María Teresa Blandón Gadea
Pueblos
Muchos de los problemas que afectan a la mayoría de la población nicaragüense son consecuencia directa de políticas macroeconómicas impuestas por gobiernos del Norte y aplicadas entusiastamente por una clase política doméstica con un anémico interés por reducir la pobreza y las brechas de iniquidad. Baste recordar que, de acuerdo con fuentes oficiales de información, de cada diez personas, cuatro viven con menos de un dólar al día y más del 75 por ciento de la población sobrevive con menos de dos dólares al día. En consecuencia, de cada diez familias nicaragüenses, cuatro son receptoras de remesas, las cuales financian el consumo de dichas familias hasta en un 93 por ciento. En el caso nada particular de las mujeres, éstas representan la mayoría de trabajadores del sector informal (80 por ciento) en donde laboran 87 de cada cien trabajadores empleados. El cuarenta por ciento de estas mujeres son "jefas de hogar".
A la situación de pobreza antes descrita debemos sumar, o más bien multiplicar, otras dimensiones de la discriminación acumulada por las mujeres en Nicaragua. La violencia, el no reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, los evidentes retrocesos en materia de participación en instancias de toma de decisiones; son datos expresivos de la gravedad de un problema estructural que tiene su origen, evolución y actualidad, en la existencia de un orden social sexista, machista y racista.
Según datos de una reciente investigación realizada por UNICEF en Centroamérica, el 26 por ciento de las mujeres nicaragüenses ha sufrido abusos durante la niñez. Tan sólo durante el año 2007 la Policía Nacional recibió 91.500 denuncias por violencia perpetrada contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. El número de denuncias bajó drásticamente durante el 2008, en parte como consecuencia de los altos niveles de impunidad con los que el sistema judicial "revictimiza" a quienes se atreven a denunciar y estimula a los agresores.
Se plantean en este panorama algunos interrogantes que saltan a la vista de cualquier ciudadano o ciudadana medianamente consciente de lo injusto de la situación antes descrita. ¿Cómo hacen las mujeres para sobrevivir ellas y sus descendientes? ¿De dónde sacan energías para seguir viviendo esas vidas? ¿Qué tipo de estrategias desarrollan para no sucumbir? ¿A quiénes recurren? ¿Qué tipo de apoyo reciben y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los actores locales, nacionales e internacionales que muestran disposición a invertir en mujeres pobres para que salgan de la pobreza?
No hay respuestas fáciles, ni unívocas. Tampoco podemos limitar nuestro análisis al accionar público de determinados actores, aunque cada cual tiene un peso específico. La situación de discriminación que padecen la mayoría de mujeres nicaragüenses se ve constantemente agravada por la cómoda complicidad, las actitudes "tolerantes" y hasta la negación con que diversos actores abordan esta realidad tan evidente.
Desde la década revolucionaria pasando por tres períodos de gobiernos autodenominados liberales, las mujeres pobres han ensayado una multiplicidad de estrategias que en la mayoría de los casos les han asegurado la supervivencia y que, en otros, les han permitido avanzar de manera sostenida hacia la mejora de su calidad de vida.
La profundidad de los cambios en la vida de las mujeres ha dependido de diversos factores, entre los que se destacan la capacidad de resistencia de las propias mujeres y su vocación de cambio, los apoyos deliberados de las activistas feministas, y el aporte de algunas agencias de cooperación al desarrollo. Por su parte, los principales poderes del Estado en general van a la zaga de los conocimientos, críticas y demandas construidas desde las propias mujeres, desde el movimiento feminista, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros actores comprometidos con los objetivos de igualdad y desarrollo.
En el mejor de los casos, desde algunas instituciones públicas se han promovido programas focalizados dirigidos a mujeres pobres, más por cuidadoras de otros/otras, que por ser mujeres con derechos. Tal fue la esencia del programa de asistencia social desarrollado por el anterior Gobierno y los programas "Hambre cero" y "Usura cero" desarrollados por el actual Gobierno de Nicaragua.
A continuación dedicaré algunos párrafos al análisis de tres ámbitos prioritarios en la ciudadanía de las mujeres, a saber: la violencia, los derechos sexuales y reproductivos y la participación en la toma de decisiones.
Violencia y derechos sexuales y reproductivos
En el ámbito de la violencia, antes como ahora, las políticas, planes y programas para prevenir la violencia contra las mujeres han sido obra de las organizaciones de mujeres con apoyo financiero de la cooperación internacional. La tendencia de los últimos años es hacia el debilitamiento de los mecanismos institucionales creados para la prevención, la atención a las víctimas y la sanción a los agresores. Tal es el caso de las comisarías de las mujeres, actualmente desprovistas de recursos humanos, técnicos y financieros para poder ejercer su labor con eficacia. La percepción generalizada es que las mujeres están cada vez más en una situación de indefensión producto de la falta de voluntad política del poder judicial. Así lo revelan estudios recientes realizados por la Red de Mujeres Contra la Violencia y diversas organizaciones de mujeres que acompañan a las víctimas de este flagelo.
En materia de derechos sexuales y reproductivos la situación no ha sido favorable para las mujeres, dado el sesgo conservador y oportunista de la clase política y de los gobernantes. El dato más emblemático es la penalización del aborto terapéutico, que niega a las mujeres la interrupción de un embarazo por indicación médica, como única alternativa para preservar la salud y hasta la vida de las mujeres. A lo anterior debemos agregar la negativa de los gobiernos anteriores y el actual a desarrollar programas de educación sexual en los centros públicos de enseñanza, que afirmen la sexualidad y la reproducción como Derechos Humanos universales. Por el contrario, la tendencia invariable de los gobernantes ha sido la de otorgar poder de veto en este ámbito a los grupos más conservadores de la sociedad, destacándose entre estos la jerarquía de la iglesia católica.
En el mismo sentido, poco han hecho los gobiernos para desarrollar programas que contribuyan a prevenir embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, propagación del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Prueba de ello es que Nicaragua continúa siendo el segundo país en América Latina y el Caribe con la más alta tasa de embarazo en adolescentes (uno de cada tres nacimientos se da en adolescentes) y que el patrón de propagación del VIH está afectando de manera severa a las mujeres heterosexuales en edad reproductiva.
Participación en la toma de decisiones
En cuanto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la tendencia es más bien de claro retroceso en el actual contexto nacional. Al respecto diremos que frente a la misoginia y autoritarismo de las elites partidarias, las mujeres con aspiraciones de optar a cargos electivos se han visto en la necesidad de renunciar a la defensa de ciertos derechos, sobre todo, de aquellos que afirman la ciudadanía plena de las mujeres.
Lo anterior explica por qué las feministas no contamos con "aliadas" en los partidos ni en las instituciones públicas para promover derechos como los sexuales y reproductivos. Peor aun, la mayoría de diputadas de la Asamblea Nacional votaron a favor de la penalización del aborto terapéutico.
El actual gobierno del FSLN, a pesar de haber prometido la conformación de un gabinete paritario, de forma reiterada ha nombrado y despedido de forma arbitraria a mujeres en puestos de dirección. Son ejemplos expresivos los despidos de directoras, subdirectoras y ministras del Instituto Nicaragüense de la Mujer, el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto de Transferencia Tecnológica, el Ministerio de Salud y el de Agricultura y Ganadería.
A nivel local la tendencia predominante fue la de "seleccionar" (ya que no hubo un proceso democrático de elección a lo interno de los partidos) a hombres como candidatos a alcaldes y mujeres como vicealcaldesas o concejalas, en el mejor de los casos.
Amenazas al movimiento de mujeres
Probablemente uno de los ámbitos más problemáticos en torno a la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público, es la relación conflictiva entre el actual Gobierno y diversas organizaciones feministas con participación protagónica dentro del movimiento de mujeres. Hechos promovidos desde el partido gobernante permiten afirmar que el actual Gobierno tiene entre sus objetivos la desarticulación de un movimiento de mujeres que durante las últimas dos décadas se afirmó en su carácter autónomo.
La aceptación por parte de la Fiscalía de la República de una acusación sin fundamento legal presentada por una organización fundamentalista en contra de nueve feministas; la campaña de desprestigio en contra de destacadas activistas del movimiento feminista a través de los medios de comunicación del FSLN; el allanamiento ilegal a las oficinas de una organización de mujeres (MAM); las intervenciones selectivas en contra de algunas organizaciones de mujeres realizadas por el Ministerio de Gobernación, son parte de los hechos ocurridos durante los dos primeros años del Gobierno encabezado por Daniel Ortega.
Asimismo, el partido gobernante hace esfuerzos por despojar al movimiento feminista de las movilizaciones emblemáticas que se vienen realizando en las últimas décadas. El 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia, el diputado y coordinador del oficialista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) llamó a las mujeres simpatizantes del FSLN a marchar por la misma ruta por la que lo harían las diversas expresiones del movimiento de mujeres, por lo que la Policía Nacional presionó a las organizadoras de la marcha para modificar el rumbo originalmente acordado.
La hostilidad del Gobierno hacia el movimiento se expresa de forma contundente en el no reconocimiento de las redes y otras formas de articulación constituidas desde el movimiento de mujeres en los espacios establecidos por ley. Éste es el caso del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, el Concejo Consultivo del Instituto de la Mujer y los Comités de Desarrollo Local.
A manera de conclusión diremos que en un escenario de pobreza creciente que afecta de manera rotunda a las mujeres, y de tensión entre las organizaciones de mujeres y los poderes del Estado, de hostilidad y acoso hacia aquellas expresiones del movimiento de mujeres que reclaman ciudadanía plena para todas las mujeres, es posible prever el recrudecimiento de enfoques discursivos y políticas públicas que asumen a las mujeres únicamente en su condición de pobres necesitadas de ayuda y las despojan de su condición de ciudadanas con derechos.
Bajo esta lógica, el Gobierno y los partidos políticos seguirán disputándose a las mujeres, ya sea para ganar adeptas o para utilizarlas como punta de lanza en las contiendas patriarcales que les permitan hacer nuevos arreglos de poder, al margen de los intereses estratégicos de las mujeres.
