientes a los campesinos de esta tecnología y de las empresas que la desarrollan.

Instituciones como el Inifap han desarrollado semillas mejoradas nativas, las que tienen buena productividad, a veces superior a las semillas transgénicas, pero no dañan el germoplasma ni el ambiente, menos la economía campesina, porque son más baratas.

Ramírez Cuéllar detalló que en la reunión del 25 de marzo elaborarán también un documento argumentando la oposición a la siembra experimental de maíz transgénico, y apuntó que entre las acciones de protesta podría contemplarse retirar el maíz transgénico producido, tal y como se hizo en Chihuahua con este grano sembrado ilegalmente, caso en el que se presentó también una denuncia penal.

Mexico's Drug War Bloodbath: Guns from the U.S. Are Destabilizing the Country

Mexico's Drug War Bloodbath: Guns from the U.S. Are Destabilizing the Country

By Silja J.A. Talvi, AlterNet

AlterNet

A minute is all the time that it takes for an employee in one of almost 7,000 gun shops dotting the U.S./Mexico border to accept a wad of cash from an eager customer, fill out a triplicate sales slip, and slide a nice, new Taurus .45 caliber pistol across the counter. Or two, or three, or twenty, as the case may be. Add those handguns to the countless tens, perhaps hundreds of thousands of pistols, sniper and assault rifles, semi-automatic machine guns, shield-piercing bullets, grenades, plastic explosives, as well as anti-tank weapons outfitted with self-propelling rockets passing illegally through the hands of drug cartel foot soldiers and assassins. Throw in the array of weapons favored by DEA and CIA agents, Mexican federal police and military units, and other 'drug warriors,' of one sort or another. These are all people who are ready, willing, and able to use violence to get what they want. If it looks like you’ve got a battle on your hands, you do -- the Mexican drug war has hit boiling point.

Mexican authorities have been quite vocal in the past year about the role that the U.S. is playing in the escalation of gun violence in Mexico. Last year, no less than 20,000 weapons were seized in drug-related actions, raids, arrests, and shoot-outs; nearly all of them were sold in the U.S. (The Mexican government has finally been given electronic access, by the U.S. Department of Justice, to be able to trace the origins of registered weapons, but only if they are used in the commission of crimes.)

Last month, the U.S. government’s own Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, released its policy-shaping “2009 International Narcotics Strategy Report.” As the bureau had to admit, “U.S.-purchased or stolen firearms account for an estimated 95% of the Mexico’s drug-related killings.”

Nowhere in the report was it emphasized, however, that there are at least 6,600 licensed gun dealers in the four states adjacent to the Mexico border. Or that legal loopholes grant thousands of other unlicensed gun "enthusiasts" and collectors across the country to sell their wares, without inspection or oversight, at weekend gun shows across the country.

“A vast arms bazaar is rampant along the four border states, enabled by porous to nonexistent American gun laws,” The New York Times editorialized on February 27, 2009, after the indictment of George Iknadosian, a gun-shop owner facing federal charges for knowingly providing weapons to members of the Sinaloa cartel. “There should be immense shame on this side of the border that America’s addiction to drugs is bolstered by its feckless gun controls.”

The shame is warranted, and worth pondering. The action that needs to be taken, on the other hand, can afford no such luxury, because the people who have the misfortune to live in one of Mexico’s deadly drug war zones have already become the casualties of our demanding drug habits, our orgiastic worship of guns, and our obsession with profit without concern for consequence.

In the international munitions and intelligence-gathering marketplace, the U.S. is the #1 supplier/dealer of arms, military transport, law-enforcement and detention equipment, surveillance technology, and “non-lethal” weaponry. On the higher end, weapons deals are usually on the up-and-up, insofar as they’re attached to complex military aid packages, contracts with private contractors, and international “drug interdiction” agreements of the sort that Mexico has with the U.S. through the $1.3 billion Merida Initiative. Other times, the large-scale transfer of weaponry is far less "legitimate," as in the urban battleground that Mexican law enforcement and military forces now find themselves contending with, courtesy of the weaponry provided to Reagan and Bush-era Central American “allies.” These weapons of war have found their way back up north -- and into the hands of Mexican drug cartels.

