Entrevista al poeta Elicura Chihuailaf
Mario Casasús
El Clarín de Chile
Casa de las Américas editó De Sueños Azules y contrasueños de Elicura Chihuailaf ( Quechurewe , 1952). En entrevista con Clarín.cl -durante la FIL Cuba 2009- el poeta cuyo nombre significa: “ Piedra transparente” y su apellido: “Neblina extendida”, nos anticipa el próximo libro que publicará en Cuba: Luna Azul (edición bilingüe mapuzugu n/español ).
Autor de: El invierno y su imagen (1977); En el país de la memoria (1988); A orillas de un sueño azul (1991); De Sueños Azules y contrasueños (1995), Todos los Cantos/Ti kom Vl (1996); Recado confidencial a los chilenos (Lom, 1999); Kallfv (2006); Canto libre/Lliz Vlkantun (2007) y Luna Azul (2008).
Elicura Chihuailaf es el principal intelectual en solicitar la renuncia de Juan Agustín Figueroa (presidente de la Fundación Neruda) “… pues con su accionar en contra del pueblo mapuche nos parece que ya no representa –de ningún modo- el espíritu nerudiano” ( 01.07.2004 ); se refiere al abogado responsable de la actualización de la Ley Antiterrorista contra la comunidad indígena de Traiguén. En estos tiempos aciagos, bienvenida sea la palabra mapuche desde la Luna de los Frutos Abundantes a nuestra Luna del Verdor.
MC.- Elicura, ¿De sueños azules… fue una propuesta de vos para Casa de las Américas o un interés de los editores cubanos por la poesía mapuche?
ECh.- En 1996 viajé a La Habana como Jurado del Premio Casa de las Américas en Literatura Indígena, así que ahora es mi cuarta estadía en Cuba, desde entonces han conocido mi trabajo, como todos los círculos son pequeños –la diferencia es que aquí abarcan a todo el país- me encontré con Roberto Zurbano y conversamos por largo tiempo, terminé regalándole dos libros míos –cosa que rara vez hago, porque no los tengo a la mano, a veces me veo obligado a comprarlos- fue tan grata la charla: sobre literatura y diversidad cultural, hubo una sintonía –Zurbano pertenece a la negritud y yo a la morenidad mapuche-, tiempo después recibí una comunicación de él, por e-mail me dijo: “he leído varias veces tus poemas y hemos decidido con el Comité Editorial de Casa de las Américas, pedirte si es posible que nosotros editemos De sueños Azules… que nos parece imprescindible para ser conocido por los lectores de Cuba” para mí fue un privilegio tremendo, lo comenté con la poeta Carmen Berenguer –‘¿te fijas? son 5 mil ejemplares de la primera edición, en el transcurso de los años yo he tenido en Chile un total de 5 mil ejemplares, repartidos en 5 ediciones, siendo una excepción dentro de lo que ocurre en la poesía chilena, sobre todo para los escritores contemporáneos; en Chile se editan mil ejemplares y uno se queda con la mayor parte del tiraje’.
MC.- ¿Por qué el Azul en tu poesía y en la cosmogonía mapuche?
ECh.- Es parte de nuestra visión del mundo, recuerdo que en aquella oportunidad que viajé por primera vez a Cuba –durante un paseo que nos dieron con toda la gentileza y cariño que manifiestan los cubanos- nos llevaron a conocer La Habana Vieja, a mí me llamó la atención porque precisamente antes de venir a Cuba había aparecido un suplemento cultural en el diario Austral en el que se hablaba del Azul mapuche y se me instalaba en una gran portada vestido de Azul, con los edificios de Temuco azules, el reportaje decía: ‘Elicura sueña con una ciudad Azul’, así que llegué a La Habana y me encuentro el Azul con todas sus intensidades, le pregunté a Roberto Fernández Retamar: -‘¿Por qué la coincidencia?’ y Roberto respondió: -‘Es el Azul del regreso que soñaron los primeros esclavos provenientes de África, se ha convertido en un color de aquel ritual, al tomar un puñado de arena con la esperanza de volver a sus costas y paisajes’. El Azul está en muchas culturas, para nosotros representa el habitar del infinito llegado desde el Oriente, ese Azul íntimo y profundo que dice nuestra gente se da al final de la noche y comienzo del día, el espíritu Azul conversa con nuestros cuerpos que son casas de tránsito en la tierra. El Azul es la columna vertebral que nos mueve.
MC.- Una pregunta con jiribilla, ¿qué papel jugaría la Luna Azul?
ECh.- La UNEAC me acaba de comunicar que publicará Luna Azul, un libro que salió en Chile en diciembre de 2008.
MC.- Además de Cuba, te han invitado a México, sobretodo para el festival de las Lenguas de América organizado por Carlos Montemayor. ¿Ambos países defienden y difunden la poesía indígena de la misma forma?
ECh.- Me parece que el país donde está en primer lugar el ser humano es en Cuba; a México he ido en muchas circunstancias, invitado por las organizaciones de oralitores indígenas –fui secretario general de esa ONG-; ambos países coinciden en el hecho de la identidad, pero una cosa es lo que los propios creadores asumen y trabajan para lograrlo –el caso de México-; y otro es lo que hacen los Estados, como políticas públicas, fíjate, lo que está comenzando en Cuba me parece más profundo que lo que ha pasado en México, con un lado “aparente” que vive su morenidad e indigenismo; yo veo una sociedad como la cubana que verdaderamente asume la palabra poética del ser humano, creo que para dar una dimensión: en Cuba asumen que el indígena habita en todos los seres humanos y se despierta en cada una de las miradas que se apartan del neoliberalismo, tiene que ver con ideas distintas de progreso, aquí todo lo que hacen no es por dinero, es por la convicción que tenemos de una tarea en la historia del ser humano.
Todo lo contrario sucede en Chile, por ejemplo, los empresarios madereros plantan bosques artificiales y están terminando con las hierbas medicinales, con el agua, enferman a los animales y a las personas; la solidaridad en mi país no despierta, cuando nosotros –los mapuches- defendemos un bosque nativo, es la defensa de una totalidad, de la cual el ser humano es una parte infinita.
MC.- ¿De ahí la importancia del Recado confidencial a los chilenos que escribiste? Leí un adelanto en la revista Rocinante, pero ¿el título es un homenaje a los recados de Gabriela Mistral?
ECh.- El dicho de los pueblos indígenas en México es: “la ternura a veces duele” es como con los hijos, con los hermanos, con los seres que amas, que les dices cosas hoy que pueden sonar duras, pero las dices por cariño –porque cuando a uno no le interesa simplemente te quedas callado, que no es lo mismo que el silencio-. El Recado no tiene que ver con Gabriela Mistral, el recado es la traducción de nvtrán (“el arte de la conversación”) , que conocí por mi abuelo que era lonko (autoridad comunal) dueño de la palabra, él tenía su saludo ceremonial para manifestarse; cada 4 años se hace un ritual a la naturaleza y cuando decimos naturaleza, estamos hablando hasta de las piedras y el infinito, esa es la idea que sigue mi libro. Los recados de Gabriela Mistral son bellísimos y adelantados, mi libro no tiene la pretensión de alcanzar lo que ella escribió.
Mi libro parte –como tú bien recordabas- de una carta que envié a la desaparecida revista Rocinante –donde yo integraba el Consejo Editorial-, los directores de LOM (Silvia Aguilera y Paulo Slachevsky) me propusieron desarrollar la idea como libro, a partir de otras conversaciones y otros escritos publicados en El Periodista y Punto Final, inmediatamente dije que sí, porque en ese momento había zonas álgidas en las que el Estado actuaba, el Estado chileno creaba conflictos tanto en las comunidades de Los Andes –llenas de bosques explotados por las trasnacionales, para extraer celulosa- o en Traiguén y Temulemu poblados sitiados por la policía militarizada, así que me di a la tarea de ir a las comunidades que vivían el acoso del Estado, era como entrar a otro país, en estado de sitio y guerra, lo que se da ahora en la zona de Ercilla y del Bío-Bío, en las zonas de pesca de los depredadores con sus barcos factoría –a los que se enfrentan los pescadores artesanales-, o la construcción de exclusivos barrios náuticos en la comunidad de Cospi.
Mi recado sigue el arte de la conversación, que todavía se cultivan en nuestras comunidades, la estructura comienza con la palabra poética –personal- la relación de la tierra con la historia, los vasos comunicantes y consanguíneos entre las personas, la siguiente parte es la relación con los seres vivos; uno va tomando la voz de gente con palabra de sabiduría, esa es la modalidad que yo seguí con el Recado confidencial a los chilenos, cómo los conflictos que generan los Estados –en cualquier lugar del mundo, salvo excepciones como Cuba- en el mundo indígena, recuerdo que en 1994 me entrevistó Faride Zerán y me preguntaba ‘¿si era posible la rebelión de Chiapas en el Sur de Chile?’ yo le dije que me parecía posible desde el punto de vista de la situación que lo había generado, ahora bien, le aclaré que era distinta la zona geográfica; entonces lo que pasa en Chiapas y en el Sur de Chile, o en la India o Australia, con los pueblos indígenas es lo mismo, las mismas empresas forestales, las mismas construcciones de presas siempre en los territorios más pobres, o la instalación de basureros en zonas indígenas. Resumiendo, mi libro da cuenta de la visión de un mapuche desde la palabra poética, buscando que la sociedad chilena –que tanto pregona su blanquedad- asuma su hermosa morenidad.
MC.- Hablábamos de la década de 1990, sin embargo en el año 2003 se inició la criminalización del pueblo mapuche bajo la Ley Antiterrorista –cortesía del presidente de la Fundación Neruda-
ECh.- Todo se ha ido complejizando y globalizando, los latifundistas y empresarios piden la aplicación drástica de la Ley Antiterrorista contra los presuntos responsables de incendios, siempre han prejuzgado a los mapuches. Hay una persistencia a ciertos lineamientos que tienden a mantener la acusación de terrorismo contra nuestro pueblo, tanto se argumentó en su momento –sobretodo para el entorno sensible nacional e internacional- que en París me hacían preguntas sobre el terrorismo mapuche, sólo les respondí: “rara forma de terrorismo, porque el terrorismo genera miedo y muerte, y aquí nuestro pueblo es aparentemente terrorista que tiene sólo víctimas a su favor, los que han muerto son gente nuestra, entonces es un terrorismo muy raro”.
MC.- En 2004 organizaste una campaña por la renuncia de Juan Agustín Figueroa (presidente vitalicio de la Fundación Neruda). ¿Por qué no ha prosperado tu petición?
ECh.- Eso da cuenta de la realidad chilena, aquí el problema es transversal, quiero decir de los grupos de personas que siendo de distintas tendencias –no sólo de la derecha política- le dan la razón a Juan Agustín Figueroa; como el gobierno de Bachelet que desconoce a los prisioneros políticos mapuches, ella “sí” sabe lo que significa ser un preso político y según Bachelet nuestro pueblo es de terroristas y delincuentes que comenten delitos y por lo tanto están presos; por otro lado, la solicitud de renuncia no prosperará ni en la forma antigua de ir, hacer declaraciones, entregar cartas a los ministerios porque Figueroa está blindado, valiéndose de su poderío de ex Ministro de la Concertación y presidente de la Fundación Neruda.
Además, me di cuenta que en muchos casos esas campañas por Internet son parte de la comodidad, no existe un compromiso verdadero como el que se pregona respecto a una determinada situación, te instalas en tu escritorio, lees si es buena la propuesta o demanda de Justicia y adhieres; la cuestión es ¿acción o inacción? Lo que sirve –me parece- es la pequeña o gran lucha cotidiana. Claro, en Internet al menos obtenemos la satisfacción que generosos e importantes escritores pongan sus nombres y firmas; pero si queremos ser la voz de los excluidos, debemos ser nosotros los de las loables iniciativas.
MC.- Finalmente, para quitarnos el mar sabor de boca, háblanos del proceso de traducción de la poesía de Neruda al mapuzugu n en Todos los Cantos/Ti kom Vl …
ECh.- Tengo dos trabajos de traducción al mapuzugun, una antología de Neruda y Canto libre/Lliz Vlkantun de Víctor Jara que incluye poemas inéditos –textos a los que me dio acceso Joan Jara- ambos son procesos similares, en los cuales yo establezco equipos –que actúan de distintas maneras- yo soy el que los promueve y da la versión final, pero como tú sabes en mapuzugun no existen muchos neologismos, así que los abordamos con palabras nuevas, en eso nadie puede estar solo; lo de Neruda fue en primer lugar una selección a ojo de la causalidad, yo como la mayoría de los chilenos no conocía toda la obra de Neruda – así que fui escabullendo poemas que eran difíciles de traducir, me hubiera gustado incluirlos en el libro.
En el prólogo dejo en claro que algunos neologismos los he inventado, que es una propuesta –desde luego mejorable- y un desafío para nuestra gente. En el caso de Víctor Jara, sus últimos textos demuestran su conocimiento de la visión del mundo mapuche, no sólo a los chilenos le truncaron la creación de Víctor Jara, él iba en camino de hacer un trabajo profundo acerca de la visión del mundo mapuche, incluso uno de los textos está fechado en la comunidad de Lonquimay , es un poema escrito como una rogativa mapuche, con la estructura demuestra su conocimiento y cariño por nuestra cultura.
Share This
Tecpatl
Our Word is Our Weapon, if you have anything you would like us to publish please send us an email @ maiz_centeotl_chicomecoatl@riseup.net
Subscribe To Maiz Today!!!!
Posts
All Comments
3/4/09
Blueprints for a Police State
The Yoo-Bybee Memoranda
By MARJORIE COHN
CounterPunch
Seven newly released memos from the Bush Justice Department reveal a concerted strategy to cloak the President with power to override the Constitution. The memos provide “legal” rationales for the President to suspend freedom of speech and press; order warrantless searches and seizures, including wiretaps of U.S. citizens; lock up U.S. citizens indefinitely in the United States without criminal charges; send suspected terrorists to other countries where they will likely be tortured; and unilaterally abrogate treaties. According to the reasoning in the memos, Congress has no role to check and balance the executive. That is the definition of a police state.
Who wrote these memos? All but one were crafted in whole or in part by the infamous John Yoo and Jay Bybee, authors of the so-called “torture memos” that redefined torture much more narrowly than the U.S. definition of torture, and counseled the President how to torture and get away with it. In one memo, Yoo said the Justice Department would not enforce U.S. laws against torture, assault, maiming and stalking, in the detention and interrogation of enemy combatants.
What does the federal maiming statute prohibit? It makes it a crime for someone "with the intent to torture, maim, or disfigure" to "cut, bite, or slit the nose, ear or lip, or cut out or disable the tongue, or put out or destroy an eye, or cut off or disable a limb or any member of another person." It further prohibits individuals from "throwing or pouring upon another person any scalding water, corrosive acid, or caustic substance" with like intent.
The two torture memos were later withdrawn after they became public because their legal reasoning was clearly defective. But they remained in effect long enough to authorize the torture and abuse of many prisoners in U.S. custody.
The seven memos just made public were also eventually disavowed, several years after they were written. Steven Bradbury, the Principal Deputy Assistant Attorney General in Bush’s Department of Justice, issued two disclaimer memos – on October 6, 2008 and January 15, 2009 – that said the assertions in those seven memos did “not reflect the current views of this Office.” Why Bradbury waited until Bush was almost out of office to issue the disclaimers remains a mystery. Some speculate that Bradbury, knowing the new administration would likely release the memos, was trying to cover his backside.
Indeed, Yoo, Bybee and Bradbury are the three former Justice Department lawyers that the Office of Professional Responsibility singled out for criticism in its still unreleased report. The OPR could refer these lawyers for state bar discipline or even recommend criminal charges against them.
In his memos, Yoo justified giving unchecked authority to the President because the United States was in a “state of armed conflict.” Yoo wrote, “First Amendment speech and press rights may also be subordinated to the overriding need to wage war successfully.” Yoo made the preposterous argument that since deadly force could legitimately be used in self-defense in criminal cases, the President could suspend the Fourth Amendment because privacy rights are less serious than protection from the use of deadly force.
Bybee wrote in one of the memos that nothing can stop the President from sending al Qaeda and Taliban prisoners captured overseas to third countries, as long as he doesn’t intend for them to be tortured. But the Convention Against Torture, to which the United States is a party, says that no country can expel, return or extradite a person to another country “where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.” Bybee claimed the Torture Convention didn’t apply extraterritorially, a proposition roundly debunked by reputable scholars. The Bush administration reportedly engaged in this practice of extraordinary rendition 100 to 150 times as of March 2005.
The same day that Attorney General Eric Holder released the memos, the government revealed that the CIA had destroyed 92 videotapes of harsh interrogations of Abu Zubaida and Abd al Rahim al Nashiri, both of whom were subjected to waterboarding. The memo that authorized the CIA to waterboard, written the same day as one of Yoo/Bybee’s torture memos, has not yet been released.
Bush insisted that Zubaida was a dangerous terrorist, in spite of the contention of one of the FBI’s leading al Qaeda experts that Zubaida was schizophrenic, a bit player in the organization. Under torture, Zubaida admitted to everything under the sun – his information was virtually worthless.
There are more memos yet to be released. They will invariably implicate Bush officials and lawyers in the commission of torture, illegal surveillance, extraordinary rendition, and other violations of the law.
Meanwhile, John Yoo remains on the faculty of Berkeley Law School and Jay Bybee is a federal judge on the Ninth Circuit Court of Appeals. These men, who advised Bush on how to create a police state, should be investigated, prosecuted, and disbarred. Yoo should be fired and Bybee impeached.
Marjorie Cohn is president of the National Lawyers Guild and author of Cowboy Republic
By MARJORIE COHN
CounterPunch
Seven newly released memos from the Bush Justice Department reveal a concerted strategy to cloak the President with power to override the Constitution. The memos provide “legal” rationales for the President to suspend freedom of speech and press; order warrantless searches and seizures, including wiretaps of U.S. citizens; lock up U.S. citizens indefinitely in the United States without criminal charges; send suspected terrorists to other countries where they will likely be tortured; and unilaterally abrogate treaties. According to the reasoning in the memos, Congress has no role to check and balance the executive. That is the definition of a police state.
Who wrote these memos? All but one were crafted in whole or in part by the infamous John Yoo and Jay Bybee, authors of the so-called “torture memos” that redefined torture much more narrowly than the U.S. definition of torture, and counseled the President how to torture and get away with it. In one memo, Yoo said the Justice Department would not enforce U.S. laws against torture, assault, maiming and stalking, in the detention and interrogation of enemy combatants.