El desafío que hemos asumido las organizaciones autónomas de mujeres es el de profundizar procesos iniciados hace más de treinta años, gracias a los cuales ha sido posible construir un entramado político y organizativo vital, desde el cual desarrollamos múltiples formas de resistencia y de cambio a favor de la igualdad. Frente a tanta adversidad contamos con un acumulado de fortalezas en miles de mujeres dispuestas a no renunciar a una Nicaragua sin discriminación ni pobreza.
Es hora de volvernos a preguntar quiénes mantendrán la disposición de acompañarnos en este particular trayecto de un camino que estuvo y está plagado de obstáculos; de conflictos entre necesidades perentorias y demandas emancipatorias; entre aspiraciones de libertad y reclamos de justicia social; entre la situación de pobres y la condición de ciudadanas.
María Teresa Blandón Gadea es activista del Movimiento Feminista de Nicaragua. Presidenta del Programa Feminista Centroamericano "La Corriente", y miembra honoraria de la Fundación Entre Mujeres (FEM).
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5/18/09
Cheney's Magical Mystery Media Tour
What the Dark Lord Doesn't Say
By WALTER BRASCH
CounterPunch
Dick Cheney has apparently been on a magical mystery media tour.
He has sought out and been interviewed by more TV journalists and talk show hosts during the past month than during the eight years he was vice president.
The topic is always the same. Torture was done during the Bush–Cheney Administration, and it was effective. Persons held at Guantanamo Bay are evil and should never be released. President Obama's actions are a threat to national security. Cheney claims that because of the actions he and George W. Bush took after 9/11, there were no more attacks upon the United States.
Here's what he doesn't say.
Prior to 9/11 his administration rejected pleas by the FBI to increase funding and manpower for counter-terrorism. He doesn't say that CIA intelligence reports told the President that al-Qaeda was planning a major attack, probably by air. He doesn't tell us that following 9/11, the Administration carried out a systematic shredding of six Constitutional amendments in the mistaken belief that somehow snipping away at America's fabric would protect us from further harm. He doesn't tell us that although torture was used, contrary to every international law, it did not, according to senior officials at both the FBI and CIA, produce valuable intelligence. He doesn't tell us that it was probably his paranoia and fears that pushed the nation's military and intelligence communities to use torture.
He doesn't tell us that Iraq did not have weapons of mass destruction or ties to al-Qaeda and 9/11. He doesn't say that by diverting America's military forces from Afghanistan to Iraq, his Administration probably allowed Osama bin Laden and a significant part of al-Qaeda to remain at large for almost eight years, while more than 4,000 Americans were killed and another 30,000 wounded, many with injuries that will never heal.
Here's another thing that Dick Cheney doesn't say. According to major independent research polls, only 20 to 22 percent of Americans now identify themselves as Republicans. Does anyone wonder why four-fifths of Americans don't want to be tainted by the actions done by the Bush–Cheney Administration and the direction the Republican Party has taken the past couple of years to eliminate any Republican who is not in lock-step with its extreme right-wing agenda?
Dick Cheney can spin the truth all he wants. But the reality is that 9/11 occurred on his watch.
Walter Brasch is the author of Sinking the Ship of State: The Presidency of George W. Bush.
By WALTER BRASCH
CounterPunch
Dick Cheney has apparently been on a magical mystery media tour.
He has sought out and been interviewed by more TV journalists and talk show hosts during the past month than during the eight years he was vice president.
The topic is always the same. Torture was done during the Bush–Cheney Administration, and it was effective. Persons held at Guantanamo Bay are evil and should never be released. President Obama's actions are a threat to national security. Cheney claims that because of the actions he and George W. Bush took after 9/11, there were no more attacks upon the United States.
Here's what he doesn't say.
Prior to 9/11 his administration rejected pleas by the FBI to increase funding and manpower for counter-terrorism. He doesn't say that CIA intelligence reports told the President that al-Qaeda was planning a major attack, probably by air. He doesn't tell us that following 9/11, the Administration carried out a systematic shredding of six Constitutional amendments in the mistaken belief that somehow snipping away at America's fabric would protect us from further harm. He doesn't tell us that although torture was used, contrary to every international law, it did not, according to senior officials at both the FBI and CIA, produce valuable intelligence. He doesn't tell us that it was probably his paranoia and fears that pushed the nation's military and intelligence communities to use torture.
He doesn't tell us that Iraq did not have weapons of mass destruction or ties to al-Qaeda and 9/11. He doesn't say that by diverting America's military forces from Afghanistan to Iraq, his Administration probably allowed Osama bin Laden and a significant part of al-Qaeda to remain at large for almost eight years, while more than 4,000 Americans were killed and another 30,000 wounded, many with injuries that will never heal.
Here's another thing that Dick Cheney doesn't say. According to major independent research polls, only 20 to 22 percent of Americans now identify themselves as Republicans. Does anyone wonder why four-fifths of Americans don't want to be tainted by the actions done by the Bush–Cheney Administration and the direction the Republican Party has taken the past couple of years to eliminate any Republican who is not in lock-step with its extreme right-wing agenda?
Dick Cheney can spin the truth all he wants. But the reality is that 9/11 occurred on his watch.
Walter Brasch is the author of Sinking the Ship of State: The Presidency of George W. Bush.
Conferencia reúne mujeres en busca de una democracia más justa e igualitaria
Guatemala
Más de cien mujeres de diferentes regiones del mundo están reunidas en Guatemala para examinar los desafíos de la democracia y de la democratización a través de la lente de sus experiencias. La conferencia internacional "Mujeres Redefiniendo la Democracia para la Paz, la Justicia y la Equidad", que comenzó el domingo (10), y finalizará hoy (12) bajo la organización de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel y la colaboración de la Asociadas por lo Justo.
La intención de la conferencia es aprovechar el momento para que las mujeres compartan experiencias, desafíos y perspectivas en la profundización de la democracia y establezcan nuevas alianzas entre ellas y organizaciones que trabajan por el fortalecimiento de la democracia. Las experiencias, soluciones y alternativas desarrolladas durante el evento serán incluidas en un informe final que estará disponible en el sitio web de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel (http://www.nobelwomensinitiative.org).
El evento cuenta con la participación de las premiadas con el Nobel, además de mujeres importantes en la creación de políticas institucionales nacionales e internacionales, activistas, comunicadoras, políticas y defensoras de los derechos de las mujeres. Entre los asuntos discutidos, se destacan: la participación y la representación de la mujer; el conflicto, los escenarios post conflictos y la militarización; y la violencia contra la mujer.
Actualmente, Guatemala, conjuntamente con otros países como Colombia y México, tiene una de las situaciones más alarmantes en relación con la sistematización y expansión de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Durante el año 2001, más de 2.500 casos de mujeres asesinadas fueron denunciados a la policía en Guatemala. Entretanto, de los casos investigados hasta 2006, solamente 14 habían llegado a una condena. Según las estadísticas de la Red de No-Violencia contra la Mujer, hasta ese mismo año, otras 825 mujeres fueron violadas y más de 10 mil sufrieron agresiones físicas.
Por eso, además de la Conferencia, Guatemala es sede de otras actividades que involucran el mismo asunto, como la reunión de la Plataforma de Artistas contra la violencia de género, que tiene lugar en la misma fecha, y el Observatorio Virtual de la Transgresión Feminista, que se realizará entre los días 13 y 15 de mayo.
El Observatorio Virtual de la Transgresión Feminista estará organizado por la Radio Internacional Feminista y pretenderá documentar lo que le sucede a las mujeres, expresar solidaridad con sus luchas para eliminar la violencia, y activar la coordinación de iniciativas para denunciar y desarrollar acciones de presión para poner fin a la impunidad de los casos denunciados por las mujeres.
Todas las actividades pueden seguirse por la Radio Internacional Feminista, a través de la siguiente dirección: http://www.radiofeminista.net/.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.Daniel@gmail.com
Más de cien mujeres de diferentes regiones del mundo están reunidas en Guatemala para examinar los desafíos de la democracia y de la democratización a través de la lente de sus experiencias. La conferencia internacional "Mujeres Redefiniendo la Democracia para la Paz, la Justicia y la Equidad", que comenzó el domingo (10), y finalizará hoy (12) bajo la organización de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel y la colaboración de la Asociadas por lo Justo.
La intención de la conferencia es aprovechar el momento para que las mujeres compartan experiencias, desafíos y perspectivas en la profundización de la democracia y establezcan nuevas alianzas entre ellas y organizaciones que trabajan por el fortalecimiento de la democracia. Las experiencias, soluciones y alternativas desarrolladas durante el evento serán incluidas en un informe final que estará disponible en el sitio web de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel (http://www.nobelwomensinitiative.org).
El evento cuenta con la participación de las premiadas con el Nobel, además de mujeres importantes en la creación de políticas institucionales nacionales e internacionales, activistas, comunicadoras, políticas y defensoras de los derechos de las mujeres. Entre los asuntos discutidos, se destacan: la participación y la representación de la mujer; el conflicto, los escenarios post conflictos y la militarización; y la violencia contra la mujer.
Actualmente, Guatemala, conjuntamente con otros países como Colombia y México, tiene una de las situaciones más alarmantes en relación con la sistematización y expansión de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Durante el año 2001, más de 2.500 casos de mujeres asesinadas fueron denunciados a la policía en Guatemala. Entretanto, de los casos investigados hasta 2006, solamente 14 habían llegado a una condena. Según las estadísticas de la Red de No-Violencia contra la Mujer, hasta ese mismo año, otras 825 mujeres fueron violadas y más de 10 mil sufrieron agresiones físicas.
Por eso, además de la Conferencia, Guatemala es sede de otras actividades que involucran el mismo asunto, como la reunión de la Plataforma de Artistas contra la violencia de género, que tiene lugar en la misma fecha, y el Observatorio Virtual de la Transgresión Feminista, que se realizará entre los días 13 y 15 de mayo.
