Share This

Bookmark and Share

Tecpatl

Tecpatl
Our Word is Our Weapon, if you have anything you would like us to publish please send us an email @ maiz_centeotl_chicomecoatl@riseup.net

9/11/09

Convocatoria de la Segunda Etapa de la Campaña "Libertad y Justicia para Atenco"

A la sociedad civil nacional e Internacional

A las 218 organizaciones de la sociedad civil que se integraron a la Campaña Libertad y Justicia para Atenco

Quienes integramos el Comité Libertad y Justicia para Atenco, impulsor de la campaña del mismo nombre, acompañando al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en su justa lucha por la libertad de los 12 presos políticos, deseamos comunicar a las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes, movimientos, frentes, a la sociedad civil nacional e internacional este llamado y les pedimos a todas y todos lo pasen a otras manos, otros pueblos, barrios, centros de trabajo y estudio, comunidades y a todos aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Este comité integrado por 30 músicos, religiosos, comunicadores, académicos, actores y actrices, por una docena de organizaciones civiles, solidarias y defensoras de los derechos humanos, así como por el propio Frente de Pueblos en defensa de la Tierra queremos expresar que:

1. A raíz de los acontecimientos represivos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, 12 personas siguen presas. El operativo realizado con enorme violencia, brutalidad policiaca, violaciones a los derechos humanos e innumerables irregularidades fue una decisión de Estado cuyas consecuencias fueron el asesinato de dos jóvenes, las detenciones de más de 200 personas, las vejaciones, violaciones y tortura sexual a cerca de una treintena de mujeres detenidas. Lo sucedido en Atenco fue una muestra temprana de nuevos mecanismos y dispositivos represivos. A partir de esos mismos días, innumerables personas, organizaciones y colectivos impulsaron la movilización nacional e internacional contra la represión y por la libertad de los detenidos. Gracias a la solidaridad y persistencia de miles de personas en México y el mundo, la mayoría de los presos de dicho operativo están hoy libres. Como resultado de esa movilización además, la denuncia sobre los hechos represivos le dio la vuelta al mundo.

2. Casi tres años después, sin embargo, 12 personas siguen injustamente presas. Ellos no son presos comunes. No son delincuentes. Son presos políticos del Estado mexicano y sólo la movilización nacional e internacional abrirá el camino hacia su libertad. Por ello, en febrero pasado comenzamos la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, como el medio para fortalecer, reorganizar y reimpulsar la movilización de la sociedad civil con la demanda principal de la libertad de los 12 presos políticos. Lanzamos una iniciativa civil, pacífica e independiente que desde el 17 de febrero y hasta el 18 de junio pasados logró convocar alrededor de 80 actos, foros, movilizaciones, plantones y protestas, realizadas en 16 ciudades fuera del país (Bilbao, Zaragoza, Montevideo, Durham, Nueva York, Weymouth, París, Marsella, Barcelona, Oakland, Melbourne, Chicago, Atenas, Buenos Aires, Edimburgo y la Haya, así como 8 estados de la república, además de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Se han inscrito a esta campaña, 218 colectivos y organizaciones estudiantiles, indígenas, ciudadanas, sociales y populares, de trabajadores, medios alternativos, de defensa de los derechos humanos y solidarias, fortaleciendo y ratificando el carácter civil e independiente de esta iniciativa.

Calculamos que cerca de 10.000 personas participaron directamente en dichas acciones y cerca de 200,000 pudieron acceder a la información de la campaña y la situación de los 12 presos políticos. La primera etapa de la campaña ha logrado hacer visible nuevamente el caso de represión de San Salvador Atenco, ha actualizado e informado nacional e internacionalmente la situación de los 12, ha permitido reimpulsar la presión a las autoridades mexicanas, y, en especial, ha logrado rearticular la participación de la sociedad civil reencontrando a much@s de los que desean continuar con la lucha por la libertad. En suma, la primera etapa de la campaña ha sido un éxito.

3. Sin embargo, por otro lado debemos decir, que muy pronto la situación de los presos políticos ha cambiado. Nueve de los doce presos han presentado su demanda jurídica de amparo directo, es decir, su último recurso legal para lograr su libertad (todos injustamente encarcelados en el Penal de Molino de las Flores). En los próximos meses, el Poder Judicial decidirá sobre su libertad o la ratificación de sus condenas, que son de más de 31 años de prisión. Por otro lado, la situación de los 3 presos del penal del Altiplano (Ignacio Del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo) se ha hecho insostenible debido a las terribles condiciones de encarcelamiento en dicho penal de alta seguridad; hemos encontrado además, después de la investigación pertinente, que la decisión de trasladarlos a dicho penal, no tiene justificación legal y administrativa alguna.

Es decir, el Estado mexicano habría violado sus propias normas al trasladar a estos presos del orden común a un penal de alta seguridad. Por otro lado, los propios presos y en especial sus familias viven condiciones difíciles de salud, de manutención y de comunicación, lo que hace aún más urgente acelerar la presión por la libertad de los presos. Por último, es indispensable recordar que aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutarse tanto para algunos que están presos, como para quien se encuentra en condiciones de persecución política como Adán Espinoza y América Del Valle (integrantes del FPDT). Debe recordarse que más de 50 personas siguen en proceso, aunque en libertad. Todos los casos, tanto de presos como de perseguidos, como de quienes ya han presentado sus últimos recursos jurídicos, como de quienes lo harán más adelante, serán resueltos por alguna instancia del Poder Judicial de la Federación.

4. Es por ello, que evaluamos que ya no basta con denunciar y difundir. Es necesario levantar la movilización nacional e internacional civil y pacífica. Si bien las acciones de difusión siempre serán necesarias, ahora se hace urgente la movilización de la sociedad civil para abrir el camino hacia la libertad. Pero para ello, se requiere de mayor participación y organización. Será el Poder Judicial de la Federación quien decidirá sobre la libertad de los 9 presos políticos encarcelados en Molino de las Flores y será el Gobierno Federal quien deberá decidir sobre el traslado de los 3 presos políticos del Altiplano a un penal cercano a su domicilio. Pero es sólo la fuerza de la sociedad civil quien hará posible que los 12 presos políticos de Atenco logren la libertad. Necesitamos reimpulsar la movilización por la libertad.

5. Atenco representa un caso emblemático y nacional. Representa la aplicación y creación de nuevos delitos como el de secuestro equiparado, que representa una afrenta y arbitrariedad, aplicable para todas las luchas sociales como dispositivo de control y represión. El operativo represivo en Atenco representa además la impunidad, el avasallamiento a través de la violencia y el rompimiento de la legalidad por parte del Estado. Atenco representa una herida abierta para todo el país, para toda la sociedad civil, para tod@s los que luchan por la libertad y la justicia. Atenco no sólo es una preocupación para sus víctimas directas, sino para todo el país. En Atenco se juega la posibilidad de que la fuerza y la impunidad ganen, o que la razón y la justicia lo hagan. En Atenco se representan todas las luchas sociales que son reprimidas o que pueden serlo. La lucha por la liberación de los 12 presos políticos a más de 3 años de su injusto encarcelamiento nos llama a todas y todos. La libertad de los presos políticos de Atenco es una lucha nacional e internacional que nos llama a todas y todos.

Es por todo ello, que llamamos de manera urgente a la sociedad civil nacional e internacional, a las 217 organizaciones que se han integrado a esta campaña, a todos las personas, familias, colectivos, organizaciones, movimientos, redes de todo el país, de toda América y Europa a participar en la SEGUNDA ETAPA de la CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO donde demandaremos:

La revisión imparcial, justa y consecuente de los casos de los 9 presos en Molino de las Flores así como su libertad inmediata por ser presos políticos del Estado Mexicano.


· El traslado inmediato de Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo a un penal cercano a su domicilio.

· Cancelación de las órdenes de aprehensión contra Adán Espinoza

Además de seguir luchando por

La LIBERTAD de los 12 presos políticos.
La revocación de las sentencias condenatorias.
El respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos
El castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos
Detener la persecución política de América del Valle y Adán Espinoza
Condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México.


Para todo ellos llamamos:

· A las organizaciones mexicanas en el interior del país, a apoyar y organizar por 12 estados de la República, un recorrido por la libertad 12 estados/12 presos políticos, donde una comisión de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra acudirán directamente para difundir la situación actual de los presos, realizar movilizaciones por la libertad, foros y festivales de denuncia así como para encontrarse con las organizaciones integrantes de la campaña Libertad y Justicia para Atenco. El FPDT se encontrará además con medios de comunicación locales alternativos y comerciales para difundir esta campaña. El FPDT llevará además, propuestas a toda la sociedad civil con la que se reúna en estos 12 estados para impulsar la lucha por la libertad de los presos. El recorrido se realizará en los siguientes estados y fechas:

· 11, 12, 13 y 14 de septiembre. Chiapas

· 26 y 27 de septiembre. Veracruz

· 3 y 4 de octubre Jalisco

· 7 al 12 de octubre. Baja California

· 17 y 18 de octubre. San Luis Potosí.

· 22, 23, 24 y 25 de octubre. Guerrero.

· 31 de octubre y 1 de noviembre. Morelos.

· 4 al 8 de noviembre. Coahuila y Nuevo León.

· 14 y 15 de noviembre. Puebla

· 21 y 22 de noviembre. Michoacán.

· 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre. Oaxaca

La gira por la libertad concluirá el 5 y 6 de diciembre con un Festival por la libertad en San Salvador Atenco.

· A las organizaciones y colectivos europeos, los llamamos a formar un espacio de coordinación por la libertad de los presos políticos de Atenco. A formar un espacio que facilite la cooperación y acción coordinada así como emprender iniciativas conjuntas con el Comité Libertad y Justicia para Atenco. Sabemos que esta tarea es difícil, pero les pedimos puedan comenzar un proceso de consulta entre ustedes para integrar este posible espacio y en su caso, establecer comunicación con este comité para preparar nuevas acciones por la libertad de los 12 presos.

· A las organizaciones de la Ciudad de México y su zona metropolitana a movilizarse ante las autoridades para demandar el traslado de los 3 presos en el Altiplano y la libertad de los 9. En su momento lanzaremos la invitación a numerosas acciones para lograr estos dos puntos.