What does the federal maiming statute prohibit? It makes it a crime for someone "with the intent to torture, maim, or disfigure" to "cut, bite, or slit the nose, ear or lip, or cut out or disable the tongue, or put out or destroy an eye, or cut off or disable a limb or any member of another person." It further prohibits individuals from "throwing or pouring upon another person any scalding water, corrosive acid, or caustic substance" with like intent.
The two torture memos were later withdrawn after they became public because their legal reasoning was clearly defective. But they remained in effect long enough to authorize the torture and abuse of many prisoners in U.S. custody.
The seven memos just made public were also eventually disavowed, several years after they were written. Steven Bradbury, the Principal Deputy Assistant Attorney General in Bush’s Department of Justice, issued two disclaimer memos – on October 6, 2008 and January 15, 2009 – that said the assertions in those seven memos did “not reflect the current views of this Office.” Why Bradbury waited until Bush was almost out of office to issue the disclaimers remains a mystery. Some speculate that Bradbury, knowing the new administration would likely release the memos, was trying to cover his backside.
Indeed, Yoo, Bybee and Bradbury are the three former Justice Department lawyers that the Office of Professional Responsibility singled out for criticism in its still unreleased report. The OPR could refer these lawyers for state bar discipline or even recommend criminal charges against them.
In his memos, Yoo justified giving unchecked authority to the President because the United States was in a “state of armed conflict.” Yoo wrote, “First Amendment speech and press rights may also be subordinated to the overriding need to wage war successfully.” Yoo made the preposterous argument that since deadly force could legitimately be used in self-defense in criminal cases, the President could suspend the Fourth Amendment because privacy rights are less serious than protection from the use of deadly force.
Bybee wrote in one of the memos that nothing can stop the President from sending al Qaeda and Taliban prisoners captured overseas to third countries, as long as he doesn’t intend for them to be tortured. But the Convention Against Torture, to which the United States is a party, says that no country can expel, return or extradite a person to another country “where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.” Bybee claimed the Torture Convention didn’t apply extraterritorially, a proposition roundly debunked by reputable scholars. The Bush administration reportedly engaged in this practice of extraordinary rendition 100 to 150 times as of March 2005.
The same day that Attorney General Eric Holder released the memos, the government revealed that the CIA had destroyed 92 videotapes of harsh interrogations of Abu Zubaida and Abd al Rahim al Nashiri, both of whom were subjected to waterboarding. The memo that authorized the CIA to waterboard, written the same day as one of Yoo/Bybee’s torture memos, has not yet been released.
Bush insisted that Zubaida was a dangerous terrorist, in spite of the contention of one of the FBI’s leading al Qaeda experts that Zubaida was schizophrenic, a bit player in the organization. Under torture, Zubaida admitted to everything under the sun – his information was virtually worthless.
There are more memos yet to be released. They will invariably implicate Bush officials and lawyers in the commission of torture, illegal surveillance, extraordinary rendition, and other violations of the law.
Meanwhile, John Yoo remains on the faculty of Berkeley Law School and Jay Bybee is a federal judge on the Ninth Circuit Court of Appeals. These men, who advised Bush on how to create a police state, should be investigated, prosecuted, and disbarred. Yoo should be fired and Bybee impeached.
Marjorie Cohn is president of the National Lawyers Guild and author of Cowboy Republic
3/3/09
Crisis y Soberanía Alimentaria: Vía Campesina y el Tiempo de una Idea
Luis Hernández Navarro y Annette Aurélie Desmarais
Rebelión
No hay nada más poderoso que una idea a la que llegado su tiempo, escribió el novelista francés Víctor Hugo. En la era de la la crisis alimentaria mundial más grave en décadas, le llegó su tiempo al concepto de soberanía alimentaria.
Puesta en el centro del debate político rural por Vía Campesina desde 1996, esta propuesta programática para el campo y las políticas comerciales se ha convertido, en poco tiempo, en un formidable instrumento de acción para enfrentar la hambruna y la montaña rusa de los precios agrícolas. Una propuesta que, al menos, ha tenido que ser escuchada y evaluada por estados y por organismos internacionales.
El quinto congreso internacional de Vía Campesina, celebrado en Maputo, Mozambique, entre el 16 y 23 se octubre, fue el escenario para analizar a profundidad el origen, naturaleza y repercusiones de la actual crisis alimentaria mundial, su relación con la crisis financiera, y para mostrarle al mundo el porqué la propuesta de soberanía alimentaria como la alternativa es no sólo viable sino necesaria.
Diamantino Nhampossa, dirigente de la Unión de Campesinos de Mozambique, resumió esta conclusión a la que los participantes del evento llegaron. “La causa de la crisis alimentaria que tenemos -dijo- es el modelo neoliberal y el capitalismo. No se pueden encontrar la solución a este problema dentro del mismo modelo. Como solución, nosotros proponemos el modelo de la soberanía alimentaria que promueve la agricultura familiar.” (Conferencia de Prensa, Maputo, Mozambique, 23 de octubre de 2008).
Vía Campesina
Vía Campesina es un movimiento internacional que agrupa organizaciones de campesinos, pequeños productores rurales, mujeres del campo, trabajadores agrícolas y comunidades agrarias indígenas. Participan tanto campesinos del sur como agricultores familiares del norte. En sus filas convergen asociaciones promovidas por antiguos partidos comunistas o socialistas, confederaciones libertarias, grupos cooperativistas e iniciativas ecologistas Desde su creación no ha dejado de cobrar impulso y es quizás el movimiento social rural internacional más significativo.
El origen de Vía Campesina se remonta a abril de 1992, cuando varios líderes campesinos de America Central, de Norteamérica y de Europa se reunieron en Managua, Nicaragua, en el congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). En mayo de 1993 celebraron su primera conferencia en la ciudad de Mons, Bélgica. Siete meses después organizaron una manifestación de 5 mil personas en las calles de Ginebra para protestar contra el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT).
La convergencia fue posible porque estaba entonces a punto de firmarse la ronda Uruguay y diversos líderes rurales de varios países, muchos de los cuales se habían encontrado en reuniones internacionales, coincidieron en su rechazo explícito al modelo neoliberal y en su negativa a ser excluidos de la definición de políticas agrícolas. Estaban de acuerdo también en que los enemigos a vencer eran la globalización neoliberal y las grandes trasnacionales de la industria alimentaria.
La meta principal del movimiento internacional consiste en impulsar la solidaridad y la unidad en la diversidad entre organizaciones de pequeños agricultores, para promover relaciones económicas basadas en la igualdad y la justicia social, la preservación de la tierra, la soberanía alimentaria y la producción agrícola sostenible.
En esas experiencias los líderes campesinos descubrieron que tenían mucho terreno en común. En todos lados la modernización (léase industrialización) y liberalización de la agricultura -impuestas mediante programas de ajuste estructural y acuerdos de libre comercio- conducían a una aguda crisis agrícola, a mayor degradación del ambiente, creciente disparidad y mayor empobrecimiento del campo, así como a la consolidación y concentración de las corporaciones agroempresariales. Campesinos, pequeños productores y comunidades rurales enteras desaparecían en tanto el cultivo de alimentos dejaba de ser medio de vida viable. Los líderes entendieron que más liberalización no era la solución.
Vía Campesina se agrupó en torno a objetivos comunes: rechazo explícito del modelo neoliberal de desarrollo rural y una abierta negativa a ser excluida del desarrollo de políticas agrícolas, así como una firme decisión de trabajar en unidad para dar fuerza a una voz campesina y establecer un modelo alternativo de agricultura. Consolidó la unidad y la solidaridad llamando al enemigo por su nombre: los agentes de la globalización económica y la corporativización de la agricultura.
Vía Campesina, pues, no propicia un conflicto entre campesinos del sur y granjeros del norte, sino que promueve la lucha entre dos modelos divergentes y opuestos de desarrollo económico y social. Por un lado, un modelo globalizado y neoliberal, impulsado por los grandes consorcios, en el que la agricultura se ve exclusivamente como forma de obtener ganancias y los recursos se concentran cada vez más en manos de la agroindustria. Por el otro, Vía Campesina vislumbra un mundo rural más humano, basado en el redescubrimiento de una "ética del desarrollo" que dimana de la "cultura productiva" y la "vocación productiva" de las familias del campo. La agricultura es impulsada por los labriegos, se basa en la producción campesina, utiliza recursos locales y se orienta al mercado interno.
Su objetivo primordial es construir modelos alternativos de agricultura y enfoca su actuación en la soberanía alimentaria y el comercio agrícola, la reforma agraria, los derechos de los trabajadores migratorios y los jornaleros agrícolas; el género, la biodiversidad y los recursos genéticos, los derechos humanos y los derechos de los campesinos, así como una agricultura sustentable basada en el productor.
Un número cada vez mayor de instituciones internacionales, como el Banco Mundial (BM), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable y el Foro Global de Investigación Agrícola reconocen ahora la creciente visibilidad de Vía Campesina como la voz global de los campesinos y los pequeños productores. Sin embargo, para ella la participación en encuentros patrocinados por dichas organizaciones es un asunto riesgoso, pues a menudo se utiliza para legitimar políticas y programas existentes.
Nacida de la tenaz decisión de los campesinos de seguir siendo campesinos, la organización se ha transformado en unos de los más relevantes actores del archipiélago altermundista. Resistente a una modernización que quiere prescindir de sus integrantes, se ha convertido en promotora de una modernización donde quepan todos.
Reserva de futuro
Pocos movimientos sociales en el mundo han alcanzado en los últimos años la consolidación, el crecimiento y el impacto que Vía Campesina ha conquistado. Desde su fundación se han adherido a sus filas más de 132 de organizaciones de pequeños productores rurales y trabajadores agrícolas en más de 60 países.
En una época en que los sindicatos obreros han perdido la relevancia que disfrutaron a lo largo de casi todo el siglo XX, en que la vitalidad que caracterizó a los movimientos de pobres urbanos a partir de 1970 disminuyó, en que los movimientos indígenas no han podido articular una convergencia internacional significativa más allá de la lucha por la declaración de su derechos en el marco del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, Vía Campesina ha logrado desatar un proceso de construcción de fuerzas propias muy relevante.
Es una era en que el neoliberalismo fue la ideología dominante y casi cualquier idea de emancipación se veía como una rémora del pasado, la internacional rural logró resistir el despojo de las grandes trasnacionales agroalimentarias, comenzar a cambiar la correlación de fuerzas a favor de los campesinos pobres y mantener viva la idea de que otro orden social más justo es necesario. Ubicada desde un primer momento en la primera línea de lucha contra el neoliberalismo, su proyecto es hoy marcadamente anticapitalista.
Vía Campesina es un movimiento internacional de pequeños productores familiares rurales que defiende la economía campesina, la soberanía alimentaria, los mercados locales de alimentos, el enfriamiento del planeta y la agricultura ecológica.
En pocos años logró poner lo rural en el centro de la agenda política internacional. Muchas de sus propuestas se adelantaron a su tiempo. La actual crisis mundial ha hecho evidente que sus señalamientos, vistos originalmente como utópicos, son viables.
Su propuesta ha mostrado fehacientemente la insensatez del modelo de agricultura industrializado, basado en el uso intensivo de los recursos naturales, en el petróleo y sus derivados. Sus acciones han sido de gran importancia para evitar la aprobación de la Ronda de Doha e impedir que se meta a la agricultura a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sus afiliados participaron activamente en la exitosa lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En el camino, Vía Campesina ha elaborado un rico y sofisticado análisis de la situación rural y una propuesta de acción viable. Su programa se enriquece con el paso de los años. Sus reclamos principales ganan paulatinamente presencia y prestigio en otros sectores sociales, en organismos multinacionales, e incluso en gobiernos. El concepto de soberanía alimentaria forma ya parte de las constituciones de Venezuela y Nepal, y, muy próximamente, de Bolivia.
Sus movilizaciones en contra de las semillas transgénicas y la tecnología Terminator han sido de gran relevancia. Su presión contra el programa del Banco Mundial para la reforma agraria con criterios de mercado la ha deslegitimado.
Vía Campesina ha logrado que en las instituciones internacionales que tratan asuntos rurales se escuche a los hombres y mujeres del campo. Donde antes organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos, profesionales agrícolas o intelectuales hablaban en nombre de los labriegos, ahora se escucha la voz de los de abajo.
Vía Campesina es una organización inusual. Su estilo de conducción es austero y sencillo, alejado de los privilegios que tienen los “señores de la pobreza” de las grandes fundaciones para la cooperación internacional. En sus congresos y reuniones sus dirigentes hacen cola para comer, al igual que el resto de los delegados. No disponen de comedores reservados. Descansan en los dormitorios comunes y no tienen salones VIP para despachar. Vuelan en clase económica y, cuando hay recursos para trasladar a delegados, los destinan a financiar los pasajes de las mujeres.
En Vía Campesina conviven distintas culturas políticas y organizativas de manera creativa. La que proviene de la descolonización europea en África con su herencia de lucha por la liberación nacional y contra el miedo y la vergüenza. La que busca impactar en las políticas públicas desde una tradición ciudadana y reivindica la desobediencia civil en Europa. La de la resistencia, la confrontación social y la ruta hacia el poder en América Latina. La del choque marcial disciplinado y la inmolación ejemplar en Asia. La heredera de las grandes tradiciones populistas rurales, organizadora de campañas y cabildeo legislativo en Estados Unidos y Europa.
Todas esas experiencias organizativas han logrado coexistir sin grandes conflictos, complementarse, aprender unas de las otras y crear un lenguaje común. Los encuentros de Vía Campesina son espacios para forjar nuevas instituciones, relatos, símbolos y mitos compartidos. Son un lugar para nombrar lo intolerable y celebrar lo que une y emancipa.
Sorprende la enorme cantidad de mujeres que participan en la dirección del movimiento internacional y en sus encuentros, inusitado en comparación con la composición de los organismos campesinos que la integran a escala nacional. Ello es resultado, en primer lugar, de la acción misma de las mujeres que integran el movimiento, pero también de una política deliberada de inclusión y promoción.
Vía Campesina se ha dotado de un equipo técnico de un alto nivel profesional. Multilingüe, eficaz, desideologizado, conocedor de su área de responsabilidad, abnegado, que, tiene además, el enorme mérito de no sustituir a la dirección campesina. Su aporte es discreto; su presencia pública, casi invisible.
Vía campesina es hoy una de las principales columnas vertebrales del movimiento altermundista. La prueba viviente de que los campesinos no son un lastre del pasado, sino una reserva para el futuro.
La primera crisis alimentaria
Comenzó en México como la guerra de la tortilla en enero de 2007. Se siguió a Italia como la huelga del espagueti nueve meses más tarde. Después se convirtió en alud imparable. Las protestas contra el alza en el precio de los alimentos se sucedieron en Haití, Mauritania, Yemen, Filipinas, Egipto, Bangladesh, Indonesia, Marruecos, Guinea, Mozambique, Senegal, Camerún y Burkina Faso.
La nueva hambruna se trata de un hecho global. Usualmente la escasez generalizada de alimentos se ha producido en países y regiones localizadas, ante desastres naturales, plagas o guerras. Pero ahora sucedió de manera simultánea en multitud de naciones y varios continentes.
"Nunca se había vivido una crisis como la actual. Y nosotros no la creamos", dice el hondureño Rafael Alegría. "La humanidad está amenazada, pero no por nosotros. Por el contrario, somos quienes garantizamos los alimentos. Ahora, sin embargo, es el capital financiero el que tiene el control de las cosechas. Con ellas especulan. Somos nosotros los llamados a producir la comida que hace falta. Ni los excedentes de la Unión Europea ni de Estados Unidos podrán resolver el problema." (Entrevista, Maputo, Mozambique, 20 de octubre de 2008).
Vía Campesina considera que “el mundo entero está en crisis, una crisis de dimensiones múltiples, una crisis de alimentos, de energía, del clima y de las finanzas (... ) producto del sistema capitalista y del neoliberalismo”. Una crisis que, según el indonesio Henry Saraigh, coordinador general de Vía Campesina,ha provocado el aumento del “nivel de hambre si lo comparamos con la situación de hace diez años. Hay más de 800 millones sufriendo actualmente hambre.” ( Conferencia de prensa....)
Para la organización internacional, la crisis es resultado de la combinación de diversos factores entre los que se encuentran: el aumento en la producción de agrocombustibles; la especulación financiera; la presión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y posteriormente la Organización Mundial del Comercio (OMC) a los países para disminuir su inversión en la producción alimentaria y su apoyo a los campesinos pequeños agricultores; así como las “políticas destructivas que socavaron las producciones nacionales de alimentos y obligaron a los campesinos producir cultivos comerciales para compañías multinacionales y a comprar sus alimentos de las mismas multinacionales (o a otras…) en el mercado mundial”. (Una respuesta a la Crisis Global de los Alimentos, ¡Los/as campesinos/as y pequeños agricultores pueden alimentar al mundo!, 2 de mayo de 2008)
De acuerdo con Rafael Alegría, de Honduras, integrante de la comisión coordinadora internacional (CCI) de Vía Campesina por parte de Centroamérica: “los altísimos precios que en los últimos años están sufriendo productos como el maíz, los frijoles, la soya, los de consumo popular, se deben a una gran especulación del capital y de las compañías trasnacionales que controlan los mercados. Y al abandono, desde hace más de 20 años, de políticas públicas agrícolas que impuso el modelo neoliberal que destruyó la economía campesina, desarticuló los sistemas financieros. Los estados se desentendieron de la agricultura y prácticamente hubo una desarticulación total de la mediana y pequeña agricultura. Ahora se están viviendo las consecuencias de que los pequeños y medianos agricultores fueron abandonados y sustituidos por empresas trasnacionales.” (Entrevista , Maputo, Mozambique, 22 de octubre de 2008).
Según Joan Pedro Stedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, la ofensiva del capital financiero internacional por el control de la agricultura peude resumirse en cinco puntos. Primero, por conducto de sus excedentes de capital financiero; los bancos pasaron a comprar acciones de centenares de empresas que actuaban en diferentes sectores relacionados con la agricultura. Y a partir del control de la mayor parte de las acciones, promovieron un proceso de concentración monopólica.
Segundo, mediante la dolarización de la economía mundial. Esto permitió que las trasnacionales se aprovecharan de las tasas de cambio favorables y entraran en las economías nacionales comprando fácilmente a las empresas locales dominando así los mercados productores y el comercio de los productos agrícolas.
Tercero, utilizando las reglas impuestas por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos multilaterales, que normalizaron el comercio de productos agrícolas según los intereses de las grandes empresas, y obligaron a los gobiernos serviles a la liberalización del comercio de estos productos.
Cuarto, gracias el crédito bancario. La producción agrícola, cada vez más dependiente de insumos industriales, quedó a merced de la utilización de créditos bancarios para financiar la producción. Y éstos financiaron la implantación y el dominio de la agricultura industrial en todo el mundo.