Nearly every governing body or law enforcement entity imaginable (including Mexico’s equivalent of the FBI, its federal drug control agency, and Attorney General’s office) has been infiltrated by the cartels and wracked with espionage, graft, and corruption scandals. But Mexico is right to insist that the U.S. truly acknowledge the extent to which its own citizens (and policies) create and sustain the consumer market for illicit drugs. There’s no getting around the fact that Americans have the highest illicit substance use and abuse rates in the world, and Mexican drug cartels are but the latest of our transnational network of “suppliers.”

In the 21st century, the drug trade is like any other major industry in that it has been fully globalized -- sin fronteras, without borders. In just so happens that Mexico’s narco-cartels are now in the lucrative position of picking up where other players in the transnational drug trade have left off -- or, more to the point, were temporarily or permanently forced out because of individual arrests, sting operations, asset seizures, or other interdiction efforts. Even if the Gulf, Sinaloa, Juárez, and Tijuana cartels were to be completely dismantled tomorrow, there will always be some enterprising individual, group, or full-fledged criminal syndicate to step in where others have been derailed. Why? Americans have a seemingly insatiable appetite for mind-altering substances, whether in the form of cocaine, heroin, hallucinogens, tranquilizers, uppers, downers, and painkillers of all kinds. And what a profit-generating market this is. According to the National Drug Intelligence Center, wholesale drug profits amount to somewhere between $18 billion and $39 billion annually for the Colombian and Mexican drug cartels. Internationally, the illicit drug trade is estimated to generate at least $320 billion per year.

In light of that, the international drug war coordinating agency known as the United Nations on Office on Drugs and Crime (UNODC), has become a bit more forthcoming about pointing out the causal and interconnected variables linking the U.S. with their “supplier” nations.

Leading up to the International Commission on Narcotic Drugs, which was called into session on March 11th in Vienna, UNODC Executive Director Antonio Maria Costa oversaw the preparation of several reports to measure the extent of progress toward a “drug-free” world, as outlined by an United Nations meeting and strategy in 1998. These reports, “The Threat of Narco-Trafficking in the Americas” (October 2008), and “Organized Crime and its Threat to Security: Tackling a disturbing consequence of drug control” (March 2009), are unsurprisingly opposed to the decriminalization or legalization of drugs. But they do, somewhat surprisingly, sing a different tune about the U.S. role in the international drug trade than in previous years.

Noting that 95% of the world’s population does not engage in illicit drug use, and that there are far more deaths attributable to alcohol, tobacco, and legal drugs, the “Organized Crime” report highlights a “disturbing consequence of drug control,” by way of “creation of a lucrative black market for controlled substances, dominated by powerful crime cartels and resulting in unprecedented violence and corruption.”
“Drugs are a commodity,” as the UNODC states. “Profits are ploughed back into increasing the capacity for violence and into corrupting public officials. Together, violence and corruption drive away investment and undermine governance to the point that the rule of law itself becomes questionable.”

In his preface to “The Threat of Narco-Trafficking in the Americas,” Costa makes another bolder-than-expected statement: “Tackling the threat of narco-trafficking in the Americas is a shared responsibility. No country is immune from the problem: all participate, either as a source of drugs, a transit country for trafficking, or an importer.”

On this point, Costa is absolutely right. By now, it has been clearly and abundantly demonstrated that Americans aren’t just the biggest consumers of illicit drugs in the world, but that the sheer number of our gun shops -- and the ease with which weapons can be purchased -- are significantly responsible for the level of gun violence in Mexico. Still, as recently as August 2008, by comparison, FBI Director Mueller’s speech at the 5th Annual Border Security Conference made no mention whatsoever of the role of American-sold weaponry in the violence on Mexican streets. (Instead, he attributed the situation, as many American drug warriors do, to “gangs,” “stronger border security,” and “progress” by the Mexican government in taking down drug cartels.)