El Observatorio Virtual de la Transgresión Feminista estará organizado por la Radio Internacional Feminista y pretenderá documentar lo que le sucede a las mujeres, expresar solidaridad con sus luchas para eliminar la violencia, y activar la coordinación de iniciativas para denunciar y desarrollar acciones de presión para poner fin a la impunidad de los casos denunciados por las mujeres.
Todas las actividades pueden seguirse por la Radio Internacional Feminista, a través de la siguiente dirección: http://www.radiofeminista.net/.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.Daniel@gmail.com
How Many Kicks to the Head Does It Take?
Rampant Police Violence
By BEN ROSENFELD
CounterPunch
A suspect crashes his car after leading El Monte, CA police on a dangerous, sometimes high speed chase and flees into a residential neighborhood. Soon cornered, he gives up in a backyard and lies face down, arms and legs out, surrendering. An El Monte police officer runs up, gun drawn, and kicks him full force in the head. He is inert after the blow, possibly unconscious. This does not stop a second officer from punching him repeatedly in the ribs. A third officer arrives and lets a police dog bite him once on the leg. The first officer slaps the K-9 officer a high five. All of them, the three officers and the dog, have their extra-judicial treat for catching a bad guy. In court, it would be the scofflaw’s word against three sworn police officers, except a news helicopter catches the whole incident on live video.
The suspect goes to the hospital, and the officers goes back to work, while the ACLU calls vainly for placing the officer who dealt the kick on administrative leave. (He has since been reassigned to desk duty.) Los Angeles, which has in the past erupted in riots over such brazen police abuse, is mercifully quiet. The El Monte Police Chief Tom Armstrong responds measuredly that he is withholding judgment pending the facts. “I worked internal affairs for four years and I have learned that you do not make a decision in a vacuum,” Armstrong explains. “I do not know what was in the mind of that officer, as to why he did that. I saw the individual turn his head toward the officer.”
As a police misconduct civil rights lawyer, I can say that what was in the officer’s mind is probably the same as what is evidently going through his Chief’s head: What can I get away with here, while the public isn’t looking? In my ten years of practice, I have seen scores of ordinary officers accused of brutality insert their cover stories into the gaps in the video and other evidence. It is in such gaps that they often blame the victim by pretending that s/he reached into a waistband for a weapon, or reached for the officer’s weapon – veritable police clichés. But there are no gaps in this video. It is shot from overhead, clear, continuous, and unmistakable. The officer lost his cool and punished the surrendering suspect on the spot with a potentially lethal kick to the head. That much is painfully obvious. If he stopped to think first, it was only to calculate, incorrectly, that no one was looking.
But are we looking? What possesses a Police Chief, who is responsible ultimately for the safety of both his officers and the public they come in contact with, to let such an unhinged officer return to work and to dither so before condemning his actions? Why should he not be arrested forthwith and charged with felony assault or attempted murder like any civilian in his shoes would be?
The self-evident answer is that Chief Armstrong is not interested in accountability but in cover-up – notwithstanding his pious intonations that he worked in internal affairs. An honest internal affairs investigator does not supply an excuse for the officer under investigation by saying, as Armstrong did, “I saw the individual turn his head toward the officer...” Look for that dot dot dot to form the foundation for the official excuse – unless the absurd excuse supplied by the police union’s lawyer Dieter Dammier gains traction first: that the kick was a justifiable “distraction blow” to thwart the suspect from getting up or reaching for a weapon in case he might try to do so. But if the video did not depict his complete surrender, it is hard to imagine what that could ever look like.
Chief Armstrong may equate such excuse-making with the wellbeing of his police family. If so, it is a dangerous equation. A good and sensible police chief would instead consider what the lack of swift condemnation of such brutality spells for the dynamics between police and the public. Countless people in this country live amid an epidemic of police violence. Rare videos like this one only serve to assuage the mainstream that brutality is rare, is addressed when it arises, and therefore does not demand systemic reform. On the contrary, rampant police abuse is creating a widening gulf of mistrust between police and the public they putatively serve. Common to many but alien to the rest of us, it may help explain why someone like the 23-year-old evader in this case would run from police in the first place.
On the police side, the failure to prosecute assaultive officers only exposes responsible officers to danger by an incensed public robbed of any reasonable hope for official accountability. John F. Kennedy famously warned: “Those who make peaceful protest impossible make violent revolution inevitable.” Officers, made more fearful as a result, turn even more aggressive. So goes the vicious cycle. Have we learned nothing from the Rodney King beating and riots?
But who could expect responsible local government action when the federal government sets such an atrocious example? The President inveighs that prosecuting the architects and executors of U.S. torture policy, and releasing photos evidencing torture, may undermine agents’ morale and expose soldiers in combat zones to retribution or death. But have we calculated the cost, in potential future attacks, of failing to show the world that we can police ourselves and abide by our own standards, let alone the cost to our own moral fiber? No arrested criminal, or victim of U.S. torture, gets the benefit of such nuanced, exception-based analysis. These double standards will undo is. It is not for the perpetrators to let bygones be bygones and only look ahead, as the President counsels. The victims do not soon forget.
William Brandeis, a wiser Supreme Court Justice than most, observed: “Our government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its example. Crime is contagious. If the government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law; it invites every man to become a law unto himself.” (Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928)).
Unless we are willing to apply consistent legal standards, we will only spin further to the edge of our moral compass, and will find ourselves putting down ever more justifiable rebellions by ever increasing excessive force.
Each extra-legal kick to the head which does not jar us to our senses becomes one more intolerable exception to democracy. We only get so many exceptions before we simply cease to be.
Ben Rosenfeld is an attorney in San Francisco.
By BEN ROSENFELD
CounterPunch
A suspect crashes his car after leading El Monte, CA police on a dangerous, sometimes high speed chase and flees into a residential neighborhood. Soon cornered, he gives up in a backyard and lies face down, arms and legs out, surrendering. An El Monte police officer runs up, gun drawn, and kicks him full force in the head. He is inert after the blow, possibly unconscious. This does not stop a second officer from punching him repeatedly in the ribs. A third officer arrives and lets a police dog bite him once on the leg. The first officer slaps the K-9 officer a high five. All of them, the three officers and the dog, have their extra-judicial treat for catching a bad guy. In court, it would be the scofflaw’s word against three sworn police officers, except a news helicopter catches the whole incident on live video.
The suspect goes to the hospital, and the officers goes back to work, while the ACLU calls vainly for placing the officer who dealt the kick on administrative leave. (He has since been reassigned to desk duty.) Los Angeles, which has in the past erupted in riots over such brazen police abuse, is mercifully quiet. The El Monte Police Chief Tom Armstrong responds measuredly that he is withholding judgment pending the facts. “I worked internal affairs for four years and I have learned that you do not make a decision in a vacuum,” Armstrong explains. “I do not know what was in the mind of that officer, as to why he did that. I saw the individual turn his head toward the officer.”
As a police misconduct civil rights lawyer, I can say that what was in the officer’s mind is probably the same as what is evidently going through his Chief’s head: What can I get away with here, while the public isn’t looking? In my ten years of practice, I have seen scores of ordinary officers accused of brutality insert their cover stories into the gaps in the video and other evidence. It is in such gaps that they often blame the victim by pretending that s/he reached into a waistband for a weapon, or reached for the officer’s weapon – veritable police clichés. But there are no gaps in this video. It is shot from overhead, clear, continuous, and unmistakable. The officer lost his cool and punished the surrendering suspect on the spot with a potentially lethal kick to the head. That much is painfully obvious. If he stopped to think first, it was only to calculate, incorrectly, that no one was looking.
But are we looking? What possesses a Police Chief, who is responsible ultimately for the safety of both his officers and the public they come in contact with, to let such an unhinged officer return to work and to dither so before condemning his actions? Why should he not be arrested forthwith and charged with felony assault or attempted murder like any civilian in his shoes would be?
The self-evident answer is that Chief Armstrong is not interested in accountability but in cover-up – notwithstanding his pious intonations that he worked in internal affairs. An honest internal affairs investigator does not supply an excuse for the officer under investigation by saying, as Armstrong did, “I saw the individual turn his head toward the officer...” Look for that dot dot dot to form the foundation for the official excuse – unless the absurd excuse supplied by the police union’s lawyer Dieter Dammier gains traction first: that the kick was a justifiable “distraction blow” to thwart the suspect from getting up or reaching for a weapon in case he might try to do so. But if the video did not depict his complete surrender, it is hard to imagine what that could ever look like.
Chief Armstrong may equate such excuse-making with the wellbeing of his police family. If so, it is a dangerous equation. A good and sensible police chief would instead consider what the lack of swift condemnation of such brutality spells for the dynamics between police and the public. Countless people in this country live amid an epidemic of police violence. Rare videos like this one only serve to assuage the mainstream that brutality is rare, is addressed when it arises, and therefore does not demand systemic reform. On the contrary, rampant police abuse is creating a widening gulf of mistrust between police and the public they putatively serve. Common to many but alien to the rest of us, it may help explain why someone like the 23-year-old evader in this case would run from police in the first place.
On the police side, the failure to prosecute assaultive officers only exposes responsible officers to danger by an incensed public robbed of any reasonable hope for official accountability. John F. Kennedy famously warned: “Those who make peaceful protest impossible make violent revolution inevitable.” Officers, made more fearful as a result, turn even more aggressive. So goes the vicious cycle. Have we learned nothing from the Rodney King beating and riots?
But who could expect responsible local government action when the federal government sets such an atrocious example? The President inveighs that prosecuting the architects and executors of U.S. torture policy, and releasing photos evidencing torture, may undermine agents’ morale and expose soldiers in combat zones to retribution or death. But have we calculated the cost, in potential future attacks, of failing to show the world that we can police ourselves and abide by our own standards, let alone the cost to our own moral fiber? No arrested criminal, or victim of U.S. torture, gets the benefit of such nuanced, exception-based analysis. These double standards will undo is. It is not for the perpetrators to let bygones be bygones and only look ahead, as the President counsels. The victims do not soon forget.