Finalmente, en la mayoría de los países los gobiernos abandonaron las políticas públicas de protección del mercado agrícola y de la economía campesina.
La organización sacó importantes lecciones de la crisis. La primera es que el mercado desregulado no solucionará el problema, sino, por el contrario, la agravará. La segunda es que los campesinos y los pequeños agricultores no se benefician con los altos precios, a diferencia de los especuladores y los comerciantes en gran escala. La tercera es que los
trabajadores agrícolas y quienes en el mundo rural no tienen acceso a la tierra, han sufrido enormemente el aumento en los precios de la comida. Lo mismo ha sucedido con los consumidores urbanos pobres. La cuarta y última lección es que el libre comercio no resolverá la crisis, sino que, por el contrario, la agravará.
La segunda crisis alimentaria
En octubre del año pasado el precio internacional de las materias primas agrícolas, exceptuando el arroz, disminuyeron. La burbuja especulativa de estos productos, iniciada en 2002, reventó. En la primera semana del décimo mes del año, la cotización del maíz en la Bolsa de Chicago pasó de un récord de 296 dólares la tonelada, alcanzado el pasado 26 de julio, a 178 dólares. El trigo cayó de un máximo de 470 dólares la tonelada, obtenido en febrero de 2008, a 235 dólares. Ello no provocó que el costo de los alimentos elaborados con ambos cereales bajara un sólo centavo para los consumidores finales.
Desde que estalló la crisis financiera en Estados Unidos sus precios en los mercados internacionales han registrado fuertes caídas. Empero, lo que las personas comunes y corrientes deben pagar por su comida es lo mismo -o más- que gastaban cuando las cotizaciones de los granos básicos se encontraba en las nubes. Los precios de los cereales han experimentado una caída media de entre 30 y 35 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, en el mes de septiembre, las cadenas minoristas en Estados Unidos aumentaron el costo de los alimentos en 7.6 por ciento. Durante los primeros seis meses del año, Nestlé, una de las más importantes empresas agroalimentarias en el mundo, incrementó los precios de sus productos en todo el mundo un 4.4 por ciento, y en América Latina el 8 por ciento. Por supuesto, ahora que las materias primas valen menos, no piensa bajar sus precios.
La caída de los precios de las materias primas agrícolas obedece a una razón fundamental: con el dolar revaluado y temiendo una disminución de la demanda de cereales por la recesión económica, los fondos de inversión se retiraron de esos mercados, empujando las cotizaciones a la baja. Las posiciones pasaron de 58 mil millones de dólares a 8 mil millones.
Probablemente, esta caída en el valor de las commodities agrícolas no supondrá un problema para muchas trasnacionales de la alimentación. En la recesión económica de la década de los setenta, compañías como General Mills y Kellog se expandieron y tuvieron un mejor desempeño bursátil.
En cambio, para los pequeños productores rurales la situación es radicalmente diferente. La mayoría de ellos no se beneficiaron de los altos precios que hasta hace poco se pagaban por los granos básicos. En ocasiones llegaron cuando sus cosechas ya estaban vendidas o debieron pagar más por el crédito, los fertilizantes, plaguicidas y combustibles. Las ganancias quedaron en manos de las grandes productores, las empresas agroalimentarias y los especulado
Según el agricultor vasco Paul Nicholson, “esta crisis va a generar en la agricultura una bajada de precios. Los costos de producción no van a bajar. Es claro que está bajando el precio del petróleo pero eso no va a repercutir en la bajada de los precios. En cambio, los precios que recibimos los productores si van a bajar. Eso ya se está viendo en el precio del maíz. El principal beneficiario va a ser el que controla toda la cadena alimentaria, que son las trasnacionales. El crédito en la agricultura, aunque sea de cosecha, es importante. Y va a haber menos dinero y menos crédito. Lo principal es que los costos de producción van a ser tremendamente altos. Las semillas, los fertilizantes. Los precios van a ser tremendamente altos y con una bajada de precios en origen para el productor eso significa la ruina para muchos en la agricultura campesina.” (Entrevista a Paul Nicholson, Maputo, Mozambique, 22 de octubre de 2008).
Contra las trasnacionales
En la conferencia de Maputo, Vía Campesina declaró la guerra a las empresas trasnacionales. Son su enemigo principal. De esta manera transitó de la crítica al neoliberalismo y la oposición a la incorporación de la agricultura en los acuerdos de libre comercio a posiciones marcadamente anticapitalistas.
"La guerra ha comenzado. Somos los campesinos contra las trasnacionales. O ellos logran sus pretensiones de robarse y controlar nuestra tierra, nuestras semillas y el agua, o nosotros resistimos hasta que se les acabe su lindo capitalismo", asegura Joao Pedro Stedile, dirigente del Movimiento sin Tierra de Brasil.
Dena Foff, representante de la Coalición de Granjeros familiares de Estados Unidos, sostiene que "en el mundo en que vivimos ya no existe duda alguna de que las corporaciones trasnacionales están compitiendo con los ciudadanos del mundo por tener el dominio del planeta, sobre sus recursos y su gobierno".
En su resolución final, la internacional campesina afirma: "En las zonas rurales del mundo, hemos visto una feroz ofensiva del capital y de las empresas trasnacionales sobre la agricultura y los bienes naturales (agua, bosques, minería, biodiversidad, tierra, etcétera), que se traduce en una guerra de despojo contra los pueblos campesinos e indígenas, utilizando pretextos falsos como los argumentos erróneos que plantean que los agrocombustibles son una solución a las crisis climáticas y energéticas, cuando la verdad es todo lo contrario. En el momento en que los pueblos ejercen sus derechos y resisten este despojo generalizado, o cuando son obligados a ingresar en los flujos migratorios, la respuesta ha sido más criminalización, más represión, más presos políticos, más asesinatos, más muros de la vergüenza y más bases militares".
La internacional campesina asume que estas corporaciones son la forma actual del capital para controlar la economía, los recursos naturales, la tierra, el agua, la biodiversidad, la producción, el comercio agrícola y la explotación del campesinado.
Las trasnacionales -dice Paul Nichoslon- están ocupando las tierras y desplazando a millones de campesinos para producir agrocombustibles. "En todo el mundo -puntualiza- les quitan las mejores tierras a los campesinos para meter agricultura industrializada. Y quieren tener el control sobre las semillas. No puede ser que por culpa de ellas comamos todos en el planeta cuatro tipos de tomate, cuando tenemos miles de variedades locales."
La lucha en el mundo campesino no es sólo contra los latifundistas, o los acaparadores, o los intermediarios, sino contra las grandes corporaciones agroalimentarias. Según Stedile: "hubo una concentración del control de la producción y del comercio mundial de productos agrícolas, por algunas pocas empresas, que dominan esos productos en todo el mundo, en especial los productos agrícolas estandarizados, como los granos o los lácteos. Además dominan toda la cadena productiva de los insumos y las máquinas utilizadas por la agricultura. Los campesinos que estaban acostumbrados a sólo luchar contra los terratenientes y contra los latifundistas ahora se transformaron en un actor principal contra el gran capital trasnacional.”
Soberanía Alimentaria: la solución a las crisis y la vida de los pueblos
Para Vía Campesina, la crisis es una oportunidad, porque “la soberanía alimentaria ofrece la única alternativa real tanto para la vida de los pueblos como para revertir las crisis.” Según sus integrantes, el desafío ha mostrado que los pequeños agricultores familiares son capaces de alimentar y enfriar el planeta. En palabras de Alberto Gómez, de México, integrante de la comisión coordinadora internacional (CCI) de Vía Campesina por parte de América del Norte: “somos una solución a los grandes problemas. Estamos en el centro en lo que es la producción de alimentos. En el centro en lo que es el cambio climático. En el centro por lo que es la crisis energética.” (Entrevista con Alberto Gómez, Maputo, Mozambique, 23 de octubre de 2008)
Joao Pedro Stedile está de acuerdo. Según él, "gracias a Dios y a que Dios sigue siendo campesino, la crisis nos abre grandes oportunidades". Es el momento no de quedarse con los brazos cruzados viendo cómo se cae el capitalismo sino de participar en su entierro.
La soberanía alimentaria enfrenta a la crisis alimentaria con producción campesina local; encara a las crisis climáticas y energéticas, atacando dos de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero: el transporte de alimentos a larga distancia y la agricultura industrializada; y, aminora una parte de la crisis financiera, al prohibir la especulación con los alimentos.
Desde que Vía Campesina introdujo por vez primera, en 1996, el concepto de soberanía alimentaria, la idea se ha diseminado muy rápido. Soberanía alimentaria es hoy un llamado a la acción para un número creciente de organizaciones de campesinos y granjeros, organismos no gubernamentales y movimientos sociales. Muchas conferencias internacionales han convenido en elaborar más el concepto, incluida la que celebró el Partido Verde del Parlamento Europeo. También es el foco de la discusión en reuniones importantes, como el Foro Social Mundial y el foro de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Cumbre Mundial Alimentaria, celebrada en junio de 2002. Pero ¿qué significa exactamente el término soberanía alimentaria?
De acuerdo con Vía Campesina, la alimentación es un derecho humano básico y "todos los pueblos y Estados deben tener el derecho a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias" para garantizar la seguridad interna en la materia y el bienestar de su población rural. En palabras de Vía Campesina, soberanía alimentaria significa que los pueblos tienen "derecho a producir su comida en su territorio" en formas que refuercen los valores culturales de los pueblos y el medio ambiente. La soberanía alimentaria significa garantizar que los campesinos, los granjeros en pequeño y las mujeres rurales tengan el derecho a contar con todos los recursos necesarios para producir comida; tener un acceso mayor a la tierra y un control mayor sobre ésta y sobre las semillas, el agua, los créditos y los mercados. La soberanía alimentaria requiere una reforma agraria genuina y de gran alcance.
Más aún, la soberanía alimentaria será posible únicamente si existe un control democrático del sistema alimentario y el reconocimiento de que "la herencia cultural y los recursos genéticos pertenecen a la humanidad". Esto significa que todas las formas de vida -incluidos plantas y animales- deben protegerse del patentamiento. También quiere decir regular los mercados mediante prácticas como el manejo del abasto y un comercio ordenado.
La soberanía alimentaria se centra en la producción de comida y en quienes de hecho trabajan la tierra. Por tanto, va más allá de cómo se entiende comúnmente la seguridad alimentaria, que implica garantizar que se produzca una cantidad adecuada de comida accesible a todos. En cambio, la soberanía alimentaria se centra en cuestiones como qué comida se produce, dónde se produce, cómo se produce y en qué escala. Vía Campesina argumenta que no puede alcanzarse una seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria.
Es claro que la soberanía alimentaria es una alternativa radical a la visión que de la agricultura se tiene en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Ahí donde los principios guías del organismo son "el derecho a exportar" a toda costa y el "derecho a importar" comida como el mejor camino de garantizar la seguridad alimentaria, la visión de una soberanía alimentaria da prioridad a la producción local para un consumo también local. No es que Vía Campesina se oponga al comercio agrícola, pero enfatiza que "la alimentación es la más primaria e importante fuente de nutrición, y sólo en segundo término un asunto de comercio". Dado que la comida es un derecho humano básico "sólo debe comerciarse con el excedente". Además, este comercio internacional "debe servir a los intereses de la sociedad", no llenar los bolsillos profundos y sin fondo de las corporaciones trasnacionales de la agroempresa. La soberanía alimentaria es simplemente imposible en el marco de la OMC.
El "desarrollo" -uno equiparado hoy con globalización y comercio- que intentaba resolver la persistencia de la pobreza y el hambre en el campo es un fracaso, y hoy la idea de soberanía alimentaria se opone con eficacia a este "desarrollo". Mediante la soberanía alimentaria, Vía Campesina nos desafía a todos a pensar más allá de los cajoncitos -premisas tecnológicas, liberalización, desregulación y privatización- que con frecuencia caracterizan las deliberaciones en torno a las políticas alimentarias, agrícolas y de desarrollo rural. Habiendo introducido una alternativa viable, Vía Campesina transforma el debate internacional.
El concepto de soberanía alimentaria entró ya a círculos más oficiales. Por ejemplo, el director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés), declaró recientemente el compromiso de trabajar en asociación con organizaciones de la sociedad civil para aplicar un enfoque de soberanía alimentaria y emprender esfuerzos que liberen al mundo del hambre y la pobreza. En su informe más reciente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Informe especial sobre el derecho a la alimentación, reivindica la soberanía alimentaria como la manera de garantizar el derecho de los pueblos a comida y seguridad alimentaria.
Con agudeza, Vía Campesina está consciente de que por más revolucionarios que sean estos conceptos, con frecuencia son mal interpretados, mal usados y usurpados por aquellos en el poder. Por ejemplo, numerosas instituciones internacionales integran ahora consideraciones en torno al ambiente con la bandera de un "desarrollo sustentable". La contradicción, sin embargo, estriba en que "verdear" el discurso desarrollista ocurre dentro de los límites de un abrazo pleno a la ideología desarrollista del libre mercado, que enfatiza la extracción intensiva y extensa de recursos como solución al estancamiento económico. Las preocupaciones en torno al ambiente únicamente se "añaden" a un modelo de desarrollo muy fallido. En consecuencia, "la sustentabilidad", que originalmente se concibió como un tipo de desarrollo fundamentalmente diferente, se usa ahora para justificar toda suerte de prácticas que dañan el ambiente. A la luz de esta experiencia, es claro que Vía Campesina requiere trabajar intensamente para evitar que se usurpe la idea de la soberanía alimentaria. Para el efecto, toma ya medidas importantes y une fuerzas con muchos movimientos sociales, con ONG de pensamiento semejante, y con instituciones de investigación por todo el mundo.
De acuerdo con la organización campesina internacional, la soberanía alimentaria “requiere la protección y re-nacionalización de los mercados nacionales de alimentos, la promoción de ciclos locales de producción y consumo y la lucha por la tierra, la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, y la reforma agraria integral”. tiene como sustento el cambio del modelo productivo hacía la producción agroecológica y sustentable, sin plaguicidas y sin transgénicos, basado en el conocimiento campesino e indígena.
A la soberanía alimentaria le llegó su momento. Cientos de miles de campesinos de todo el mundo que se niegan a desaparecer ven en ella el modelo para otro tipo de desarrollo. De allí su fuerza.
Luis Hernández Navarro es coordinador de Opinión del diario la Jornada. Annette Aurélie Desmarais es profesora asociada de estudios judiciales en la Universidad de Regina, Canadá, y autora del libro La Vía Campesina
Rebelión
No hay nada más poderoso que una idea a la que llegado su tiempo, escribió el novelista francés Víctor Hugo. En la era de la la crisis alimentaria mundial más grave en décadas, le llegó su tiempo al concepto de soberanía alimentaria.
Puesta en el centro del debate político rural por Vía Campesina desde 1996, esta propuesta programática para el campo y las políticas comerciales se ha convertido, en poco tiempo, en un formidable instrumento de acción para enfrentar la hambruna y la montaña rusa de los precios agrícolas. Una propuesta que, al menos, ha tenido que ser escuchada y evaluada por estados y por organismos internacionales.
El quinto congreso internacional de Vía Campesina, celebrado en Maputo, Mozambique, entre el 16 y 23 se octubre, fue el escenario para analizar a profundidad el origen, naturaleza y repercusiones de la actual crisis alimentaria mundial, su relación con la crisis financiera, y para mostrarle al mundo el porqué la propuesta de soberanía alimentaria como la alternativa es no sólo viable sino necesaria.
Diamantino Nhampossa, dirigente de la Unión de Campesinos de Mozambique, resumió esta conclusión a la que los participantes del evento llegaron. “La causa de la crisis alimentaria que tenemos -dijo- es el modelo neoliberal y el capitalismo. No se pueden encontrar la solución a este problema dentro del mismo modelo. Como solución, nosotros proponemos el modelo de la soberanía alimentaria que promueve la agricultura familiar.” (Conferencia de Prensa, Maputo, Mozambique, 23 de octubre de 2008).
Vía Campesina
Vía Campesina es un movimiento internacional que agrupa organizaciones de campesinos, pequeños productores rurales, mujeres del campo, trabajadores agrícolas y comunidades agrarias indígenas. Participan tanto campesinos del sur como agricultores familiares del norte. En sus filas convergen asociaciones promovidas por antiguos partidos comunistas o socialistas, confederaciones libertarias, grupos cooperativistas e iniciativas ecologistas Desde su creación no ha dejado de cobrar impulso y es quizás el movimiento social rural internacional más significativo.
El origen de Vía Campesina se remonta a abril de 1992, cuando varios líderes campesinos de America Central, de Norteamérica y de Europa se reunieron en Managua, Nicaragua, en el congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). En mayo de 1993 celebraron su primera conferencia en la ciudad de Mons, Bélgica. Siete meses después organizaron una manifestación de 5 mil personas en las calles de Ginebra para protestar contra el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT).
La convergencia fue posible porque estaba entonces a punto de firmarse la ronda Uruguay y diversos líderes rurales de varios países, muchos de los cuales se habían encontrado en reuniones internacionales, coincidieron en su rechazo explícito al modelo neoliberal y en su negativa a ser excluidos de la definición de políticas agrícolas. Estaban de acuerdo también en que los enemigos a vencer eran la globalización neoliberal y las grandes trasnacionales de la industria alimentaria.
La meta principal del movimiento internacional consiste en impulsar la solidaridad y la unidad en la diversidad entre organizaciones de pequeños agricultores, para promover relaciones económicas basadas en la igualdad y la justicia social, la preservación de la tierra, la soberanía alimentaria y la producción agrícola sostenible.
En esas experiencias los líderes campesinos descubrieron que tenían mucho terreno en común. En todos lados la modernización (léase industrialización) y liberalización de la agricultura -impuestas mediante programas de ajuste estructural y acuerdos de libre comercio- conducían a una aguda crisis agrícola, a mayor degradación del ambiente, creciente disparidad y mayor empobrecimiento del campo, así como a la consolidación y concentración de las corporaciones agroempresariales. Campesinos, pequeños productores y comunidades rurales enteras desaparecían en tanto el cultivo de alimentos dejaba de ser medio de vida viable. Los líderes entendieron que más liberalización no era la solución.
Vía Campesina se agrupó en torno a objetivos comunes: rechazo explícito del modelo neoliberal de desarrollo rural y una abierta negativa a ser excluida del desarrollo de políticas agrícolas, así como una firme decisión de trabajar en unidad para dar fuerza a una voz campesina y establecer un modelo alternativo de agricultura. Consolidó la unidad y la solidaridad llamando al enemigo por su nombre: los agentes de la globalización económica y la corporativización de la agricultura.