The cartels are swimming in money, while everyday Mexican citizens in several parts of the country are swimming in terror and fear, edged in between violence between the narco-traffickers (and their School of Americas-trained assassins, The Zetas), the federal police, and the military. But never mind all of that, because there are bigger things for Americans to worry about.

For the past month, the crisis of drug-related violence in Mexico has (finally) become the focal point of numerous Congressional subcommittee hearings, press conferences, and high-level Cabinet meetings. (It took nearly 6,300 murders last year, and more than 1,000 since the beginning of 2009, to get this country to start paying attention.) U.S. Attorney General Eric Holder has called Mexican drug trafficking cartels “a national security threat,” while President Obama met with Joint Chiefs of Staff chairman Admiral Michael Mullen to discuss options to support the Mexican government, including surveillance and reconnaissance. And last week, Roger Rufe, director of operations for the Department of Homeland Security (DHS), appeared before a Congressional subcommittee to explain that DHS is ready to act, if necessary, to secure border towns. The Defense Department and National Guard would only be called in, he assured members of the House, if a “tipping point” were reached -- without explaining what such circumstances would entail.

For their part, television news networks ranging from FOX to CNN have set about creating a hysterical flutter of speculation about the likelihood of about teenage Latino “sleeper cells;” hypothetical collaborations between Hezbollah and drug cartels; the “nightmare scenario” of a crazed, drug-fueled invasion from Mexico; and the perceived need to militarize our border to new heights.

None of this would seem to be of particular comfort to the people of Ciudad Juárez. They wouldn’t have much time to contemplate why CNN anchorman Don Lemon would take the time to argue with a Texan mayor about the “spillover effect” that the town of McAllen knows isn’t taking place; or why FOX News’ Geraldo Rivera turned to “terrorism expert” Bernard Kerik (disgraced Homeland Security nominee, former Taser-executive, and multiple felony-charged former NYC police commissioner), for his opinion on whether the U.S. federal agencies and military forces should be moving into Mexican territory to get the situation under control. (Although the connection was never made clear, Kerik and NYC comrade Rudy Giuliani were hired in Mexico City, several years ago, as high-level policing and counterterrorism preparedness consultants to the government.)

And that’s because, across the border from El Paso, Texas, the people of Ciudad Juárez (pop. 1.5 million), exist for this moment in time underneath the unyielding thumb of Mexican military occupation. Daily life is being dictated by the commands and checkpoint interrogations of nearly 8,000 federales (black-riot-gear-clad federal police officers) and fatigue-green-clad military troops (nicknamed the “green tsunami” by Juárez media), who have taken complete control over local law enforcement agencies. Stationed across the state of Chihuahua, but concentrated in Juárez, most of these troops are exclusively trained in wartime offensive strategy and tactical maneuvers that leave little or no room for anything but a violent outcome. Although barely reported in the U.S. press, citizens of Juárez (and other cities or towns) have accused the military of serious human rights violations since President Felipe Calderón launched his 2006 crackdown on narco-trafficking, including beating people for “confessions,” electrical torture, rape, and the practice of enclosing heads in plastic bags filled with water to simulate (or achieve) drowning.

Calderón wasn’t without public support for the crackdown on drug cartels, who were battling each other—with increasing displays of public violence--for dominance in the drug business. Indeed, crime had long since been an issue in border cities like Juárez owing, in large part, to the constant influx of hopeful migrants and dislocated workers looking for employment in one of the legions of foreign-owned factories, assembly plants built by foreign companies looking to cash in on the low-wage workforce handed to them by the North American Free Trade Agreement (NAFTA). Among other developments in the post-NAFTA border region, hundreds of young women have disappeared, raped, and been murdered in Juárez, by the hundreds, and they still do. Drugs are readied for cross-border journeys here in ways that are both mundane (e.g., kilos of cocaine hidden in the frame of a car) and mind-boggling (e.g., 140 pounds of marijuana strapped to the back of a man flying, in darkness, in an “ultralight,” a motorized aircraft resembling a hang glider.) Increasingly, many of the drugs stay in Juárez, and other parts of Mexico, something that has led to large-scale addiction the likes of which the nation has never seen.