A todas las familias, personas en Ciudad de México, en todo el país y en otras partes del mundo a registrarse como parte de la campaña nacional e internacional, participar en las actividades de la gira por la libertad, así como participar en las distintas movilizaciones en la zona metropolitana para demandar la libertad de los presos. Pueden registrarse accediendo a

www.atencolibertadyjusticia.com

Sabemos que juntos lograremos la libertad y la justicia para Atenco.

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO:

Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Adolfo Gilly académico, Vanessa Bauche, actriz, Ricardo Rocha periodista, Rosario Ibarra de Piedra, integrante del Comité Eureka, Carlos Montemayor escritor, Adriana Roel actriz, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Marta Verduzco actriz, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacaba, Luis Javier Garrido, académico, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Luisa Huertas actriz, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Gilberto López y Rivas antropólogo, Verónica Langer actriz, Luis Hernández Navarro periodista, Jorge Zarate actor, Carlos Fazio, académico, Emma Dib actriz, Antonio Ramírez Chávez pintor, Gloria Domingo Manuel “Domi” pintora, Guillermo Almeyra académico, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices.

Familiares de presos y perseguidos, Red nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos; Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica; Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad; Mujeres Sin Miedo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), La Voladora Radio.

Report: Gaps in ICE Data Put Detainees at Risk

Cristina Fernandez-Pereda

New America Media

WASHINGTON -- U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) may not be collecting enough data about its own operations to meet legal and humanitarian standards for detention. This was the principle finding of a report released Thursday by the Migration Policy Institute (MPI).

The study, "Immigrant Detention: Can ICE Meet Its Legal Imperatives and Case Management Responsibilities?" analyzes data for all 32,000 detainees held in ICE custody during a single night in January 2009. Without the ability to track its detainees adequately, the report warns, the agency will be unable to adhere to legal mandates, administer review processes or abide by its national detention standards.



“The report underscores what advocates have seen for years: that we don’t know who’s detained or why, that they don’t have a release process, that they don’t track family ties or make legal immigrants available for alternatives to detention,” said Andrea Black, network coordinator for Detention Watch Network.

The results were released on the heels of ICE’s announcement that it plans to revamp its detention system. ICE intends to address concerns related to health conditions of its detainees, centralize its detention system, and depend less on local jails and private prisons.

"This report provides a roadmap for meeting the data needs essential for the new ICE detention initiative to succeed as it attempts to move from a criminal incarceration model to a civil detention system," said MPI Vice President for Programs Donald Kerwin, co-author of the report.

Researchers found that the diversity of the imprisoned population may make it harder to gather data and track cases. The 286 facilities hold a population of men (90 percent), women, families, unaccompanied children, unauthorized immigrants, asylum seekers, torture survivors, lawful permanent residents and persons claiming to be U.S. citizens.

The detainees come from 177 countries. Thirty-eight percent come from Mexico, followed by 13 percent from countries in Central America. They are most commonly held in facilities in southern and U.S.-Mexico border states, with 68 percent of the total in California, Arizona, New Mexico, Texas, Arkansas, Louisiana, Alabama, Georgia and Florida.

The report also revealed key information about how long detainees remain at ICE facilities.

“The data confirms that people are detained for much longer than ICE reports,” Black said. The average length of detention was 81 days, but some have been detained for much longer. Thirteen percent of detainees were held for three to six months, 10 percent for six months to one year, and three percent for more than one year.

“To me, it’s still startling to see how fast the detainee population has grown,” said Kerwin. Sixty percent of the detention centers in use today, he said, were created since 2004.

ICE’s ability to manage detainees is also compromised by the presence of private contractors who run the country’s large-scale facilities. Half of the detained population is held in 17 centers, which each houses more than 500 detainees. Three-quarters of these are operated by private contractors. “As a result, ICE has limited control over facilities and detainees,” Black argued.

The report also found that more than half of ICE detainees (58 percent) do not have criminal records, even though mandatory detention laws primarily apply to criminals. This is one of the consequences of untargeted detentions, according to Black, and has led to an overcrowded detention system.

In order to reform the detention system, the Department of Homeland Security has focused on population management, learning who is in the system, analyzing conditions of detention centers and alternatives to detention.

Dora Schriro, special advisor to DHS on ICE, Detention and Removal and, since last month, director of the Office of Detention Policy and Planning, said the agency is launching various programs to address access to health care, courts, recreation, family visits and tailor the system to the special needs population.

“Accountability is the chore of government responsibility, not just oversight and data gathering,” Schriro said. “We are committed to continue the improvements.”

But immigrant rights advocates expressed skepticism over the lack of transparency. “We are pleased to see the changes in process, but we are skeptical and concerned,” said Black. “Data has been extremely difficult to access. ICE denied basic information, even to know how many detention centers they work with.”

Schriro noted that the administration is attempting to address some of these concerns. DHS is engaged in conversations to create systems that will track detainees, report medical requirements, and discern eligibility for alternatives to detention. It is also conducting a study to learn the costs of these processes.

The administration, however, is struggling with the same problems advocates and organizations have been dealing with for years, Schriro said. In their efforts, she said, they have to look back, to analyze what didn’t work, and ahead, to implement the necessary changes. Regarding alternatives to detention, for example, she said, they aren’t optimistic. “The more we scrub, the more we see it is not usable,” Schriro stated.

Carlos sin Fuentes, ¿o Tinta Tibia?

Sobre Nnas Declaraciones del Autor de La Muerte de Artemio Cruz a Propósito de la Solución al Golpe de Estado en Honduras



Roberto Quesada

Rebelión




“Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos”
Octavio Paz, mexicano, Premio Nobel de Literatura, 1990.



Leí que el escritor mexicano Carlos Fuentes dijo a la agencia Efe que las elecciones en Honduras resolverían la problemática de este país centroamericano. No pude contestar de inmediato pues el trabajo en La Resistencia es agotador, pero se hace con la convicción de buscar una Honduras mejor. No obstante, minutos antes de abandonarme a los brazos de ‘morfea’, medité un poco sobre lo vertido por este colega.


Soñé con mi abuela, Menalia Bardales, cariñosamente la llamábamos y llamaremos así, porque siempre entre nosotros estará, Mela. Allí estaba mi abuela sentada a mi lado, acariciando mi cabello (en Olanchito y muchos lugares pocos habrán tan acertados para poner apodos como mi abuela), me decía refiriéndose a Carlos Fuentes: “Dormite, no te preocupés tanto por lo que diga Tinta Tibia”. A la mañana siguiente interpreté ese apodo que mi abuela había tatuado a Carlos Fuentes, Tinta Tibia. Más acertada no pudo estar, pues si uno medita, para el caso, Mario Vargas Llosa no es tinta tibia, él era de derecha cuando era peruano, y ahora que es español es (en plural) de derechas. Gabriel García Márquez ha sido sólido, incorruptible, ha mantenido su lealtad y amistad a Fidel Castro, no, tampoco puede tachársele de tinta tibia.


En cambio, Carlos Fuentes no es de ahora sino desde siempre que ha sido Tinta Tibia, por ejemplo, cuando quiso aprovecharse de María Félix , para, como dice el profesor Juan Domingo Torres: “catapultarse a la fama”. Así nos sorprendió en Nueva York cuando se hizo presentar por Laura Esquivel, aprovechando el buen momento que pasaba la mujer (a costa del buen trabajo que hizo su ex marido Alfonso Arau por la peliculaza Como agua para chocolate, adaptación de la novela publicada en 1989), pero, como bien lo dijera el crítico hondureño Mario Gallardo: “A Laura Esquivel se le quemó el chocolate”, ya se ve que Tinta Tibia se ha alejado de ella. Así es, siempre ha andado calculando los momentos propicios para dar el zarpazo.


En Honduras existe un nuevo dicho: “El que es golpista, vuelve a serlo”. Y este es el caso de Carlos Fuentes, pues el Premio Nobel de Literatura (1990), Octavio Paz, tuvo la decencia y el valor de renunciar a su cargo de Embajador en India, repudiando los crímenes de Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz (entonces Presidente), mientras que Fuentes aceptó (o quizá hasta solicitó) la embajada en Francia (1975), no obstante que se sindica a Luis Echeverría de autor material e intelectual de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Con este prontuario, ¿qué puede esterarse de Tinta Tibia, digo, Carlos Fuentes, pues que dé la bendición al golpe de Estado-Militar en Honduras o donde quiera se den como lo hizo al aceptar aquel cargo que se convirtió en el peor incidente de su vida pública. Y no se trata de nada personal, por el contrario, fui quien detuvo a alguien que lo estaba atacando a viva voz en la Universidad de Nueva York, ¿lo recuerda Tinta Tibia?


Así Tinta Tibia, Carlos Fuentes, da su gira anual por los Estados Unidos, a recoger los frutos de su tibieza: por un lado habla de la pobreza latinoamericana y las necesidades de “cambio”, pero, a su vez, idolatra a sus anfitriones y arremete contra todo aquel o aquella que aspire en Latinoamérica a un real cambio. No somos idiotas, Tinta Tibia, si no excesivamente tolerantes.


No voy a desconocer la gran calidad literaria de Carlos Fuentes, sobre todo en su primera edad, cuando escribió esa obra maestra La muerte de Artemio Cruz (1962), tampoco desconoceré sus influencias, en ese tiempo, sobre mi literatura. Lo digo porque desde hace unos años me parece más aburrido que una rosa sin espinas. Y creo que en esto no tiene nada que ver con que ya está en la tercera (¿o cuarta?) edad, si no esa avaricia intelectual que invade a tantos escritores: el creer que lo sabemos todo y podemos opinar, sin informarnos, sin fuentes, sobre todo.

No dudo que esto es lo que ha de haberle sucedido a Carlos Fuentes, Tinta Tibia, el periodista de Efe lo pescó in fraganti cuando en vez de preguntarle sobre el libro que presentaba le interrogó sobre el momento histórico que pasa Honduras. Para hacerse el “sabihondo” contestó semejante barrabasada: “Lo mejor que puede pasar es que haya elecciones libres, democráticas y que haya un nuevo presidente”.