William Brandeis, a wiser Supreme Court Justice than most, observed: “Our government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its example. Crime is contagious. If the government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law; it invites every man to become a law unto himself.” (Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928)).
Unless we are willing to apply consistent legal standards, we will only spin further to the edge of our moral compass, and will find ourselves putting down ever more justifiable rebellions by ever increasing excessive force.
Each extra-legal kick to the head which does not jar us to our senses becomes one more intolerable exception to democracy. We only get so many exceptions before we simply cease to be.
Ben Rosenfeld is an attorney in San Francisco.
Declaran de interés regional la IV Cumbre Continental
CONSEJO REGIONAL PUNO POR UNANIMIDAD
Los integrantes del Consejo Regional del Gobierno Regional Puno, acordaron por unanimidad declarar de Interés Regional la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala que se realizará en la ciudad de Puno del 27 al 31 de mayo del presente año, y al mismo tiempo aprobaron que las instituciones del Gobierno Regional respalden plenamente el evento indicado.
Esta resolución está contenida en el Acuerdo Regional Nº 040-2009-2009-CR Puno, aprobada por el Consejo Regional en uso de las atribuciones conferidas por Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por Ley Nº 27902.
La publicación del referido Acuerdo lleva la rúbrica del MVZ Abdías Zelio Ponce, Consejero Delegado del Consejo Regional Puno.
El Consejo Regional está compuesto por un representante de cada una de las 13 provincias que tiene la Región Puno, elegidos democráticamente, y que se reúnen ordinaria y extraordinariamente para legislar sobre aspectos relacionados al desarrollo de la Región.
La Comisión Organizadora de la IV Cumbre agradeció esta decisión del Consejo Regional, así como la decisión del Presidente de la Región, Dr. Hernán Fuentes Guzmán, de respaldar este importante certamen internacional.
Esta decisión se suma a la asumida por el pleno del Concejo Municipal de Puno, que también aprobó declarar de interés provincial la IV Cumbre y solicitó a la ciudadanía el respaldo a este evento trascendental para la ciudad y la región.
HOSPITAL REGIONAL DE PUNO PRESTARÁ AUXILIO A DELEGADOS PARTICIPANTES DE IV CUMBRE CONTINENTAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ABYA YALA
El Director del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón”, Dr. José Miranda Farfán, informó que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar una adecuada atención de salud a los delegados que participarán de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala.
Mencionó que en el hospital que dirige, los servicios de emergencia estarán prestos para atender cualquier urgencia, así como atención en cirugía mayor si fuera necesario. Con este fin, ha dispuesto la habilitación de dos salas, con seis camas en cada caso, para atender a pacientes que tuvieran que hospitalizarse.
Indicó que un mal frecuente que padecen las personas que visitan la ciudad de Puno, ubicado a 3,810 m.s.n.m., es el mal de altura, conocido popularmente como “soroche”. Las personas sufren de dolor de cabeza, mareos o vómitos, sienten cansancio y pesadez en su organismo, así como pueden presentar dificultades para dormir o respirar normalmente.
Para evitar estas molestias que son totalmente transitorias en personas no acostumbradas a la altura, el Dr. José Miranda recomendó a los viajeros por tierra o por vía aérea, que conforme vayan subiendo a la altura consuman caramelos de limón y beban mates o infusión de coca de manera constante, ya que la hoja de coca contiene propiedades beneficiosas para que el organismo se adapte rápidamente a la altura.
De igual manera, recomendó que al llegar a Puno, se evite esfuerzo físico alguno, y de ser posible se descanse un promedio de tres horas para facilitar la adaptación del organismo. Sugirió a los delegados que de ser factible lleguen con 24 horas de anticipación al inicio de la IV Cumbre para adaptar plenamente el organismo a las condiciones del clima y altura.
Asimismo, precisó que para evitar cualquier enfermedad respiratoria ya que se está ingresando a temporada de invierno en Puno, los delegados porten ropa gruesa o térmica, especialmente durante las madrugadas, en la noche y también en los recintos donde se realicen las mesas temáticas. Por lo demás, durante el día hay un sol esplendente y la sensación de calor es alta en el medio ambiente.
Finalmente, la Comisión Organizadora de la IV Cumbre informó que además del Hospital Regional “Manuel Nuñez Butrón” de Puno, contribuirán con garantizar la salud de los participantes tanto Essalud como el Policlínico Municipal, quienes instalarán carpas y dispondrán de ambulancias en la Ciudad Universitaria para brindar los primeros auxilios a quienes lo requieran. Asimismo habrá voluntarios de las facultades de Medicina Humana y Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes brindarán su aporte a favor de la salud de los delegados.
DIRIGENTA DE ECUADOR VISITA PUNO PARA VERIFICAR PREPARATIVOS DE I CUMBRE CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS
La integrante de la Comisión Internacional de Organización de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, Blanca Chancosa, arribó a Puno para verificar los avances en la preparación de este trascendental evento continental, especialmente en lo que se refiere a la I Cumbre de Mujeres Indígenas a efectuarse los días 27 y 28 de mayo.
Blanca Chancosa es de nacionalidad ecuatoriana, coordinadora de la Escuela de Formación Política de Mujeres "Dolores Cacuango" de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, estuvo en Puno para precisar los aspectos metodológicos de la Cumbre de Mujeres Indígenas y verificar los avances logísticos, especialmente en alojamiento y alimentación.
Asimismo tomó nota de las medidas de prevención a tomar por parte de las delegaciones visitantes a la ciudad, toda vez que Puno está ubicado a 3,810 m.s.n.m. y se está en temporada de invierno donde la temperatura está descendiendo en la zona.
La dirigente mencionó que a medida que se acerca la realización de la Cumbre hay mayor expectativa a nivel internacional y hasta el momento varios países han solicitado la inscripción de sus delegaciones y se prevé que muy pronto se rebasará la cantidad prevista de participantes.
Blanca Chancosa dijo que este evento de Mujeres Indígenas es de suma trascendencia, no solo por la realización en su primera versión, sino por la autoconvocatoria con una agenda propia de las mujeres de muchos países, trabajada por mas de dos años, y que la culminación de la misma será en la Cumbre que se espera sea exitosa y sobre todo propositiva, ya que mostrará a la sociedad del continente y del mundo entero la capacidad organizativa de los pueblos y mujeres indígenas
Asimismo precisó que en esta Cumbre se debatirán intensamente diversas propuestas, alejadas completamente del espectáculo que la mayoría de veces son objeto las mujeres.
La Comisión Organizadora
IV CUMBRE CONTINENTAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ABYA YALA
¡Por Estados Plurinacionales y Buen Vivir!
Puno, Perú, 27 al 31 de mayo del 2009
Los integrantes del Consejo Regional del Gobierno Regional Puno, acordaron por unanimidad declarar de Interés Regional la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala que se realizará en la ciudad de Puno del 27 al 31 de mayo del presente año, y al mismo tiempo aprobaron que las instituciones del Gobierno Regional respalden plenamente el evento indicado.
Esta resolución está contenida en el Acuerdo Regional Nº 040-2009-2009-CR Puno, aprobada por el Consejo Regional en uso de las atribuciones conferidas por Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por Ley Nº 27902.
La publicación del referido Acuerdo lleva la rúbrica del MVZ Abdías Zelio Ponce, Consejero Delegado del Consejo Regional Puno.
El Consejo Regional está compuesto por un representante de cada una de las 13 provincias que tiene la Región Puno, elegidos democráticamente, y que se reúnen ordinaria y extraordinariamente para legislar sobre aspectos relacionados al desarrollo de la Región.
La Comisión Organizadora de la IV Cumbre agradeció esta decisión del Consejo Regional, así como la decisión del Presidente de la Región, Dr. Hernán Fuentes Guzmán, de respaldar este importante certamen internacional.
Esta decisión se suma a la asumida por el pleno del Concejo Municipal de Puno, que también aprobó declarar de interés provincial la IV Cumbre y solicitó a la ciudadanía el respaldo a este evento trascendental para la ciudad y la región.
HOSPITAL REGIONAL DE PUNO PRESTARÁ AUXILIO A DELEGADOS PARTICIPANTES DE IV CUMBRE CONTINENTAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ABYA YALA
El Director del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón”, Dr. José Miranda Farfán, informó que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar una adecuada atención de salud a los delegados que participarán de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala.
Mencionó que en el hospital que dirige, los servicios de emergencia estarán prestos para atender cualquier urgencia, así como atención en cirugía mayor si fuera necesario. Con este fin, ha dispuesto la habilitación de dos salas, con seis camas en cada caso, para atender a pacientes que tuvieran que hospitalizarse.
Indicó que un mal frecuente que padecen las personas que visitan la ciudad de Puno, ubicado a 3,810 m.s.n.m., es el mal de altura, conocido popularmente como “soroche”. Las personas sufren de dolor de cabeza, mareos o vómitos, sienten cansancio y pesadez en su organismo, así como pueden presentar dificultades para dormir o respirar normalmente.
Para evitar estas molestias que son totalmente transitorias en personas no acostumbradas a la altura, el Dr. José Miranda recomendó a los viajeros por tierra o por vía aérea, que conforme vayan subiendo a la altura consuman caramelos de limón y beban mates o infusión de coca de manera constante, ya que la hoja de coca contiene propiedades beneficiosas para que el organismo se adapte rápidamente a la altura.
De igual manera, recomendó que al llegar a Puno, se evite esfuerzo físico alguno, y de ser posible se descanse un promedio de tres horas para facilitar la adaptación del organismo. Sugirió a los delegados que de ser factible lleguen con 24 horas de anticipación al inicio de la IV Cumbre para adaptar plenamente el organismo a las condiciones del clima y altura.
Asimismo, precisó que para evitar cualquier enfermedad respiratoria ya que se está ingresando a temporada de invierno en Puno, los delegados porten ropa gruesa o térmica, especialmente durante las madrugadas, en la noche y también en los recintos donde se realicen las mesas temáticas. Por lo demás, durante el día hay un sol esplendente y la sensación de calor es alta en el medio ambiente.