But just as the acts of gruesome sexual violence, murders and disappearances of young women in Juárez have gone beyond the realm of random sexual violence, so, too, have the escalating cartel v. cartel-military v. cartel battles over ‘narco-turf’ gone beyond what anyone would reasonably consider “drug-related crime.” In this border city, nearly 2,000 drug-related murders have occurred since January 2008, including more than 200 murdered in the first two months of 2009.

In this sense, the people of Juárez are the actual, immediate victims of (our very own) drug war “spillover effect.” It’s too late for the thousands of people who have already lost their lives to related violence, but it’s not too late to pull the plug on the easy flow of weaponry to Mexico. And it’s certainly not too late for the American people to recognize and resolve, once and for all, that this is a war that cannot be won: not under any circumstance, not by any country, not by any political leader, and not with all the firepower in the world.

For the sake of Mexican people, the welfare of all of our global neighbors, and yes, for ourselves, it’s time to close this ill-begotten book on the war on drugs, once and for all.

Silja J.A. Talvi is an investigative journalist and the author of Women Behind Bars: The Crisis of Women in the U.S. Prison System (Seal Press: 2007). Her work has already appeared in many book anthologies, including It's So You (Seal Press, 2007), Prison Nation (Routledge: 2005), Prison Profiteers (The New Press: 2008), and Body Outlaws (Seal Press: 2004). She is a senior editor at In These Times.
© 2009 Independent Media Institute. All rights reserved.
View this story online at: AlterNet

3/17/09

COMANDO MAGONISTA DE LIBERACIÒN y TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO

CENTRO DE DOCUMENTACION DE LOS MOVIMIENTOS ARMADOS

COMUNICADO No. 4

La revolución va a estallar de un momento a otro. Los que por tantos años hemos estado atentos a todos los incidentes de la vida social y política del pueblo mexicano, no podemos engañarnos. Los síntomas del formidable cataclismo no dejan lugar a duda de que algo está por surgir y luego por derrumbarse, de que algo va a levantarse y algo está por caer.
Ricardo Flores Magón.


A los pueblos de Oaxaca
A los pueblos de México


El año 2008 fue, a luces vistas, un año en que el gobierno estatal de Ulises Ruiz y el gobierno federal del espurio Calderón criminalizaron la protesta social y con esto escalaron aún más la guerra de baja intensidad (GBI). Y para muestra un botón: los constantes patrullajes de la policía y del ejército federal, así como los constantes retenes en la ciudad de Oaxaca y en las carreteras federales y estatales, violando nuevamente la ya maltrecha Constitución Política.

La violencia desatada en el estado y en el país, justificando con ello el elevado presupuesto que recibe el ejército federal y las corporaciones policiacas y de “inteligencia”, la adquisición de tecnología de punta y entrenamiento por parte de EEUU, Israel y otros países que violan los derechos humanos, hacen guerras por intereses económicos y reprimen manifestaciones sociales, demuestra que la guerra contra el narco no es tal sino una estrategia de intimidación del cártel en el poder en contra de la población civil que se organiza a pesar de los pesares.

En Oaxaca el asesinato de dos comunicadoras de San Juan Copala demuestran nuevamente el temor que el gobierno tiene a la organización popular, pero por otra parte nos muestra el entramado de complicidades entre los gobiernos estatal y federal que no permite sean aprehendidos y juzgados los autores materiales e intelectuales de tan despreciable hecho aunque sea de conocimiento público quienes son dichos autores.

