Lynching of Cynthia McKinney Urged by ‘Journalist’ Trained and Paid by FBI

Hal Turner called her ‘a violent, black, racist, bitch’ whose lynching would teach other Blacks that ‘white people are tired of your bullshit, behave or die’

by David Swanson

San Francisco Bay View

Former Congresswoman Cynthia McKinney sent an email around on Sunday in which she wrote:

“[I]t has just now come to my attention that a ‘journalist’ who suggested that I be lynched was actually being paid by our own government to say that. Now, when I reported it to the FBI, how in the world was I to know that he was at that time on the FBI’s payroll?”

“Hate blogger” Hal Turner’s lawyer said last week, and prosecutors agreed, that Turner was “trained by the FBI on how to be deliberately provocative” and “worked for the FBI from 2002 to 2007 as an ‘agent provocateur’ and was taught by the agency ‘what he could say that wouldn’t be crossing the line.’”

Turner is being charged with making death threats against Connecticut legislators and Illinois judges and is apparently going to claim that his actions were legal because he did the same sort of thing when employed by the FBI. In an Associated Press story published Aug. 18, Katie Nelson writes [2]:

“Prosecutors have acknowledged that Turner was an informant who spied on radical right-wing organizations, but the defense has said Turner was not working for the FBI when he allegedly made threats against Connecticut legislators and wrote that three federal judges in Illinois deserved to die.

“‘But if you compare anything that he did say when he was operating, there was no difference. No difference whatsoever,’ [his lawyer] said.”

This story has also been written up by Wired [3] and by The Southern Poverty Law Center [4], but without the McKinney angle.

McKinney wrote in her email: “Interesting that charges stem from his comments against Connecticut lawmakers and Illinois judges, but not from the threat made against me, a sitting Member of Congress at the time!” And apparently the threat against McKinney was made when Turner admits to having been on the FBI payroll.

John Judge, who worked for McKinney, writes of Turner:

“This is the guy who announced a program topic suggesting that Cynthia McKinney be lynched on her way to the polls to vote in 2006 and published her campaign office address on the website. He asked how she would look swinging at the end of a rope and what message it would send to other ‘uppity’ Blacks. I called NJ Homeland Security and FBI at the time …. The FBI agent I spoke to said, ‘We know all about Mr. Turner.’ Looks like they did.”

While Turner’s website is down, another website [6] [AssataShakur.org] has what it claims was posted on Turner’s:

“LYNCHING CONGRESSWOMAN CYNTHIA MCKINNEY: SHOULD IT BE DONE BEFORE HER JULY 18 PRIMARY ELECTION?

“Tune-in to ‘The Hal Turner Show’ this Wednesday evening from 9:00-11:00 PM eastern US time as we talk about this topic!

“Cynthia McKinney is a violent, black, racist, bitch whose official re-election campaign web site calls white people ‘crackers’. As such, on this Wednesday evening’s show I will ask the question ‘Given the prevalence of black crime in America, would it serve the public good to LYNCH Congresswoman McKinney within the next few weeks, while she’s on the campaign trail, so as to send an unmistakable message to other blacks: white people are tired of your bullshit, behave or die.”

Now, I realize that this sounds like ordinary civil discourse in tea-partied America, and yet it’s fairly easy to imagine altering it in ways that would have “crossed the line.” For example, Turner might have targeted a Republican, or a Democrat in good standing, or a white person. Surely that would have crossed some line.

Pachamama: El Grito de La Tierra Desde Los Barrios

Lucha y resistencia de los pueblos originarios



Dani Tatú
Prensa De Frente




El problema de los pueblos originarios y el problema de la tierra aparecen emparentados porque el problema de la tierra es la esencia del problema indígena, ya Mariátegui señalaba que "el problema del indio es, en último análisis, el problema de la tierra". La tierra fue y será el principal reclamo de los pueblos originarios y los movimientos campesinos. La tierra entendida como entidad colectiva, propiedad cultural, desprendida de la lógica individual y extractiva.

“Afirmar nuestra conciencia étnica no implica desconocer la conciencia de clase. Creemos que las dos son necesarias. La primera nos hará progresar en cuanto pueblo históricamente diferenciado, y la segunda nos permitirá identificar y combatir a nuestros enemigos internos, como los caciques y otros explotadores, a la vez que nos da un punto de unión con el resto de los explotados del país y del mundo” - Declaración Indígena de Temoya. México. 4 de julio de 1974.

Pero también este reclamo por la tierra se convierte en territorialización de los movimientos contestatarios, dando muestra de “unidad en la diversidad”, que no se realiza sólo entre indígenas, sino también con campesinos y distintos sectores populares: desocupados, vecinos autoorganizados, estudiantes, luchadores del medio ambiente, entre otros, los nuevos-viejos actores sociales.

Dicen los zapatistas: La lucha por la tierra y el territorio es por la vida y la dignidad todos los pueblos y las culturas se relacionan con la tierra, de ella se sustentan y construyen.

“La tierra es más que ‘fuentes de trabajo y alimento’; es cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre. Vivimos una ofensiva que pretende convertir la tierra y los recursos naturales en mercancías contra la vida misma de los pueblos. Aguas, bosques, tierras, paisajes van perdiendo su carácter de patrimonio colectivo, confiscados por intereses privados que los agotan o contaminan con la complicidad de los gobernantes.”

La tierra para los tobas, ALWA- LA -TEE’, tiene el mismo significado que una madre; la tierra es todo, uno de sus integrantes nos explica: “sin la tierra no somos nada, porque en la tierra es donde el padre comienza a cultivar, y del producto de eso cría a sus hijos como allá hacíamos en el monte, en el gran Chaco, el gualamba. En la tierra es donde el paisano y el criollo pobre pone toda la esperanza. Es como decir que si a nosotros nos sacan la tierra, nos sacan nuestras raíces, la cultura, todo está insertado dentro de la tierra; nuestras costumbres de cientos de años, nuestra forma de trabajar. Y el sentir vivir libremente sobre la tierra. Como dicen los compañeros, la tierra es soberanía.

Dicen los campesinos organizados en el MOCASE-VC: “Este modelo nos quitó nuestra cultura, hoy tenemos que aprender lo desaprendido, lo tradicional de nuestros abuelos como sembrar sin agroquímicos, cuidar los bosques, respetar los ríos, la Pachamama, creer en la sabiduría del monte, en nuestros dioses y leyendas propias. El lugar donde estamos y los recuerdos son parte de la identidad. En cambio el terrateniente viene y tira todo, hoy está viviendo aquí, mañana allá, y le importa tres pepinos, no tiene recuerdos de nada. Nosotros tenemos otra cultura, los campesinos tenemos también en los campos la medicina para nuestra salud, eso se nos está perdiendo, hoy es más fácil tomar una pastilla que buscar un yuyo y hacer un té”. “Esto no es casual, estas son grandes empresas que no quieren que nos independicemos de eso, si nosotros no consumimos lo que ellos transforman tampoco vamos a poder vivir, ese el capitalismo”, definen en pocas palabras el profundo sentido de la lucha, por la defensa de la vida.

Hijos de la Tierra en los barrios: criminalizados y perseguidos, los pobres de la gran ciudad se organizan territorialmente. Los espacios ocupados en barrios por tantos migrantes indígenas y campesinos expulsados de sus tierras son resignificados en términos de nuevas alianzas y solidaridades. La cultura de la reciprocidad y la ayuda mutua, la minka, se expresa en los barrios en la construcción de las viviendas, los merenderos, los cortes de ruta, en el relleno de los predios y en las festividades comunitarias. En estas expresiones se entrecruzan relaciones culturales de clase, historias y proyectos conjugados por la pertenencia a la tierra.

La Pacha es Unidad y diversidad

Buscar el principio de constitución que nuclea estos movimientos implica llegar a una trama de diferencias, diversidades y pluralismos que se procesan bajo una misma idea: la autodefensa de un territorio, la subsistencia y la mejora en las condiciones de vida, la apropiación de un espacio que ayude a la construcción de acuerdos horizontales frente al atropello constante de los procesos económicos capitalistas.

De todas las articulaciones posibles, los nuevos territorios como categoría política son el rasgo diferenciador más importante que lo inscribe dentro de los movimientos sociales latinoamericanos, y lo que les está dando la posibilidad de revertir las políticas neoconservadoras y represivas. A diferencia del viejo movimiento obrero y campesino (en el que estaban subsumidas muchas organizaciones originarias), los actuales movimientos están promoviendo un nuevo patrón de organización del espacio geográfico, donde surgen nuevas prácticas y relaciones sociales. La tierra no sólo es un medio de producción, superando una concepción estrechamente economicista, el territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se construyen subjetivamente, instituyendo su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente.