Vía Campesina, pues, no propicia un conflicto entre campesinos del sur y granjeros del norte, sino que promueve la lucha entre dos modelos divergentes y opuestos de desarrollo económico y social. Por un lado, un modelo globalizado y neoliberal, impulsado por los grandes consorcios, en el que la agricultura se ve exclusivamente como forma de obtener ganancias y los recursos se concentran cada vez más en manos de la agroindustria. Por el otro, Vía Campesina vislumbra un mundo rural más humano, basado en el redescubrimiento de una "ética del desarrollo" que dimana de la "cultura productiva" y la "vocación productiva" de las familias del campo. La agricultura es impulsada por los labriegos, se basa en la producción campesina, utiliza recursos locales y se orienta al mercado interno.
Su objetivo primordial es construir modelos alternativos de agricultura y enfoca su actuación en la soberanía alimentaria y el comercio agrícola, la reforma agraria, los derechos de los trabajadores migratorios y los jornaleros agrícolas; el género, la biodiversidad y los recursos genéticos, los derechos humanos y los derechos de los campesinos, así como una agricultura sustentable basada en el productor.
Un número cada vez mayor de instituciones internacionales, como el Banco Mundial (BM), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable y el Foro Global de Investigación Agrícola reconocen ahora la creciente visibilidad de Vía Campesina como la voz global de los campesinos y los pequeños productores. Sin embargo, para ella la participación en encuentros patrocinados por dichas organizaciones es un asunto riesgoso, pues a menudo se utiliza para legitimar políticas y programas existentes.
Nacida de la tenaz decisión de los campesinos de seguir siendo campesinos, la organización se ha transformado en unos de los más relevantes actores del archipiélago altermundista. Resistente a una modernización que quiere prescindir de sus integrantes, se ha convertido en promotora de una modernización donde quepan todos.
Reserva de futuro
Pocos movimientos sociales en el mundo han alcanzado en los últimos años la consolidación, el crecimiento y el impacto que Vía Campesina ha conquistado. Desde su fundación se han adherido a sus filas más de 132 de organizaciones de pequeños productores rurales y trabajadores agrícolas en más de 60 países.
En una época en que los sindicatos obreros han perdido la relevancia que disfrutaron a lo largo de casi todo el siglo XX, en que la vitalidad que caracterizó a los movimientos de pobres urbanos a partir de 1970 disminuyó, en que los movimientos indígenas no han podido articular una convergencia internacional significativa más allá de la lucha por la declaración de su derechos en el marco del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, Vía Campesina ha logrado desatar un proceso de construcción de fuerzas propias muy relevante.
Es una era en que el neoliberalismo fue la ideología dominante y casi cualquier idea de emancipación se veía como una rémora del pasado, la internacional rural logró resistir el despojo de las grandes trasnacionales agroalimentarias, comenzar a cambiar la correlación de fuerzas a favor de los campesinos pobres y mantener viva la idea de que otro orden social más justo es necesario. Ubicada desde un primer momento en la primera línea de lucha contra el neoliberalismo, su proyecto es hoy marcadamente anticapitalista.
Vía Campesina es un movimiento internacional de pequeños productores familiares rurales que defiende la economía campesina, la soberanía alimentaria, los mercados locales de alimentos, el enfriamiento del planeta y la agricultura ecológica.
En pocos años logró poner lo rural en el centro de la agenda política internacional. Muchas de sus propuestas se adelantaron a su tiempo. La actual crisis mundial ha hecho evidente que sus señalamientos, vistos originalmente como utópicos, son viables.
Su propuesta ha mostrado fehacientemente la insensatez del modelo de agricultura industrializado, basado en el uso intensivo de los recursos naturales, en el petróleo y sus derivados. Sus acciones han sido de gran importancia para evitar la aprobación de la Ronda de Doha e impedir que se meta a la agricultura a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sus afiliados participaron activamente en la exitosa lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En el camino, Vía Campesina ha elaborado un rico y sofisticado análisis de la situación rural y una propuesta de acción viable. Su programa se enriquece con el paso de los años. Sus reclamos principales ganan paulatinamente presencia y prestigio en otros sectores sociales, en organismos multinacionales, e incluso en gobiernos. El concepto de soberanía alimentaria forma ya parte de las constituciones de Venezuela y Nepal, y, muy próximamente, de Bolivia.
Sus movilizaciones en contra de las semillas transgénicas y la tecnología Terminator han sido de gran relevancia. Su presión contra el programa del Banco Mundial para la reforma agraria con criterios de mercado la ha deslegitimado.
Vía Campesina ha logrado que en las instituciones internacionales que tratan asuntos rurales se escuche a los hombres y mujeres del campo. Donde antes organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos, profesionales agrícolas o intelectuales hablaban en nombre de los labriegos, ahora se escucha la voz de los de abajo.
Vía Campesina es una organización inusual. Su estilo de conducción es austero y sencillo, alejado de los privilegios que tienen los “señores de la pobreza” de las grandes fundaciones para la cooperación internacional. En sus congresos y reuniones sus dirigentes hacen cola para comer, al igual que el resto de los delegados. No disponen de comedores reservados. Descansan en los dormitorios comunes y no tienen salones VIP para despachar. Vuelan en clase económica y, cuando hay recursos para trasladar a delegados, los destinan a financiar los pasajes de las mujeres.
En Vía Campesina conviven distintas culturas políticas y organizativas de manera creativa. La que proviene de la descolonización europea en África con su herencia de lucha por la liberación nacional y contra el miedo y la vergüenza. La que busca impactar en las políticas públicas desde una tradición ciudadana y reivindica la desobediencia civil en Europa. La de la resistencia, la confrontación social y la ruta hacia el poder en América Latina. La del choque marcial disciplinado y la inmolación ejemplar en Asia. La heredera de las grandes tradiciones populistas rurales, organizadora de campañas y cabildeo legislativo en Estados Unidos y Europa.
Todas esas experiencias organizativas han logrado coexistir sin grandes conflictos, complementarse, aprender unas de las otras y crear un lenguaje común. Los encuentros de Vía Campesina son espacios para forjar nuevas instituciones, relatos, símbolos y mitos compartidos. Son un lugar para nombrar lo intolerable y celebrar lo que une y emancipa.
Sorprende la enorme cantidad de mujeres que participan en la dirección del movimiento internacional y en sus encuentros, inusitado en comparación con la composición de los organismos campesinos que la integran a escala nacional. Ello es resultado, en primer lugar, de la acción misma de las mujeres que integran el movimiento, pero también de una política deliberada de inclusión y promoción.
Vía Campesina se ha dotado de un equipo técnico de un alto nivel profesional. Multilingüe, eficaz, desideologizado, conocedor de su área de responsabilidad, abnegado, que, tiene además, el enorme mérito de no sustituir a la dirección campesina. Su aporte es discreto; su presencia pública, casi invisible.
Vía campesina es hoy una de las principales columnas vertebrales del movimiento altermundista. La prueba viviente de que los campesinos no son un lastre del pasado, sino una reserva para el futuro.
La primera crisis alimentaria
Comenzó en México como la guerra de la tortilla en enero de 2007. Se siguió a Italia como la huelga del espagueti nueve meses más tarde. Después se convirtió en alud imparable. Las protestas contra el alza en el precio de los alimentos se sucedieron en Haití, Mauritania, Yemen, Filipinas, Egipto, Bangladesh, Indonesia, Marruecos, Guinea, Mozambique, Senegal, Camerún y Burkina Faso.
La nueva hambruna se trata de un hecho global. Usualmente la escasez generalizada de alimentos se ha producido en países y regiones localizadas, ante desastres naturales, plagas o guerras. Pero ahora sucedió de manera simultánea en multitud de naciones y varios continentes.
"Nunca se había vivido una crisis como la actual. Y nosotros no la creamos", dice el hondureño Rafael Alegría. "La humanidad está amenazada, pero no por nosotros. Por el contrario, somos quienes garantizamos los alimentos. Ahora, sin embargo, es el capital financiero el que tiene el control de las cosechas. Con ellas especulan. Somos nosotros los llamados a producir la comida que hace falta. Ni los excedentes de la Unión Europea ni de Estados Unidos podrán resolver el problema." (Entrevista, Maputo, Mozambique, 20 de octubre de 2008).
Vía Campesina considera que “el mundo entero está en crisis, una crisis de dimensiones múltiples, una crisis de alimentos, de energía, del clima y de las finanzas (... ) producto del sistema capitalista y del neoliberalismo”. Una crisis que, según el indonesio Henry Saraigh, coordinador general de Vía Campesina,ha provocado el aumento del “nivel de hambre si lo comparamos con la situación de hace diez años. Hay más de 800 millones sufriendo actualmente hambre.” ( Conferencia de prensa....)
Para la organización internacional, la crisis es resultado de la combinación de diversos factores entre los que se encuentran: el aumento en la producción de agrocombustibles; la especulación financiera; la presión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y posteriormente la Organización Mundial del Comercio (OMC) a los países para disminuir su inversión en la producción alimentaria y su apoyo a los campesinos pequeños agricultores; así como las “políticas destructivas que socavaron las producciones nacionales de alimentos y obligaron a los campesinos producir cultivos comerciales para compañías multinacionales y a comprar sus alimentos de las mismas multinacionales (o a otras…) en el mercado mundial”. (Una respuesta a la Crisis Global de los Alimentos, ¡Los/as campesinos/as y pequeños agricultores pueden alimentar al mundo!, 2 de mayo de 2008)
De acuerdo con Rafael Alegría, de Honduras, integrante de la comisión coordinadora internacional (CCI) de Vía Campesina por parte de Centroamérica: “los altísimos precios que en los últimos años están sufriendo productos como el maíz, los frijoles, la soya, los de consumo popular, se deben a una gran especulación del capital y de las compañías trasnacionales que controlan los mercados. Y al abandono, desde hace más de 20 años, de políticas públicas agrícolas que impuso el modelo neoliberal que destruyó la economía campesina, desarticuló los sistemas financieros. Los estados se desentendieron de la agricultura y prácticamente hubo una desarticulación total de la mediana y pequeña agricultura. Ahora se están viviendo las consecuencias de que los pequeños y medianos agricultores fueron abandonados y sustituidos por empresas trasnacionales.” (Entrevista , Maputo, Mozambique, 22 de octubre de 2008).
Según Joan Pedro Stedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, la ofensiva del capital financiero internacional por el control de la agricultura peude resumirse en cinco puntos. Primero, por conducto de sus excedentes de capital financiero; los bancos pasaron a comprar acciones de centenares de empresas que actuaban en diferentes sectores relacionados con la agricultura. Y a partir del control de la mayor parte de las acciones, promovieron un proceso de concentración monopólica.
Segundo, mediante la dolarización de la economía mundial. Esto permitió que las trasnacionales se aprovecharan de las tasas de cambio favorables y entraran en las economías nacionales comprando fácilmente a las empresas locales dominando así los mercados productores y el comercio de los productos agrícolas.
Tercero, utilizando las reglas impuestas por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos multilaterales, que normalizaron el comercio de productos agrícolas según los intereses de las grandes empresas, y obligaron a los gobiernos serviles a la liberalización del comercio de estos productos.
Cuarto, gracias el crédito bancario. La producción agrícola, cada vez más dependiente de insumos industriales, quedó a merced de la utilización de créditos bancarios para financiar la producción. Y éstos financiaron la implantación y el dominio de la agricultura industrial en todo el mundo.
Finalmente, en la mayoría de los países los gobiernos abandonaron las políticas públicas de protección del mercado agrícola y de la economía campesina.
La organización sacó importantes lecciones de la crisis. La primera es que el mercado desregulado no solucionará el problema, sino, por el contrario, la agravará. La segunda es que los campesinos y los pequeños agricultores no se benefician con los altos precios, a diferencia de los especuladores y los comerciantes en gran escala. La tercera es que los
trabajadores agrícolas y quienes en el mundo rural no tienen acceso a la tierra, han sufrido enormemente el aumento en los precios de la comida. Lo mismo ha sucedido con los consumidores urbanos pobres. La cuarta y última lección es que el libre comercio no resolverá la crisis, sino que, por el contrario, la agravará.
La segunda crisis alimentaria
En octubre del año pasado el precio internacional de las materias primas agrícolas, exceptuando el arroz, disminuyeron. La burbuja especulativa de estos productos, iniciada en 2002, reventó. En la primera semana del décimo mes del año, la cotización del maíz en la Bolsa de Chicago pasó de un récord de 296 dólares la tonelada, alcanzado el pasado 26 de julio, a 178 dólares. El trigo cayó de un máximo de 470 dólares la tonelada, obtenido en febrero de 2008, a 235 dólares. Ello no provocó que el costo de los alimentos elaborados con ambos cereales bajara un sólo centavo para los consumidores finales.
Desde que estalló la crisis financiera en Estados Unidos sus precios en los mercados internacionales han registrado fuertes caídas. Empero, lo que las personas comunes y corrientes deben pagar por su comida es lo mismo -o más- que gastaban cuando las cotizaciones de los granos básicos se encontraba en las nubes. Los precios de los cereales han experimentado una caída media de entre 30 y 35 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, en el mes de septiembre, las cadenas minoristas en Estados Unidos aumentaron el costo de los alimentos en 7.6 por ciento. Durante los primeros seis meses del año, Nestlé, una de las más importantes empresas agroalimentarias en el mundo, incrementó los precios de sus productos en todo el mundo un 4.4 por ciento, y en América Latina el 8 por ciento. Por supuesto, ahora que las materias primas valen menos, no piensa bajar sus precios.
La caída de los precios de las materias primas agrícolas obedece a una razón fundamental: con el dolar revaluado y temiendo una disminución de la demanda de cereales por la recesión económica, los fondos de inversión se retiraron de esos mercados, empujando las cotizaciones a la baja. Las posiciones pasaron de 58 mil millones de dólares a 8 mil millones.
Probablemente, esta caída en el valor de las commodities agrícolas no supondrá un problema para muchas trasnacionales de la alimentación. En la recesión económica de la década de los setenta, compañías como General Mills y Kellog se expandieron y tuvieron un mejor desempeño bursátil.
En cambio, para los pequeños productores rurales la situación es radicalmente diferente. La mayoría de ellos no se beneficiaron de los altos precios que hasta hace poco se pagaban por los granos básicos. En ocasiones llegaron cuando sus cosechas ya estaban vendidas o debieron pagar más por el crédito, los fertilizantes, plaguicidas y combustibles. Las ganancias quedaron en manos de las grandes productores, las empresas agroalimentarias y los especulado
Según el agricultor vasco Paul Nicholson, “esta crisis va a generar en la agricultura una bajada de precios. Los costos de producción no van a bajar. Es claro que está bajando el precio del petróleo pero eso no va a repercutir en la bajada de los precios. En cambio, los precios que recibimos los productores si van a bajar. Eso ya se está viendo en el precio del maíz. El principal beneficiario va a ser el que controla toda la cadena alimentaria, que son las trasnacionales. El crédito en la agricultura, aunque sea de cosecha, es importante. Y va a haber menos dinero y menos crédito. Lo principal es que los costos de producción van a ser tremendamente altos. Las semillas, los fertilizantes. Los precios van a ser tremendamente altos y con una bajada de precios en origen para el productor eso significa la ruina para muchos en la agricultura campesina.” (Entrevista a Paul Nicholson, Maputo, Mozambique, 22 de octubre de 2008).
Contra las trasnacionales
En la conferencia de Maputo, Vía Campesina declaró la guerra a las empresas trasnacionales. Son su enemigo principal. De esta manera transitó de la crítica al neoliberalismo y la oposición a la incorporación de la agricultura en los acuerdos de libre comercio a posiciones marcadamente anticapitalistas.
"La guerra ha comenzado. Somos los campesinos contra las trasnacionales. O ellos logran sus pretensiones de robarse y controlar nuestra tierra, nuestras semillas y el agua, o nosotros resistimos hasta que se les acabe su lindo capitalismo", asegura Joao Pedro Stedile, dirigente del Movimiento sin Tierra de Brasil.
Dena Foff, representante de la Coalición de Granjeros familiares de Estados Unidos, sostiene que "en el mundo en que vivimos ya no existe duda alguna de que las corporaciones trasnacionales están compitiendo con los ciudadanos del mundo por tener el dominio del planeta, sobre sus recursos y su gobierno".
En su resolución final, la internacional campesina afirma: "En las zonas rurales del mundo, hemos visto una feroz ofensiva del capital y de las empresas trasnacionales sobre la agricultura y los bienes naturales (agua, bosques, minería, biodiversidad, tierra, etcétera), que se traduce en una guerra de despojo contra los pueblos campesinos e indígenas, utilizando pretextos falsos como los argumentos erróneos que plantean que los agrocombustibles son una solución a las crisis climáticas y energéticas, cuando la verdad es todo lo contrario. En el momento en que los pueblos ejercen sus derechos y resisten este despojo generalizado, o cuando son obligados a ingresar en los flujos migratorios, la respuesta ha sido más criminalización, más represión, más presos políticos, más asesinatos, más muros de la vergüenza y más bases militares".
La internacional campesina asume que estas corporaciones son la forma actual del capital para controlar la economía, los recursos naturales, la tierra, el agua, la biodiversidad, la producción, el comercio agrícola y la explotación del campesinado.
Las trasnacionales -dice Paul Nichoslon- están ocupando las tierras y desplazando a millones de campesinos para producir agrocombustibles. "En todo el mundo -puntualiza- les quitan las mejores tierras a los campesinos para meter agricultura industrializada. Y quieren tener el control sobre las semillas. No puede ser que por culpa de ellas comamos todos en el planeta cuatro tipos de tomate, cuando tenemos miles de variedades locales."
La lucha en el mundo campesino no es sólo contra los latifundistas, o los acaparadores, o los intermediarios, sino contra las grandes corporaciones agroalimentarias. Según Stedile: "hubo una concentración del control de la producción y del comercio mundial de productos agrícolas, por algunas pocas empresas, que dominan esos productos en todo el mundo, en especial los productos agrícolas estandarizados, como los granos o los lácteos. Además dominan toda la cadena productiva de los insumos y las máquinas utilizadas por la agricultura. Los campesinos que estaban acostumbrados a sólo luchar contra los terratenientes y contra los latifundistas ahora se transformaron en un actor principal contra el gran capital trasnacional.”