¡Qué chochez de Tinta Tibia! Con ello valida, el ex embajador de México en Francia, los golpes de Estado; disculpa los asesinatos, la represión, la muerte. Y, a su vez, invalida las gestiones de organizaciones como la ONU y la OEA. Es seguro que Carlos Fuentes no sabe que a una ama de casa, madre de cuatro hijos, Irma Villanueva, por andar protestando por el regreso a la institucionalidad a Honduras, la violaron cuatro policías, y luego de violarla le metieron el tolete o macana en el ano. ¿Es esto lo que anda validando y justificando Carlos Fuentes?



Aparte de ese ha habido infinidad de crímenes de lesa humanidad. Es una pena que un hombre, como Carlos Fuentes, a quien la muerte le ha tocado las puertas de manera tan triste, como la de Natasha y la de Carlos Fuentes Lemus, abogue ahora por legitimar la muerte contra jóvenes que se ha dado en Honduras en este golpe de Estado. Carlos Fuentes, los latinoamericanos ya dejaron la imbecilidad a un lado, y no les convence nadie sólo porque venga con la frente llena de laureles, no se necesita las grandes agencias noticiosas, si algo se ha aprendido con este golpe militar en Honduras, es que la noticia alternativa tiene un gran lugar en nuestra sociedad y a nadie puede engañarse como antes. Allí está Rebelión.org, teleSUR, Cholusatsur.com, Clarín.cl y miles de sitios en Internet que se encargan de desmentir a individuos como usted.


Toda la saña que usted tiene es contra Hugo Chávez, y para atacar a esa estrella de Cannes, utiliza a Honduras sin importarle y sin siquiera saber lo que realmente ocurre en nuestra patria. Acuérdese, puesto que ya se lo dije en Cambio 16 de España y otras publicaciones, que cuando se dio el incidente del Cállate entre el rey el presidente Chávez “el mexicano Carlos Fuentes pegó el grito al cielo despotricando contra Chávez como si le hubiesen tocado a la mismísima Virgen de Guadalupe”. ¡Qué cosas! Usted ha vivido de la “defensa” y dignidad” del indigenismo, y por otro lado es el primero en inclinarse ante el rey (con escudo y todo) cuando un indio ataca verbalmente a su rey. Qué tristeza, Tinta Tibia.


Roberto Quesada es escritor y diplomático Hondureño.

I Am Barack Obama's Political Prisoner Now

If Only the Government Had Respected Its Own Laws...

By LEONARD PELTIER

IThe United States Department of Justice has once again made a mockery of its lofty and pretentious title.

After releasing an original and continuing disciple of death cult leader Charles Manson who attempted to shoot President Gerald Ford, an admitted Croatian terrorist, and another attempted assassin of President Ford under the mandatory 30-year parole law, the U.S. Parole Commission deemed that my release would “promote disrespect for the law.”

If only the federal government would have respected its own laws, not to mention the treaties that are, under the U.S. Constitution, the supreme law of the land, I would never have been convicted nor forced to spend more than half my life in captivity. Not to mention the fact that every law in this country was created without the consent of Native peoples and is applied unequally at our expense. If nothing else, my experience should raise serious questions about the FBI's supposed jurisdiction in Indian Country.

The parole commission's phrase was lifted from soon-to-be former U.S. Attorney Drew Wrigley, who apparently hopes to ride with the FBI cavalry into the office of North Dakota governor. In this Wrigley is following in the footsteps of William Janklow, who built his political career on his reputation as an Indian fighter, moving on up from tribal attorney (and alleged rapist of a Native minor) to state attorney general, South Dakota governor, and U.S. Congressman. Some might recall that Janklow claimed responsibility for dissuading President Clinton from pardoning me before he was convicted of manslaughter. Janklow's historical predecessor, George Armstrong Custer, similarly hoped that a glorious massacre of the Sioux would propel him to the White House, and we all know what happened to him.

Unlike the barbarians that bay for my blood in the corridors of power, however, Native people are true humanitarians who pray for our enemies. Yet we must be realistic enough to organize for our own freedom and equality as nations. We constitute 5% of the population of North Dakota and 10% of South Dakota and we could utilize that influence to promote our own power on the reservations, where our focus should be. If we organized as a voting bloc, we could defeat the entire premise of the competition between the Dakotas as to which is the most racist. In the 1970s we were forced to take up arms to affirm our right to survival and self-defense, but today the war is one of ideas. We must now stand up to armed oppression and colonization with our bodies and our minds. International law is on our side.

Given the complexion of the three recent federal parolees, it might seem that my greatest crime was being Indian. But the truth is that my gravest offense is my innocence. In Iran, political prisoners are occasionally released if they confess to the ridiculous charges on which they are dragged into court, in order to discredit and intimidate them and other like-minded citizens. The FBI and its mouthpieces have suggested the same, as did the parole commission in 1993, when it ruled that my refusal to confess was grounds for denial of parole.

To claim innocence is to suggest that the government is wrong, if not guilty itself. The American judicial system is set up so that the defendant is not punished for the crime itself, but for refusing to accept whatever plea arrangement is offered and for daring to compel the judicial system to grant the accused the right to right to rebut the charges leveled by the state in an actual trial. Such insolence is punished invariably with prosecution requests for the steepest possible sentence, if not an upward departure from sentencing guidelines that are being gradually discarded, along with the possibility of parole.

As much as non-Natives might hate Indians, we are all in the same boat. To attempt to emulate this system in tribal government is pitiful, to say the least.

It was only this year, in the Troy Davis, case, that the U.S. Supreme Court recognized innocence as a legitimate legal defense. Like the witnesses that were coerced into testifying against me, those that testified against Davis renounced their statements, yet Davis was very nearly put to death. I might have been executed myself by now, had not the government of Canada required a waiver of the death penalty as a condition of extradition.

The old order is aptly represented by Supreme Court Justice Antonin Scalia, who stated in his dissenting opinion in the Davis case, “This Court has never held that the Constitution forbids the execution of a convicted defendant who has had a full and fair trial but is later able to convince a habeas court that he is 'actually' innocent. Quite to the contrary, we have repeatedly left that question unresolved, while expressing considerable doubt that any claim based on alleged 'actual innocence' is constitutionally cognizable.”

The esteemed Senator from North Dakota, Byron Dorgan, who is now the chairman of the Senate Committee on Indian Affairs, used much the same reasoning in writing that “our legal system has found Leonard Peltier guilty of the crime for which he was charged. I have reviewed the material from the trial, and I believe the verdict was fair and just.”

It is a bizarre and incomprehensible statement to Natives, as well it should be, that innocence and guilt is a mere legal status, not necessarily rooted in material fact. It is a truism that all political prisoners were convicted of the crimes for which they were charged.

The truth is the government wants me to falsely confess in order to validate a rather sloppy frame-up operation, one whose exposure would open the door to an investigation of the United States' role in training and equipping goon squads to suppress a grassroots movement on Pine Ridge against a puppet dictatorship.

In America, there can by definition be no political prisoners, only those duly judged guilty in a court of law. It is deemed too controversial to even publicly contemplate that the federal government might fabricate and suppress evidence to defeat those deemed political enemies. But it is a demonstrable fact at every stage of my case.

I am Barack Obama's political prisoner now, and I hope and pray that he will adhere to the ideals that impelled him to run for president. But as Obama himself would acknowledge, if we are expecting him to solve our problems, we missed the point of his campaign. Only by organizing in our own communities and pressuring our supposed leaders can we bring about the changes that we all so desperately need. Please support the Leonard Peltier Defense Offense Committee in our effort to hold the United States government to its own words.

I thank you all who have stood by me all these years, but to name anyone would be to exclude many more. We must never lose hope in our struggle for freedom.

In the Spirit of Crazy Horse,

Leonard Peltier
Leonard Peltier #89637-132
USP-Lewisburg
US Penitentiary
PO Box 1000
Lewisburg, PA 17837

For more information on Leonard Peltier visit the Leonard Peltier Defense Offense Committee website.

9/10/09

La Falta de Atención Durante el Embarazo y el Parto Mata en el Mundo a Una Mujer por Minuto

Julio Godoy
IPS





La negligente atención del embarazo y del parto causa la muerte de una mujer por minuto, 15 años después de que 179 naciones se pusieran de acuerdo para implementar un programa de salud sexual y reproductiva.
Estadísticas como ésta, suministrada por la Organización Mundial de la Salud, concentraron el interés en la apertura del foro organizado en Berlín por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el gobierno alemán desde el miércoles hasta este viernes.

Más de 400 representantes de organizaciones no gubernamentales de 131 países participan en el encuentro que conmemora el 15 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994.

Aquella reunión "fue un hito en materia de políticas de planificación familiar", dijo a IPS Laura Villa Torres, de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, de México.

"Hasta ese momento, las políticas demográficas en el ámbito local e internacional no eran democráticas y, a veces, eran hasta racistas, con medidas como la esterilización de mujeres pertenecientes a determinadas etnias", añadió.

El nuevo enfoque considera que la planificación familiar y la sexualidad es un derecho humano, no objetivos fijados por un Estado de forma autoritaria.

El programa de la conferencia de El Cairo se proponía universalizar el acceso a métodos de planificación familiar para 2015, en el marco de un enfoque más amplio sobre los derechos de salud reproductiva. También ofrecía estimaciones de los recursos necesarios para lograrlo, en el ámbito local e internacional.

También subrayó la importancia de la equidad de género y de mejorar el estatus de la mujer, no sólo como un fin en sí mimo, sino como factores esenciales para lograr un desarrollo sostenible.

Pero como suele ocurrir con los programas sobre políticas de desarrollo, los objetivos están lejos de alcanzarse.

"Sin duda que hubo avances, pero han sido desiguales y selectivos", dijo a IPS Gill Greer, de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés), con sede en Londres. "El derecho a beneficiarse de la mejor atención médica, en especial en materia de salud sexual y reproductiva, sigue siendo esquivo para millones de personas, en particular las más pobres y marginadas".

"Nadie debería morir por mantener relaciones sexuales. Sin embargo, es algo que ocurre todos los días", se lamentó.