Cabe destacar que los movimientos más significativos de los últimos años en América Latina (Sin Tierra en Brasil, indígenas ecuatorianos, zapatistas de Lacandona, guerreros del agua y cocaleros bolivianos y desocupados argentinos), pese a las diferencias espaciales y temporales que caracterizan su desarrollo, poseen rasgos comunes, ya que responden a problemáticas que atraviesan a todos los actores sociales del continente. De hecho, forman parte de una misma familia de movimientos sociales y populares. Estas características comunes derivan de la territorialización de los movimientos, o sea de su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abierta o subterráneas. Es la respuesta estratégica de los actores pauperizados a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación.

La desterritorialización productiva (de la mano de dictaduras y contrarreformas neoliberales) hizo entrar en crisis a los viejos movimientos, fragilizando sujetos que vieron evaporarse las territorialidades en las que habían ganado poder y sentido. La derrota abrió un período de reacomodos que se plasmaron, entre otros, en la reconfiguración del espacio físico. El resultado, en todos los países aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados en los márgenes de las ciudades y en las zonas de producción rural.

La ocupación y el asentamiento como estrategia, originada en el medio rural, comenzó a imponerse en las franjas urbanas: los excluidos crearon asentamientos en las periferias de las grandes ciudades, mediante la toma y ocupación de predios, En todo nuestro continente, varios millones de hectáreas han sido recuperadas o conquistadas por los más pobres, haciendo entrar en crisis las territorialidades instituidas y reformulando los espacios geográficos de la resistencia.

Es en este marco, donde las organizaciones territoriales se enfrentan a un desafío: la mejora en las condiciones de vida de quienes no pueden acceder al mercado de trabajo, sólo puede encontrar una salida de largo plazo con la participación y articulación con otros sectores de la sociedad que, desde su particularidad, también expresan los efectos devastadores del capitalismo. La irrupción de la lucha indígena y campesina encierra en sí mismo la posibilidad de mejorar las condiciones generales de vida del conjunto de los pobladores, difícilmente se volverá a la situación de aislamiento y atomización de las comunidades, por el contrario, hasta los más aislados y pequeños grupos han irrumpido en los últimos años; la creciente politización de sus demandas y el fortalecimiento de las configuraciones comunitarias aumentará el nivel de las tensiones entre los pueblos y los Estados nacionales, entre las comunidades y las grandes corporaciones extractivas internaciones.

En los barrios esta posibilidad se realiza al presionar para mejorar las propias condiciones de vida, al luchar por su subsistencia inmediata, al exigir el aumento en el número de “microemprendimientos” productivos que ayuden a la supervivencia –tanto familiar, de la organización y del barrio-, trabajo, salario digno, puestos de salud y otros reclamos, presiona por el mejoramiento de las condiciones de vida en su conjunto, elevando el piso mínimo de tolerancia frente al Estado.

Tanto las comunidades indígenas y campesinas como las organizaciones barriales comparten un mismo aspecto en lo que respecta a esta percepción del futuro y la posibilidad de que éste se modifique. En ningún caso se deposita en la política ni en sus instituciones tradicionales la responsabilidad de mejorar sus condiciones de vida, y de los demás. En todo caso, las expectativas, si las hay, residen en las futuras acciones y evolución de la organización a la que pertenecen y aquello que desde éstas puedan lograr.

Se abren de esta forma escenarios de lucha que revitalizan la política de los sectores populares tanto en el campo como en la gran ciudad, el objetivo es poner freno a los proyectos mediáticos y usurpadores de las solidaridades; recuperar la fuerza de la autogestión y la resistencia frente al desamparo político de las instituciones, hacer frente a la arremetida política de los poderes económicos que, como vimos en el conflicto entre el gobierno y la patronal rural, se alinearon detrás de los nuevos rostros de la vieja alianza liberal—conservadora dispuesta a no cedernos nada.

Dani Tatú. Docente de la Cátedra Americanista FFYL - UBA. Integrante del Encuentro de la Resistencia.

Warming Oceans May Cause the Earth to Tilt

By Molika Ashford

Popular Science

Human activity has widely affected our planet, reshaping surfaces, moving or extinguishing species, and warming the air and water. Now scientists say our reach has been extended even further -- warming oceans may even start to shift the Earth's axis of rotation.

Previously, the effect of warmer water temperatures was thought to be negligible and not strong enough to tilt the earth. But in a new study in Geophysical Research Letters, researchers have found that global warming and the resultant expansion of the oceans could actually shift our rotational axis significantly.

Warming causes our axis to shift because warmer water takes up more space than cooler water, and actually expanding upward and outward as it warms. Increased water volume pushes up onto shallow continental shelves, redistributing weight on the planet and causing the Earth to tilt. According to the report, the north pole of our rotational axis will travel around 1.5 centimeters a year in the direction of Alaska.

That's not much, in the context of other forces and movement. (The earth wobbles around as much if not more under other influences, including seasonal changes, melting glaciers, and retreating ice sheets.) But it is significant enough that the effect of warming should be taken into account when monitoring the way our axis moves in the future, the researchers report. Moreover, it represents just how strong the effects of human caused global warming can be -- even moving the planet itself.

Se Amplían en Arizona las Redadas Contra Los Inmigrantes

Valeria Fernández
IPS




El "comisario más duro de Estados Unidos" intensifica las redadas contra trabajadores inmigrantes indocumentados en el estado de Arizona, a pesar de que el gobierno de Barack Obama procura que la represión se concentre en las empresas infractoras y no en los empleados.

Katherine Figueroa, de 9 años, no ve a sus padres desde hace dos meses, cuando la policía del condado de Maricopa arrestó a la pareja de trabajadores indocumentados en una redada en la empresa donde trabajaban.

Figueroa estaba jugando con una amiga en la casa de una tía cuando escuchó por televisión la noticia de la redada en un lavadero de automóviles. Corrió a ver las imágenes y pudo observar a su padre retirado con esposas en sus muñecas.

Sus padres, Sandra y Carlos Figueroa, se encontraban entre los 25 detenidos ese día. Se los acusa de robo de identidad por utilizar documentos falsificados para conseguir trabajo en Arizona, sudoeste de Estados Unidos. Podrían pasar seis meses en la cárcel antes de ser sometidos a juicio, y posteriormente hasta dos años de libertad condicional. De todas maneras, al final les espera la deportación a México, su país natal.

La policía de Maricopa, donde residen casi cuatro millones de habitantes, más de la mitad de la población de Arizona, ejecutó 22 redadas y arrestó a 264 trabajadores desde 2008. La máxima autoridad policial del condado es el comisario Joe Arpaio, quien se jacta de ser el más duro de Estados Unidos.

"El robo de identidad es un delito grave. Aunque parece que el presidente (Obama) y el Departamento (ministerio) de Seguridad Interior perseguirán exclusivamente a las empresas, yo seguiré persiguiendo a los extranjeros ilegales en los establecimientos comerciales que quiten empleos valiosos a los ciudadanos estadounidenses", declaró Arpaio en un reciente comunicado de prensa.

La legislación de Arizona contra las empresas que contratan a sabiendas trabajadores indocumentados es una de las más rigurosas de este país. Las compañías pueden perder sus permisos de trabajo y, en caso de reincidir, pueden ser clausuradas.

Pero desde que la ley entró en vigor en 2008 sólo se ha utilizado para arrestar a los empleados.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que no se puede acusar de robo de identidad a los trabajadores inmigrantes si estos no se apropiaron a sabiendas del número de identificación que utilizan para trabajar. Pero ese fallo no afecta a Arizona, que cuenta con sus propias leyes de robo de identidad.

Figueroa, que es ciudadana estadounidense, participó en una marcha el día 7 con decenas de niños y niñas para exigir que cesen las redadas que separan a las familias.

"Obama, Obama queremos a nuestros padres", gritaban los niños que marcharon bajo el fuerte sol del verano de Arizona desde la cárcel donde se encuentran detenidos sus padres hasta las oficinas del comisario Arpaio, en el centro de Phoenix, la capital estadual.

"Tiene que cesar las redadas, no es justo lo que hace con la gente", afirmó Figueroa, que sostenía un cartel con la imagen de una mariposa naranja y negra. La mariposa monarca, que migra entre México y Estados Unidos para sobrevivir, fue el símbolo de la marcha.