Finalmente, la Comisión Organizadora de la IV Cumbre informó que además del Hospital Regional “Manuel Nuñez Butrón” de Puno, contribuirán con garantizar la salud de los participantes tanto Essalud como el Policlínico Municipal, quienes instalarán carpas y dispondrán de ambulancias en la Ciudad Universitaria para brindar los primeros auxilios a quienes lo requieran. Asimismo habrá voluntarios de las facultades de Medicina Humana y Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes brindarán su aporte a favor de la salud de los delegados.
DIRIGENTA DE ECUADOR VISITA PUNO PARA VERIFICAR PREPARATIVOS DE I CUMBRE CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS
La integrante de la Comisión Internacional de Organización de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, Blanca Chancosa, arribó a Puno para verificar los avances en la preparación de este trascendental evento continental, especialmente en lo que se refiere a la I Cumbre de Mujeres Indígenas a efectuarse los días 27 y 28 de mayo.
Blanca Chancosa es de nacionalidad ecuatoriana, coordinadora de la Escuela de Formación Política de Mujeres "Dolores Cacuango" de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, estuvo en Puno para precisar los aspectos metodológicos de la Cumbre de Mujeres Indígenas y verificar los avances logísticos, especialmente en alojamiento y alimentación.
Asimismo tomó nota de las medidas de prevención a tomar por parte de las delegaciones visitantes a la ciudad, toda vez que Puno está ubicado a 3,810 m.s.n.m. y se está en temporada de invierno donde la temperatura está descendiendo en la zona.
La dirigente mencionó que a medida que se acerca la realización de la Cumbre hay mayor expectativa a nivel internacional y hasta el momento varios países han solicitado la inscripción de sus delegaciones y se prevé que muy pronto se rebasará la cantidad prevista de participantes.
Blanca Chancosa dijo que este evento de Mujeres Indígenas es de suma trascendencia, no solo por la realización en su primera versión, sino por la autoconvocatoria con una agenda propia de las mujeres de muchos países, trabajada por mas de dos años, y que la culminación de la misma será en la Cumbre que se espera sea exitosa y sobre todo propositiva, ya que mostrará a la sociedad del continente y del mundo entero la capacidad organizativa de los pueblos y mujeres indígenas
Asimismo precisó que en esta Cumbre se debatirán intensamente diversas propuestas, alejadas completamente del espectáculo que la mayoría de veces son objeto las mujeres.
La Comisión Organizadora
IV CUMBRE CONTINENTAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ABYA YALA
¡Por Estados Plurinacionales y Buen Vivir!
Puno, Perú, 27 al 31 de mayo del 2009
Subterfuge and the Science of Repeating Lies
War and Torture
By ROBERTO RODRIGUEZ
CounterPunch
It is apparent that regardless of who is in power, conservative ideals are firmly entrenched not simply in the American psyche, but are an integral part of U.S. policies. One could blame liberals for not having a backbone when combating conservatives, but chances are that the real reason may be even more onerous; one likely explanation is governmental psychological warfare.
Why did Congress last week quietly approve almost another $100 billion for the Iraq and Afghanistan wars? Why are displaced Mexican migrants scapegoated for all the ills of U.S. society? Why does the United States escape blame for its insatiable thirst for drugs [in fueling the drug wars in Mexico]? Why is the United States always supposed to side with Israel, without ever having a debate? Why does “war as peace” continue to be U.S. policy?
With President Obama, things were supposed to be different; the Iraq and Afghanistan Wars were supposed to come to a screeching halt. Guantanamo would be immediately closed down and torture would unequivocally be denounced and those flouting U.S. and international laws would finally be held to account in a court of law.
Instead, we see vacillation or escalation on virtually every front. Just on economic grounds alone, one would think that shutting down both wars would be a no-brainer. So the question is logical; with Obama in the White House and Democrats in control of Congress, why do conservative ideals and policies – such as the right to permanent war – continue to be entrenched throughout the U.S. political landscape?
Most assuredly, the answer lies in the lies that this nation has swallowed as part of its national narrative. For example, several years ago, as I was finishing up my PhD studies, one of my professors was explaining how language and minds can be manipulated – simply by the words we employ and the order in which they are employed. Such a sophisticated process can pre-determine not only what we think and discuss, but when we do this. Who delivers the words and ideas can also influence how people will feel towards any given issue. One example is the use of Colin Powell [and his contrived account] to convince a skeptical world before the UN about the need to invade Iraq [Bush-Cheney-Rumsfeld and Rice had zero credibility].
As the seminar professor was explaining this process, I raised my hand: “This sounds like psy-ops – like CIA work.”
At this, the professor laughed: “You must not be too familiar with our field. The great majority of all mass communications research is funded by the defense department.”
This confirmed what I had always suspected; this would explain how the Iraq War was sold – through an unquestioning media that simply acted liked stenographers – repeating complete fabrications, affirmed by “military experts” (in the employ of Defense contractors) that even grade school children could see through. Yet that would not have been enough to have convinced a skeptical public.
For such a special operation to work, fear, hate and ignorance had to be thrown into the mix, helping to advance the nonsensical argument that Iraq constituted a grave threat to the world. Yet, on the heels of the Cold War – in which the United States was pitted against a superpower that actually had a nuclear arsenal of thousands – Americans were supposed to be afraid of a country that, in effect, used slingshots as part of its air defense. While fear, hate and ignorance usually work in any society, all this was not enough to sell this war.
To sell the war – in fact, to sell the notion of a right to permanent worldwide war (The so-called War on Terror) – required bringing in three additional factors: God, hyper-nationalism and a “homeland.” If Bush could convince the public that God was siding with the United States against fanatical Arab/Muslim terrorists who were responsible for 9-11, then all that remained was to convince the public that it was their patriotic duty to support the president in this God-inspired civilizational war to protect the Fatherland against infidels. This civilizational Jihad or Crusade included warring against Iraq, a nation that had nothing to do with 9-11 and that had not ever been a threat to the United States (see Rumsfeld’s “religious” memos to Bush at this week’s GQ Issue)
This war – for the hearts and minds of Westerners – appears to have failed except amongst the FOX-TV-viewing public and its right-wing radio auxiliaries.
And yet, even with a change in administrations, conservative ideals and the conservative agenda continue to dominate the national agenda. Specifically, in regards to Iraq and Afghanistan – the wars continue and Dick Cheney and his ultra-conservative cohorts continue to dictate the nation’s political agenda. The reason: think psy-ops and think subterfuge. While we discuss the proprieties of torture and other enhanced interrogation techniques – we never get around to discussing illegal wars that have resulted in the deaths and maiming of tens of thousands and the displacement of millions. Within this context, we ignore the larger crimes against humanity by the Bush administration and instead debate whether torture works or not.
In a nation of laws – beyond a bad cliché, “going forward” – or not pursuing justice – has now become “conventional wisdom.” House Speaker Nancy Pelosi advanced this nonsensical conservative idea when she refused to hold impeachment hearings. In a poetic sense of justice, her strategy of “not looking back” is coming back to bite her. Rather than the architects of the criminal war being investigated, she now is on the hot seat. It is possible that this same “going forward” agenda – which has also been accepted by President Obama – may come back to derail the president’s seemingly naïve agenda.
Roberto Rodriguez can be reached at: XColumn@gmail.com
By ROBERTO RODRIGUEZ
CounterPunch
It is apparent that regardless of who is in power, conservative ideals are firmly entrenched not simply in the American psyche, but are an integral part of U.S. policies. One could blame liberals for not having a backbone when combating conservatives, but chances are that the real reason may be even more onerous; one likely explanation is governmental psychological warfare.
Why did Congress last week quietly approve almost another $100 billion for the Iraq and Afghanistan wars? Why are displaced Mexican migrants scapegoated for all the ills of U.S. society? Why does the United States escape blame for its insatiable thirst for drugs [in fueling the drug wars in Mexico]? Why is the United States always supposed to side with Israel, without ever having a debate? Why does “war as peace” continue to be U.S. policy?
With President Obama, things were supposed to be different; the Iraq and Afghanistan Wars were supposed to come to a screeching halt. Guantanamo would be immediately closed down and torture would unequivocally be denounced and those flouting U.S. and international laws would finally be held to account in a court of law.
Instead, we see vacillation or escalation on virtually every front. Just on economic grounds alone, one would think that shutting down both wars would be a no-brainer. So the question is logical; with Obama in the White House and Democrats in control of Congress, why do conservative ideals and policies – such as the right to permanent war – continue to be entrenched throughout the U.S. political landscape?
Most assuredly, the answer lies in the lies that this nation has swallowed as part of its national narrative. For example, several years ago, as I was finishing up my PhD studies, one of my professors was explaining how language and minds can be manipulated – simply by the words we employ and the order in which they are employed. Such a sophisticated process can pre-determine not only what we think and discuss, but when we do this. Who delivers the words and ideas can also influence how people will feel towards any given issue. One example is the use of Colin Powell [and his contrived account] to convince a skeptical world before the UN about the need to invade Iraq [Bush-Cheney-Rumsfeld and Rice had zero credibility].
As the seminar professor was explaining this process, I raised my hand: “This sounds like psy-ops – like CIA work.”
At this, the professor laughed: “You must not be too familiar with our field. The great majority of all mass communications research is funded by the defense department.”
This confirmed what I had always suspected; this would explain how the Iraq War was sold – through an unquestioning media that simply acted liked stenographers – repeating complete fabrications, affirmed by “military experts” (in the employ of Defense contractors) that even grade school children could see through. Yet that would not have been enough to have convinced a skeptical public.
For such a special operation to work, fear, hate and ignorance had to be thrown into the mix, helping to advance the nonsensical argument that Iraq constituted a grave threat to the world. Yet, on the heels of the Cold War – in which the United States was pitted against a superpower that actually had a nuclear arsenal of thousands – Americans were supposed to be afraid of a country that, in effect, used slingshots as part of its air defense. While fear, hate and ignorance usually work in any society, all this was not enough to sell this war.