La propagación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), se cobra cientos de miles de vidas cada año. Más de 200 millones de mujeres no pueden acceder a anticonceptivos, la mayoría en los países menos desarrollados.

Además, unas 67.000 mujeres pierden la vida a causa de abortos practicados en condiciones inseguras y millones más sufren enfermedades o quedan lesionadas o con algún tipo de discapacidad.

Una forma de medir el fracaso de las políticas gubernamentales es la disminución de los fondos destinados a atender la problemática. "Entre 1994 y 2008 disminuyó de 30 a 12 por ciento el monto destinado a la salud sexual y reproductiva en el conjunto del presupuesto médico", señaló Greer.

El gobierno del ex presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) y, en especial, autoridades de la Iglesia Católica son responsables de la situación.

La condena del Vaticano a la educación sexual y el conservador enfoque de Bush contribuyeron al "resurgimiento de la oposición política contra el programa de la Conferencia de El Cairo, propiciando ataques contra su contenido", indicó Greer.

La actual crisis financiera internacional empeoró la financiación de los programas de desarrollo humano, porque el dinero se adjudica al rescate del sector industrial y bancario.

La degradación ambiental, acelerada por el cambio climático, la escasez de alimentos y las consiguientes migraciones masivas, acallan los pedidos de renovar los esfuerzos en materia de salud sexual y reproductiva.

Es un razonamiento equivocado, explicó la directora ejecutiva del UNFPA, Thoraya Ahmed Obaid. "Cada nuevo dólar que se invierta en planificación familiar, implica un ahorro de cuatro dólares en otros gastos", señaló.

"El costo de evitar embarazos no deseados, muertes durante el parto y salvar la vida de millones de recién nacidos asciende a 23.000 millones de dólares", apuntó, lo que los gobiernos gastan en defensa en 10 días.

La ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, llamó a los países industrializados a destinar uno por ciento de los paquetes de estímulo a atender necesidades en materia de desarrollo.

También criticó la terca aplicación de los principios de la economía de mercado, precisamente cuando una crisis financiera global los pone en duda.

El lema de las políticas mundiales debería ser, añadió, "lo que importa no es el mercado, estúpido, son las personas".

Chomsky: What America's 'Crisis' Means to the Rest of the World

By Noam Chomsky
Boston Review


Perhaps I may begin with a few words about the title. There is too much nuance and variety to make such sharp distinctions as theirs-and-ours, them-and-us. And neither I nor anyone can presume to speak for “us.” But I will pretend it is possible.

There is also a problem with the term “crisis.” Which one? There are numerous very severe crises, interwoven in ways that preclude any clear separation. But again I will pretend otherwise, for simplicity.

One way to enter this morass is offered by the June 11 issue of the New York Review of Books. The front-cover headline reads “How to Deal With the Crisis”; the issue features a symposium of specialists on how to do so. It is very much worth reading, but with attention to the definite article. For the West the phrase “the crisis” has a clear enough meaning: the financial crisis that hit the rich countries with great impact, and is therefore of supreme importance. But even for the rich and privileged that is by no means the only crisis, nor even the most severe. And others see the world quite differently. For example, in the October 26, 2008 edition of the Bangladeshi newspaper The New Nation, we read:
It’s very telling that trillions have already been spent to patch up leading world financial institutions, while out of the comparatively small sum of $12.3 billion pledged in Rome earlier this year, to offset the food crisis, only $1 billion has been delivered. The hope that at least extreme poverty can be eradicated by the end of 2015, as stipulated in the UN’s Millennium Development Goals, seems as unrealistic as ever, not due to lack of resources but a lack of true concern for the world’s poor.

The article goes on to predict that World Food Day in October 2009 “will bring . . . devastating news about the plight of the world’s poor . . . which is likely to remain that: mere ‘news’ that requires little action, if any at all.” Western leaders seem determined to fulfill these grim predictions. On June 11 the Financial Times reported, “the United Nations’ World Food Programme is cutting food aid rations and shutting down some operations as donor countries that face a fiscal crunch at home slash contributions to its funding.” Victims include Ethiopia, Rwanda, Uganda, and others. The sharp budget cut comes as the toll of hunger passes a billion—with over one hundred million added in the past six months—while food prices rise, and remittances decline as a result of the economic crisis in the West.

As The New Nation anticipated, the “devastating news” released by the World Food Programme barely even reached the level of “mere ‘news.’” In The New York Times, the WFP report of the reduction in the meager Western efforts to deal with this growing “human catastrophe” merited 150 words on page ten under “World Briefing.” That is not in the least unusual. The United Nations also released an estimate that desertification is endangering the lives of up to a billion people, while announcing World Desertification Day. Its goal, according to the Nigerian newspaper THISDAY, is “to combat desertification and drought worldwide by promoting public awareness and the implementation of conventions dealing with desertification in member countries.” The effort to raise public awareness passed without mention in the national U.S. press. Such neglect is all too common.

It may be instructive to recall that when they landed in what today is Bangladesh, the British invaders were stunned by its wealth and splendor. It was soon on its way to becoming the very symbol of misery, and not by an act of God.

As the fate of Bangladesh illustrates, the terrible food crisis is not just a result of “lack of true concern” in the centers of wealth and power. In large part it results from very definite concerns of global managers: for their own welfare. It is always well to keep in mind Adam Smith’s astute observation about policy formation in England. He recognized that the “principal architects” of policy—in his day the “merchants and manufacturers”—made sure that their own interests had “been most peculiarly attended to” however “grievous” the effect on others, including the people of England and, far more so, those who were subjected to “the savage injustice of the Europeans,” particularly in conquered India, Smith’s own prime concern in the domains of European conquest.
Smith was referring specifically to the mercantilist system, but his observation generalizes, and as such, stands as one of the few solid and enduring principles of both international relations and domestic affairs. It should not, however, be over-generalized. There are interesting cases where state interests, including long-term strategic and economic interests, overwhelm the parochial concerns of the concentrations of economic power that largely shape state policy. Iran and Cuba are instructive cases, but I will have to put these topics aside here.

The food crisis erupted first and most dramatically in Haiti in early 2008. Like Bangladesh, Haiti today is a symbol of misery and despair. And, like Bangladesh, when European explorers arrived, the island was remarkably rich in resources, with a large and flourishing population. It later became the source of much of France’s wealth. I will not run through the sordid history, but the current food crisis can be traced directly to 1915, Woodrow Wilson’s invasion: murderous, brutal, and destructive. Among Wilson’s many crimes was dissolving the Haitian Parliament at gunpoint because it refused to pass “progressive legislation” that would have allowed U.S. businesses to take over Haitian lands. Wilson’s Marines then ran a free election, in which the legislation was passed by 99.9 percent of the 5 percent of the public permitted to vote. All of this comes down through history as “Wilsonian idealism.”

Later, the United States Agency for International Development (USAID) instituted programs to turn Haiti into the “Taiwan of the Caribbean,” by adhering to the sacred principle of comparative advantage: Haiti must import food and other commodities from the United States, while working people, mostly women, toil under miserable conditions in U.S.-owned assembly plants. Haiti’s first free election, in 1990, threatened these economically rational programs. The poor majority entered the political arena for the first time and elected their own candidate, a populist priest, Jean-Bertrand Aristide. Washington adopted the standard operating procedures for such a case, moving at once to undermine the regime. A few months later came the anticipated military coup, and the resulting junta instituted a reign of terror, which was backed by Bush senior and even more fully by Clinton, despite pretenses. By 1994 Clinton decided that the population was sufficiently intimidated and sent U.S. forces to restore the elected president, but on the strict condition that he accept a harsh neoliberal regime. In particular, there must be no protection for the economy. Haitian rice farmers are efficient, but cannot compete with U.S. agribusiness that relies on huge government subsidies, thanks largely to Reagan, anointed High Priest of free trade with little regard to his record of extreme protectionism and state intervention in the economy.

Perhaps I may begin with a few words about the title. There is too much nuance and variety to make such sharp distinctions as theirs-and-ours, them-and-us. And neither I nor anyone can presume to speak for “us.” But I will pretend it is possible.

There is also a problem with the term “crisis.” Which one? There are numerous very severe crises, interwoven in ways that preclude any clear separation. But again I will pretend otherwise, for simplicity.

One way to enter this morass is offered by the June 11 issue of the New York Review of Books. The front-cover headline reads “How to Deal With the Crisis”; the issue features a symposium of specialists on how to do so. It is very much worth reading, but with attention to the definite article. For the West the phrase “the crisis” has a clear enough meaning: the financial crisis that hit the rich countries with great impact, and is therefore of supreme importance. But even for the rich and privileged that is by no means the only crisis, nor even the most severe. And others see the world quite differently. For example, in the October 26, 2008 edition of the Bangladeshi newspaper The New Nation, we read: It’s very telling that trillions have already been spent to patch up leading world financial institutions, while out of the comparatively small sum of $12.3 billion pledged in Rome earlier this year, to offset the food crisis, only $1 billion has been delivered. The hope that at least extreme poverty can be eradicated by the end of 2015, as stipulated in the UN’s Millennium Development Goals, seems as unrealistic as ever, not due to lack of resources but a lack of true concern for the world’s poor.

The article goes on to predict that World Food Day in October 2009 “will bring . . . devastating news about the plight of the world’s poor . . . which is likely to remain that: mere ‘news’ that requires little action, if any at all.” Western leaders seem determined to fulfill these grim predictions. On June 11 the Financial Times reported, “the United Nations’ World Food Programme is cutting food aid rations and shutting down some operations as donor countries that face a fiscal crunch at home slash contributions to its funding.” Victims include Ethiopia, Rwanda, Uganda, and others. The sharp budget cut comes as the toll of hunger passes a billion—with over one hundred million added in the past six months—while food prices rise, and remittances decline as a result of the economic crisis in the West.

As The New Nation anticipated, the “devastating news” released by the World Food Programme barely even reached the level of “mere ‘news.’” In The New York Times, the WFP report of the reduction in the meager Western efforts to deal with this growing “human catastrophe” merited 150 words on page ten under “World Briefing.” That is not in the least unusual. The United Nations also released an estimate that desertification is endangering the lives of up to a billion people, while announcing World Desertification Day. Its goal, according to the Nigerian newspaper THISDAY, is “to combat desertification and drought worldwide by promoting public awareness and the implementation of conventions dealing with desertification in member countries.” The effort to raise public awareness passed without mention in the national U.S. press. Such neglect is all too common.