"Quiero decirle al comisario Arpaio que deje a mis padres tranquilos y los ponga en libertad. Y que saque a los trabajadores (de la cárcel) y en su lugar ponga a los asesinos y los ladrones", agregó.

Las redadas de trabajadores en Arizona colocan a las familias inmigrantes, a menudo con hijos nacidos en Estados Unidos, en la necesidad de obtener asistencia jurídica y apoyo financiero, pero no existe la infraestructura para ayudarlas.

"Pienso en cómo voy a comprar los pañales de mi hija", dijo María, indocumentada de 20 años y madre de una bebé de ocho meses cuyo esposo fue detenido en una redada. María, embarazada de cuatro meses, pidió que su nombre permanezca en el anonimato.

"No había un motivo real para arrestarlos. Sólo estaban trabajando para alimentar a sus hijos", dijo.

Algunas comunidades arman ventas callejeras y lavados de automóviles para recaudar fondos. Otras encuentran ayuda en las iglesias que les ofrecen lugar para reunirse y organizarse.

"Muchas familias no están preparadas para resolver el cuidado de los hijos", sostuvo Sarah Myklebust, activista de Phoenix Repeal Coalition, un grupo comunitario que ofrece orientación y organiza a la población inmigrante.

Otro problema es que las familias no tienen dinero para contratar abogados, y a los tribunales les faltan traductores para que entiendan el proceso, agregó.

"Hay una gran escasez de abogados especializados en inmigración", destacó Myklebust.

Y además están las necesidades básicas.

"Son embarazadas que dependen de sus maridos y no les alcanza para pagar una ecografía o las cosas cotidianas", dijo.

La situación de los Figueroa es muy difícil. La familia tuvo que vender muebles de su casa para conseguir dinero y pagar parte de los honorarios de los abogados que defienden a los detenidos. El proceso legal también ha sido confuso.

"Estoy triste y confundida", dijo a IPS Sandra Figueroa en una entrevista en la cárcel Estrella para mujeres. "Los abogados me informaron que si quiero salir libre tengo que acusar a mi jefe". Ella cree que recibió pésima asistencia jurídica. Un abogado llegó incluso a sugerirle que contrajera matrimonio con un ciudadano estadounidense para obtener sus documentos legales, recordó.

Las redadas de Arpaio no están exentas de protestas y polémicas.

"Pasé tres meses en la cárcel y nunca recibí atención médica", aseguró Celia Álvarez, detenida en febrero en una redada en una empresa de paisajismo. Ella no pudo amamantar a su hijo. "No sólo nos daña a nosotros, también daña a nuestros hijos", dijo sobre Arpaio.

Su hija Heidi Portugal, ciudadana estadounidense de 11 años de edad, se manifestó junto a otros niños en la marcha de este mes.

"Quiero que (Arpaio) deje de robarle las sonrisas a los niños. Creo que habría que deportarlo a México para que pueda ver cómo sufre la gente allí, lo difícil que es cruzar a Estados Unidos. ¿Nunca se le ocurrió preguntar por qué vinieron? ¿Cuántas sonrisas dejaron atrás?", interrogó.

A pesar de todo, existen algunas señales positivas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando presuntas violaciones a los derechos civiles cometidas por la oficina del comisario de Maricopa. En virtud de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior, Arpaio cuenta con la fuerza más numerosa del país para aplicar las leyes migratorias federales.

Pero sus atribuciones federales están en cuestión debido a una reciente disposición adoptada por la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, solicitando a la policía que se dedique a detener a los inmigrantes que cometan delitos y no a aquéllos que se encuentran sin permiso de residencia en el país.

Salvador Reza, un activista de Puente, una organización contraria a las prácticas de Arpaio, dijo esperar que la marcha de los niños "llegue al corazón" del comisario, si es que lo tiene.

"Esto es una forma de abuso infantil", sostuvo Buffalo Rick Galeener, partidario del comisario Arpaio y uno de los pocos que protestaron contra la marcha de los niños. "Estos padres se están separando de sus hijos, cuando podrían llevarlos de vuelta a México", afirmó.

Internal CIA Report Shows Agents Tortured, Killed Prisoners

By Tom Eley

World Socialist Website

On Monday, the White House made public a heavily redacted version of a Central Intelligence Agency (CIA) inspector general’s report discussing cases of agency torture and murder of prisoners in Iraq and Afghanistan. The same day, Attorney General Eric Holder appointed a federal prosecutor to investigate nearly a dozen cases of torture discussed in the report.

Separately, an anonymous White House official told the media that the US would continue the practice of rendition, whereby terror suspects are abducted and sent to other nations to be interrogated under torture.

The 159-page report was produced more than five years ago, in May of 2004, but had been suppressed by both the Bush and Obama administrations. Its release was forced by a court order, which came in response to a Freedom of Information Act lawsuit filed by the American Civil Liberties Union (ACLU).

The New York Times reports that “two dozen abuse cases” were brought to the attention of the Bush Justice Department in the report years ago. Charges were never brought in these cases, in which “some detainees died and others suffered serious abuses.”

Among the known cases of CIA-US military torture discussed in the full report is the murder of Manadel al-Jamadi, an Iraqi who was captured by Navy Seals in 2003. He was evidently beaten on his arrest, and then taken naked and hooded to Abu Ghraib prison where a CIA interrogator, Mark Swanner, ordered him suspended from a barred window by his arms, which were tied behind his back.

Al-Jamadi died either as a result of the beating he received at the hands of the Seals or from his CIA interrogation. Charles Graner and other US Army reservists then infamously posed for photographs over the man’s corpse. While Graner was eventually convicted for his role in prisoner abuse at Abu Ghraib, neither Swanner or the Navy Seal commander who ordered and oversaw al-Jamadi’s arrest and torture have been punished.

There are a number of clear cases of abuse and torture documented in the unredacted sections of the report:

* An agent told a suspect that his mother would be raped in front of him.

* To induce fear, on more than one occasion CIA agents simulated the killing of inmates in adjoining rooms by firing a gun, the report reveals. Both US and international law make illegal, and define as torture, threats made on the life of a prisoner.

* An interrogator told Khalid Sheikh Mohammed that if another terrorist attack took place in the United States, “We’re going to kill your children.”

* An interrogator pinched the carotid artery of a prisoner until he lost consciousness, and then shook him awake, repeating the process two more times.

* CIA agents threatened to use a power drill on Abd al-Rahim al-Nashiri, who is accused of participating in the bombing of the USS Cole in October of 2000. Agents also threatened to shoot him with a handgun.

Al-Nashiri was also the subject of repeated waterboarding. According to a 2006 Red Cross report leaked earlier in the year, Nashiri reported that agents threatened him with “sodomy, and the arrest and rape of his family.”

An entire chapter of the report is redacted, including its title. Given its location between two sections detailing forms of torture used in interrogations, it may well refer to particularly brutal, and even fatal, cases.

The inspector general’s report does not delve into cases of torture at CIA prison “black sites” that were secretly established in a number of countries after the US invasion of Afghanistan in 2001.

The methods described in the inspector general’s report went beyond even the forms of torture authorized by Bush administration legal memos produced by Justice Department lawyers in 2002 and 2005. These memos were released by the Obama administration earlier in the year, also in response to a Freedom of Information suit by the ACLU. One purpose of the report appears to have been to analyze discrepancies between those forms of torture formally authorized by the Bush administration and what was actually taking place in the field.

The report also illustrates that CIA officials were aware that the methods used by their personnel could place them in legal jeopardy, noting that “the agency faces potentially serious long-term political and legal challenges as a result of the... program, particularly its use of [enhanced interrogation techniques] and the inability of the US Government to decide what it will ultimately do with terrorists detained by the agency.” The report states further that “public revelation” could “seriously damage... the reputation and effectiveness of the agency itself.”

Late Monday afternoon, Holder announced the appointment of John Durham, a federal prosecutor from Connecticut, to investigate a number of cases included in the inspector general’s report that had been brought to the attention of the Bush administration. In a separate inquiry, Durham is investigating whether the CIA broke the law by destroying video footage of interrogation sessions with prisoners—footage which likely featured methods of torture.

Also on Monday, Obama administration officials, speaking on condition of anonymity, said that the White House had formally decided to carry on with the policy of rendition. The administration would give a greater role to State Department diplomats in overseeing the fate of rendered prisoners, administration sources said.

Civil liberties groups were quick to condemn the decision. Amrit Singh of the ACLU pointed out that the sort of diplomatic access to prisoners promised by Obama had done little in the past to ease the plight of those rendered to third countries, pointing to the case of Canadian Maher Arar, who was tortured in Syria for an extended period in spite of several visits from a Canadian diplomat.