To sell the war – in fact, to sell the notion of a right to permanent worldwide war (The so-called War on Terror) – required bringing in three additional factors: God, hyper-nationalism and a “homeland.” If Bush could convince the public that God was siding with the United States against fanatical Arab/Muslim terrorists who were responsible for 9-11, then all that remained was to convince the public that it was their patriotic duty to support the president in this God-inspired civilizational war to protect the Fatherland against infidels. This civilizational Jihad or Crusade included warring against Iraq, a nation that had nothing to do with 9-11 and that had not ever been a threat to the United States (see Rumsfeld’s “religious” memos to Bush at this week’s GQ Issue)
This war – for the hearts and minds of Westerners – appears to have failed except amongst the FOX-TV-viewing public and its right-wing radio auxiliaries.
And yet, even with a change in administrations, conservative ideals and the conservative agenda continue to dominate the national agenda. Specifically, in regards to Iraq and Afghanistan – the wars continue and Dick Cheney and his ultra-conservative cohorts continue to dictate the nation’s political agenda. The reason: think psy-ops and think subterfuge. While we discuss the proprieties of torture and other enhanced interrogation techniques – we never get around to discussing illegal wars that have resulted in the deaths and maiming of tens of thousands and the displacement of millions. Within this context, we ignore the larger crimes against humanity by the Bush administration and instead debate whether torture works or not.
In a nation of laws – beyond a bad cliché, “going forward” – or not pursuing justice – has now become “conventional wisdom.” House Speaker Nancy Pelosi advanced this nonsensical conservative idea when she refused to hold impeachment hearings. In a poetic sense of justice, her strategy of “not looking back” is coming back to bite her. Rather than the architects of the criminal war being investigated, she now is on the hot seat. It is possible that this same “going forward” agenda – which has also been accepted by President Obama – may come back to derail the president’s seemingly naïve agenda.
Roberto Rodriguez can be reached at: XColumn@gmail.com
"Por la vida, la tierra, el territorio y la soberanía de nuestros pueblos"
Declaración de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Güira de Melena (Cuba)
Movimientos
En Güira de Melena, Cuba, tierra de revoluciones, resistencia, justicia y dignidad, a 50 años del triunfo de la Revolución y a 50 años de la promulgación de la primera ley de reforma agraria, momentos históricos, que marcaron y marcan la luchas emancipadoras de nuestros pueblos.
Emocionados y contagiados del enorme espíritu revolucionario y solidario de este pueblo, más de 70 mujeres, hombres y jóvenes, representantes de las organizaciones miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-VIA CAMPESINA), nos hemos reunido para retomar y sistematizar las experiencias de lucha, nuestra identidad continental, ratificando el carácter anti neoliberal, anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo, de nuestra organización, que sigue asentada y avalada por las masas campesinas, indígenas, afro descendientes, y por los trabajadores rurales organizados, además de la historia y prestigio ganado en las gloriosas batallas contra el ALCA, la OMC, FMI, Banco Mundial, las transnacionales y el agro negocio, a favor siempre de la soberanía alimentaria y la reforma agraria, entre miles de luchas territoriales en cada punto de nuestra mayúscula América.
Trabajamos y reflexionamos con el fin de elaborar una visión común de los procesos y escenarios del continente, los nuevos procesos políticos, para de esta forma definir ejes de acción que continúen nuestra histórica tarea de lucha por la transformación de la sociedad, por la soberanía alimentaria, por la defensa de la biodiversidad y la cultura de nuestros pueblos, definiéndonos como una organización que juega un papel fundamental en la construcción de una alternativa no-capitalista, en el camino y el anhelo de un futuro justo, igualitario, socialista.
Ratificamos nuestra solidaridad con la lucha y resistencia que por medio siglo ha mantenido el heroico pueblo Cubano frente a todo tipo de agresiones, destacándose el genocida y criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, al que seguimos condenando y denunciando.
Identificamos un momento importante en el escenario continental, que puede generar mayores posibilidades de avances en nuestros objetivos.
Hay gobiernos populares que al calor de la organización y movilización de los movimientos sociales, con gran protagonismo de nuestras organizaciones del campo, asumen y concretan pasos a favor de reformas agrarias, de la soberanía alimentaria, de la soberanía de los bienes y recursos naturales.
También identificamos a gobiernos progresistas, que ante sus dudas, temores y compromisos con las elites dominantes, nos obligan a movilizar, presionar y generar acciones directas para forzar cambios estructurales.
Seguiremos combatiendo y luchando contra los gobiernos neoliberales, aliados fundamentales del imperialismo yanqui, de las empresas transnacionales, y comprometidos en el marco de la actual crisis del capital, con la reestructuración y recomposición rápida de nuevos ciclos de acumulación capitalista.
Nuestras luchas sumarán fuerzas al proceso integracionista de la Alternativa Bolivariana para nuestra América (ALBA), que llevan adelante los gobiernos que la integran y los movimientos sociales populares, para lo cual requeriremos como divisa fundamental lograr la unidad de acción y la integración que el momento histórico requiere, para esto trabajaremos en garantizar la realización de la asamblea continental de los movimientos sociales.
Condenamos y denunciamos al terrorismo y militarización en todas sus formas y manifestaciones contra nuestros pueblos; repudiamos enérgicamente la constante y progresiva criminalización de los movimientos sociales y lideres de nuestras organizaciones.
Condenamos también los intentos de magnicidio como método para frenar procesos revolucionarios, ejemplos elocuentes de esto lo constituyen los planes de asesinato contra Hugo Chávez, Evo Morales, y por más de 50 años contra Fidel Castro y otros lideres de la Revolución Cubana.
Frente a esto nos comprometemos a:
Nosotros, los y las participantes en este encuentro, llamamos a condenar la injusticia que por mas de 10 años se comete contra cinco jóvenes cubanos, Héroes de la Republica de Cuba por luchar contra el terrorismo, cumpliendo sanciones injustas y crueles, exigimos su inmediata liberación comprometiéndonos a denunciar y luchar desde nuestros países por esta causa.
Exigimos:
Nos convocamos a:
Guira de Melena (Cuba, 29 de abril de 2009)
Movimientos
En Güira de Melena, Cuba, tierra de revoluciones, resistencia, justicia y dignidad, a 50 años del triunfo de la Revolución y a 50 años de la promulgación de la primera ley de reforma agraria, momentos históricos, que marcaron y marcan la luchas emancipadoras de nuestros pueblos.
Emocionados y contagiados del enorme espíritu revolucionario y solidario de este pueblo, más de 70 mujeres, hombres y jóvenes, representantes de las organizaciones miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-VIA CAMPESINA), nos hemos reunido para retomar y sistematizar las experiencias de lucha, nuestra identidad continental, ratificando el carácter anti neoliberal, anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo, de nuestra organización, que sigue asentada y avalada por las masas campesinas, indígenas, afro descendientes, y por los trabajadores rurales organizados, además de la historia y prestigio ganado en las gloriosas batallas contra el ALCA, la OMC, FMI, Banco Mundial, las transnacionales y el agro negocio, a favor siempre de la soberanía alimentaria y la reforma agraria, entre miles de luchas territoriales en cada punto de nuestra mayúscula América.
Trabajamos y reflexionamos con el fin de elaborar una visión común de los procesos y escenarios del continente, los nuevos procesos políticos, para de esta forma definir ejes de acción que continúen nuestra histórica tarea de lucha por la transformación de la sociedad, por la soberanía alimentaria, por la defensa de la biodiversidad y la cultura de nuestros pueblos, definiéndonos como una organización que juega un papel fundamental en la construcción de una alternativa no-capitalista, en el camino y el anhelo de un futuro justo, igualitario, socialista.
Ratificamos nuestra solidaridad con la lucha y resistencia que por medio siglo ha mantenido el heroico pueblo Cubano frente a todo tipo de agresiones, destacándose el genocida y criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, al que seguimos condenando y denunciando.
Identificamos un momento importante en el escenario continental, que puede generar mayores posibilidades de avances en nuestros objetivos.
Hay gobiernos populares que al calor de la organización y movilización de los movimientos sociales, con gran protagonismo de nuestras organizaciones del campo, asumen y concretan pasos a favor de reformas agrarias, de la soberanía alimentaria, de la soberanía de los bienes y recursos naturales.
También identificamos a gobiernos progresistas, que ante sus dudas, temores y compromisos con las elites dominantes, nos obligan a movilizar, presionar y generar acciones directas para forzar cambios estructurales.
Seguiremos combatiendo y luchando contra los gobiernos neoliberales, aliados fundamentales del imperialismo yanqui, de las empresas transnacionales, y comprometidos en el marco de la actual crisis del capital, con la reestructuración y recomposición rápida de nuevos ciclos de acumulación capitalista.
Nuestras luchas sumarán fuerzas al proceso integracionista de la Alternativa Bolivariana para nuestra América (ALBA), que llevan adelante los gobiernos que la integran y los movimientos sociales populares, para lo cual requeriremos como divisa fundamental lograr la unidad de acción y la integración que el momento histórico requiere, para esto trabajaremos en garantizar la realización de la asamblea continental de los movimientos sociales.
Condenamos y denunciamos al terrorismo y militarización en todas sus formas y manifestaciones contra nuestros pueblos; repudiamos enérgicamente la constante y progresiva criminalización de los movimientos sociales y lideres de nuestras organizaciones.
Condenamos también los intentos de magnicidio como método para frenar procesos revolucionarios, ejemplos elocuentes de esto lo constituyen los planes de asesinato contra Hugo Chávez, Evo Morales, y por más de 50 años contra Fidel Castro y otros lideres de la Revolución Cubana.
Frente a esto nos comprometemos a:
Fortalecer la participación y organización en nuestras bases,
- Profundizar la formación política y técnica de nuestros dirigentes y militantes, con plena inclusión de las mujeres y jóvenes, garantía de nuestro presente y futuro de lucha.