Soberanía Alimentaria: la solución a las crisis y la vida de los pueblos
Para Vía Campesina, la crisis es una oportunidad, porque “la soberanía alimentaria ofrece la única alternativa real tanto para la vida de los pueblos como para revertir las crisis.” Según sus integrantes, el desafío ha mostrado que los pequeños agricultores familiares son capaces de alimentar y enfriar el planeta. En palabras de Alberto Gómez, de México, integrante de la comisión coordinadora internacional (CCI) de Vía Campesina por parte de América del Norte: “somos una solución a los grandes problemas. Estamos en el centro en lo que es la producción de alimentos. En el centro en lo que es el cambio climático. En el centro por lo que es la crisis energética.” (Entrevista con Alberto Gómez, Maputo, Mozambique, 23 de octubre de 2008)
Joao Pedro Stedile está de acuerdo. Según él, "gracias a Dios y a que Dios sigue siendo campesino, la crisis nos abre grandes oportunidades". Es el momento no de quedarse con los brazos cruzados viendo cómo se cae el capitalismo sino de participar en su entierro.
La soberanía alimentaria enfrenta a la crisis alimentaria con producción campesina local; encara a las crisis climáticas y energéticas, atacando dos de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero: el transporte de alimentos a larga distancia y la agricultura industrializada; y, aminora una parte de la crisis financiera, al prohibir la especulación con los alimentos.
Desde que Vía Campesina introdujo por vez primera, en 1996, el concepto de soberanía alimentaria, la idea se ha diseminado muy rápido. Soberanía alimentaria es hoy un llamado a la acción para un número creciente de organizaciones de campesinos y granjeros, organismos no gubernamentales y movimientos sociales. Muchas conferencias internacionales han convenido en elaborar más el concepto, incluida la que celebró el Partido Verde del Parlamento Europeo. También es el foco de la discusión en reuniones importantes, como el Foro Social Mundial y el foro de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Cumbre Mundial Alimentaria, celebrada en junio de 2002. Pero ¿qué significa exactamente el término soberanía alimentaria?
De acuerdo con Vía Campesina, la alimentación es un derecho humano básico y "todos los pueblos y Estados deben tener el derecho a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias" para garantizar la seguridad interna en la materia y el bienestar de su población rural. En palabras de Vía Campesina, soberanía alimentaria significa que los pueblos tienen "derecho a producir su comida en su territorio" en formas que refuercen los valores culturales de los pueblos y el medio ambiente. La soberanía alimentaria significa garantizar que los campesinos, los granjeros en pequeño y las mujeres rurales tengan el derecho a contar con todos los recursos necesarios para producir comida; tener un acceso mayor a la tierra y un control mayor sobre ésta y sobre las semillas, el agua, los créditos y los mercados. La soberanía alimentaria requiere una reforma agraria genuina y de gran alcance.
Más aún, la soberanía alimentaria será posible únicamente si existe un control democrático del sistema alimentario y el reconocimiento de que "la herencia cultural y los recursos genéticos pertenecen a la humanidad". Esto significa que todas las formas de vida -incluidos plantas y animales- deben protegerse del patentamiento. También quiere decir regular los mercados mediante prácticas como el manejo del abasto y un comercio ordenado.
La soberanía alimentaria se centra en la producción de comida y en quienes de hecho trabajan la tierra. Por tanto, va más allá de cómo se entiende comúnmente la seguridad alimentaria, que implica garantizar que se produzca una cantidad adecuada de comida accesible a todos. En cambio, la soberanía alimentaria se centra en cuestiones como qué comida se produce, dónde se produce, cómo se produce y en qué escala. Vía Campesina argumenta que no puede alcanzarse una seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria.
Es claro que la soberanía alimentaria es una alternativa radical a la visión que de la agricultura se tiene en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Ahí donde los principios guías del organismo son "el derecho a exportar" a toda costa y el "derecho a importar" comida como el mejor camino de garantizar la seguridad alimentaria, la visión de una soberanía alimentaria da prioridad a la producción local para un consumo también local. No es que Vía Campesina se oponga al comercio agrícola, pero enfatiza que "la alimentación es la más primaria e importante fuente de nutrición, y sólo en segundo término un asunto de comercio". Dado que la comida es un derecho humano básico "sólo debe comerciarse con el excedente". Además, este comercio internacional "debe servir a los intereses de la sociedad", no llenar los bolsillos profundos y sin fondo de las corporaciones trasnacionales de la agroempresa. La soberanía alimentaria es simplemente imposible en el marco de la OMC.
El "desarrollo" -uno equiparado hoy con globalización y comercio- que intentaba resolver la persistencia de la pobreza y el hambre en el campo es un fracaso, y hoy la idea de soberanía alimentaria se opone con eficacia a este "desarrollo". Mediante la soberanía alimentaria, Vía Campesina nos desafía a todos a pensar más allá de los cajoncitos -premisas tecnológicas, liberalización, desregulación y privatización- que con frecuencia caracterizan las deliberaciones en torno a las políticas alimentarias, agrícolas y de desarrollo rural. Habiendo introducido una alternativa viable, Vía Campesina transforma el debate internacional.
El concepto de soberanía alimentaria entró ya a círculos más oficiales. Por ejemplo, el director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés), declaró recientemente el compromiso de trabajar en asociación con organizaciones de la sociedad civil para aplicar un enfoque de soberanía alimentaria y emprender esfuerzos que liberen al mundo del hambre y la pobreza. En su informe más reciente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Informe especial sobre el derecho a la alimentación, reivindica la soberanía alimentaria como la manera de garantizar el derecho de los pueblos a comida y seguridad alimentaria.
Con agudeza, Vía Campesina está consciente de que por más revolucionarios que sean estos conceptos, con frecuencia son mal interpretados, mal usados y usurpados por aquellos en el poder. Por ejemplo, numerosas instituciones internacionales integran ahora consideraciones en torno al ambiente con la bandera de un "desarrollo sustentable". La contradicción, sin embargo, estriba en que "verdear" el discurso desarrollista ocurre dentro de los límites de un abrazo pleno a la ideología desarrollista del libre mercado, que enfatiza la extracción intensiva y extensa de recursos como solución al estancamiento económico. Las preocupaciones en torno al ambiente únicamente se "añaden" a un modelo de desarrollo muy fallido. En consecuencia, "la sustentabilidad", que originalmente se concibió como un tipo de desarrollo fundamentalmente diferente, se usa ahora para justificar toda suerte de prácticas que dañan el ambiente. A la luz de esta experiencia, es claro que Vía Campesina requiere trabajar intensamente para evitar que se usurpe la idea de la soberanía alimentaria. Para el efecto, toma ya medidas importantes y une fuerzas con muchos movimientos sociales, con ONG de pensamiento semejante, y con instituciones de investigación por todo el mundo.
De acuerdo con la organización campesina internacional, la soberanía alimentaria “requiere la protección y re-nacionalización de los mercados nacionales de alimentos, la promoción de ciclos locales de producción y consumo y la lucha por la tierra, la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, y la reforma agraria integral”. tiene como sustento el cambio del modelo productivo hacía la producción agroecológica y sustentable, sin plaguicidas y sin transgénicos, basado en el conocimiento campesino e indígena.
A la soberanía alimentaria le llegó su momento. Cientos de miles de campesinos de todo el mundo que se niegan a desaparecer ven en ella el modelo para otro tipo de desarrollo. De allí su fuerza.
Luis Hernández Navarro es coordinador de Opinión del diario la Jornada. Annette Aurélie Desmarais es profesora asociada de estudios judiciales en la Universidad de Regina, Canadá, y autora del libro La Vía Campesina
Teotihuacan Gets Mickey-Moused
The Gods Will Be Really Angry
By JOHN ROSS
CounterPunch
The governor of Mexico state, the most populated and powerful in the Mexican union, and the early frontrunner for the once-ruling PRI party's presidential nomination in 2012, is striking a god-like pose these days. In fact Enrique Pena Nieto seeks to annex the City of the Gods - Teotihuacan - whose famed pyramids of the sun and the moon are designated by the United Nations as the patrimony of humankind, to stage a spectacular tourist-oriented light and sound show dubbed "The Splendor of Teotihuacan."
The governor's designs on the City of the Gods are universally rejected by Mexican archeologists, anthropologists, indigenous peoples, the Mexican congress, and the citizens of his own state.
A recent visit by representatives of UNESCO's Monuments & Sites Committee (ICOMOS) to inspect damages wrought upon the pyramids by Pena Nieto's contractors, has led to speculation that Teotihuacan is in danger of being removed from the roster of world heritage sites.
Teotihuacan, 45 kilometers north of Mexico City, was first settled in the second century before Christ when newly discovered underground springs attracted corn growers to the area. As the vanguard corn culture in the Americas, Teotihuacan soon became the New World's first real city with a population of 200,000. To assuage the gods and maintain the agricultural cycle in balance, the lords of Teotihuacan undertook the construction of two enormous pyramids to venerate the sun and the moon - unlike later Aztec culture, human sacrifice was practiced in moderation and a benign and prosperous civilization emerged.
But after several centuries, the water source began to play out and the carrying capacity of the land collapsed. By 600 AD, the City of the Gods, plagued by marauding Chichimecas from Mexico's wild north, was virtually abandoned and the pyramids fell into ruin. Excavation in the early 20th century and a revived interest in the nation's indigenous past rescued Teotihuacan from oblivion.
Since 1939, with the establishment of the National Institute of Anthropology and History (INAH), the City of the Gods has been transformed into Mexico's most visited ruins and one of this neighbor nation's top tourist lures. Now, to supplement the staging of his "espectaculo" at Teotihuacan, Governor Pena Nieto projects a tourist corridor to envelope the site with five-star hotels and world-class golf courses.
Opponents of the governor's plans for the City of the Gods decry extensive damage inflicted upon the pyramids by the installation of light and sound fixtures. 8000 perforations in the volcanic rock of which the pyramids are constructed to nail down the light fixtures have irreparably degraded Teotihuacan, charges INAH anthropologist Sergio Gomez, who compares the desecration to recent acid attacks on 23 two millennium-old giant Olmec heads at La Venta Tabasco by evangelical activists, at least one of whom is a U.S. citizen. The Christians claimed to have "a mandate from God" to destroy "these works of the devil." Damaging archeological sites in Mexico is a criminal offense.
Writing in the left daily La Jornada, anthropologist Javiar Arranda Luna accused Pena Nieto of entertaining the same mindset as the Talibans whose destruction of Afghanistan's ancient giant Buddahs earned worldwide reproof.
Despite the outcry, Pena Nieto's contractors continue to occupy Teotihuacan. Bowing to public pressure, construction workers removed 8000 expansive screws holding down the light fixtures, further wounding the pyramids in the process. The installation of aluminum light casings on the heights of the pyramids is seen as an eyesore and the sound reverberations from the show are expected to cause further hurt to this World Heritage site.
The script for "Splendor of Teotihuacan", written by a private contractor for the Secretary of Education that oversees the INAH, compares the building of the City of the Gods with Leggo construction. The lighting component for the spectacle has been contracted out to the Philips Corporation, which won the concession to supply the bulbs to illuminate the pyramids - Philips has even patented a "Teotihuacan"-brand light bulb. Recent test lightings of the two pyramids transformed them into what one indignant INAH worker described as "giant jukeboxes" that could be seen from as far off as 14 kilometers.
Anthropologists and archeologists who oppose the project accuse INAH director Alfonso Maria y Campo of colluding with Pena Nieto and his state tourism director Alfredo del Mazo Maza, the cousin of a powerful PRI "cacique" or political boss, to promote the governor's presidential ambitions.
Enrique Pena Nieto's availability for the presidential nomination is also being flogged by Mexico's two-headed television monopoly, Televisa and TV Azteca. The governor is currently under scrutiny by the nation's Supreme Court for having prompted extensive human rights abuses during protests at another Mexico state hot spot San Salvador Atenco May 3rd-4th 2006, during which hundreds of activists were arrested, two young protestors were killed, and a score of woman sexually abused by Mexico state and federal police.
In a message of solidarity from exile, America del Valle, the daughter of Atenco farmers' leader Ignacio del Valle who is currently serving a 112-year prison sentence as the result of the police crackdown, insisted "Enrique Pena Nieto will not pass over the City of the Gods - he has too many murders and other barbarities on his hands. The organization of the people will halt the profaning of Teotihuacan."
The unfortunately named "Splendor of Teotihuacan" is not the first time the City of the Gods has come under assault from the political and commercial interests of a Mexico state governor. In 2004, Arturo Montiel, who was eventually forced to resign amidst allegations of corruption, granted the Wal-Mart Corporation permits for a mega-store to be located in Teotihuacan's third archeological perimeter. Priceless artifacts uncovered during store construction were reportedly trucked off to a local dump and workers fired when they revealed the carnage to the press. Demonstrations by Indians and anthropologists grew heated and a police car was torched.
Similarly, Teotihuacan security forces have been deployed to suppress protests over Pena Nieto's putsch to turn the City of the Gods into what INAH workers term "Disneylandia." When the local Aztec dance troupe, Quetzalcoatl Naucampa sought to perform at the foot of the Pyramid of the Sun - Quetzalcoatl, "the Plumed Serpent" was a Teotihuacan deity – the dancers were attacked by the police who claimed that the sounding of their "caracoles" or conch-shell trumpets would "damage the monuments and annoy the tourists." The Teotihuacan police chief ordered the dancers, who were in full Aztec regalia, to go home and "change into normal clothes."
Protests against the exploitation of the City of the Gods for commercial purposes date back to the 1960s when Mexico City scholar and writer Salvador Novo led the outcry against the use of Teotihuacan for the filming of the post-Johnny Weissmuller "Tarzan In The Golden Valley" - Novo's newspaper columns led to revocation of the film crew's permits by the Interior Secretariat.
Nonetheless, during the past decade, the mercantilization of Mexico's sacred sites has been routinely blessed by the directors of the INAH and Secretary of Tourism honchos as a ploy to pump up tourist revenues. Such fabled Mayan ruins as Chichen Itza and Uzmal on the Yucatan peninsula now have light and sound "espectaculos" and are rented out for private concerts. In Chiapas, Mayan ruins at Palenque and Tonina are reportedly slated for the same treatment. An annual pop music festival at El Tajin in northern Veracruz has damaged pyramids and earned the enmity of local Totonaco Indians for whom Tajin is a sacred site. X'caret, the sacred Mayan "cenote" or fresh-water well on Quintana Roo's tourist-saturated Tulum corridor, features a hot-ticket sound and light show that has reportedly deeply degraded the site. But Pena Nieto and his cohorts remain undeterred, citing similar "espectaculos" at such world-class treasures as Angkor Wat and the Roman Coliseum as being big money spinners.
As the showdown in the City of the Gods approaches, a thousand anthropologists, cultural workers, local residents, and representatives of indigenous communities gathered February 3rd, the 70th anniversary of the INAH, at the foot of the Pyramid of the Sun and arm-in-arm surrounded the great structure in a "human embrace." If Pena Nieto and his backers fail to call off the "Splendor of Teotihuacan", INAH workers have threatened to shut down all of Mexico's 111 archeological sites and over 300 museums. The failure of the Mexico state governor and future PRI presidential candidate to heed their warning and cancel this profanation of Teotihuacan, risks the wrath of the Gods.
John Ross remains north of the border dealing with medical troubles. These dispatches will continue at ten-day periods until he returns to Mexico. Ross's "El Monstruo - True Tales of Dread & Redemption in Mexico City" will be published in late 2009 by Nation Books.
By JOHN ROSS
CounterPunch
The governor of Mexico state, the most populated and powerful in the Mexican union, and the early frontrunner for the once-ruling PRI party's presidential nomination in 2012, is striking a god-like pose these days. In fact Enrique Pena Nieto seeks to annex the City of the Gods - Teotihuacan - whose famed pyramids of the sun and the moon are designated by the United Nations as the patrimony of humankind, to stage a spectacular tourist-oriented light and sound show dubbed "The Splendor of Teotihuacan."
The governor's designs on the City of the Gods are universally rejected by Mexican archeologists, anthropologists, indigenous peoples, the Mexican congress, and the citizens of his own state.
A recent visit by representatives of UNESCO's Monuments & Sites Committee (ICOMOS) to inspect damages wrought upon the pyramids by Pena Nieto's contractors, has led to speculation that Teotihuacan is in danger of being removed from the roster of world heritage sites.
Teotihuacan, 45 kilometers north of Mexico City, was first settled in the second century before Christ when newly discovered underground springs attracted corn growers to the area. As the vanguard corn culture in the Americas, Teotihuacan soon became the New World's first real city with a population of 200,000. To assuage the gods and maintain the agricultural cycle in balance, the lords of Teotihuacan undertook the construction of two enormous pyramids to venerate the sun and the moon - unlike later Aztec culture, human sacrifice was practiced in moderation and a benign and prosperous civilization emerged.
But after several centuries, the water source began to play out and the carrying capacity of the land collapsed. By 600 AD, the City of the Gods, plagued by marauding Chichimecas from Mexico's wild north, was virtually abandoned and the pyramids fell into ruin. Excavation in the early 20th century and a revived interest in the nation's indigenous past rescued Teotihuacan from oblivion.
Since 1939, with the establishment of the National Institute of Anthropology and History (INAH), the City of the Gods has been transformed into Mexico's most visited ruins and one of this neighbor nation's top tourist lures. Now, to supplement the staging of his "espectaculo" at Teotihuacan, Governor Pena Nieto projects a tourist corridor to envelope the site with five-star hotels and world-class golf courses.
Opponents of the governor's plans for the City of the Gods decry extensive damage inflicted upon the pyramids by the installation of light and sound fixtures. 8000 perforations in the volcanic rock of which the pyramids are constructed to nail down the light fixtures have irreparably degraded Teotihuacan, charges INAH anthropologist Sergio Gomez, who compares the desecration to recent acid attacks on 23 two millennium-old giant Olmec heads at La Venta Tabasco by evangelical activists, at least one of whom is a U.S. citizen. The Christians claimed to have "a mandate from God" to destroy "these works of the devil." Damaging archeological sites in Mexico is a criminal offense.
Writing in the left daily La Jornada, anthropologist Javiar Arranda Luna accused Pena Nieto of entertaining the same mindset as the Talibans whose destruction of Afghanistan's ancient giant Buddahs earned worldwide reproof.
Despite the outcry, Pena Nieto's contractors continue to occupy Teotihuacan. Bowing to public pressure, construction workers removed 8000 expansive screws holding down the light fixtures, further wounding the pyramids in the process. The installation of aluminum light casings on the heights of the pyramids is seen as an eyesore and the sound reverberations from the show are expected to cause further hurt to this World Heritage site.
The script for "Splendor of Teotihuacan", written by a private contractor for the Secretary of Education that oversees the INAH, compares the building of the City of the Gods with Leggo construction. The lighting component for the spectacle has been contracted out to the Philips Corporation, which won the concession to supply the bulbs to illuminate the pyramids - Philips has even patented a "Teotihuacan"-brand light bulb. Recent test lightings of the two pyramids transformed them into what one indignant INAH worker described as "giant jukeboxes" that could be seen from as far off as 14 kilometers.