With the court-ordered release of the CIA inspector general’s report, the Obama administration turned its attention to damage control, with Obama announcing the creation of a new White House task force to oversee the interrogation of “high value detainees” and Attorney General Holder announcing the appointment of a prosecutor to reopen a handful of torture cases.

Obama distanced himself from the Justice Department decision. Deputy Press Secretary Bill Burton said Obama, now on vacation in Martha’s Vineyard, believes “we should be looking forward, not backward,” and that Holder “ultimately is going to make the decisions.”

Since the Bush Justice Department torture memos were made public in April, Obama has repeatedly promised that there would be no investigations, much less prosecutions, of high-ranking officials from the previous administration. If Holder’s investigation goes forward, it is probable that it will focus on supposed “rogue” agents in the field, in spite of the now overwhelming evidence that torture was systemic and organized and approved by the upper echelons of the Bush White House.

The military-intelligence apparatus lobbied against the CIA inspector general report’s release, even though such a move would have defied a court order and basic democratic precepts such as the separation of powers.

There appear to be sharp divisions within the Obama administration over how to respond to the report’s publication, with the CIA openly opposing the Justice Department’s reopening of any cases. “Justice has had the complete document since 2004, and their career prosecutors have reviewed it carefully for legal accountability,” said CIA spokesman Paul Gimigliano. “That’s already been done.”

In a Monday email to CIA employees, Director Leon Panetta defended the agency—and torture. “[T]his much is clear,” Panetta wrote. “The CIA obtained intelligence from high-value detainees when inside information on Al Qa’ida was in short supply. Whether this was the only way to obtain that information will remain a legitimate area of dispute, with Americans holding a range of views on the methods used.”

The new interrogation unit announced by the administration, dubbed the High-Value Detainee Interrogation Group (HIG), will be overseen by the National Security Council, the top presidential military-foreign policy body.

It appears that HIG will oversee a panoply of spy agencies, domestic and international, engaged in interrogations. It will include at least the CIA and the Federal Bureau of Investigation (FBI). Deputy White House Press Secretary Burton told the media the authority will bring “all these different elements under one group,” and will be based at FBI headquarters in Washington and led by an FBI official.

The creation of a White House interrogation authority is typical of Obama’s moves in “the war on terror” since his inauguration. The president makes high publicity announcements, creates task forces, etc., to give the appearance of “change.” In reality, his measures create a new institutional and legal framework to continue the Bush administration’s criminal policies of torture, kidnapping, domestic spying and indefinite detention.

The entire political establishment is implicated in the anti-democratic practices of the “war on terror,” including the torture and murders carried out by the CIA. Leading congressmen and senators of both parties were given copies of the inspector general’s report shortly after it was produced five years ago, and it was shown to all of the members of the House and Senate intelligence committees in September of 2006.

Leading Democrats joined with Republicans to suppress the report and conceal its findings from the public.

Torture and other violations of basic democratic rights arise inevitably from a militaristic policy based on the launching of wars of aggression. The wars in Afghanistan and Iraq—for which 9/11 served as the pretext—enjoyed broad bipartisan support and the enthusiastic backing of the American media.

The Nuremberg trial of Nazi war criminals concluded that the launching of aggressive war was “the supreme international crime, differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.”

There must be a full accounting of the illegal methods used by the US military and spy agencies in “the war on terror.” Those policy-makers responsible, from Bush on down, must be subjected to criminal prosecution. This, however, cannot be achieved by appealing to the political parties and institutions of the ruling elite, all of which are implicated in the crimes of American imperialism.

A thorough accounting—and the prevention of further abuses—requires the independent mobilization of the working class.

Niegan el Indulto al Prisionero Político Indígena Leonard Peltier

Fernando A. Torres
Rebelión




Un duro golpe recibió hoy el pueblo indígena de Norteamérica. La Comisión Federal de Indultos le negó la libertad condicional al dirigente indígena - y uno de los más connotados prisioneros políticos de los Estados Unidos, Leonard Peltier, encarcelado desde 1977.

Peltier, 64, fue acusado de matar a dos agentes del FBI en una confrontación en la reservación indígena de Pine Ridge en 1975. E ncarcelado en una prisión federal en Lewisburg, Pensilvania, no tendrá otra audiencia de indulto hasta el 2004, cuando tenga 79 años de edad.

Según el Comité de Defensa de Leonard Peltier ( leonardpeltier .net) , Peltier, uno de los d irigentes fundacionales del Movimiento Indígena Americano, American Indian Movement (AIM), padece de diabetes y problemas al sistema urinario.

Fundado en 1968 al calor de las luchas civiles, el AIM fue una organización integrada por jóvenes militantes que surgió como repuesta a la brutalidad policíaca. Entre sus fundadores se destacan Vernon Bellecourt , Dennis Bank, Harold Good Sky, Russell Means y George Mitchell.

Por el denominado “camino rojo” el movimiento de AIM logró la simpatía de miles de jóvenes indígenas expandiéndose rápidamente por el país en la defensa del pueblo indígena y por la recuperación del orgullo, la verdadera historia y la cultura.

AIM surgió de la oscuridad de la violencia, de la brutalidad policíaca y de la desesperación de un pueblo sin voz en los tribunales del Estado de Minesota. Los miembros de AIM han conocido el interior de las cárceles y la organización – según el fallecido dirigente Vernon Bellecourt - es una clase de “guerreros de este siglo, destinados al lazo de unión de los tambores, que sufragan con sus cuerpos en vez de sus bocas. Su quehacer es la esperanza… Cuando AIM emergió en Miniápolis en 1968 un incendio salvaje se esparció por las ciudades y reservaciones. Fue una catálisis para que la gente entendiera que las raíces de nuestro árbol de la vida casi se han emblanquecido y muerto.”

Para muchos, el encarcelamiento de Peltier por más de 32 años, es un importante símbolo de la continuación de más de cinco siglos de violencia institucional en contra del pueblo indígena norteamericano. Peltier, descendiente de las tribus Anishinabe, Dakota y Lakota, siempre ha mantenido su inocencia con la dignidad propia que caracteriza a la nueva generación de líderes indígenas.

La negación del indulto fue una sorpresa para muchos que pusieron las esperanzas en el “cambio” anunciado profusamente durante la campaña presidencial del Obama. Variadas organizaciones indígenas del país han anunciado diversas protestas y pow wows (asambleas o reuniones indígenas) para repudiar la decisión de la comisión del indultos del gobierno federal.

El siguiente es el poema de Peltier que encabeza la página internet de su comité de Defensa:

Ellos dicen que el silencio es la voz de la complicidad

Pero el silencio es imposible. El silencio levanta su grito.

El silencio es un mensaje, como hacer nada es un acto.

Que aquellos que son resuenen, en cada palabra,

en cada hecho. Si, sé lo que eres. No se puede

ignorar tu propio ser, o tu propia responsabilidad.

Haces lo que eres. Eres tu propio quehacer.

Te conviertes en tu propio mensaje. Tú eres el mensaje.

En el espíritu de Caballo Desbocado, Leonard Peltier.

Sheehan Returns to Rebuke Obama

Agence France Presse


After spending weeks dogging George W. Bush's presidential vacations, anti-war protester Cindy Sheehan is now trying to make life uncomfortable for President Barack Obama.

Sheehan used to pitch a peace camp near Bush's ranch in Crawford, Texas, becoming a symbol of the anti-war movement after her son Casey died in action in Iraq.

On Thursday, she and a band of anti-war protesters turned up outside the media center used by journalists covering Obama's vacation on the well-heeled east coast resort island of Martha's Vineyard.

"The reason I am here is because ... even though the facade has changed in Washington DC, the policies are still the same," Sheehan told a handful of journalists, against a backdrop of her "Camp Casey" banner.

She told US peace activists to wake up and protest Obama's escalation of the war in Afghanistan, and complained that despite the president's anti-war stance, US troops remained in Iraq.

"We have to realize, it is not the president who is power, it is not the party that is in power it is the system that stays the same, no matter who is in charge."

"We are here to make the wars unpopular again," she said.

La Impunidad Mexicana

Teodoro Rentería Arróyave
Argenpress




La impunidad es el sello de las agresiones en contra de los periodistas en México, se expresa en el Recomendación General 17 de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, la cual puntualiza que en la última década han sido asesinados 52 comunicadores y 7 han desaparecido; así lo informó el presidente del organismo, José Luis Soberanas Fernández. Los registros del gremio organizado en el mismo periodo contabilizan 59 muertes, que incluyen las de cuatro humildes trabajadores de la prensa y 9 desapariciones forzadas.