- Establecer alianzas para los desafíos de esta etapa, teniendo en cuenta que la crisis impactara con más fuerza en los trabajadores que viven en las ciudades, momento oportuno entonces para firmar nuestra alianza de clase.
- Fortalecer un espacio de los movimientos sociales del continente, que en el marco del Alba y otros procesos de integración, sea referencia y garantía de la participación organizada del pueblo en las decisiones y rumbos estratégicos.
- Continuar trabajando, con más fuerza, en la profundización de nuestras políticas de comunicación e información.
- Implementar las líneas estratégicas que la Vía Campesina definió en su V conferencia: campaña contra todo tipo de violencia a las mujeres en el campo, derrotar a las transnacionales a través de acciones y movilizaciones masivas en la calles y a presionar a nuestros gobiernos para que la Carta de los Derechos Campesinos que hemos elaborado sea tomada y asumida por los gobiernos nacionales del continente, por instancias internacionales, y siga las rutas jurídicas en la ONU.
Nosotros, los y las participantes en este encuentro, llamamos a condenar la injusticia que por mas de 10 años se comete contra cinco jóvenes cubanos, Héroes de la Republica de Cuba por luchar contra el terrorismo, cumpliendo sanciones injustas y crueles, exigimos su inmediata liberación comprometiéndonos a denunciar y luchar desde nuestros países por esta causa.
Exigimos:
El retiro de tropas de ejércitos latinoamericanos en Haití, ¡¡ya¡¡
- La despenalización del cultivo de la “Coca”, hoja sagrada de los pueblos indígenas originarios.
- El cese de la persecución a los militantes de las organizaciones del Campo, en especial a los campesinos y campesinas de Colombia.
Nos convocamos a:
- Iniciar inmediatamente un proceso de debate y discusión hacia nuestro V Congreso Continental de Organizaciones del Campo, que culminara en Ecuador, en el mes de octubre de 2010.
- A mantener una lucha permanente en articulación con las acciones acordadas con los movimientos sociales.
Guira de Melena (Cuba, 29 de abril de 2009)
Por la vida, la tierra, el territorio y la soberanía de nuestros pueblos
Globalicemos la Lucha, Globalicemos la Esperanza
Hasta la victoria siempre
Narco Billboards Unlimited
Frontera NorteSur
News Report
Staff
Almost like a public relations blitz rolled out from Madison Avenue, so-called narco banners proliferated throughout the Mexican borderlands and interior in recent days. For four days running last week, narco banners were publicly displayed in numerous cities in at least 14 Mexican states. In some places, banners went back up almost as quickly as they were pulled down by authorities. States where narco banners were posted included Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo Leon, Guerrero, and Veracruz, among others.
Evoking a highly-coordinated campaign, the banners, with slight variations, had essentially the same message. Directed at Mexican President Felipe Calderon and three high-ranking federal law enforcement officials, including Federal Public Safety Secretary Genaro Garcia Luna, the anonymous authors urged officials to respect the sanctity of presumed narcos’ family members.
Alluding to official complicity with rival narcos, the message implored President Calderon to open his eyes to the “class of people” in charge of the narco war. Posted in various cities in Guerrero, a version of the message accused federal police of forced disappearance, murder and the rape of women in Nuevo Laredo and other unnamed places.
As in similar episodes, the modus operandi of the banner posters was the same. Large handmade messages, bearing practically the same wording, were draped across highly transited public thoroughfares under the cover of darkness, with pedestrian overpasses serving as popular, makeshift
billboard backgrounds.
In Acapulco, a narco banner was displayed across the Maxi-Tunnel that connects the older and tourist sections of the port city to the heavily-populated working class suburbs on the other side of the tropical hills that ring the Bay of Santa Lucia. In Oaxaca City, a narco banner was posted in front of the headquarters of the PRI party.
As in previous incidents, no one was detained, and there were no eyewitness accounts forthcoming. The geography of the most recent wave of narco bannering corresponded to areas where the Juarez, Gulf and Beltran-Leyva organizations have a strong presence. Mexican press reports this year have contended the three groups are now allied against the Sinaloa Cartel.
The narco banners’ effect on public opinion is not clear, but the ability of presumed crime syndicates to almost simultaneously set up what amount to public billboards across a big swath of the Mexican Republic challenges authorities’ assertions that governmental actions are seriously disrupting
cartel operations.
In Ciudad Juarez, the discovery of narco banners preceded the May 14 visit of President Felipe Calderon by mere hours. Accompanied by Defense Secretary Galvan, President Calderon reviewed Mexican troops assigned to Joint Operation Chihuahua, and rendered homage to 83 soldiers killed while serving on anti-drug missions.
During his brief visit to the Paso del Norte borderland, President Calderon announced the children of all soldiers will receive government grants for higher education studies, and soldiers as well as police
officers will be protected by tougher laws. The military’s role in the drug war is not “permanent,” President Calderon said, but will continue until reliable civilian police forces are in the field.
“It is worth the trouble to reiterate that our struggle isn’t to just liberate children and youth from the claws of slavery that addictions represent,” President Calderon said in a speech. “It’s also because crime has directed itself against the citizenry.”
Almost comparing himself to Mexican President Benito Juarez, who fought French invaders from internal exile in Ciudad Juarez during the 1860s, President Calderon vowed the narco will be vanquished in Ciudad Juarez.
“With (soldiers) at the front, the citizenry knows that Juarez doesn’t have to be a city destined for impunity, corruption or violence,” the Mexican leader said, crediting the army for what he termed an “important reduction” of violence.
On the occasion of the president’s visit, the local Diario de Juarez newspaper published an open letter reminding President Calderon of a previous commitment he reportedly made to get to the bottom of the murder of reporter Armando Rodriguez, who was shot to death last November in a crime that is still unpunished.
Within a 48 hour-period following President Calderon’s visit, at least 10 people killed in gangland-style slayings in and around Ciudad Juarez. Two men were machine-gunned to death the evening of May 15 in front of a large crowd inside the San Martin Bar, an establishment which is located across
the street from the local delegation of the federal attorney general’s office. One of the victims, Roberto Acosta, was reportedly celebrating his birthday.
An evening earlier, two severed heads were found within yards of their bodies near a Mexico-US border crossing south of the city. In other local incidents, a 16-year-old girl was reported snatched from a car in a popular shopping mall parking lot, and a man was shot and wounded while riding aboard a public bus.
Violence continued elsewhere in Mexico. In Aguascalientes, police commander Alberto Collazo Alvarado was shot and killed on May 14, while the body of a woman, Isabel Solano, was found stuffed in a car trunk in Chihuahua City on the same evening.
By Saturday, May 16, Mexican soldiers and police from different agencies were involved in a massive search and seal operation in several central Mexican states after an armed commando disguised as federal policemen busted 54 prisoners loose from the Cieneguillas prison in the state of Zacatecas.
And in the southern state of Tabasco, gunmen did not respect the narco banners’ family integrity message. A bloody attack this past week took the lives of Comalcalco police commander Baldomero Garcia Rodriguez and seven members of his family, including four children.
Sources: Lapolaka.com, May 14, 15 and 16. Diario de Juarez, May 14, 15 and 16, 2009. Articles by Sandra Rodriguez Nieto and editorial staff. El Universal, May 14, 15 and 16, 2009. Articles by Roberto Barboza, Irma Mejia and the Notimex news agency. Norte, May 15, 2009. Article by Felix A. Gonzalez. El Sur, May 15, 2009. Articles by Aurora Harrison, Noe Aguirre and Agencia Proceso. Enlineadirecta.info, May 14, 2009. Article by David Diaz. Frontera/SUN, May 14, 2009.
Frontera NorteSur (FNS): on-line, U.S.-Mexico border news Center for Latin American and Border Studies New Mexico State University Las Cruces, New Mexico
News Report
Staff
Almost like a public relations blitz rolled out from Madison Avenue, so-called narco banners proliferated throughout the Mexican borderlands and interior in recent days. For four days running last week, narco banners were publicly displayed in numerous cities in at least 14 Mexican states. In some places, banners went back up almost as quickly as they were pulled down by authorities. States where narco banners were posted included Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo Leon, Guerrero, and Veracruz, among others.
Evoking a highly-coordinated campaign, the banners, with slight variations, had essentially the same message. Directed at Mexican President Felipe Calderon and three high-ranking federal law enforcement officials, including Federal Public Safety Secretary Genaro Garcia Luna, the anonymous authors urged officials to respect the sanctity of presumed narcos’ family members.
Alluding to official complicity with rival narcos, the message implored President Calderon to open his eyes to the “class of people” in charge of the narco war. Posted in various cities in Guerrero, a version of the message accused federal police of forced disappearance, murder and the rape of women in Nuevo Laredo and other unnamed places.
As in similar episodes, the modus operandi of the banner posters was the same. Large handmade messages, bearing practically the same wording, were draped across highly transited public thoroughfares under the cover of darkness, with pedestrian overpasses serving as popular, makeshift
billboard backgrounds.
In Acapulco, a narco banner was displayed across the Maxi-Tunnel that connects the older and tourist sections of the port city to the heavily-populated working class suburbs on the other side of the tropical hills that ring the Bay of Santa Lucia. In Oaxaca City, a narco banner was posted in front of the headquarters of the PRI party.
As in previous incidents, no one was detained, and there were no eyewitness accounts forthcoming. The geography of the most recent wave of narco bannering corresponded to areas where the Juarez, Gulf and Beltran-Leyva organizations have a strong presence. Mexican press reports this year have contended the three groups are now allied against the Sinaloa Cartel.
The narco banners’ effect on public opinion is not clear, but the ability of presumed crime syndicates to almost simultaneously set up what amount to public billboards across a big swath of the Mexican Republic challenges authorities’ assertions that governmental actions are seriously disrupting
cartel operations.