It may be instructive to recall that when they landed in what today is Bangladesh, the British invaders were stunned by its wealth and splendor. It was soon on its way to becoming the very symbol of misery, and not by an act of God.

As the fate of Bangladesh illustrates, the terrible food crisis is not just a result of “lack of true concern” in the centers of wealth and power. In large part it results from very definite concerns of global managers: for their own welfare. It is always well to keep in mind Adam Smith’s astute observation about policy formation in England. He recognized that the “principal architects” of policy—in his day the “merchants and manufacturers”—made sure that their own interests had “been most peculiarly attended to” however “grievous” the effect on others, including the people of England and, far more so, those who were subjected to “the savage injustice of the Europeans,” particularly in conquered India, Smith’s own prime concern in the domains of European conquest.

Smith was referring specifically to the mercantilist system, but his observation generalizes, and as such, stands as one of the few solid and enduring principles of both international relations and domestic affairs. It should not, however, be over-generalized. There are interesting cases where state interests, including long-term strategic and economic interests, overwhelm the parochial concerns of the concentrations of economic power that largely shape state policy. Iran and Cuba are instructive cases, but I will have to put these topics aside here.

The food crisis erupted first and most dramatically in Haiti in early 2008. Like Bangladesh, Haiti today is a symbol of misery and despair. And, like Bangladesh, when European explorers arrived, the island was remarkably rich in resources, with a large and flourishing population. It later became the source of much of France’s wealth. I will not run through the sordid history, but the current food crisis can be traced directly to 1915, Woodrow Wilson’s invasion: murderous, brutal, and destructive. Among Wilson’s many crimes was dissolving the Haitian Parliament at gunpoint because it refused to pass “progressive legislation” that would have allowed U.S. businesses to take over Haitian lands. Wilson’s Marines then ran a free election, in which the legislation was passed by 99.9 percent of the 5 percent of the public permitted to vote. All of this comes down through history as “Wilsonian idealism.”

Later, the United States Agency for International Development (USAID) instituted programs to turn Haiti into the “Taiwan of the Caribbean,” by adhering to the sacred principle of comparative advantage: Haiti must import food and other commodities from the United States, while working people, mostly women, toil under miserable conditions in U.S.-owned assembly plants. Haiti’s first free election, in 1990, threatened these economically rational programs. The poor majority entered the political arena for the first time and elected their own candidate, a populist priest, Jean-Bertrand Aristide. Washington adopted the standard operating procedures for such a case, moving at once to undermine the regime. A few months later came the anticipated military coup, and the resulting junta instituted a reign of terror, which was backed by Bush senior and even more fully by Clinton, despite pretenses. By 1994 Clinton decided that the population was sufficiently intimidated and sent U.S. forces to restore the elected president, but on the strict condition that he accept a harsh neoliberal regime. In particular, there must be no protection for the economy. Haitian rice farmers are efficient, but cannot compete with U.S. agribusiness that relies on huge government subsidies, thanks largely to Reagan, anointed High Priest of free trade with little regard to his record of extreme protectionism and state intervention in the economy.

For working people, small farmers, and the poor, at home and abroad, all of this spells regular disaster. One of the reasons for the radical difference in development between Latin America and East Asia in the last half century is that Latin America did not control capital flight, which often approached the level of its crushing debt and has regularly been wielded as a weapon against the threat of democracy and social reform. In contrast, during South Korea’s remarkable growth period, capital flight was not only banned, but could bring the death penalty.

Where neoliberal rules have been observed since the ’70s, economic performance has generally deteriorated and social democratic programs have substantially weakened. In the United States, which partially accepted these rules, real wages for the majority have largely stagnated for 30 years, instead of tracking productivity growth as before, while work hours have increased, now well beyond those of Europe. Benefits, which always lagged, have declined further. Social indicators—general measures of the health of the society—also tracked growth until the mid-’70s, when they began to decline, falling to the 1960 level by the end of the millennium. Economic growth found its way into few pockets, increasingly in the financial industries. Finance constituted a few percentage points of GDP in 1970, and has since risen to well over one-third, while productive industry has declined, and with it, living standards for much of the workforce. The economy has been punctuated by bubbles, financial crises, and public bailouts, currently reaching new highs. A few outstanding international economists explained and predicted these results from the start. But mythology about “efficient markets” and “rational choice” prevailed. This is no surprise: it was highly beneficial to the narrow sectors of privilege and power that provide the “principal architects of policy.”

The phrase “golden age of capitalism” might itself be challenged. The period can more accurately be called “state capitalism.” The state sector was, and remains, a primary factor in development and innovation through a variety of measures, among them research and development, procurement, subsidy, and bailouts. In the U.S. version, these policies operated mainly under a Pentagon cover as long as the cutting edge of the advanced economy was electronics-based. In recent years there has been a shift toward health-oriented state institutions as the cutting edge becomes more biology-based. The outcomes include computers, the Internet, satellites, and most of the rest of the IT revolution, but also much else: civilian aircraft, advanced machine tools, pharmaceuticals, biotechnology, and a lot more. The crucial state role in economic development should be kept in mind when we hear dire warnings about government intervention in the financial system after private management has once again driven it to crisis, this time, an unusually severe crisis, and one that harms the rich, not just the poor, so it merits special concern. It is a little odd, to say the least, to read economic historian Niall Ferguson in the New York Review of Books symposium on “The Crisis” saying that “the lesson of economic history is very clear. Economic growth . . . comes from technological innovation and gains in productivity, and these things come from the private sector, not from the state”—remarks that were probably written on a computer and sent via the Internet, which were substantially in the state sector for decades before they became available for private profit. His is hardly the clear lesson of economic history.

Large-scale state intervention in the economy is not just a phenomenon of the post-World War II era, either. On the contrary, the state has always been a central factor in economic development. Once they gained their independence, the American colonies were free to abandon the orthodox economic policies that dictated adherence to their comparative advantage in export of primary commodities while importing superior British manufacturing goods. Instead, the Hamiltonian economy imposed very high tariffs so that an industrial economy could develop: textiles, steel, and much else. The eminent economic historian Paul Bairoch describes the United States as “the mother country and bastion of modern protectionism,” with the highest tariffs in the world during its great growth period. And protectionism is only one of the many forms of state intervention. Protectionist policies continued until the mid-twentieth century, when the United States was so far in the lead that the playing field was tilted in the proper direction—that is, to the advantage of U.S. corporations. And when necessary, it has been tilted further, notably by Reagan, who virtually doubled protectionist barriers among other measures to rescue incompetent U.S. corporate management unable to compete with Japan.

From the outset the United States was following Britain’s lead. The other developed countries did likewise, while orthodox policies were rammed down the throats of the colonies, with predictable effects. It is noteworthy that the one country of the (metaphorical) South to develop, Japan, also successfully resisted colonization. Others that developed, like the United States, did so after they escaped colonial domination. Selective application of economic prinicples—orthodox economics forced on the colonies while violated at will by those free to do so—is a basic factor in the creation of the sharp North-South divide. Like many other economic historians, Bairoch concludes from a broad survey that “it is difficult to find another case where the facts so contradict a dominant theory” as the doctrine that free markets were the engine of growth, a harsh lesson that the developing world has learned again in recent decades. Even the poster child of neoliberalism, Chile, depends heavily on the world’s largest copper producer, Codelco, nationalized by Allende.

In earlier years the cotton-based economy of the industrial revolution relied on massive ethnic cleansing and slavery, rather severe forms of state intervention in the economy. Though theoretically slavery was ended with the Civil War, it emerged again after Reconstruction in a form that was in many ways more virulent, with what amounted to criminalization of African-American life and widespread use of convict labor, which continued until World War II. The industrial revolution, from the late nineteenth century, relied heavily on this new form of slavery, a hideous story that has only recently been exposed in its shocking detail in a very important study by Wall Street Journal bureau chief Douglas Blackmon. During the post-World War II “golden age,” African Americans were able for the first time to enjoy some level of social and economic advancement, but the disgraceful post-Reconstruction history has been partially reconstituted during the neoliberal years with the rapid growth of what some criminologists call “the prison-industrial complex,” a uniquely American crime committed continuously since the 1980s and exacerbated by the dismantling of productive industry.

The American system of mass production that astonished the world in the nineteenth century was largely created in military arsenals. Solving the major nineteenth-century management problem—railroads—was beyond the capacity of private capital, so the challenge was handed over to the army. A century ago the toughest problems of electrical and mechanical engineering involved placing a huge gun on a moving platform to hit a moving target—naval gunnery. The leaders were Germany and England, and the outcomes quickly spilled over into the civilian economy.

Some economic historians compare that episode to state-run space programs today. Reagan’s “Star Wars” was sold to industry as a traditional gift from government, and was understood that way elsewhere too: that is why Europe and Japan wanted to buy in. There was a dramatic increase in the state role after World War II, particularly in the United States, where a good part of the advanced economy developed in this framework.

State-guided modes of economic development require considerable deceit in a society where the public cannot be controlled by force. People cannot be told that the advanced economy relies heavily on their risk-taking, while eventual profit is privatized, and “eventual” can be a long time, sometimes decades. After World War II Americans were told that their taxes were going to defense against monsters about to overcome us—as in the ’80s, when Reagan pulled on his cowboy boots and declared a National Emergency because Nicaraguan hordes were only two days from Harlingen, Texas. Or twenty years earlier when LBJ warned that there are only 150 million of us and 3 billion of them, and if might makes right, they will sweep over us and take what we have, so we have to stop them in Vietnam.

For those concerned with the realities of the Cold War, and how it was used to control the public, one obvious moment to inspect carefully is the fall of the Berlin Wall twenty years ago and its aftermath. Celebration of the anniversary in November 2009 has already begun, with ample coverage, which will surely increase as the date approaches. The revealing implications of the policies that were instituted after the fall have, however, been ignored, as in the past, and probably will continue to be come November.