Como es de costumbre la “gran prensa” no le dio la importancia en la difusión a la Recomendación General 17, no obstante que en toda la historia del organismo autónomo ha expedido o recurrido a esa figura en sólo ese número para significar como este caso la vulnerabilidad de los periodistas a consecuencia de la vergonzosa impunidad imperante en el país.

Por el contrario, destaca el reproche del Ejecutivo Federal, no nos hagamos patos, dirigido a los periodistas. En forma eufemística el presidente Felipe Calderón Hinojosa critica a los “mexicanos” que se empeñan en difundir una imagen negativa del país hacia el exterior. El mandatario señaló, además, que las ventajas que ofrece el país a las inversiones del exterior quedarán claras cuando nos decidamos todos a hablar con objetividad de las cosas buenas.

Antes, el primer mandatario había retado a que le señalaran un solo caso de violación de los derechos humanos por parte de elementos del Ejército, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández recordó en la reunión con la prensa, su contestación inmediata: “en el cúmulo de recomendaciones respecto a esas violaciones se encuentra la contestación a su interpelación”.

Como esta situación no cesa y por el contrario se incrementa (nos referimos al hecho escandaloso de que elementos del Ejército Mexicano establecidos en Monclova, Coahuila privaron de la libertad e incomunicaron durante 16 horas a cuatro periodistas). La agresión ocurrió el 7 de agosto a las 10:30 de la noche cuando los comunicadores se dirigían a cubrir un operativo militar; sin embargo, cuando llegaron al lugar vieron que el convoy militar ya se dirigía a las instalaciones militares y por tanto se retiraron. Fue unas calles adelante cuando militares los interceptaron, los amarraron e interrogaron.

Los agredidos: Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz; y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4, fueron acusados de pertenecer a una célula del crimen organizado; la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación, 52/2009, dirigida al general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.

Y este martes por la madrugada fueron baleadas las instalaciones del periódico El Siglo de Torreón. Tales hechos constituyen un atentado directo en contra de la libre expresión, de las ideas y una demostración más de la impunidad con la cual se persigue a la prensa.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y la Federación Latinoamericana de Periodistas condenan este artero ataque y exigen la intervención inmediata del gobierno federal para deslindar responsabilidades y dar con los responsables.

Al término de la presentación de la Recomendación General 17, ahí mismo en las instalaciones de CNDH, el amigo colega y respetado presidente del Club Primera Plana, Raúl Gómez Espinosa comentó alarmado e indignado ante la indefensión que sufre el gremio y otros grupos vulnerables; estuvimos de acuerdo: no hay que bajar la guardia, seguir en la trinchera para revertir el brutal y vergonzoso flagelo de la impunidad. México no pude no debe seguir siendo el paraíso de la impunidad.

Claro que duele que todo esto se sepa en el exterior, corresponde a las autoridades solucionarlo; con acallar a la prensa nada se corrige: por el contrario se acrecientan los abusos, la deshonestidad y la corrupción gubernamental.

CheckPoint: Sovereignty and Border Security

Indian Country Today


TECATE, Mexico – When Kumeyaay people living on the Mexican side of the Diegueño Nation were – for the first time – denied entry into the United States by border officials, they responded the Indian way.

“They would sing Indian songs right there on the border,” said Ron Christman, a Kumeyaay Bird Singer from the Santa Ysabel Reservation in rural San Diego County.

He remembers when the Kumeyaay people ran into a wall of tight border security along the U.S.-Mexico border in the 1960s. It came after decades of traveling freely to see relatives living on 12 reservations in California through an obscurely marked border.

The Kumeyaay living on the U.S. side have since worked – traversing the tight federal bureaucracy of both countries – to get fellow Kumeyaay living in four communities in Mexico authorization to continue the tradition.

“It is a constant struggle to make sure the physical challenge presented by the border does not become a more significant social, cultural or economic barrier for the Kumeyaay people. This is even more important in light of increased border crossing restrictions imposed in recent years,” said Viejas Band of Kumeyaay Chairman Bobby L. Barrett.

Diegueño-speaking lands once took up nearly the whole lower side of what is today California and the top half of Mexico’s most northern state, Baja California. When the U.S. and Mexico negotiated its borders following the Mexican War in 1848, it left more than 1,000 Kumeyaays in Mexico.

“We should have been consulted, but we weren’t,” said Kumeyaay Border Task Force Executive Director Louie Guassac, Mesa Grande Diegueño. What may sound like a new federal front to combat illegal immigration, the task force is instead sanctioned by all the Kumeyaay tribal councils on the U.S. side to reunite the nation.

The end result came in the late 1990s with the issuance of the B1/B2 Visas to southern Kumeyaays by the U.S. government, a multi-use travel credential, also known as a “laser visa.” While the document doesn’t give them dual citizenship or recognize them as part of a sovereign nation, it gets them across the border. The documents withstood the transition from the defunct Immigration and Naturalization Service to the Department of Homeland Security after 9/11 and the swell of security enhancements that followed.

“I am very happy about it because my family comes and visits and stays, and we can resume sharing in culture, dance and song,” said Marta Rodriguez, who was born on the Mexican side of the Diegueño Nation but now resides with her husband on the Santa Ysabel Reservation.

Getting the visas was a herculean effort. The northern Kumeyaay traveled to Mexico to take a census and worked closely with the Mexican consulate to process passports, a prerequisite for the laser visa. Today, about 1,900 southern Kumeyaay possess the visas.

For the Diegueño Nation, the physical border has been costly. Cultural, economic and linguistic separations exist.

“We were really disappointed that they didn’t know how we lived and we didn’t know about them,” said Angel Dominguez Fernandez, who lives in the San Antonio Necua Kumeyaay Community 35 miles south of the border. It’s a place where a shirtless Indian boy still walks his horse through dirt roads and men are hard at work making 2,000 adobe bricks to construct a structure for the community.

Raul Montes, a Kumeyaay living at the San Jose de la Zorra Indian Community in Baja California is usually out in his field growing tomato, squash and maize that fills his and the community’s pantries.

The northern Kumeyaay too have felt the disunion, Guassac said, who likens the separation to a “broken vase.”

“Those communities look like what Viejas (reservation) looked like before gaming.”

The northern Kumeyaay, who collectively operate seven casinos have reached out. In addition to spearheading the issuance of the visas, they have hosted their southern relatives to teach classes in traditional arts. Baja artisans sell their art and crafts at reservations, and the northern Kumeyaay are helping set up vineyards in Baja California and looking into other economic partnerships.

El Caso Acteal

Alejandro Manrique Soto
Rebelion




El trato que el gobierno mexicano dio al caso de Acteal a través de las instituciones que, supuestamente, están ahí para impartir justicia a todos los mexicanos, deja ver con claridad y en forma completa, es decir, de principio a fin, una forma de proceder del Estado en la planeación, ejecución y desenlace de una ofensiva táctica-contrainsurgente.

El caso de Acteal tiene que verse como un todo inserto en el contexto político de la época en que ocurrieron los hechos. Todos y cada uno de ellos estuvieron considerados dentro de un plan desde el principio. Cada pieza cuadra a la perfección.

Desde el permanente y sistemático hostigamiento a las diversas comunidades que directa, o indirectamente, por simpatía o identificación apoyaban al EZLN, o en su caso coincidían con sus demandas en la defensa de los pueblos indios de Chiapas, hasta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para liberar a los paramilitares que ejecutaron la acción multihomicida, pasando, claro está, por la planeación, diseño y dirección de la masacre desde las altas esferas del poder. La selección del lugar y del grupo de asesinos, el estudio de las condiciones generales de la localidad, las relaciones al interior de la comunidad, el impacto directo en la región, así como el impacto que tendría en la opinión nacional e internacional a través de los medios, fueron estudiadas de manera meticulosa.

Dentro de esta iniciativa se encuentra la planeación logística del hecho: la distribución de las armas a los paramilitares, su entrenamiento, financiamiento y protección frente a las autoridades correspondientes, desde las federales, pasando por las estatales hasta las municipales y locales. Se trataba de otorgarles todas las facilidades y la protección necesarias para llevar a cabo su cometido.

Pero la cosa no para ahí. El cálculo dentro del plan contrainsurgente tenía que ir más allá. El día de la masacre se planificó, dentro de un esquema de guerra de baja intensidad, desde la cúpula del poder en México, así tenía que ser, así lo dictaba el plan.