Anthropologists and archeologists who oppose the project accuse INAH director Alfonso Maria y Campo of colluding with Pena Nieto and his state tourism director Alfredo del Mazo Maza, the cousin of a powerful PRI "cacique" or political boss, to promote the governor's presidential ambitions.
Enrique Pena Nieto's availability for the presidential nomination is also being flogged by Mexico's two-headed television monopoly, Televisa and TV Azteca. The governor is currently under scrutiny by the nation's Supreme Court for having prompted extensive human rights abuses during protests at another Mexico state hot spot San Salvador Atenco May 3rd-4th 2006, during which hundreds of activists were arrested, two young protestors were killed, and a score of woman sexually abused by Mexico state and federal police.
In a message of solidarity from exile, America del Valle, the daughter of Atenco farmers' leader Ignacio del Valle who is currently serving a 112-year prison sentence as the result of the police crackdown, insisted "Enrique Pena Nieto will not pass over the City of the Gods - he has too many murders and other barbarities on his hands. The organization of the people will halt the profaning of Teotihuacan."
The unfortunately named "Splendor of Teotihuacan" is not the first time the City of the Gods has come under assault from the political and commercial interests of a Mexico state governor. In 2004, Arturo Montiel, who was eventually forced to resign amidst allegations of corruption, granted the Wal-Mart Corporation permits for a mega-store to be located in Teotihuacan's third archeological perimeter. Priceless artifacts uncovered during store construction were reportedly trucked off to a local dump and workers fired when they revealed the carnage to the press. Demonstrations by Indians and anthropologists grew heated and a police car was torched.
Similarly, Teotihuacan security forces have been deployed to suppress protests over Pena Nieto's putsch to turn the City of the Gods into what INAH workers term "Disneylandia." When the local Aztec dance troupe, Quetzalcoatl Naucampa sought to perform at the foot of the Pyramid of the Sun - Quetzalcoatl, "the Plumed Serpent" was a Teotihuacan deity – the dancers were attacked by the police who claimed that the sounding of their "caracoles" or conch-shell trumpets would "damage the monuments and annoy the tourists." The Teotihuacan police chief ordered the dancers, who were in full Aztec regalia, to go home and "change into normal clothes."
Protests against the exploitation of the City of the Gods for commercial purposes date back to the 1960s when Mexico City scholar and writer Salvador Novo led the outcry against the use of Teotihuacan for the filming of the post-Johnny Weissmuller "Tarzan In The Golden Valley" - Novo's newspaper columns led to revocation of the film crew's permits by the Interior Secretariat.
Nonetheless, during the past decade, the mercantilization of Mexico's sacred sites has been routinely blessed by the directors of the INAH and Secretary of Tourism honchos as a ploy to pump up tourist revenues. Such fabled Mayan ruins as Chichen Itza and Uzmal on the Yucatan peninsula now have light and sound "espectaculos" and are rented out for private concerts. In Chiapas, Mayan ruins at Palenque and Tonina are reportedly slated for the same treatment. An annual pop music festival at El Tajin in northern Veracruz has damaged pyramids and earned the enmity of local Totonaco Indians for whom Tajin is a sacred site. X'caret, the sacred Mayan "cenote" or fresh-water well on Quintana Roo's tourist-saturated Tulum corridor, features a hot-ticket sound and light show that has reportedly deeply degraded the site. But Pena Nieto and his cohorts remain undeterred, citing similar "espectaculos" at such world-class treasures as Angkor Wat and the Roman Coliseum as being big money spinners.
As the showdown in the City of the Gods approaches, a thousand anthropologists, cultural workers, local residents, and representatives of indigenous communities gathered February 3rd, the 70th anniversary of the INAH, at the foot of the Pyramid of the Sun and arm-in-arm surrounded the great structure in a "human embrace." If Pena Nieto and his backers fail to call off the "Splendor of Teotihuacan", INAH workers have threatened to shut down all of Mexico's 111 archeological sites and over 300 museums. The failure of the Mexico state governor and future PRI presidential candidate to heed their warning and cancel this profanation of Teotihuacan, risks the wrath of the Gods.
John Ross remains north of the border dealing with medical troubles. These dispatches will continue at ten-day periods until he returns to Mexico. Ross's "El Monstruo - True Tales of Dread & Redemption in Mexico City" will be published in late 2009 by Nation Books.
"La APPO debe reconstruir la confianza y la credibilidad"
Entrevista a Doctora Berta, militante y periodista oxaqueña
Revolucionemos Oaxaca
Desde su regreso del exilio a Oaxaca, la Doctora Berta ha realizado reuniones abiertas con personas que participaron en el movimiento social del 2006, para exponer colectivamente un análisis sobre la APPO y sus posibles rumbos. En entrevista, la Doctora habló sobre la impotencia y desilución que ha observado en las reuniones que ha realizado y sobre la perspectiva que tiene de la APPO y su reorganización.
¿Cuál es su situación legal actualmente?
La semana pasada me dieron un amparo definitivo, sin embargo no es garantía de nada porque pueden recalificarme los cargos, es decir, cambiales de nombre y sacar otra orden de aprehensión.
¿Cómo observó el movimiento social cuando regresó a Oaxaca?
De todos los miles que participaron en el 2006 (lógico), ahora no hay ni la décima parte ¿Por qué? pues es simple. Primero el miedo, porque además hay acciones de represión, de amedrentamiento, si bien ya no son como en el 2006 y parte del 2007, siguen ahí. Han ultra armado a la policía, andan patrullando por todos lados, como si siguiéramos viviendo en un estado de sitio. Por otro lado, está la desilusión, el hecho que existiera una movilización de tal magnitud como la que hubo, que el movimiento se haya sostenido durante tantos meses y que no se haya tirado al desgobernador, con toda esa fuerza que teníamos, pues la gente se decepcionó y lo que dicen es – ya ven, no logramos nada, para qué le seguimos, lo único que logramos fueron presos, muertos y gente que siempre quiere sacar provecho de esto. También hay desconfianza, la gente ve la desorganización, las personas no están respondiendo como antes, un cambio llevará tiempo, e implicará un trabajo constante de las comunidades, de las colonias, barrios, para volver nuevamente a tener credibilidad y a crear confianza.
¿Qué camino debería empreder el movimiento social, es decir, cómo se debería reorganizar?
La realidad es que se tiene que empezar de abajo, no de arriba para abajo, sino de las colonias, barrios y comunidades. Cada colonia tiene sus propios problemas y es con base en esas necesidades, es que se tiene que empezar a trabajar. Además hay mucha desconfianza hacia muchas organizaciones políticas, y eso hace que la gente se margine, entonces tiene que ser la misma gente desde su lugar, la que tiene que empezar a organizarse.
¿Cuál es su percepción sobre la gente con la que se ha reunido los domingos?
La impotencia y la desilusión.
¿Es posible dejar atrás esa desilusión y volver a construir algo?
Yo creo que sí, pero con honestidad, y la gente percibe esto, la gente está decidiendo quiénes son honestos y quiénes no. Como cuando alguien dice - yo soy zapatista - y quiere formar un nuevo partido político, pues eso va contra el zapatismo. Un problema a nivel mundial, es que la gente busca un caudillo, un líder, un dirigente y no se trata de eso. Nos hemos cansado de decir que el movimiento es de bases y a la hora de la práctica, muchos compañeros-ras, andan buscando un dirigente y no es por ahí el camino. Los domingos, hablamos de los sentimientos, porque no hay que olvidar que al final de cuentas la mayoría de la gente que llegamos al movimiento del 2006, llegamos con los sentimientos, con el corazón por delante, no lo pensamos. Mucho de la decepción, del miedo, son sentimientos y hay que tratar de sacar todo eso a flote.
¿Cómo lograr que las personas que participaron en el 2006 y que se alejaron por decepción, regresen al movimiento y logren su auto representación, como por ejemplo en el reciente Congreso de la APPO?
Primero se tienen que organizar en su colonias, barrios, en su núcleo, ahí es donde se debe volver a crearse la confianza, una vez que se logre esto, ellos-ellas decidirán cómo participan, es decisión de ellos-ellas. Nadie, de fuera, tienen que decirle qué deben hacer. Si la gente decide mandar un representante lo hará, pero cada lugar decidirá cómo tomar sus decisiones. Lo primero es construir la confianza, la credibilidad en ellos mismos, eso es algo que está roto.
En este momento, ¿Qué opción considera para que exista un cambio social en el país?
Siempre he pensado que los cambios son de abajo, no de abajo hacia arriba, y que son las personas como una unidad, las que tienen que decidir. Así como nuestros pueblos indígenas lograron que se respetara su derecho de usos y costumbres y de nombrar a sus autoridades a través de una Asamblea, pues así, cada comunidad cada barrio tiene que decidir, pero la base es la organización, la disciplina y la unidad. Si hay una comunidad o barrio que dice - queremos el camino electoral, es su decisión, pero cada uno debe tomar su propia decisión, porque cada lugar es diferente, las circunstancias son diferentes.
La doctora Berta realiza las reuniones de análisis sobre la APPO, todos los domingos a las 12 del día, a un costado del Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. Y conduce el programa De Ficciones y Realidades, a través de la señal de Radio Plantón, de lunes a viernes, a partir de las 7pm.
Revolucionemos Oaxaca
Desde su regreso del exilio a Oaxaca, la Doctora Berta ha realizado reuniones abiertas con personas que participaron en el movimiento social del 2006, para exponer colectivamente un análisis sobre la APPO y sus posibles rumbos. En entrevista, la Doctora habló sobre la impotencia y desilución que ha observado en las reuniones que ha realizado y sobre la perspectiva que tiene de la APPO y su reorganización.
¿Cuál es su situación legal actualmente?
La semana pasada me dieron un amparo definitivo, sin embargo no es garantía de nada porque pueden recalificarme los cargos, es decir, cambiales de nombre y sacar otra orden de aprehensión.
¿Cómo observó el movimiento social cuando regresó a Oaxaca?
De todos los miles que participaron en el 2006 (lógico), ahora no hay ni la décima parte ¿Por qué? pues es simple. Primero el miedo, porque además hay acciones de represión, de amedrentamiento, si bien ya no son como en el 2006 y parte del 2007, siguen ahí. Han ultra armado a la policía, andan patrullando por todos lados, como si siguiéramos viviendo en un estado de sitio. Por otro lado, está la desilusión, el hecho que existiera una movilización de tal magnitud como la que hubo, que el movimiento se haya sostenido durante tantos meses y que no se haya tirado al desgobernador, con toda esa fuerza que teníamos, pues la gente se decepcionó y lo que dicen es – ya ven, no logramos nada, para qué le seguimos, lo único que logramos fueron presos, muertos y gente que siempre quiere sacar provecho de esto. También hay desconfianza, la gente ve la desorganización, las personas no están respondiendo como antes, un cambio llevará tiempo, e implicará un trabajo constante de las comunidades, de las colonias, barrios, para volver nuevamente a tener credibilidad y a crear confianza.
¿Qué camino debería empreder el movimiento social, es decir, cómo se debería reorganizar?
La realidad es que se tiene que empezar de abajo, no de arriba para abajo, sino de las colonias, barrios y comunidades. Cada colonia tiene sus propios problemas y es con base en esas necesidades, es que se tiene que empezar a trabajar. Además hay mucha desconfianza hacia muchas organizaciones políticas, y eso hace que la gente se margine, entonces tiene que ser la misma gente desde su lugar, la que tiene que empezar a organizarse.
¿Cuál es su percepción sobre la gente con la que se ha reunido los domingos?
La impotencia y la desilusión.
¿Es posible dejar atrás esa desilusión y volver a construir algo?
Yo creo que sí, pero con honestidad, y la gente percibe esto, la gente está decidiendo quiénes son honestos y quiénes no. Como cuando alguien dice - yo soy zapatista - y quiere formar un nuevo partido político, pues eso va contra el zapatismo. Un problema a nivel mundial, es que la gente busca un caudillo, un líder, un dirigente y no se trata de eso. Nos hemos cansado de decir que el movimiento es de bases y a la hora de la práctica, muchos compañeros-ras, andan buscando un dirigente y no es por ahí el camino. Los domingos, hablamos de los sentimientos, porque no hay que olvidar que al final de cuentas la mayoría de la gente que llegamos al movimiento del 2006, llegamos con los sentimientos, con el corazón por delante, no lo pensamos. Mucho de la decepción, del miedo, son sentimientos y hay que tratar de sacar todo eso a flote.
¿Cómo lograr que las personas que participaron en el 2006 y que se alejaron por decepción, regresen al movimiento y logren su auto representación, como por ejemplo en el reciente Congreso de la APPO?
Primero se tienen que organizar en su colonias, barrios, en su núcleo, ahí es donde se debe volver a crearse la confianza, una vez que se logre esto, ellos-ellas decidirán cómo participan, es decisión de ellos-ellas. Nadie, de fuera, tienen que decirle qué deben hacer. Si la gente decide mandar un representante lo hará, pero cada lugar decidirá cómo tomar sus decisiones. Lo primero es construir la confianza, la credibilidad en ellos mismos, eso es algo que está roto.
En este momento, ¿Qué opción considera para que exista un cambio social en el país?
Siempre he pensado que los cambios son de abajo, no de abajo hacia arriba, y que son las personas como una unidad, las que tienen que decidir. Así como nuestros pueblos indígenas lograron que se respetara su derecho de usos y costumbres y de nombrar a sus autoridades a través de una Asamblea, pues así, cada comunidad cada barrio tiene que decidir, pero la base es la organización, la disciplina y la unidad. Si hay una comunidad o barrio que dice - queremos el camino electoral, es su decisión, pero cada uno debe tomar su propia decisión, porque cada lugar es diferente, las circunstancias son diferentes.
La doctora Berta realiza las reuniones de análisis sobre la APPO, todos los domingos a las 12 del día, a un costado del Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. Y conduce el programa De Ficciones y Realidades, a través de la señal de Radio Plantón, de lunes a viernes, a partir de las 7pm.
Ruining Young Lives for Profit
Pennsylvania's Kickback Judges
By NICOLE COLSON
CounterPunch
"I felt like I had been thrown into some surreal sort of nightmare. All I wanted to know was how this could be fair, and why the judge would do such a thing."
Hillary Transue had good reason to question how the judge overseeing her case could have to come to the decision he did.
In 2007, after a hearing lasting just 90 seconds, the 17-year-old found herself hauled away from court in handcuffs and thrown into a juvenile detention center. She was sentenced to three months for the crime of harassment after she created a mock site on the social networking Web site MySpace that made fun of the assistant principal at her high school.
The sentence was incredibly harsh considering that Hillary was a stellar student who had never been in trouble before--and that she put a disclaimer on the site itself stating that it was a joke.
But now, it's clear why Hillary and hundreds of other kids like her received sentences in a juvenile detention center that were totally disproportionate to their crime.
In a word: money.
Earlier this month, two Luzerne County, Pa., judges--Mark Ciavarella Jr. and Michael Conahan--pled guilty to taking $2.6 million in kickbacks in exchange for throwing juveniles into two for-profit private detention centers, PA Child Care and a sister company, Western PA Child Care. Under a plea agreement, both judges will serve 87 months in federal prison and be disbarred.
BEGINNING IN late 2002, Conahan, as the president judge in control of the budget, and Ciavarella, overseeing the juvenile courts, moved to close the county-run juvenile detention center, arguing that it was run-down. They argued that the county had no choice but to send juveniles to the then newly built PA Child Care and Western PA Child Care.
The two facilities, according to the Pittsburgh Post-Gazette, "are [partially] owned by Greg Zappala, brother of Allegheny County District Attorney Stephen A. Zappala Jr. and son of former state Supreme Court Chief Justice Stephen A. Zappala Sr."
Conahan apparently secured contracts worth tens of millions of dollars for the two facilities to house juveniles, while Ciavarella made sure the centers stayed full--by railroading vulnerable teens into the centers after trials that sometimes lasted just a minute or two.
In the state of Pennsylvania, juvenile proceedings are closed to the public, and teens can waive their right to counsel at trial. It appears as though some of those who appeared in front of Ciavarella unknowingly waived their right to counsel--only to find themselves suddenly locked up after the abbreviated hearings.
In one case, a 17-year-old who stole a bottle of nutmeg appeared without a lawyer before Ciavarella--and ended up spending more than seven months at three different detention facilities.
Jamie Quinn, was sent away to PA Child Care and several other detention centers for 11 months when she was just 14 years old, after she got in a fight with a friend, and they both slapped each other. "[A]ll that happened was just a basic fight," Quinn told Democracy Now's Amy Goodman. "She slapped me in the face, and I did the same thing back. There [were] no marks, no witnesses, nothing. It was just her word against my word."
The effect on her life was devastating. "People looked at me different when I came out, thought I was a bad person, because I was gone for so long," Quinn said. "My family started splitting up...because I was away and got locked up. I'm still struggling in school, because the schooling system in facilities like these places is just horrible."
While in detention, Quinn was forced to take medication and began to suffer depression. She resorted to cutting herself. "I was never depressed," she said. "I was never put on meds before. I went there, and they just started putting meds on me, and I didn't even know what they were. They said if I didn't take them, I wasn't following my program."
Jesse Miers appeared before Ciavarella when he was 17. He had tried to return a stolen gun after seeing a friend's 13-year-old brother wave it around. When he couldn't find the owner, he turned the gun over to his boss, who later handed it over to police.
A year later, Miers was a passenger in a car that was pulled over for a moving violation--and when police checked his name, he was surprised to find he had a warrant for his arrest. Though Miers says he asked for a public defender, none was present at his hearing in front of Judge Ciavarella.
Because he had heard of Ciavarella's reputation for not letting defendants have a chance to speak, Miers asked to be allowed to write a letter to the judge. "I wanted to state my case, but they only gave me five minutes to write it, and the judge didn't even read it anyway," Miers said.
"I had maybe 45 seconds in front of [Ciavarella]," he told the Post-Gazette. "He just said 'Remand him,' and they put me in shackles. I was shackled for 13 hours while I waited for them to take me" in a van from the Luzerne County Courthouse to the juvenile detention center in Allegheny Township, 270 miles away from his home.
ACCORDING TO the New York Times, youth advocates had been raising concerns about Ciavarella for years. Between 2002 and 2006, Ciavarella sent juvenile defendants to detention centers at 2.5 times greater rate than the state average. Fully a quarter of the children who appeared before him were locked away, and he routinely ignored pleas for leniency, even when they came from prosecutors and court probation officers.
In all, some 5,000 juveniles were sentenced by Ciavarella since the kickback scheme began in 2003. As the Times noted, "Many of them were first-time offenders and some remain in detention."