Reacting immediately to the Wall’s fall, the Bush senior administration issued a new National Security Strategy and budget proposal to set the course after the collapse of Kennedy’s “monolithic and ruthless conspiracy” to conquer the world and Reagan’s “evil empire”—a collapse that took with it the whole framework of domestic population control. Washington’s response was straightforward: everything will stay much the same, but with new pretexts. We still need a huge military system, but for a new reason: the “technological sophistication” of Third World powers.

We have to maintain the “defense industrial base,” a euphemism for state-supported high-tech industry. We must also maintain intervention forces directed at the Middle East’s energy-rich regions, where the threats to our interests that required military intervention “could not be laid at the Kremlin’s door,” contrary to decades of pretense. The charade had sometimes been acknowledged, as when Robert Komer—the architect of President Carter’s Rapid Deployment Force (later Central Command), aimed primarily at the Middle East—testified before Congress in 1980 that the Force’s most likely use was not resisting Soviet attack, but dealing with indigenous and regional unrest, in particular the “radical nationalism” that has always been a primary concern throughout the world.

With the Soviet Union gone, the clouds lifted, and actual policy concerns were more visible for those who chose to see. The Cold War propaganda framework made two fundamental contributions: sustaining the dynamic state sector of the economy (of which military industry is only a small part) and protecting the interests of the “principal architects of policy” abroad.

The fate of NATO exposes the same concerns, and it is highly pertinent today. Prior to Gorbachev NATO’s announced purpose was to deter a Russian invasion of Europe. The legitimacy of that agenda was debatable right from the end of World War II. In May 1945 Churchill ordered war plans to be drawn up for Operation Unthinkable, aimed at “the elimination of Russia.” The plans—declassified ten years ago—are discussed extensively in the major scholarly study of British intelligence records, Richard Aldrich’s The Hidden Hand. According to Aldrich, they called for a surprise attack by hundreds of thousands of British and American troops, joined by one hundred thousand rearmed German soldiers, while the RAF would attack Soviet cities from bases in Northern Europe. Nuclear weapons were soon added to the mix.

The official stand also was not easy to take too seriously a decade later, when Khrushchev took over in Russia, and soon proposed a sharp mutual reduction in offensive weaponry. He understood very well that the much weaker Soviet economy could not sustain an arms race and still develop. When the United States dismissed the offer, he carried out the reduction unilaterally. Kennedy reacted with a substantial increase in military spending, which the Soviet military tried to match after the Cuban missile crisis dramatically revealed its relative weakness. The Soviet economy tanked, as Khrushchev had anticipated. That was a crucial factor in the later Soviet collapse.

But the defensive pretext for NATO at least had some credibility. After the Soviet disintegration, the pretext evaporated. In the final days of the USSR, Gorbachev made an astonishing concession: he permitted a unified Germany to join a hostile military alliance run by the global superpower, though Germany alone had almost destroyed Russia twice in the century. There was a quid pro quo, recently clarified. In the first careful study of the original documents, Mark Kramer, apparently seeking to refute charges of U.S. duplicity, in fact shows that it went far beyond what had been assumed. It turns out, Kramer wrote this year in The Washington Quarterly, that Bush senior and Secretary of State James Baker promised Gorbachev that “no NATO forces would ever be deployed on the territory of the former GDR . . . NATO’s jurisdiction or forces would not move eastward.’’ They also assured Gorbachev “that NATO would be transforming itself into a more political organization.” There is no need to comment on that promise. What followed tells us a lot more about the Cold War itself, and the world that emerged from its ending.

As soon as Clinton came into office, he began the expansion of NATO to the east. The process accelerated with Bush junior’s aggressive militarism. These moves posed a serious security threat to Russia, which naturally reacted by developing more advanced offensive military capacities. Obama’s National Security Advisor, James Jones, has a still-more expansive vision: he calls for extending NATO further east and south, becoming in effect a U.S.-run global intervention force, as it is today in Afghanistan—“Afpak” as the region is now called—where Obama is sharply escalating Bush’s war, which had already intensified in 2004.

NATO Secretary-General Jaap de Hoop Scheffer informed a NATO meeting that “NATO troops have to guard pipelines that transport oil and gas that is directed for the West,” and more generally have to protect sea routes used by tankers and other “crucial infrastructure” of the energy system. These plans open a new phase of Western imperial domination—more politely called “bringing stability” and “peace.”

As recently as November 2007, the White House announced plans for a long-term military presence in Iraq and a policy of “encouraging the flow of foreign investments to Iraq, especially American investments.” The plans were withdrawn under Iraqi pressure, the continuation of a process that began when the United States was compelled by mass demonstrations to permit elections. In Afpak Obama is building enormous new embassies and other facilities, on the model of the city-within-a-city in Baghdad. These new installations in Iraq and Afpak are like no embassies in the world, just as the United States is alone in its vast military-basing system and control of the air, sea, and space for military purposes.

While Obama is signaling his intention to establish a firm and large-scale presence in the region, he is also following General Petraeus’s strategy to drive the Taliban into Pakistan, with potentially quite serious consequences for this dangerous and unstable state facing insurrections throughout its territory. These are most extreme in the tribal areas crossing the British-imposed Durand line separating Afghanistan from Pakistan, which the Pashtun tribes on both sides of the artificial border have never recognized, nor did the Afghan government when it was independent. In an April publication of the Center for International Policy, one of the leading U.S. specialists on the region, Selig Harrison, writes that the outcome of Washington’s current policies might well be “what Pakistani ambassador to Washington Husain Haqqani has called an ‘Islamic Pashtunistan.’” Haqqani’s predecessor had warned that if the Taliban and Pashtun nationalists merge, “we’ve had it, and we’re on the verge of that.”

Prospects become still more ominous as drone attacks that embitter the population are escalated with their huge civilian toll. Also troubling is the unprecedented authority just granted General Stanley McChrystal—a special forces assassin—to head the operations. Petraeus’s own counter-insurgency adviser in Iraq, David Kilcullen, describes the Obama-Petraeus-McChrystal policies as a fundamental “strategic error,” which may lead to “the collapse of the Pakistani state,” a calamity that would “dwarf” other current crises.

It is also not encouraging that Pakistan and India are now rapidly expanding their nuclear arsenals. Pakistan’s were developed with Reagan’s crucial aid, and India’s nuclear weapons programs got a major shot in the arm from the recent U.S.-India nuclear agreement, which was also a sharp blow to the Non-Proliferation Treaty. India and Pakistan have twice come close to nuclear war over Kashmir, and have also been engaged in a proxy war in Afghanistan. These developments pose a very serious threat to world peace.

Returning home, it is worth noting that the more sophisticated are aware of the deceit that is employed as a device to control the public, and regard it as praiseworthy. The distinguished liberal statesman Dean Acheson advised that leaders must speak in a way that is “clearer than truth.” Harvard Professor of the Science of Government Samuel Huntington, who quite frankly explained the need to delude the public about the Soviet threat 30 years ago, urged more generally that power must remain invisible: “The architects of power in the United States must create a force that can be felt but not seen. Power remains strong when it remains in the dark; exposed to the sunlight it begins to evaporate.” An important lesson for those who want power to devolve to the public, a critical battle that is fought daily.

Whether the deceit about the monstrous enemy was sincere or not, if Americans a half century ago had been given the choice of directing their tax money to Pentagon programs to enable their grandchildren to have computers, iPods, the Internet, and so on, or putting it into developing a livable and sustainable socioeconomic order, they might have made the latter choice. But they had no choice. That is standard. There is a striking gap between public opinion and public policy on a host of major issues, domestic and foreign, and public opinion is often more sane, at least in my judgment. It also tends to be fairly consistent over time, despite the fact that public concerns and aspirations are marginalized or ridiculed—one very significant feature of the yawning “democratic deficit,” the failure of formal democratic institutions to function properly. That is no trivial matter. In a forthcoming book, the writer and activist Arundhati Roy asks whether the evolution of formal democracy in India and the United States—and not only there—“might turn out to be the endgame of the human race.” It is not an idle question.

It should be recalled that the American republic was founded on the principle that there should be a democratic deficit. James Madison, the main framer of the Constitutional order, held that power should be in the hands of “the wealth of the nation,” the “more capable set of men,” who have sympathy for property owners and their rights. Possibly with Shay’s Rebellion in mind, he was concerned that “the equal laws of suffrage” might shift power into the hands of those who might seek agrarian reform, an intolerable attack on property rights. He feared that “symptoms of a levelling spirit” had appeared sufficiently “in certain quarters to give warning of the future danger.” Madison sought to construct a system of government that would “protect the minority of the opulent against the majority.” That is why his constitutional framework did not have coequal branches: the legislature prevailed, and within the legislature, power was to be vested in the Senate, where the wealth of the nation would be dominant and protected from the general population, which was to be fragmented and marginalized in various ways. As historian Gordon Wood summarizes the thoughts of the founders: “The Constitution was intrinsically an aristocratic document designed to check the democratic tendencies of the period,” delivering power to a “better sort” of people and excluding “those who were not rich, well born, or prominent from exercising political power.”

In Madison’s defense, his picture of the world was pre-capitalist: he thought that power would be held by the “enlightened Statesman” and “benevolent philosopher,” men who are “pure and noble,” a “chosen body of citizens, whose wisdom may best discern the true interests of their country and whose patriotism and love of justice would be least likely to sacrifice it to temporary or partial considerations,” guarding the public interest against the “mischiefs” of democratic majorities. Adam Smith had a clearer vision.