El hecho de que, a pesar de los múltiples llamados que se hicieron días antes de la matanza, advirtiendo sobre la posibilidad de un ataque a la comunidad de Acteal, las autoridades no hicieron nada, da cuenta de que todo caminó conforme al plan establecido… así tenía que ser.

Y peor aún, el día de la masacre, la autoridad estatal se enteró abiertamente de lo que ocurría, lo mismo que el gobierno federal por supuesto, y por otro lado, un grupo de policías locales que se encontraban cerca del lugar vio lo que estaba ocurriendo y tampoco hizo nada. El plan maestro dictaba sus órdenes… así tenía que ser.

Los acontecimientos que se sucedieron después, el mismo día de la matanza y al día siguiente, también estaban planificados: cambiar la escena del crimen con la intención de confundir a quienes llegarían a investigar los hechos, las autoridades locales y estatales y la prensa nacional e internacional, de esta manera la segunda parte del plan daba inicio.

Ante el impacto que los acontecimientos tuvieron en la opinión pública mundial y frente a la presión que sobre el gobierno del entonces presidente Zedillo se ejerció, tuvieron que adaptar su plan, lo cual seguramente tenían contemplado: implementar el plan “b”, o realizar los ajustes necesarios que se requerían sobre la marcha. La acción que realizaron entonces fue la de hacer redadas para atrapar a los posibles culpables como fuera.

En la acción de detener y encarcelar a los culpables “como fuera” se encuentra oculta la tercera parte del plan: la integración irregular de los expedientes los cuales contienen una serie de errores los cuales servirían posteriormente en la defensa de los asesinos.

De esta manera se preparaba el terreno para que, en el futuro, entrara en acción un grupo de intelectuales seleccionado previamente a modo y que se pudiera manipular y prestar para que, diez años después, hicieran el papel de voceros y defensores de los asesinos de Acteal y desempeñaran una acérrima batalla por su liberación, fueran o no culpables.

El nada honroso papel de defender asesinos de indígenas lo encabezó un grupo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) como institución y un grupo de intelectuales lidereado por el periodista Héctor Aguilar Camín.

Esta acción se vinculó finalmente con el último eslabón de la cadena, la cuarta parte del plan sin la cual no estaría completo: la resolución de los magistrados de la SCJN quienes tomaron la estafeta con todos los elementos ya preparados y listos para cerrar el círculo de la impunidad al dar el fallo de la liberación de los asesinos.

El objetivo de esta táctica contrainsurgente fue clara: imponer un castigo ejemplar a quienes osaron rebelarse contra la gran alianza del poder, para que todos aquellos que intenten hacer lo mismo, sobre todo si son indígenas, vean lo que les ocurrirá: serán asesinados por un grupo paramilitar creado, armado, subvencionado y protegido por los grupos poderosos del país, y cuando sus deudos vayan a exigir justicia no solo no la encontrarán, sino que serán humillados y violentados en sus derechos fundamentales de justicia y dignidad, y de pilón, con el tiempo se liberará a los asesinos de su pueblo. “No, ni lo piensen, mejor continúen aceptando las condiciones en las que han vivido desde épocas remotas, contra nosotros no podrán.”

Este plan, finalmente es parte integrante de una estrategia contrainsurgente enfocada al debilitamiento moral de la población que en su momento apoyó y continúa apoyando al movimiento indígena encabezado por el EZLN.

Así, en una farsa de cuatro actos la alianza formada por el Estado mexicano, los oligarcas del poder, los terratenientes de la región en conflicto, los militares apostados en la zona zapatista, los medios de comunicación cómplices y aliados del poder y el tristemente célebre grupo de intelectuales que seguramente obtuvo su parte del botín, nos quieren vender la idea de que se ha hecho justicia en el caso de Acteal y que las instituciones que deben resguardar el orden legal y constitucional a través del máximo tribunal de la nación la SCJN han hecho bien su tarea, pero no toman en cuenta que el pueblo de México ya no se cree tan fácilmente esos cuentos.

Closing in on the Torturers

Orange Suits for Tenet and Rumsfeld, Too

By RAY McGOVERN

CounterPunch

Do you think the wardens will let George Tenet wear his Presidential Medal of Freedom over the orange coverall?

Perhaps he and Donald Rumsfeld will end up doing time together in one of the prisons also slated to host what Rumsfeld called “the worst of the worst” from Guantanamo.

That would be poetic justice of a most ironic kind. And if the two former leaders do end up in prison they can count themselves fortunate for having dodged execution for their roles in a slew of capital offenses.

You see, punishments for violations of the War Crimes Act (18 U.S.C. 2441), applicable in their case, include the death penalty—often the sentence of choice if detainees die in their custody. And countless have.

Before you question my sanity, please know that I just completed the arduous task of reading the aging but devastating CIA Inspector General’s report on torture.

Sickening

You can be forgiven for holding your nose while paging through the redacted version of the “CIA Inspector General’s Special Review of Counterterrorism Detention and Interrogation Activities (September 2001 – October 2003).” Although heavily sanitized, it is still nauseating.

You can not be easily forgiven, though, if you don’t make the effort to read with care at least some of this lurid account of the abuse of detainees held by the CIA—a narrative which is said to have sickened Attorney General Eric Holder and one which cries out for reinforced efforts toward accountability.

This is not the CIA in which I served for 27 years. I spent most of my career in the analysis directorate, but had substantial tours of duty in the other three directorates as well. There were abuses before the Bush/Cheney administration, but Bush and Cheney thoroughly corrupted both substance and operations, and enlisted creeps and charlatans to do their bidding. There is now reason to believe that the careerists and contractors who cooperated in the criminality will be held to account.

Positive news came on Monday with the announcement that Attorney General Eric Holder has broadened prosecutor John Durham’s mandate to include cases in which CIA interrogators and contractors may have violated U.S. torture laws and other statutes. Durham has already spent over a year investigating the destruction of CIA videotapes of interrogations and thus is in position to jump-start the process of looking into related matters.

Durham is acutely aware that the tapes were destroyed not long after word got out that the CIA Inspector General had completed a Special Review on interrogation practices. Those CIA officers with custody of the tapes were acutely aware that, if the tapes wound up in the “wrong hands,” there might well be hell to pay.

Unless someone squirreled away some duplicates, we will never see those tapes. But the IG report shines considerable light on what was done in the torture chambers the CIA was instructed to create and operate abroad. Holder’s decision opens a hopeful new chapter in the complicated effort to hold to account those responsible for leading the country into the dark dungeons.

We can’t say we weren’t warned. Many will recall that former Vice President Dick Cheney set the tone just five days after 9/11, when he told Tim Russert:

"We also have to work, though, sort of the dark side, if you will. We've got to spend time in the shadows in the intelligence world. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion, using sources and methods that are available to our intelligence agencies, if we're going to be successful. That's the world these folks operate in, and so it's going to be vital for us to use any means at our disposal, basically, to achieve our objective."

Cheney tipped us off early to what he had in mind, apparently in the belief that most of us would go along. So far so good, from his perspective.

But recent months have seen him increasingly nervous and now that Holder has taken a major step forward, we can expect a vociferous and sustained reaction from Cheney and his avid supporters in the Fawning Corporate Media (FCM). Indeed, Cheney did not waste a day in voicing strong criticism of Holder’s decision. And small wonder: Cheney’s DNA can be found from top to bottom of the “chain of command” on torture.

Cheney’s ace in the hole is his clearly signaled readiness to implicate former president George W. Bush, if any investigation of torture or other abuses manages to reach the most senior White House levels. Cheney calculates that Obama and Holder would shy away from doing that, but the former vice president is taking no chances.

Yes, the 100-page-plus CIA IG report bears the date May 7, 2004. And yes, former Vice President Dick Cheney’s aphorism about “the dark side” is evoked by the hundreds of paragraphs completely blackened out (the thirsty report drank two full print cartridges). And yes, the entire four pages of the “Recommendations” section are blackened out.

Still, I think this is truly a case of better-late-than-never. And those of us who have been following this painful issue closely can readily fill in many of those paragraphs.

A Recommendation Right on the Mark

Unable to see beneath the black-out, it is left to us to make recommendations. Here’s one for starters. It’s not original; rather it came in the wake of the CIA role in coups in Iran (1953), Guatemala (1954), and South Vietnam (1963), to mention just a few.