Así mismo nos demuestran, en su más puro estilo caciquil priista, la impunidad de la que gozan, dentro de los gobiernos estatal y federal, los cárteles del narcotráfico y diversos giros negros como la trata de blancas, la prostitución, la pornografía infantil, la pedofilia, todo bajo conocimiento y venta de protección del gobierno de Ulises Ruíz.

La falta de castigo a los culpables de los asesinatos de 26 activistas de la APPO en 2006 por parte de los escuadrones de la muerte comandados por Franco Vargas a petición del genocida URO y solapado por el gobierno federal panista y los partidos estatales, haciendo de los agredidos y ofendidos de siempre, el pueblo, los agresores a los que hay que castigar para que no se atrevan nuevamente a reclamar lo que por derecho nos pertenece.

La encarcelación, en contra de toda lógica del appista Juan Alejandro por la imputación de homicidio en contra del reportero de Indimedia, cuando los servicios periciales que se apegan a la verdad y no las investigaciones sesgadas de la PGR, señalan que el disparo fue hecho por pistoleros priistas al servicio del edil, priista para no variar, nótese nuevamente como es que el gobierno estatal y federal encubren a los asesinos, siendo con esto, nuevamente, cómplices del hecho.

La desaparición forzada de luchadores sociales, practicado por el gobierno estatal y federal, crimen de lesa humanidad, es hoy, nuevamente, un método más para golpear al movimiento social aglutinado en las diversas organizaciones sociales que no han sido cooptadas, mediatizadas o compradas con dinero del erario público y que dignamente resisten.

Después de la represión masiva vivida por los pueblos de Oaxaca en el 2006, la represión selectiva es hoy por hoy, el método de coerción que le permite al gobierno detener la reagrupación y organización de nuestros pueblos. Debemos estar atentos a los intentos de cooptación e infiltración que el Estado mexicano por medio de sus servicios de inteligencia intenta en contra de las organizaciones.

El recuento de hechos y ofensas hacia el pueblo son excesivas, lesivas y genocidas, los poderosos de ayer y hoy siempre impunes, creen que nada pasa y que podrán mantener su despótica manera de gobernar sin que nuestro pueblo digno y harto del desprecio, la intolerancia, la violencia, la explotación… levante su voz, se una y se organice para construir junto su futuro.

Las condiciones de pobreza y marginación que vivimos en Oaxaca y en el país en general hacen de esto un polvorín y más temprano que tarde será insostenible para los poderosos e insoportable para nosotros, pueblo en general.

Debemos de entender que no se puede construir organización sobre castillos de arena, que las bases que cimienten el trabajo de construcción de cada uno de nosotros, sea quien sea y en el ámbito en el que se encuentre, debe estar basada en principios que compartamos y que rijan nuestra vida y nuestras actividades políticas, rechazando todo aquello que nos oprime, divide y confronta, evitando fortalecer al enemigo común

Necesario es decir que debemos, pero imprescindible es hacer lo que decimos y el esfuerzo es construir desde aquí y desde ahora una nueva patria con una nueva visión, que nos incluya a todos que articule a todo el pueblo en un frente único contra la hegemonía neoliberalfascista de la burguesía imperialista y de la oligarquía nacional, en torno a un nuevo proyecto de Nación, que fusione las voluntades dispares en una sola voluntad colectiva nacional, mediante una Línea Política Común, una dirección política compartida, una nueva cultura incluyente y solidaria, una nueva economía y una ética crítica, disruptiva y libertaria en la construcción del Poder Popular.

El tiempo apremia y la paciencia se agota, a construir Poder Popular.


¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR¡
¡POR EL SOCIALISMO: VIVIR, LUCHAR, VENCER!
¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO, ESTAR CON EL PUEBLO!

COMANDO MAGONISTA DE LIBERACIÒN
CML

TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO
TDR-EP

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, febrero de 2009

Armas

Armas