Moreover, when the Pennsylvania-based Juvenile Law Center began investigating after being contacted by Hillary Transue's mother, it found that Luzerne County had half of all waivers of counsel by young people in juvenile court in Pennsylvania. Despite the fact that the juvenile court in Luzerne County processes about 1,200 juvenile defendants a year, there is just one public defender on staff for juveniles.
"I've never encountered, and I don't think that we will in our lifetimes, a case where literally thousands of kids' lives were just tossed aside in order for a couple of judges to make some money," Marsha Levick, an attorney with the Juvenile Law Center, told the Associated Press.
Clay Yeager, the former director of the Office of Juvenile Justice in Pennsylvania, told the Times that Ciavarella and Conahan shouldn't have gotten away with railroading kids for as long as they did.
Although juvenile hearings are usually kept closed to the public, "they are kept open to probation officers, district attorneys and public defenders, all of whom are sworn to protect the interests of children," said Yeager. "It's pretty clear those people didn't do their jobs."
While both Ciavarella and Conahan are now headed to federal prison, the case exposes the way in which the trend towards privatization in the U.S. prison system has made money for some, at the expense of justice.
For-profit privatized prisons have become commonplace around the U.S. since the 1980s, when an explosion in the prison population due to the "war on drugs" left state facilities overcrowded. Today, corporations like GEO Group, Corrections Corporation of America and others run private facilities that promise to house prisoners for less than states are able to--by paying guards lower wages and fewer benefits, and cutting costs on inmate housing and care.
Whether anyone affiliated with PA Child Care or Western PA Child Care will face punishment for their role in locking up thousands of kids remains to be seen. So far, no official from either detention center has been charged with any crime. In fact, a letter sent last week from U.S. Attorney Martin Carlson to attorneys for the two detention centers stated that their corporate clients aren't the target of a probe and won't be indicted by a grand jury.
Although two class-action lawsuits have been filed on behalf of the teens who were wrongfully imprisoned, real justice won't be served as long as PA Child Care and other detention centers like it are allowed to remain open--and as long as the U.S. justice system is set up to prioritize profit over the lives of young people.
Nicole Colson lives in Chicago, where she works as a reporter for the Socialist Worker.
By NICOLE COLSON
CounterPunch
"I felt like I had been thrown into some surreal sort of nightmare. All I wanted to know was how this could be fair, and why the judge would do such a thing."
Hillary Transue had good reason to question how the judge overseeing her case could have to come to the decision he did.
In 2007, after a hearing lasting just 90 seconds, the 17-year-old found herself hauled away from court in handcuffs and thrown into a juvenile detention center. She was sentenced to three months for the crime of harassment after she created a mock site on the social networking Web site MySpace that made fun of the assistant principal at her high school.
The sentence was incredibly harsh considering that Hillary was a stellar student who had never been in trouble before--and that she put a disclaimer on the site itself stating that it was a joke.
But now, it's clear why Hillary and hundreds of other kids like her received sentences in a juvenile detention center that were totally disproportionate to their crime.
In a word: money.
Earlier this month, two Luzerne County, Pa., judges--Mark Ciavarella Jr. and Michael Conahan--pled guilty to taking $2.6 million in kickbacks in exchange for throwing juveniles into two for-profit private detention centers, PA Child Care and a sister company, Western PA Child Care. Under a plea agreement, both judges will serve 87 months in federal prison and be disbarred.
* * *
BEGINNING IN late 2002, Conahan, as the president judge in control of the budget, and Ciavarella, overseeing the juvenile courts, moved to close the county-run juvenile detention center, arguing that it was run-down. They argued that the county had no choice but to send juveniles to the then newly built PA Child Care and Western PA Child Care.
The two facilities, according to the Pittsburgh Post-Gazette, "are [partially] owned by Greg Zappala, brother of Allegheny County District Attorney Stephen A. Zappala Jr. and son of former state Supreme Court Chief Justice Stephen A. Zappala Sr."
Conahan apparently secured contracts worth tens of millions of dollars for the two facilities to house juveniles, while Ciavarella made sure the centers stayed full--by railroading vulnerable teens into the centers after trials that sometimes lasted just a minute or two.
In the state of Pennsylvania, juvenile proceedings are closed to the public, and teens can waive their right to counsel at trial. It appears as though some of those who appeared in front of Ciavarella unknowingly waived their right to counsel--only to find themselves suddenly locked up after the abbreviated hearings.
In one case, a 17-year-old who stole a bottle of nutmeg appeared without a lawyer before Ciavarella--and ended up spending more than seven months at three different detention facilities.
Jamie Quinn, was sent away to PA Child Care and several other detention centers for 11 months when she was just 14 years old, after she got in a fight with a friend, and they both slapped each other. "[A]ll that happened was just a basic fight," Quinn told Democracy Now's Amy Goodman. "She slapped me in the face, and I did the same thing back. There [were] no marks, no witnesses, nothing. It was just her word against my word."
The effect on her life was devastating. "People looked at me different when I came out, thought I was a bad person, because I was gone for so long," Quinn said. "My family started splitting up...because I was away and got locked up. I'm still struggling in school, because the schooling system in facilities like these places is just horrible."
While in detention, Quinn was forced to take medication and began to suffer depression. She resorted to cutting herself. "I was never depressed," she said. "I was never put on meds before. I went there, and they just started putting meds on me, and I didn't even know what they were. They said if I didn't take them, I wasn't following my program."
Jesse Miers appeared before Ciavarella when he was 17. He had tried to return a stolen gun after seeing a friend's 13-year-old brother wave it around. When he couldn't find the owner, he turned the gun over to his boss, who later handed it over to police.
A year later, Miers was a passenger in a car that was pulled over for a moving violation--and when police checked his name, he was surprised to find he had a warrant for his arrest. Though Miers says he asked for a public defender, none was present at his hearing in front of Judge Ciavarella.
Because he had heard of Ciavarella's reputation for not letting defendants have a chance to speak, Miers asked to be allowed to write a letter to the judge. "I wanted to state my case, but they only gave me five minutes to write it, and the judge didn't even read it anyway," Miers said.
"I had maybe 45 seconds in front of [Ciavarella]," he told the Post-Gazette. "He just said 'Remand him,' and they put me in shackles. I was shackled for 13 hours while I waited for them to take me" in a van from the Luzerne County Courthouse to the juvenile detention center in Allegheny Township, 270 miles away from his home.
* * *
ACCORDING TO the New York Times, youth advocates had been raising concerns about Ciavarella for years. Between 2002 and 2006, Ciavarella sent juvenile defendants to detention centers at 2.5 times greater rate than the state average. Fully a quarter of the children who appeared before him were locked away, and he routinely ignored pleas for leniency, even when they came from prosecutors and court probation officers.
In all, some 5,000 juveniles were sentenced by Ciavarella since the kickback scheme began in 2003. As the Times noted, "Many of them were first-time offenders and some remain in detention."
Moreover, when the Pennsylvania-based Juvenile Law Center began investigating after being contacted by Hillary Transue's mother, it found that Luzerne County had half of all waivers of counsel by young people in juvenile court in Pennsylvania. Despite the fact that the juvenile court in Luzerne County processes about 1,200 juvenile defendants a year, there is just one public defender on staff for juveniles.
"I've never encountered, and I don't think that we will in our lifetimes, a case where literally thousands of kids' lives were just tossed aside in order for a couple of judges to make some money," Marsha Levick, an attorney with the Juvenile Law Center, told the Associated Press.
Clay Yeager, the former director of the Office of Juvenile Justice in Pennsylvania, told the Times that Ciavarella and Conahan shouldn't have gotten away with railroading kids for as long as they did.
Although juvenile hearings are usually kept closed to the public, "they are kept open to probation officers, district attorneys and public defenders, all of whom are sworn to protect the interests of children," said Yeager. "It's pretty clear those people didn't do their jobs."
While both Ciavarella and Conahan are now headed to federal prison, the case exposes the way in which the trend towards privatization in the U.S. prison system has made money for some, at the expense of justice.
For-profit privatized prisons have become commonplace around the U.S. since the 1980s, when an explosion in the prison population due to the "war on drugs" left state facilities overcrowded. Today, corporations like GEO Group, Corrections Corporation of America and others run private facilities that promise to house prisoners for less than states are able to--by paying guards lower wages and fewer benefits, and cutting costs on inmate housing and care.
Whether anyone affiliated with PA Child Care or Western PA Child Care will face punishment for their role in locking up thousands of kids remains to be seen. So far, no official from either detention center has been charged with any crime. In fact, a letter sent last week from U.S. Attorney Martin Carlson to attorneys for the two detention centers stated that their corporate clients aren't the target of a probe and won't be indicted by a grand jury.
Although two class-action lawsuits have been filed on behalf of the teens who were wrongfully imprisoned, real justice won't be served as long as PA Child Care and other detention centers like it are allowed to remain open--and as long as the U.S. justice system is set up to prioritize profit over the lives of young people.
Nicole Colson lives in Chicago, where she works as a reporter for the Socialist Worker.
Exigen Cancelar Luz y Sonido en las Pirámides de Teotihuacan
ANSA
Cientos de personas protestaron dentro de la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán y exigieron cancelar el proyecto de luz y sonido en ese centro ceremonial prehispánico. Empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), estudiantes y lugareños formaron una valla humana con la que rodearon tres de los lados de la Pirámide del Sol, el más grande e importante basamento de ese centro arqueológico.
Los manifestantes lanzaron consignas contra los gobiernos federal y en particular del estado de México, al que acusaron de promover un proyecto que afecta la conservación de esos vestigios construidos en el 200 DC. Alrededor de 800 personas participaron en la protesta en la que el diputado Alfonso Suárez, del centroizquierdista Partido Revolucionario Institucional (PRD), fue el orador principal en ese centro arqueológico ubicado a 48 kilómetros de la capital mexicana. "(Enrique) Peña Nieto entiende Teotihuacán no se vende", gritaron los manifestantes en referencia al gobernador del estado de México al que acusan de afectar ese patrimonio mundial en aras de comercializarlo con un "show multimedia". MCC
Cientos de personas protestaron dentro de la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán y exigieron cancelar el proyecto de luz y sonido en ese centro ceremonial prehispánico. Empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), estudiantes y lugareños formaron una valla humana con la que rodearon tres de los lados de la Pirámide del Sol, el más grande e importante basamento de ese centro arqueológico.
Los manifestantes lanzaron consignas contra los gobiernos federal y en particular del estado de México, al que acusaron de promover un proyecto que afecta la conservación de esos vestigios construidos en el 200 DC. Alrededor de 800 personas participaron en la protesta en la que el diputado Alfonso Suárez, del centroizquierdista Partido Revolucionario Institucional (PRD), fue el orador principal en ese centro arqueológico ubicado a 48 kilómetros de la capital mexicana. "(Enrique) Peña Nieto entiende Teotihuacán no se vende", gritaron los manifestantes en referencia al gobernador del estado de México al que acusan de afectar ese patrimonio mundial en aras de comercializarlo con un "show multimedia". MCC
The Judge Who Ruled Marijuana is Medicine
Pot Shots
By FRED GARDNER
CounterPunch
Most drug-policy-reform advocates know the name of Judge Francis Young and many can quote a line from his 1988 recommendation that the DEA remove marijuana from Schedule One: "Marijuana is one of the safest therapeutically active substances known to man."
Few if any activists know the name of Judge James A. Washington. And whereas Judge Young's recommendation was rejected by the DEA, Judge Washington's decision in United States v. Robert Randall had an actual and significant impact.
Randall, who faced blindness from glaucoma in his late 20s, would be the first patient to get marijuana from the federal government under an "investigational new drug" protocol. Some 30 other people with serious illnesses followed Randall into the IND program, which was closed to new patients in 1991. Four surviving patients receive federal cannabis to this day.
US v Randall was tried by Judge Washington in Washington, DC, Superior Court, over the course of two days in July, 1976. The prosecutor was Assistant US Attorney Richard Stolker. Randall's attorney John Karr recalled in a recent interview, "Judge Washington had been dean of the Howard University Law School before his appointment to the bench and I knew him to be extremely intelligent and compassionate. A non-jury trial was fine with me."
Randall relied on a "medical necessity" argument, which Karr summarized as: "faced with a choice of certain blindness or using marijuana to save your sight, a reasonable person would use marijuana."
The key witness was Robert Hepler, MD, a UCLA opthalmologist who had monitored Randall's use of all the pharmaceutical drugs then used to treat glaucoma, and confirmed that only marijuana could stop the progression to blindness.
Here are the facts as recounted by Judge Washington in his decision:
John Karr recalls: "Judge Washington was very careful. After the prosecutor had conducted his examination and I had conducted the cross-examination, he would conduct his own inquiries. It was apparent that he had read all the material we had put together on the history of marijuana as medicine. In his decision he referred to the 1937 Congressional hearings that led to the Prohibition, and a number of recent studies and reports."
"This is a case of first impression in this jurisdiction," wrote Judge Washington in his decision, "one which raises significant issues. Consequently, the Court recognizes its responsibility to set forth clearly and in some depth its understanding of the applicable law."
Citing case law, Washington concluded that "the common law recognizes the defense of necessity in criminal cases... where the actor is compelled by external circumstances to perform the illegal act." He listed three exceptions. The necessity defense cannot be used when "1) The duress or circumstance has been brought about by the actor himself; 2) The same objective could have been accomplished by a less offensive alternative which was available to the actor; or 3) The evil sought to be averted was less heinous than that performed to avoid it."
The first two exceptions clearly don't apply in US v. Randall, wrote Washington:
How's that for a soundbite? Washington's decision continued:
Judge Washington could have ended his decision at this point, but he went on to assert its applicability to other necessity-defense cases. He projected and refuted an argument that would deny the necessity defense based on the literal wording of the DC Code section, which makes no reference to extenuating circumstances. He also discussed whether a defendant should have to prove necessity "beyond a reasonable doubt" and concluded that "by a preponderance of the evidence" was sufficient.
As John Karr put it, "Judge Washington made an effort to find for Randall in every important way."
P.S.
Attorney Paul Smollar, who worked with Karr on U.S. v. Randall, recalls: "As a memento, Bob took two cigarettes out of the first pack he received from the government, removed the marijuana, and framed the papers -one for each of us to commemorate our victory in court...'Medical necessity' was then a new argument. It had been argued before in criminal cases, but never in connection with marijuana. John is a very creative thinker and an excellent trial lawyer. And he had a good working relationship with Judge Washington. They respected one another. Judge Washington was not only very bright, but he was willing to make a decision that might be unpopular or might be on the leading edge of the law. His decision for Randall was far ahead of its time.”
Some 35 years after Judge Washington found for Randall, attorney Robert Raich framed a "medical necessity" argument on behalf of the Oakland Cannabis Buyers Club in a case that went to the U.S. Supreme Court. Raich was unaware of Judge Washington's decision in support of Randall. "I wish I had known about it," he told us. "It was scholarly, well-reasoned and well written. I would have incorporated it... I wish we had more such judges these days."
Judge James A. Washington died in 1998 at the age of 83. His obituaries made reference to his five-year stint in the War Division of the Justice Department, joining the Howard faculty in 1946, his work as a lawyer in connection with Brown v. Board of Education and other cases leading to the end of public-school segregation in 1954, and a terrible fall that confined him to a wheelchair for the last 20 years of his life. His decision in U.S. v. Randall exonerating a marijuana user on grounds of medical necessity was too far ahead of its time to be recognized as a signal achievement.
Fred Gardner edits O’Shaughnessy’s, the journal of cannabis in clinical practice. He can be reached at fred@plebesite.com
By FRED GARDNER
CounterPunch
Most drug-policy-reform advocates know the name of Judge Francis Young and many can quote a line from his 1988 recommendation that the DEA remove marijuana from Schedule One: "Marijuana is one of the safest therapeutically active substances known to man."
Few if any activists know the name of Judge James A. Washington. And whereas Judge Young's recommendation was rejected by the DEA, Judge Washington's decision in United States v. Robert Randall had an actual and significant impact.
Randall, who faced blindness from glaucoma in his late 20s, would be the first patient to get marijuana from the federal government under an "investigational new drug" protocol. Some 30 other people with serious illnesses followed Randall into the IND program, which was closed to new patients in 1991. Four surviving patients receive federal cannabis to this day.
US v Randall was tried by Judge Washington in Washington, DC, Superior Court, over the course of two days in July, 1976. The prosecutor was Assistant US Attorney Richard Stolker. Randall's attorney John Karr recalled in a recent interview, "Judge Washington had been dean of the Howard University Law School before his appointment to the bench and I knew him to be extremely intelligent and compassionate. A non-jury trial was fine with me."
Randall relied on a "medical necessity" argument, which Karr summarized as: "faced with a choice of certain blindness or using marijuana to save your sight, a reasonable person would use marijuana."
The key witness was Robert Hepler, MD, a UCLA opthalmologist who had monitored Randall's use of all the pharmaceutical drugs then used to treat glaucoma, and confirmed that only marijuana could stop the progression to blindness.
Here are the facts as recounted by Judge Washington in his decision:
"The government has established, and the defendant has not attempted to refute, that on or about August 21, 1975, police officers in the course of their normal duties noticed what they believed to be cannabis plants on the rear porch and in the front windows of defendant's residence… A warrant was issued and a search of the premises conducted on August 23, 1975. Several plants and a dried substance later identified as marijuana were seized and defendant's arrest followed.
"At trial, the government's evidence demonstrated that the substance seized at defendant's residence was marijuana, possession of which is prohibited by D.C. Code Section 33-402, thus establishing all the elements of the crime charged. Moreover, defendant admitted that he had grown the marijuana in question and that it was intended for his personal consumption. He further testified that he knew that possession and use of this narcotic are restricted by law.
"Defendant nonetheless sought to exonerate himself through the presentation of evidence tending to show that his possession of the marijuana was the result of medical necessity. Over government objection of irrelevancy, defendant testified that he had begun experiencing visual difficulties as an undergraduate in the late 1960s. In 1972 a local opthalmologist, Dr. Benjamin Fine, diagnosed defendant's condition as glaucoma, a disease of the eye characterized by the excessive accumulation of fluid causing increased intraocular pressure (IOP), distorted vision and, ultimately, blindness.
"Dr. Fine treated defendant with an array of conventional drugs, which stabilized the intraocular pressure when first introduced but became increasingly ineffective as defendant's tolerance increased. By 1974, defendant's IOP could no longer be controlled by these medicines, and the disease had progressed to the point where defendant had suffered the complete loss of sight in his right eye and considerable impairment of vision in the left.
"Despite the ineffectiveness of traditional treatments, defendant during this period nonetheless achieved some relief through the inhalation of marijuana smoke. Fearing the legal consequences, defendant did not inform Dr. Fine of his discovery, but after his arrest defendant participated in an experimental program being conducted by opthalmologist Dr. Robert Hepler under the auspices of the United States Government.