As former President Harry Truman wrote in a Dec. 22, 1963 syndicated article titled “Limit CIA Role to Intelligence:

“I…would like to see the CIA be restored to its original assignment as the intelligence arm of the President…and that its operational duties be terminated or properly used elsewhere. “We have grown up as a nation respected for our free institutions and for our ability to maintain a free and open society. There is something about the way the CIA has been functioning that is casting a shadow over our historic position and I feel that we need to correct it.”

It is no surprise that President Truman felt very close to this, since it was he who pushed very hard to create the CIA. His purpose was two-fold: to prevent another Pearl Harbor and to create an independent agency he could depend upon to speak to him and his senior advisers without fear or favor—an agency with guaranteed access to all significant sources of information on a given country or issue.

As he explained in the widely published op-ed:

“I decided to set up a special organization charged with the collection of all intelligence reports from every available source, and to have those reports reach me as President without department ‘treatment’ or interpretations.”

But a sentence that was shoehorned into the National Security Act of 1947 also authorized the president to use the CIA to perform “other functions and duties.” And that secret role including covert action gradually came to dwarf what was originally the primary task of speaking plain truth to power.

For much of CIA’s 62 years, that one-sentence tail has been wagging the CIA dog, marginalizing its central role to collect information, analyze it, and present the truth in as unvarnished a way as humanly possible.

Looking Back

George Tenet was a disaster as Director of Central Intelligence. Although it was a major part of his job description, before 9/11, to ensure that the entire intelligence community was functioning as an organic whole, he much preferred hobnobbing with princes and potentates abroad and backslapping senior officials in Washington.

With 15 intelligence units in the federal government, there is always a strong centripetal tendency, and Tenet’s misfeasance in managing the community resulted in important pre-9/11 intelligence falling through the cracks. His malfeasance in “fixing” substantive intelligence to support President Bush’s wish to attack Iraq and then enthusiastically carrying out Bush/Cheney orders for torture and other abuses marks the worst chapter in Agency history—bar none.

Even so, before 9/11 Tenet did manage to give his good buddy Bush and then-National Security Adviser Condoleezza Rice quite enough in the way of repeated warnings that they should have, well, at least seen to it that the airlines put locks on cockpit doors. CIA directors keep copies of such warnings, of course, and this made Bush reluctant to fire Tenet after the terrorist attacks.

A kind of mutual blackmail ensued, disguised as good-ol’-boy bonhomie. I won’t fire you, George, if you promise not to tell anyone how many times you warned me that something very big and very bad was going to happen. And, from now on, you’ll do exactly as I say. Newt Gingrich, like Cheney a frequent visitor to CIA headquarters in those years, commented that George Tenet was so grateful to Bush for not firing him, that he “would do anything for him.”

Including Perjury?

The most tangible manifestation of this Faustian bargain came on April 14, 2004 when Tenet lied under oath before the 9/11 commission to protect Bush. Tenet told the commission under the prime-time klieg lights that he had not spoken to Bush—even on the telephone—during the entire month of August 2001.

It turns out that Tenet was lying. He did visit Crawford not once but twice during August and briefed Bush again in Washington at the end of the month. After the TV cameras were shut off, Tenet’s public affairs folks phoned the commission staff to say Oops, Tenet misspoke.

The backslapping Tenet made another fast friend of FBI Director Robert Mueller. The two conspired to fulfill White House wishes to magnify the threat from al-Qaeda about which, when all was said and done, relatively little was actually known. Exaggerating threats became a widespread cottage industry, as former Homeland Security Secretary Tom Ridge learned as he struggled to keep color-coded warnings from being blatantly coordinated for the political purposes of the White House.

FBI Director Rehearses

FBI Director Robert Mueller led the chorus, stating solemnly to Congress and anyone who would listen, “Our greatest threat is from al-Qaeda cells in the United States that we have not been able to identify.” Please, take a minute to think that sentence through. It may parse okay; but what does it really mean?

In February 2003 Mueller warned that hundreds of Al-Qa’ida operatives are hiding throughout the U.S. planning potentially catastrophic attacks, but that the FBI did not know who or where they are.

The “greatest threat” but not yet identified. Does this not remind you of George Tenet’s Weapons of Mass Destruction in Iraq? Sounds like a corollary to the Rumsfeldian dictum: “The absence of evidence is not evidence of absence.” Truly a strange way to do intelligence. And reminiscent of then-UN chief weapons inspector’s telling comment to U.S. officials regarding the threat of WMD in Iraq:

"It's sort of puzzling, I think, that you can have 100 per cent certainty about the weapons of mass destruction's existence, and zero certainty about where they are."

And so it was with al-Qaeda cells in the U.S.

Ready for this? There were no cells. And please, don’t conjure up “threatening” groups like the feckless one from Lackawanna—the entrapment case that was the best the FBI could do in manufacturing enemies within! Not to mention the most egregious example; i. e., the thousand immigrants detained for six to twelve months immediately after 9/11, with none—not one—being charged with terrorism.

Eager to please the White House, Mueller had learned to blow smoke, as we say in the trade.

What’s the connection here with the CIA Inspector General’s report? Just this: if the FBI director points to al-Qaeda cells—real or imagined—in the U.S. as the greatest threat to our national security, there is a high premium on what former President George W. Bush called “the hunt.” Smoke ‘em out; and find ways to make ‘em tell us who and where in the U.S. their compatriots are lurking.

Read the following excerpts from the CIA Inspector General report text (page 83ff) and weep:

“According to a number of those interviewed for this Review, the Agency’s intelligence on Al-Qa’ida was limited prior to the CTC (Counterterrorist Center) Program. The Agency lacked adequate linguists or subject matter experts and had very little hard knowledge of what particular Al-Qa’ida leaders—who later became detainees—knew. This lack of knowledge led analysts to speculate about what a detainee ‘should know,’ vice information the analyst could objectively demonstrate the detainee did know….

“When a detainee did not respond to a question posed to him, the assumption at Headquarters was that the detainee was holding back and knew more; consequently, Headquarters recommended resumption of EITs [enhanced interrogation techniques].

“[a page-plus blackened] is evidenced in the final waterboard session of Abu Zubaydah. According to a senior CTC officer, the interrogation team considered Abu Zubaydah to be compliant and wanted to terminate EITs. [word(s) redacted] believed Abu Zubaydah continued to withhold information, [three lines redacted] at the time it generated substantial pressure from Headquarter to continue use of the EITs.

“According to this senior officer, the decision to resume use of the waterboard on Abu Zubaydah was made by senior officers of the DO [Directorate of Operations]. [one line redacted] to assess Abu Zubaydah’s compliance and witnessed the final waterboard session, after which, they reported back to Headquarters that the EITs were no longer needed on Abu Zubaydah.”

In their “Conclusions” section, the IG uses bloodless prose to make this painful observation:

“Agency officers report that reliance on analytical assessments that were unsupported by credible intelligence may have resulted in the application of EITs without justification. Some participants in the Program, particularly field interrogators, judge that CTC assessments to the effect that detainees are withholding information are not always supported by an objective evaluation of available information and the evaluation of the interrogators but are too heavily based, instead, on presumptions of what the individual might or should know.”

People were tortured on the basis of “presumptions.” Nice.

A More “Robust” Approach

Back to Abu Zubaydah: his capture in March 2002 “presented the Agency with a significant dilemma,” as the IG explains the Introduction to the Special Review:

“The Agency was under pressure to do everything possible to prevent additional terrorist attacks. Senior Agency officials believed Abu Zubaydah was withholding information that could not be obtained through then-authorized interrogation techniques. Agency officials believed that a more robust approach was necessary to elicit threat information from Abu Zubaydah and possibly from other senior Al-Qa’ida high value detainees.”

The IG report makes it clear that these requirements “presented new challenges for CIA…including identifying qualified personnel to manage and carry out detention and interrogation activities. CTC implemented training programs for interrogators and debriefers. Here’s a revealing footnote reflecting an attempt to help a torturer’s apprentice distinguish between interrogators and debriefers (from page 6 of the Summary):

“An interrogator is a person who completes a two-week [!] interrogations training program, which is designed to train, qualify, and certify a person to administer EITs. An interrogator can administer EITs during the interrogation of a detainee only after the field, in coordination with Headquarters, assesses the detainee as withholding information. An interrogator transitions the detainee from a non-cooperative to a cooperative phase in order that a debriefer can elicit actionable intelligence through non-aggressive techniques during debriefing sessions.”

Got that? It’s the same basic rationale that former Maj. Gen. Geoffrey Miller introduced into Guantanamo, and then Abu Ghraib. Remember? The MPs were instructed to soften up the detainees. The preferred euphemism was “prepare the conditions for successful interrogation.”