There has been constant struggle over this constrained version of democracy, which we call “guided democracy” in the case of enemies: Iran right now, for example. Popular struggles have won a great many rights, but concentrated power and privilege clings to the Madisonian conception in ways that vary as society changes. By World War I, business leaders and elite intellectuals recognized that the population had won so many rights that they could not be controlled by force, so it would be necessary to turn to control of attitudes and opinions. Those are the years when the huge public relations industry emerged—in the freest countries of the world, Britain and United States, where the problem was most acute. The industry was devoted to what Walter Lippmann approvingly called “a new art in the practice of democracy,” the “manufacture of consent”—the “engineering of consent” in the phrase of his contemporary Edward Bernays, one of the founders of the public relations industry. Both Lippmann and Bernays took part in Wilson’s state propaganda organization, the Committee on Public Information, created to drive a pacifist population to jingoist fanaticism and hatred of all things German. It succeeded brilliantly. The same techniques, it was hoped, would ensure that the “intelligent minorities” would rule, undisturbed by “the trampling and the roar of a bewildered herd,” the general public, “ignorant and meddlesome outsiders” whose “function” is to be “spectators,” not “participants.” This was a central theme of the highly regarded “progressive essays on democracy” by the leading public intellectual of the twentieth century (Lippmann), whose thinking captures well the perceptions of progressive intellectual opinion: President Wilson, for example, held that an elite of gentlemen with “elevated ideals” must be empowered to preserve “stability and righteousness,” essentially the Madisonian perspective. In more recent years, the gentlemen are transmuted into the “technocratic elite” and “action intellectuals” of Camelot, “Straussian” neocons, or other configurations. But throughout, one or another variant of the doctrine prevails, with its Leninist overtones.

And on a more hopeful note, popular struggle continues to clip its wings, quite impressively so in the wake of 1960s activism, which had a substantial impact on civilizing the country and raised its prospects to a considerably higher plane.

Returning to what the West sees as “the crisis”—the financial crisis—it will presumably be patched up somehow, while leaving the institutions that created it pretty much in place. Recently the Treasury Department permitted early TARP repayments, which reduce bank capacity to lend, as was immediately pointed out, but allow the banks to pour money into the pockets of the few who matter. The mood on Wall Street was captured by two Bank of New York Mellon employees, who, as reported in The New York Times, “predicted their lives—and pay—would improve, even if the broader economy did not.”

The chair of the prominent law firm Sullivan & Cromwell offered the equally apt prediction that “Wall Street, after getting billions of taxpayer dollars, will emerge from the financial crisis looking much the same as before markets collapsed.” The reasons were pointed out, by, among others, Simon Johnson, former chief economist of the IMF: “Throughout the crisis, the government has taken extreme care not to upset the interests of the financial institutions, or to question the basic outlines of the system that got us here,” and the elite business interests [that] played a central role in creating the crisis, making ever-larger gambles, with the implicit backing of the government, until the inevitable collapse . . . are now using their influence to prevent precisely the sorts of reforms that are needed, and fast, to pull the economy out of its nosedive.

Meanwhile “the government seems helpless, or unwilling, to act against them.” Again no surprise, at least to those who remember their Adam Smith.

But there is a far more serious crisis, even for the rich and powerful. It is discussed by Bill McKibben, who has been warning for years about the impact of global warming, in the same issue of the New York Review of Books that I mentioned earlier. His recent article relies on the British Stern report, which is very highly regarded by leading scientists and a raft of Nobel laureates in economics. On this basis McKibben concludes, not unrealistically, “2009 may well turn out to be the decisive year in the human relationship with our home planet.” In December a conference in Copenhagen is “to sign a new global accord on global warming,” which will tell us “whether or not our political systems are up to the unprecedented challenge that climate change represents.” He thinks the signals are mixed. That may be optimistic, unless there is a really massive public campaign to overcome the insistence of the managers of the state-corporate sector on privileging short-term gain for the few over the hope that their grandchildren will have a decent future.

At least some of the barriers are beginning to crumble—in part because the business world perceives new opportunities for profit. Even The Wall Street Journal, one of the most stalwart deniers, recently published a supplement with dire warnings about “climate disaster,” urging that none of the options being considered may be sufficient, and it may be necessary to undertake more radical measures of geoengineering, “cooling the planet” in some manner.

As always, those who suffer most will be the poor. Bangladesh will soon have a lot more to worry about than even the terrible food crisis. As the sea level rises, much of the country, including its most productive regions, might be under water. Current crises are almost sure to be exacerbated as the Himalayan glaciers continue to disappear, and with them the great river systems that keep South Asia alive. Right now, as glaciers melt in the mountain heights where Pakistani and Indian troops suffer and die, they expose the relics of their crazed conflict over Kashmir, “a pristine monument to human folly,” Roy comments with despair.

The picture might be much more grim than even the Stern report predicts. A group of MIT scientists have just released the results of what they describe as the most comprehensive modeling yet carried out on the likelihood of how much hotter the Earth’s climate will get in this century, [showing] that without rapid and massive action, the problem will be about twice as severe as previously estimated six years ago—and could be even worse than that.
Worse because the model does not fully incorporate other positive feedbacks that can occur, for example, if increased temperatures caused a large-scale melting of permafrost in arctic regions and subsequent release of large quantities of methane.

The leader of the project says, “There’s no way the world can or should take these risks,” and that “the least-cost option to lower the risk is to start now and steadily transform the global energy system over the coming decades to low or zero greenhouse gas-emitting technologies.” There is far too little sign of that.

While new technologies are essential, the problems go well beyond. We have to face up to the need to reverse the huge state-corporate social engineering projects of the post-World War II period, which quite purposefully promoted an energy-wasting and environmentally destructive fossil fuel-based economy. The state-corporate programs, which included massive projects of suburbanization along with destruction and then gentrification of inner cities, began with a conspiracy by General Motors, Firestone, and Standard Oil of California to buy up and destroy efficient electric public transportation systems in Los Angeles and dozens of other cities; they were convicted of criminal conspiracy and given a slap on the wrist. The federal government then took over, relocating infrastructure and capital stock to suburban areas and creating the massive interstate highway system, under the usual pretext of “defense.” Railroads were displaced by government-financed motor and air transport.

The programs were understood as a means to prevent a depression after the Korean War. One of their Congressional architects described them as “a nice solid floor across the whole economy in times of recession.” The public played almost no role, apart from choice within the narrowly structured framework of options designed by state-corporate managers. One result is atomization of society and entrapment of isolated individuals with self-destructive ambitions and crushing debt. These efforts to “fabricate consumers” (to borrow Veblen’s term) and to direct people “to the superficial things of life, like fashionable consumption” (in the words of the business press), emerged from the recognition a century ago of the need to curtail democratic achievements and to ensure that the “opulent minority” are protected from the “ignorant and meddlesome outsiders.”

While state-corporate power was vigorously promoting privatization of life and maximal waste of energy, it was also undermining the efficient choices that the market does not provide—another destructive built-in market inefficiency. To put it simply, if I want to get home from work, the market offers me a choice between a Ford and a Toyota, but not between a car and a subway. That is a social decision, and in a democratic society, would be the decision of an organized public. But that is just what the dedicated elite attack on democracy seeks to undermine.

The consequences are right before our eyes in ways that are sometimes surreal. In May The Wall Street Journal reported:
U.S. transportation chief [Ray LaHood] is in Spain meeting with high-speed rail suppliers. . . . Europe’s engineering and rail companies are lining up for some potentially lucrative U.S. contracts for high-speed rail projects. At stake is $13 billion in stimulus funds that the Obama administration is allocating to upgrade existing rail lines and build new ones that could one day rival Europe’s fastest. . . . [LaHood is also] expected to visit Spanish construction, civil engineering and train-building companies.

Spain and other European countries are hoping to get U.S. taxpayer funding for the high-speed rail and related infrastructure that is badly needed in the United States. At the same time, Washington is busy dismantling leading sectors of U.S. industry, ruining the lives of the workforce and communities. It is difficult to conjure up a more damning indictment of the economic system that has been constructed by state-corporate managers. Surely the auto industry could be reconstructed to produce what the country needs, using its highly skilled workforce—and what the world needs, and soon, if we are to have some hope of averting major catastrophe. It has been done before, after all. During World War II the semi-command economy not only ended the Depression but initiated the most spectacular period of growth in economic history, virtually quadrupling industrial production in four years as the economy was retooled for war, and also laying the basis for the “golden age” that followed.

Warnings about the purposeful destruction of U.S. productive capacity have been familiar for decades and perhaps sounded most prominently by the late Seymour Melman. Melman also pointed to a sensible way to reverse the process. The state-corporate leadership has other commitments, but there is no reason for passivity on the part of the “stakeholders”—workers and communities. With enough popular support, they could take over the plants and carry out the task of reconstruction themselves. That is not a particularly radical proposal. One standard text on corporations, The Myth of the Global Corporation, points out, “nowhere is it written in stone that the short-term interests of corporate shareholders in the United States deserve a higher priority than all other corporate ‘stakeholders.’”

It is also important to remind ourselves that the notion of workers’ control is as American as apple pie. In the early days of the industrial revolution in New England, working people took it for granted that “those who work in the mills should own them.” They also regarded wage labor as different from slavery only in that it was temporary; Abraham Lincoln held the same view.
And the leading twentieth-century social philosopher, John Dewey, basically agreed. Much like ninetheenth-century working people, he called for elimination of “business for private profit through private control of banking, land, industry, reinforced by command of the press, press agents and other means of publicity and propaganda.” Industry must be changed “from a feudalistic to a democratic social order” based on workers’ control, free association, and federal organization, in the general style of a range of thought that includes, along with many anarchists, G.D.H. Cole’s guild socialism and such left Marxists as Anton Pannekoek, Rosa Luxemburg, Paul Mattick, and others. Unless those goals are attained, Dewey held, politics will remain “the shadow cast on society by big business, [and] the attenuation of the shadow will not change the substance.” He argued that without industrial democracy, political democratic forms will lack real content, and people will work “not freely and intelligently,” but for pay, a condition that is “illiberal and immoral”—ideals that go back to the Enlightenment and classical liberalism before they were wrecked on the shoals of capitalism, as the anarchosyndicalist thinker Rudolf Rocker put it 70 years ago.

There have been immense efforts to drive these thoughts out of people’s heads—to win what the business world called “the everlasting battle for the minds of men.” On the surface, corporate interests may appear to have succeeded, but one need not dig too deeply to find latent resistance that can be revived. There have been some important efforts. One was undertaken 30 years ago in Youngstown Ohio, where U.S. Steel was about to shut down a major facility at the heart of this steel town. First came substantial protests by the workforce and community, then an effort led by Staughton Lynd to convince the courts that stakeholders should have the highest priority. The effort failed that time, but with enough popular support it could succeed.