"Dr. Hepler testified that his examination of the defendant revealed that treatment with conventional medications was ineffective, and also that surgery, while offering some hope of preserving the vision which remained to defendant, also carried significant risks of immediate blindness. The results of the experimental program indicated that the ingestion of marijuana smoke had a beneficial effect on defendant's condition, normalizing intraocular pressure and lessening visual distortions."
John Karr recalls: "Judge Washington was very careful. After the prosecutor had conducted his examination and I had conducted the cross-examination, he would conduct his own inquiries. It was apparent that he had read all the material we had put together on the history of marijuana as medicine. In his decision he referred to the 1937 Congressional hearings that led to the Prohibition, and a number of recent studies and reports."
A Case of First Impression
"This is a case of first impression in this jurisdiction," wrote Judge Washington in his decision, "one which raises significant issues. Consequently, the Court recognizes its responsibility to set forth clearly and in some depth its understanding of the applicable law."
Citing case law, Washington concluded that "the common law recognizes the defense of necessity in criminal cases... where the actor is compelled by external circumstances to perform the illegal act." He listed three exceptions. The necessity defense cannot be used when "1) The duress or circumstance has been brought about by the actor himself; 2) The same objective could have been accomplished by a less offensive alternative which was available to the actor; or 3) The evil sought to be averted was less heinous than that performed to avoid it."
The first two exceptions clearly don't apply in US v. Randall, wrote Washington:
"While the exact cause of defendant's glaucoma is unknown, neither the government nor any of the expert witnesses has suggested that the defendant is in any way responsible for his condition. Similarly, no alternative course of action would have secured the desired result through a less illegal channel. Because of defendant's tolerance, treatment with other drugs has become ineffective, and surgery offers only a slim possibility of favorable results coupled with a significant risk of immediate blindness. Neither the origin of the compelling circumstances nor the existence of a more acceptable alternative prevents the successful assertion of the necessity defense.
"The question of whether the evil avoided by defendant's action is less than the evil inherent in his act is more difficult. It requires a balancing of the interests of this defendant against those of the government. While defendant's wish to preserve his sight is too obvious to necessitate further comment, the government interests require a more detailed examination.
"One of the oldest recognized drugs, marijuana was not regulated in the United States until the Pure Food and Drug Act of 1906, which required that the presence of marijuana be indicated on the labels of products of which it was a component. The modern prohibition began in 1937, in response to primarily economic pressures -- 21 -- without significant inquiry into its effects on users. [Washington's footnote 21: "Liquor manufacturers and distributors, still recovering from the effects of Prohibition, were interested in eradicating the potential competition from a drug often used for recreational purposes. In addition, criminalizing marijuana simplified the task of eliminating the competition for jobs during the Depression posed by the principal users of the drug, Mexican migrant laborers."]
"The 1970 Controlled Substances Act continued the prohibition of the use of marijuana, but a Presidential Commission was appointed to study its effects. Pending receipt of this report, marijuana was classified as a non-narcotic and although its use was still prohibited, the penalties were considerable reduced, with first offenders being discharged conditionally. The District of Columbia law, however, was not changed, and retains the narcotic classification based on the 1937 Uniform Narcotics Act.
"Medical evidence suggests that the prohibition is not well founded...."
How's that for a soundbite? Washington's decision continued:
"Reports from the President's Commission and the Department of Health, Education and Welfare have concluded that there is no conclusive scientific evidence of any harm attendant upon the use of marijuana. According to the most recent HEW study, research has failed to establish any substantial physical or mental impairment caused by marijuana. Reports of chromosome damage, reduced immunity to disease, and psychosis are unconfirmed; actual evidence is to the contrary.
"Furthermore, unlike the so-called hard drugs, marijuana does not appear to be physically addictive or to cause the user to develop a tolerance requiring more and more of the drug for the same effects. The current HEW report also notes the possibility of valid medical uses for this drug...
"The Court finds that this defendant does not fall within the third limitation to the necessity defense. The evil he sought to avert, blindness, is greater than that he performed to accomplish it, growing marijuana in his residence in violation of the District of Columbia Code. While blindness was shown by competent medical testimony to be the otherwise inevitable result of defendant's disease, no adverse effects from the smoking of marijuana have been demonstrated...
Judge Washington could have ended his decision at this point, but he went on to assert its applicability to other necessity-defense cases. He projected and refuted an argument that would deny the necessity defense based on the literal wording of the DC Code section, which makes no reference to extenuating circumstances. He also discussed whether a defendant should have to prove necessity "beyond a reasonable doubt" and concluded that "by a preponderance of the evidence" was sufficient.
As John Karr put it, "Judge Washington made an effort to find for Randall in every important way."
Recollections from Karr
"Randall came to me through Alice O'Leary, who was an employee of a client of mine at the time, a company called The American Theater. Her story was very touching: 'My boyfriend has this problem. He's been busted for growing marijuana on our back porch on Capitol Hill and he's going blind from glaucoma.' So I said 'Okay, bring him in...'
"He told me his very interesting story. So I called a Dr. Brown either at NIH or NIMH and said, 'What's current on the use of marijuana as a medicine?' And he said there were three programs ongoing that NIH knew about. One, I think, in Alabama; one in North Carolina; and one out at the Jules Stein Institute [UCLA]. He said one involved a THC solution delivered intramuscularly; one program reduced it to a pill taken orally; and the one in California was doing it by smoking marijuana.
"So I called the people in North Carolina and I think it was Alabama and they said that their results were very mixed. But Dr. Hepler at UCLA said 'I got this program going and it looks like a real winner.' So we sent Randall out to UCLA and Hepler tested him-
"He had no money for the defense. In fact, we never got paid for this. It may have been Alice who put together enough money for the trip. She was the real driver in this thing because she was very concerned about him. Anyway, he went out there for about 10 days and Hepler said 'It's a winner.' I asked Hepler if he would come and testify. We advanced the money for that, I think it was 13 hundred bucks but it didn't matter because at this point we were all excited about the case...Sure enough, he came and he was a terrific witness.
"There were some amusing moments in the trial. I remember the delivery of one of the plants from the FBI storeroom to the courtroom, wrapped as if it was a gift from a florist. It reminded me of a revue by the old comedy team, Olsen and Johnson, which began with a hotel bellhop crossing the stage and calling out 'Plant for Mrs. Jones. Plant for Mrs. Jones.' At the end of each act he would reappear and the plant would have gotten larger and larger and larger...The FBI agent carefully unwrapped the plant, which was mature and now withered, and the prosecutor asked him to roll a joint from it, which he did. This was to prove that it was a usable amount of marijuana...
"At one point I asked my contact at NIMH, Dr. Brown, whether there was a program to get him marijuana legally. And he said you've got to get an 'Investigational New Drug' approval from the FDA. We called FDA and they sent us the forms and we helped Randall fill them out and send them back and eventually an Investigational New Drug license was issued. And for I don't remember how long, Randall would show up at Morton's Drug Store in the 300 block of Pennsylvania Avenue Southeast, three blocks from the Capitol of the United States, and pick up his weekly supply of marijuana. Which looked like an olive-drab pack of cigarettes with a band around it saying 'Property of the United States of America.' I remember it vividly because it was just so perfect.
"I called FDA and was told that it was grown in Mississippi and processed and packaged in North Carolina, where all the cigarettes are processed and packaged..."
P.S.
Attorney Paul Smollar, who worked with Karr on U.S. v. Randall, recalls: "As a memento, Bob took two cigarettes out of the first pack he received from the government, removed the marijuana, and framed the papers -one for each of us to commemorate our victory in court...'Medical necessity' was then a new argument. It had been argued before in criminal cases, but never in connection with marijuana. John is a very creative thinker and an excellent trial lawyer. And he had a good working relationship with Judge Washington. They respected one another. Judge Washington was not only very bright, but he was willing to make a decision that might be unpopular or might be on the leading edge of the law. His decision for Randall was far ahead of its time.”
Some 35 years after Judge Washington found for Randall, attorney Robert Raich framed a "medical necessity" argument on behalf of the Oakland Cannabis Buyers Club in a case that went to the U.S. Supreme Court. Raich was unaware of Judge Washington's decision in support of Randall. "I wish I had known about it," he told us. "It was scholarly, well-reasoned and well written. I would have incorporated it... I wish we had more such judges these days."
Judge James A. Washington died in 1998 at the age of 83. His obituaries made reference to his five-year stint in the War Division of the Justice Department, joining the Howard faculty in 1946, his work as a lawyer in connection with Brown v. Board of Education and other cases leading to the end of public-school segregation in 1954, and a terrible fall that confined him to a wheelchair for the last 20 years of his life. His decision in U.S. v. Randall exonerating a marijuana user on grounds of medical necessity was too far ahead of its time to be recognized as a signal achievement.
Fred Gardner edits O’Shaughnessy’s, the journal of cannabis in clinical practice. He can be reached at fred@plebesite.com
El INAH: Entre la Dignidad y la Ignominia
Gilberto López y Rivas
La Jornada
El 12 de febrero pasado, los tres sindicatos coordinados de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) –arquitectos, administrativos, técnicos y manuales, investigadores y docentes– efectuaron un exitoso paro de labores en todas sus dependencias en el ámbito nacional: museos, centros regionales, zonas arqueológicas, escuelas nacionales y oficinas diversas. En mantas, volantes, asambleas, foros, debates, mítines improvisados y diversas formas de comunicación de acera y mediática, estos trabajadores no protestaron por cuestiones económicas, condiciones de trabajo o prestaciones gremialistas en momentos en que la mayor crisis que se recuerde golpea dramáticamente las economías de los asalariados. No eran estamentos corporativos luchando por sus intereses que, siendo legítimos, buscarían en última instancia el beneficio propio. Ellos se manifestaron por la defensa del patrimonio arqueológico de la Nación (así, con mayúscula); por la memoria histórica de los pueblos que la conforman y le dan su impronta, que siendo multiétnica y nacional, es un tesoro universal amenazado por la barbarie del capital y sus asociados en los gobiernos trasnacionalizados, las burocracias enquistadas en las instituciones y en quienes se han rendido a sus requerimientos, cooptaciones o amenazas.
Estos especialistas en investigación, conservación y custodia del patrimonio cultural tangible e intangible, después de un análisis concienzudo del proyecto llamado Resplandor teotihuacano y del avance de su instalación, expusieron a la ciudadanía que dicho proyecto, aprobado por el Consejo de Arqueología (INAH) en septiembre del año pasado, no cumple con los requerimientos académicos y técnicos indispensables; carece de guión y sustento científico y no cuenta con la información suficiente para evaluar la posible afectación de los monumentos. Incluso, el propio presidente del consejo reconoció públicamente el pasado 12 de enero que en esa aprobación se cometieron errores.
Además de esta anomalía de origen, suficiente para cancelar inmediatamente el proyecto, se instalaron 3633 lámparas, para lo cual se realizaron 6575 perforaciones, dañando los monumentos y provocando filtraciones que afectan la estructura. Igualmente, la instalación eléctrica y las luminarias alteran la visual y volumetría de los monumentos de la zona; todo ello en violación de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos en su artículo 42, e implica una afectación tipificada como delito en el artículo 52.
Las acciones realizadas también violan el decreto presidencial de 1988 que declara a Teotihuacán Zona de Monumentos Arqueológicos, cuyo artículo 13 establece: “En la zona de monumentos definida en este decreto no se autorizan construcciones cuya función, diseño o ubicación alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigación a que la misma esta destinada”. El proyecto viola asimismo varias normas jurídicas y recomendaciones internacionales sobre conservación de monumentos: la Ley General de Bienes Nacionales, la Carta de Venecia, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad emitida por la UNESCO, el documento de Nara sobre autenticidad, la declaración sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales. Más aún, en el proyecto no se consideraron las repercusiones sociales y su impacto en las comunidades circundantes, ni mucho menos se tomó en cuenta la opinión de las mismas.
El director general del INAH, Alfonso de María y Campos, ajeno a la institución y sin especialización en alguna de las diversas disciplinas del organismo, y quien se ha distinguido por su desprecio a los trabajadores del instituto y sus afanes autoritarios-elitistas, no posee por ley la atribución de otorgar concesiones ni establecer convenios con instancias públicas o privadas para la comercialización de zonas arqueológicas.
Las asambleas generales de los sindicatos del INAH por unanimidad resolvieron presentar las denuncias penales correspondientes y exigir la destitución del director y de las demás autoridades involucradas en la afectación del patrimonio de todos los mexicanos.
Reclaman la cancelación inmediata del proyecto, la reparación de los daños y el retiro de todas las instalaciones colocadas sobre las pirámides del Sol y la Luna. Ante el silencio cómplice de las autoridades máximas del Ejecutivo federal, incluyendo a su titular, los sindicatos han pedido al director que renuncie para evitar dañar más a una institución que recientemente cumplió 70 años. Sin embargo, De María y Campos se aferra a su puesto y hace caso omiso de las llamadas de la UNESCO y la Comisión Permanente del Congreso para suspender las obras y hacer un análisis pertinente del proyecto. Las autoridades del INAH y el gobernador del estado de México, que pretende ser candidato presidencial (¡uno de los responsables principales del crimen de Atenco!), se han empecinado en minimizar los daños, estigmatizar a los trabajadores del INAH y encubrir sus delitos y componendas corporativas en declaraciones maniqueas que refieren a la politización del caso.
Teotihuacán expresa nítidamente la dicotómica realidad actual de México. Por un lado, la dignidad de sus trabajadores que representan los valores e intereses nacionales y universales; y por el otro, la ignominia de quienes detentan el poder económico y político para beneficio de una colusión apátrida e insensible al clamor ciudadano. Por incompetencia en el desempeño de sus funciones y violación a los principios de la institución, ¡renuncie, señor embajador!
La Jornada
El 12 de febrero pasado, los tres sindicatos coordinados de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) –arquitectos, administrativos, técnicos y manuales, investigadores y docentes– efectuaron un exitoso paro de labores en todas sus dependencias en el ámbito nacional: museos, centros regionales, zonas arqueológicas, escuelas nacionales y oficinas diversas. En mantas, volantes, asambleas, foros, debates, mítines improvisados y diversas formas de comunicación de acera y mediática, estos trabajadores no protestaron por cuestiones económicas, condiciones de trabajo o prestaciones gremialistas en momentos en que la mayor crisis que se recuerde golpea dramáticamente las economías de los asalariados. No eran estamentos corporativos luchando por sus intereses que, siendo legítimos, buscarían en última instancia el beneficio propio. Ellos se manifestaron por la defensa del patrimonio arqueológico de la Nación (así, con mayúscula); por la memoria histórica de los pueblos que la conforman y le dan su impronta, que siendo multiétnica y nacional, es un tesoro universal amenazado por la barbarie del capital y sus asociados en los gobiernos trasnacionalizados, las burocracias enquistadas en las instituciones y en quienes se han rendido a sus requerimientos, cooptaciones o amenazas.
Estos especialistas en investigación, conservación y custodia del patrimonio cultural tangible e intangible, después de un análisis concienzudo del proyecto llamado Resplandor teotihuacano y del avance de su instalación, expusieron a la ciudadanía que dicho proyecto, aprobado por el Consejo de Arqueología (INAH) en septiembre del año pasado, no cumple con los requerimientos académicos y técnicos indispensables; carece de guión y sustento científico y no cuenta con la información suficiente para evaluar la posible afectación de los monumentos. Incluso, el propio presidente del consejo reconoció públicamente el pasado 12 de enero que en esa aprobación se cometieron errores.
Además de esta anomalía de origen, suficiente para cancelar inmediatamente el proyecto, se instalaron 3633 lámparas, para lo cual se realizaron 6575 perforaciones, dañando los monumentos y provocando filtraciones que afectan la estructura. Igualmente, la instalación eléctrica y las luminarias alteran la visual y volumetría de los monumentos de la zona; todo ello en violación de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos en su artículo 42, e implica una afectación tipificada como delito en el artículo 52.
Las acciones realizadas también violan el decreto presidencial de 1988 que declara a Teotihuacán Zona de Monumentos Arqueológicos, cuyo artículo 13 establece: “En la zona de monumentos definida en este decreto no se autorizan construcciones cuya función, diseño o ubicación alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigación a que la misma esta destinada”. El proyecto viola asimismo varias normas jurídicas y recomendaciones internacionales sobre conservación de monumentos: la Ley General de Bienes Nacionales, la Carta de Venecia, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad emitida por la UNESCO, el documento de Nara sobre autenticidad, la declaración sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales. Más aún, en el proyecto no se consideraron las repercusiones sociales y su impacto en las comunidades circundantes, ni mucho menos se tomó en cuenta la opinión de las mismas.
El director general del INAH, Alfonso de María y Campos, ajeno a la institución y sin especialización en alguna de las diversas disciplinas del organismo, y quien se ha distinguido por su desprecio a los trabajadores del instituto y sus afanes autoritarios-elitistas, no posee por ley la atribución de otorgar concesiones ni establecer convenios con instancias públicas o privadas para la comercialización de zonas arqueológicas.
Las asambleas generales de los sindicatos del INAH por unanimidad resolvieron presentar las denuncias penales correspondientes y exigir la destitución del director y de las demás autoridades involucradas en la afectación del patrimonio de todos los mexicanos.
Reclaman la cancelación inmediata del proyecto, la reparación de los daños y el retiro de todas las instalaciones colocadas sobre las pirámides del Sol y la Luna. Ante el silencio cómplice de las autoridades máximas del Ejecutivo federal, incluyendo a su titular, los sindicatos han pedido al director que renuncie para evitar dañar más a una institución que recientemente cumplió 70 años. Sin embargo, De María y Campos se aferra a su puesto y hace caso omiso de las llamadas de la UNESCO y la Comisión Permanente del Congreso para suspender las obras y hacer un análisis pertinente del proyecto. Las autoridades del INAH y el gobernador del estado de México, que pretende ser candidato presidencial (¡uno de los responsables principales del crimen de Atenco!), se han empecinado en minimizar los daños, estigmatizar a los trabajadores del INAH y encubrir sus delitos y componendas corporativas en declaraciones maniqueas que refieren a la politización del caso.
Teotihuacán expresa nítidamente la dicotómica realidad actual de México. Por un lado, la dignidad de sus trabajadores que representan los valores e intereses nacionales y universales; y por el otro, la ignominia de quienes detentan el poder económico y político para beneficio de una colusión apátrida e insensible al clamor ciudadano. Por incompetencia en el desempeño de sus funciones y violación a los principios de la institución, ¡renuncie, señor embajador!
Subscribe to:
Posts (Atom)
Armas