As reluctant as President Barack Obama seems to be to address the torture issue, the CIA Inspector General report, for which the ACLU filed a successful Freedom of Information Act suit, is impossible to ignore. A spokesman for Obama said Tuesday that decisions on how to proceed with the inquiry lie in the hands of Attorney General Holder, who appears willing to take the heat. Fox News, oblivious to the irony, is already calling Holder’s announcement the beginning of an “Inquisition.”

While the inquiry is said to involve only those CIA people who went beyond the Department of Justice’s very flexible guidelines regarding harsh interrogation, in my view it will be very difficult to keep the investigation within those tight parameters.

There is a growing chance that, at the end of the day, those up the food chain will not escape being held accountable. By this point in time most observers are fully aware that the most rotten apples were at the very top, not the bottom, of the barrel.

Endangering Morale at CIA?

What Americans need to know is that only a miniscule percentage of CIA officers approve of torture. The vast majority oppose it—whether for utilitarian reasons (as we have seen, it does not work, unless you are after unreliable information); or for moral reasons (including a decent respect for the opinion of mankind, as someone once put it). Most believe Patrick Henry had it right, when he insisted that the rack and screw have no place in the New World.

So what about morale? Let’s address head-on the self-serving canard that would have us believe that exposing torture and other abuses would damage morale at the CIA and other intelligence agencies.

You may recall that Gen. Michael Hayden, even while still CIA director, was going around town telling folks that he had warned the new president not to allow an investigation into controversial activities like waterboarding, or else “no one in Langley will ever take a risk again.” Rubbish.

Hayden was not only blowing smoke; he was also gravely insulting the great majority of CIA employees who have served, and continue to serve, with honor.

At a public forum in late April, former Vice President Walter Mondale exposed the speciousness of the Hayden-cum-Bush-holdovers argument. Mondale was one of the Senators on the Church Committee, which during the mid-Seventies unearthed the unlawful activities of COINTELPRO and other serious abuses by the CIA and other intelligence agencies.

Speaking out of that experience, Mondale noted that then, too, concern over the effect on agency morale was voiced both before the Church investigation got under way and while it was proceeding.

The concern proved totally unfounded, according to Mondale, as it quickly became apparent that agency personnel called before the Church Committee were thankful for the chance to get the truth out, get a heavy burden off their shoulders, and put the scandal behind them.

More important, the truth that was brought to light made it possible for the country to resolve how several key national security structural and legal issues were to be addressed in the future. Much of that wisdom and many of the legal protections introduced at that time were blithely disregarded by the Bush administration. It is time to get back on the track of legality.

As veteran CIA operative Bob Baer told an interviewer on Monday, there is no reason why CIA should be considered above the law. “Indeed, the agency does its best work when operating within the law,” said Baer.

At one point, he himself was accused and investigated on grounds that he went beyond what was permitted by law and regulation governing his operations in Iraq. Baer was able to show that he had adhered to the letter, as well as the spirit, of the law. The investigation ended, and Baer continued to shine as one of CIA’s best operatives in the Middle East.

As for the need for holding people to account, Mondale had this to say:

"Holding people responsible in some way for what happened is very important. If the verdict here is that you can do these kinds of things and there are no consequences, then that leaves a precedent. I've been around the federal government long enough to know that if there is a bad precedent, it's like leaving a loaded pistol on the kitchen table. You don't know who is going to pick it up and pull the trigger. There need to be consequences for violating the law."

So, hats off to Attorney General Eric Holder, who could have tried to keep dodging the issue; and to the president as well, for deciding to give Holder leeway to do the right thing, despite the inevitable controversy they both had hoped somehow to avoid. In his announcement Holder was refreshingly straightforward: “As Attorney General, my duty is to examine the facts and to follow the law. In this case, given all of the information currently available, it is clear to me that this review is the only responsible course of action for me to take."

So let’s clean up the mess as quickly as possible. Then we will be able to move on, in due course, to address the kind of simple but sensible recommendation made by President Truman’s 46 years ago.

Ray McGovern was an Army officer and CIA analyst for almost 30 year. He now serves on the Steering Group of Veteran Intelligence Professionals for Sanity. He is a contributor to Imperial Crusades: Iraq, Afghanistan and Yugoslavia, edited by Alexander Cockburn and Jeffrey St. Clair (Verso). He can be reached at: rrmcgovern@aol.com

A shorter version of this article appeared at Consortiumnews.com.

Existen en México 54.8 millones de pobres, el 51% de la población

Sólo entre 2006 y 2009 surgieron 10 millones más en el país, según estudio del BM


Roberto González Amador
La Jornada

La recesión en que cayó la economía mexicana este año sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008, reveló un reporte del Banco Mundial (BM). Si se toman en cuenta los 50.6 millones de pobres registrados en datos oficiales hasta 2008, se obtiene un total de 54.8 millones de mexicanos en esta condición, o sea, 51.02 por ciento de la población del país, del conjunto de 107.4 millones a junio de 2009.

El organismo indicó que la crisis de este año, que interrumpió un lustro de crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe, provocó un aumento de 8.3 millones de pobres en la región, de los cuales la mitad vive en México.

De esta manera, México se convirtió en el país más afectado por la crisis económica en la región, y también en el que un mayor número de sus habitantes cayó en la pobreza durante este año, de acuerdo con el documento del Banco Mundial, que constituye la primera evaluación sobre las consecuencias de la actual crisis económica en los indicadores de pobreza en América Latina, la región con mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

Entre 2006 y 2008, los dos primeros años de la actual administración federal, el número de pobres en México aumentó en 5.9 millones de personas, hasta alcanzar 50.6 millones, 47.4 por ciento de la población total del país, según publicó el 18 de julio pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo oficial encargado de la medición de la pobreza en el país.

El periodo evaluado por el Coneval cubre básicamente los dos años en que el alza en el precio internacional de los alimentos se expresó en México en mayores costos al consumidor final de bienes básicos como la tortilla, en general los granos y carnes, de las que el país depende del exterior.

En el mundo, según estimaciones del Banco Mundial, la crisis alimentaria provocó un aumento de 100 millones en el número de pobres. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó que 10 millones de ellos correspondían a personas que viven en esta región.

La nueva evaluación del Banco Mundial calculó por primera vez el efecto de la actual crisis económica, que se comenzó a resentir desde mediados del año pasado, sobre la pobreza en América Latina y el Caribe.

"El Banco Mundial estima que la crisis económica empujará a 8.3 millones de latinoamericanos a la pobreza. Para poner ese número en perspectiva, 60 millones de habitantes de la región habían salido de la pobreza en el periodo de 2002 a 2008, gracias al crecimiento más rápido, a las mejores políticas sociales y a las mayores remesas", indica el informe Latinoamérica más allá de la crisis; impactos, políticas y oportunidades.

Abunda: "Se espera que la crisis sea inusualmente dura con la clase media, por la caída en la demanda por exportaciones no tradicionales que tienden a emplear a trabajadores formales, urbanos y tecnológicamente más avanzados".

El informe, concluido en julio y publicado este mes, indica que la crisis económica provocará que la tasa de pobreza en la región aumente este año en 8.3 millones de personas respecto de 2008. "Alrededor de la mitad de esas personas que caerán en pobreza este año están en México (4.15 millones), una quinta parte (1.66 millones) en Brasil y el resto están distribuidos en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala y Venezuela".

De los 8.3 millones de nuevos pobres en América Latina, 3.6 millones serán personas que caerán en extrema pobreza, una manera de decir que no dispondrán de ingreso suficiente para comprar la comida mínima necesaria.

Hasta el año pasado, según el Banco Mundial, 181.3 millones de personas eran pobres en América Latina y el Caribe y de ese universo, 73.3 millones vivían en pobreza extrema. .

Durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado, el número de pobres en la región se elevó, al pasar de 160.5 millones en 1981 a 240.6 millones en 2002. El universo de personas en extrema pobreza, en ese periodo, creció de 90 millones a 114 millones. Desde 2002 el número de pobres disminuyó a "una velocidad sin precedente", de tal forma que en 2008 bajó a 181.3 millones.

"Durante el periodo de fuerte crecimiento, de 2002 a 2008, alrededor de 60 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza y 41 millones de ellos dejaron la pobreza extrema. Ello se expresó en que hacia 2007 y 2008 se registró una reducción en las tasas de pobreza. Desafortunadamente, la reciente recesión mundial ha puesto fin a ese progreso", indicó el reporte.