It is a propitious time to revive such efforts, though it would be necessary to overcome the effects of the concerted campaign to drive our own history and culture out of our minds. A dramatic illustration of the challenge arose in early February 2009, when President Obama decided to show his solidarity with working people by giving a talk at a factory in Illinois. He chose a Caterpillar plant, over objections of church, peace, and human rights groups that were protesting Caterpillar’s role in providing Israel with the means to devastate the territories it occupies and to destroy the lives of the population. A Caterpillar bulldozer had also been used to kill American volunteer Rachel Corrie, who tried to block the destruction of a home. Apparently forgotten, however, was something else. In the 1980s, following Reagan’s lead with the dismantling of the air traffic controllerss union, Caterpillar managers decided to rescind their labor contract with the United Auto Workers and seriously harm the union by bringing in scabs to break a strike for the first time in generations. The practice was illegal in other industrial countries apart from South Africa at the time; now the United States is in splendid isolation, as far as I know.

Whether Obama purposely chose a corporation that led the way to undermine labor rights I don’t know. More likely, he and his handlers were unaware of the facts.

But at the time of Caterpillar’s innovation in labor relations, Obama was a civil rights lawyer in Chicago. He certainly read the Chicago Tribune, which published a careful study of these events. The Tribune reported that the union was “stunned” to find that unemployed workers crossed the picket line with no remorse, while Caterpillar workers found little “moral support” in their community, one of the many where the union had “lifted the standard of living.” Wiping out those memories is another victory for the highly class-conscious American business sector in its relentless campaign to destroy workers’ rights and democracy.

The union leadership had refused to understand. It was only in 1978 that UAW President Doug Fraser recognized what was happening and criticized the “leaders of the business community” for having “chosen to wage a one-sided class war in this country—a war against working people, the unemployed, the poor, the minorities, the very young and the very old, and even many in the middle class of our society,” and for having “broken and discarded the fragile, unwritten compact previously existing during a period of growth and progress.” Placing one’s faith in a compact with owners and managers is suicidal. The UAW is discovering that again today, as the state-corporate leadership proceeds to eliminate the hard-fought gains of working people while dismantling the productive core of the American economy.

Investors are now wailing that the unions are being granted “workers’ control” in the restructuring of the auto industry, but they surely know better. The government task force ensured that the workforce will have no shareholder voting rights and will lose benefits and wages, eliminating what was the gold standard for blue-collar workers.

This is only a fragment of what is underway. It highlights the importance of short- and long-term strategies to build—in part resurrect—the foundations of a functioning democratic society. An immediate goal is to pressure Congress to permit organizing rights, the Employee Free Choice Act that was promised but seems to be languishing. One short-term goal is to support the revival of a strong and independent labor movement, which in its heyday was a critical base for advancing democracy and human and civil rights, a primary reason why it has been subject to such unremitting attack in policy and propaganda. A longer-term goal is to win the educational and cultural battle that has been waged with such bitterness in the “one-sided class war” that the UAW president perceived far too late. That means tearing down an enormous edifice of delusions about markets, free trade, and democracy that has been assiduously constructed over many years and to overcome the marginalization and atomization of the public so that they can become “participants,” not mere “spectators of action,” as progressive democratic theoreticians have prescribed.

Of all of the crises that afflict us, the growing democratic deficit may be the most severe. Unless it is reversed, Roy’s forecast may prove accurate. The conversion of democracy to a performance with the public as mere spectators—hardly a distant possibility—might have truly dire consequences.

9/9/09

Grito de los Excluidos se Refuerza en 2009

Alai-amlatina


Comunicado de la Secretaría del Grito de los Excluidos/as





El Grito de los Excluidos, actividad organizada durante 15 años por diversas organizaciones de la pastoral social y los movimientos sociales, se llevó a cabo desde esta mañana temprano (7 / 9) en 25 estados y el Distrito Federal. Este año, el lema del evento es "La vida Primero: el poder de transformación en la organización de la gente”. Según el arzobispo de Aparecida, dom Raymundo Damasceno, el Grito de los Excluidos fortalece la participación de los pueblos para lograr una verdadera democracia.

Una de los coordinadoras del Grito, Rosilene Wansetto, también habló en este sentido. Se evalúa que la actividad de este año instó a la población a la organización de base en torno a las necesidades de los trabajadores. "Ahora vivimos una gran crisis, el desempleo y salarios más bajos, cada vez más es necesario que la gente vaya a las calles para hacer valer sus demandas y la expansión de los derechos sociales", dijo.

En Manaus, en el corazón de la Amazonía, cerca de 4 mil manifestantes realizaron el Grito de los Excluidos bajo un sol de 40 grados y discutieron temas como el problema de la privatización del abastecimiento de agua, transporte público y la salud pública. Además, los manifestantes critican la creación del Puerto de Lages, una obra del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) a realizarse en la unión de los ríos Negro y Solimões. Según los líderes, se está produciendo una serie de amenazas y la criminalización de los que protestaron contra la construcción del puerto.

En Belén, cerca de 2.500 personas manifestaron en el barrio la Tierra Firme, uno de los pioneros en la creación del Grito. Allí se discutió sobre el abuso infantil, la violencia en el estado y los encarcelados. En Goiânia (GO), el Grito discutió principalmente sobre las dificultades y deficiencias del sistema penitenciario, entre otros temas que fueron trabajados durante la caminata en el centro de la ciudad.

En Minas Gerais, las actividades se realizaron en al menos 21 ciudades. En Montes Claros, en el Grito participaron cerca de 2 mil personas de las organizaciones que conforman la Asamblea Popular. Allá existe el Palanque do Elector, en cuyo espacio los manifestantes criticaron la posición del alcalde, conocido como el alcalde de las lonas negras, ya que al no adoptar una política de vivienda, se limita a ofrecer lonas negras a las familias.

En la ciudad, también se anotaron los problemas con el transporte público. "Existe una acción en la fiscalía que considera inconstitucional el valor cobrado en la tarifa", dijo Sonia Gomes, de la coordinación. Además, el Grito examinó también la reivindicación que pide una política para los recicladores de residuos, quienes fueron amenazados por el alcalde que no podrán recolectar más. Los organizadores afirmaron también que tanto el alcalde como la guardia municipal fueron truculentos y trataron de impedir la manifestación de la población.

En Cuiabá (MT), cientos de manifestantes marcharon detrás del desfile oficial. Demandaron los derechos y la preservación ambiental en este estado que es uno de los más deforestadas por el agronegocio. También criticaron los conflictos agrarios y el trabajo esclavo. "Solo en este año, tres trabajadores y un indio fueron muertos en el estado y 200 trabajadores rescatados del trabajo esclavo, pero no podemos aceptar más esto", dijo Ignacio Werner, de la coordinación del Grito. Es más, en el Grito se hizo el lanzamiento del Foro de Defensores de Derechos Humanos de Mato Grosso.

En Aracaju (SE), más de 20 mil manifestantes de los movimientos sociales, pastorales y de Caritas marcharon el trayecto de 1 kilómetro por la calidad de vida. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis, dom Enrique Costa, marchó con los manifestantes.

En el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, en São Paulo, 80 mil peregrinos participaron del Grito de los Excluidos y de la 22 º Romería del Trabajador. Los participantes sacaron tarjeta roja a la violencia sufrida por las mujeres, jóvenes y niños. La tarjeta roja también fue dirigida al Golpe de Estado en Honduras y dijeron basta a la corrupción y a la impunidad y a la criminalización de los movimientos sociales y sus dirigentes. El acto en Aparecida concluyó al final de esta misma mañana con una misa en la basílica. El arzobispo Dom Raymundo Damasceno pidió una mayor participación de la población para lograr una verdadera democracia.

En Brasilia, cientos de manifestantes realizaron el Grito de los Excluidos en paralelo al desfile oficial en la Esplanada de los Ministerios, en el que participaron 17 organizaciones y movimientos sociales. Organizaron el Tribunal Popular y el segundo juicio contra el Gobierno de Arruda, que ha estado gastando gran cantidad en publicidad. "Queremos que este dinero se invierte en la construcción de casas para el pueblo. En este juicio, por segunda vez se sancionó la destitución del gobernador Arruda", dijo Thiago Ávila, coordinador del acto.

En Sao Paulo, cerca de 6 mil personas participaron esta mañana en las actividades del Grito de los Excluidos, que incluyó una misa en la Catedral Sé. Desde allí los participantes caminaron al Monumento de Ipiranga, en cuyo trayecto se trabajaron temas como el empleo, salario, vivienda, tierra y derechos sociales. También protestaron contra la criminalización de los movimientos sociales. "Estamos en contra del proceso de criminalización que los movimientos sociales y sus dirigentes están sufriendo en el país. Quien lucha por los derechos de los trabajadores no puede ser penalizado por las acciones que realiza", dijo uno de los coordinadores del acto.

En Vitoria, Espírito Santo, cerca de 6 mil personas hicieron un lavado simbólico de las escaleras de la Corte, Tribunal de Cuentas y la Asamblea Legislativa. En el estado, los principales temas de debate fueron la crisis que afecta a los trabajadores, la política económica y el desarrollo sostenible.

En Ceará, el Grito de los Excluidos se llevó a cabo en al menos 16 municipios. En Fortaleza, cerca de 5 mil personas protestaron contra el alto costo de la energía eléctrica, demandando también la re-estatización de la Coerce, la distribuidora de electricidad en el estado, y la aplicación de la Tarifa Social de energía para los hogares que consumen hasta 140 kWh/mes, el límite máximo estadual para encuadrarse en la ley de Tarifa Social.

En un balance de este año, el coordinador nacional del Grito de los Excluidos, Ari Alberti, dijo que la manifestación en los estados reveló una vez más que la crítica a la falta de ética en la política es uno de los puntos muy abordados. Además, a su juicio, este año, la criminalización de los líderes y los movimientos sociales fue uno de los puntos de fuerte denuncia en las manifestaciones. "Este es un espacio propicio para que la población se manifieste en defensa de los que luchan por mejores condiciones de vida. Durante 15 años estamos en las calles expresando nuestra posición a favor de la vida", agregó.

http://movimientos.org/show_text.php3?key=15556

Armas

Armas