In Ciudad Juarez, the discovery of narco banners preceded the May 14 visit of President Felipe Calderon by mere hours. Accompanied by Defense Secretary Galvan, President Calderon reviewed Mexican troops assigned to Joint Operation Chihuahua, and rendered homage to 83 soldiers killed while serving on anti-drug missions.
During his brief visit to the Paso del Norte borderland, President Calderon announced the children of all soldiers will receive government grants for higher education studies, and soldiers as well as police
officers will be protected by tougher laws. The military’s role in the drug war is not “permanent,” President Calderon said, but will continue until reliable civilian police forces are in the field.
“It is worth the trouble to reiterate that our struggle isn’t to just liberate children and youth from the claws of slavery that addictions represent,” President Calderon said in a speech. “It’s also because crime has directed itself against the citizenry.”
Almost comparing himself to Mexican President Benito Juarez, who fought French invaders from internal exile in Ciudad Juarez during the 1860s, President Calderon vowed the narco will be vanquished in Ciudad Juarez.
“With (soldiers) at the front, the citizenry knows that Juarez doesn’t have to be a city destined for impunity, corruption or violence,” the Mexican leader said, crediting the army for what he termed an “important reduction” of violence.
On the occasion of the president’s visit, the local Diario de Juarez newspaper published an open letter reminding President Calderon of a previous commitment he reportedly made to get to the bottom of the murder of reporter Armando Rodriguez, who was shot to death last November in a crime that is still unpunished.
Within a 48 hour-period following President Calderon’s visit, at least 10 people killed in gangland-style slayings in and around Ciudad Juarez. Two men were machine-gunned to death the evening of May 15 in front of a large crowd inside the San Martin Bar, an establishment which is located across
the street from the local delegation of the federal attorney general’s office. One of the victims, Roberto Acosta, was reportedly celebrating his birthday.
An evening earlier, two severed heads were found within yards of their bodies near a Mexico-US border crossing south of the city. In other local incidents, a 16-year-old girl was reported snatched from a car in a popular shopping mall parking lot, and a man was shot and wounded while riding aboard a public bus.
Violence continued elsewhere in Mexico. In Aguascalientes, police commander Alberto Collazo Alvarado was shot and killed on May 14, while the body of a woman, Isabel Solano, was found stuffed in a car trunk in Chihuahua City on the same evening.
By Saturday, May 16, Mexican soldiers and police from different agencies were involved in a massive search and seal operation in several central Mexican states after an armed commando disguised as federal policemen busted 54 prisoners loose from the Cieneguillas prison in the state of Zacatecas.
And in the southern state of Tabasco, gunmen did not respect the narco banners’ family integrity message. A bloody attack this past week took the lives of Comalcalco police commander Baldomero Garcia Rodriguez and seven members of his family, including four children.
Sources: Lapolaka.com, May 14, 15 and 16. Diario de Juarez, May 14, 15 and 16, 2009. Articles by Sandra Rodriguez Nieto and editorial staff. El Universal, May 14, 15 and 16, 2009. Articles by Roberto Barboza, Irma Mejia and the Notimex news agency. Norte, May 15, 2009. Article by Felix A. Gonzalez. El Sur, May 15, 2009. Articles by Aurora Harrison, Noe Aguirre and Agencia Proceso. Enlineadirecta.info, May 14, 2009. Article by David Diaz. Frontera/SUN, May 14, 2009.
Frontera NorteSur (FNS): on-line, U.S.-Mexico border news Center for Latin American and Border Studies New Mexico State University Las Cruces, New Mexico
México, nuevo basurero de Monsanto
Ana de Ita
TeleSur
La sociedad civil europea ha logrado impresionantes victorias en su guerra contra los cultivos transgénicos. Siete países: Francia, Austria, Luxemburgo, Grecia, Hungría, Polonia y el mes pasado Alemania, han levantado moratorias a la siembra de la única variedad de maíz transgénico aprobada en Europa: el Mon 810, un maíz Bt de Monsanto, resistente a insectos. Italia tiene una prohibición general a todos los cultivos genéticamente modificados, mientras un referéndum en Suiza estableció en 2005 cinco años de moratoria en contra de los cultivos comerciales, que el gobierno decidió ampliar hasta 2013.
Las prohibiciones europeas han sido el resultado de la presión social sobre los gobiernos, y de la decisión autónoma de los ciudadanos, campesinos, agricultores y pobladores en general, de constituir por acuerdo voluntario regiones libres de transgénicos, que llegan a 196 este año.
Los gobiernos, para responder a la negativa social de avance de los transgénicos en los campos y en las mesas, han tomado como base estudios científicos que evidencian el impacto en el ambiente, la falta de conocimiento sobre los efectos en la salud de personas y animales, así como la certeza de que es imposible proteger de la contaminación con transgénicos la producción convencional y orgánica.
Monsanto ha contestado fuertemente, tratando de impedir las prohibiciones a la siembra de sus variedades transgénicas, a partir de la presión a los gobiernos e incluso entablando demandas judiciales contra ellos, como es el caso de Alemania. Lo cierto es que el maíz transgénico en Europa únicamente representa 0.01 por ciento de su cultivo en el mundo, y se espera que se reduzca aún más.
Para contrarrestar esta tendencia, Monsanto busca avanzar rápidamente en los países del sur, utilizando el argumento falso de que sus transgénicos resolverán el hambre en el mundo.
Durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a finales de enero, Hugh Grant, no el actor, sino el presidente mundial de Monsanto, se reunió con el presidente Felipe Calderón y después de felicitarlo por su política hacia el campo, principalmente hacia los pequeños y medianos negocios, reiteró su interés en apoyar la formación tecnológica de México.
El 6 de marzo pasado, un decreto presidencial puso fin a la moratoria de facto a la siembra de maíz transgénico que desde finales de 1998 había impedido el establecimiento de plantíos experimentales o comerciales en el país.
La decisión unilateral del presidente dio el banderazo de salida al avance del maíz transgénico, aunque el camino ya estaba pavimentado por la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, popularmente conocida como ley Monsanto (2005).
Sólo un mes después, Monsanto solicitó la aprobación de 12 siembras experimentales de tres variedades de maíz transgénico en regiones de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, y en mayo, Dow y Pioneer-Dupont, otras dos corporaciones de las seis que monopolizan el mercado de las semillas genéticamente modificadas, solicitaron la experimentación de otras 12 variedades en los mismos estados.
Las corporaciones buscan iniciar estas pruebas durante el próximo ciclo de siembra otoño-invierno en los campos experimentales de investigación pública, y en las tierras de agricultores cooperantes del norte. El INIFAP y Monsanto supervisarán la investigación.
La experimentación es la fase exigida para simular que se toman en cuenta aspectos de bioseguridad y poder brincar a la siguientes etapas, piloto y comercial. La experimentación únicamente se centra en aspectos agronómicos como rendimientos, costos y efectividad contra plagas y deja fuera los impactos en la biodiversidad, el ambiente, la salud, la agricultura campesina y ecológica, la cultura.
Tres son las variedades transgénicas de maíz con las que Monsanto solicita experimentar: el maíz resistente al herbicida RoundUp Ready, producido también por Monsanto y que investigaciones independientes han catalogado como altamente tóxico en experimentos con ratas y embriones.
Una segunda variedad de maíz Bt, resistente a insectos (Mon 89034 x 88017). La prohibición europea de la variedad MON 810 tuvo como base el estudio realizado en ratas alimentadas con maíz Bt (MON 863) que demostró signos de toxicidad en hígado y riñón. Otros estudios reportan alta toxicidad del polen de maíz Bt para larvas de mariposas, así como destrucción de la fertilidad de los suelos. La tercera variedad es una combinación de ambas.
La Sagarpa sostuvo que México no podía quedar rezagado de esta tecnología. Sin embargo, después de casi 14 años de siembras transgénicas, se puede notar que Monsanto y compañía se han refugiado en los países del sur, en donde la ausencia de regulaciones ambientales constituye una de sus principales ventajas comparativas. La siembra de maíz transgénico en México nos convierte en el nuevo basurero de Monsanto.
TeleSur
El 6 de marzo pasado, un decreto presidencial puso fin a la moratoria de facto a la siembra de maíz transgénico que desde finales de 1998 había impedido el establecimiento de plantíos experimentales o comerciales en el país.
La sociedad civil europea ha logrado impresionantes victorias en su guerra contra los cultivos transgénicos. Siete países: Francia, Austria, Luxemburgo, Grecia, Hungría, Polonia y el mes pasado Alemania, han levantado moratorias a la siembra de la única variedad de maíz transgénico aprobada en Europa: el Mon 810, un maíz Bt de Monsanto, resistente a insectos. Italia tiene una prohibición general a todos los cultivos genéticamente modificados, mientras un referéndum en Suiza estableció en 2005 cinco años de moratoria en contra de los cultivos comerciales, que el gobierno decidió ampliar hasta 2013.
Las prohibiciones europeas han sido el resultado de la presión social sobre los gobiernos, y de la decisión autónoma de los ciudadanos, campesinos, agricultores y pobladores en general, de constituir por acuerdo voluntario regiones libres de transgénicos, que llegan a 196 este año.
Los gobiernos, para responder a la negativa social de avance de los transgénicos en los campos y en las mesas, han tomado como base estudios científicos que evidencian el impacto en el ambiente, la falta de conocimiento sobre los efectos en la salud de personas y animales, así como la certeza de que es imposible proteger de la contaminación con transgénicos la producción convencional y orgánica.
Monsanto ha contestado fuertemente, tratando de impedir las prohibiciones a la siembra de sus variedades transgénicas, a partir de la presión a los gobiernos e incluso entablando demandas judiciales contra ellos, como es el caso de Alemania. Lo cierto es que el maíz transgénico en Europa únicamente representa 0.01 por ciento de su cultivo en el mundo, y se espera que se reduzca aún más.
Para contrarrestar esta tendencia, Monsanto busca avanzar rápidamente en los países del sur, utilizando el argumento falso de que sus transgénicos resolverán el hambre en el mundo.
Durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a finales de enero, Hugh Grant, no el actor, sino el presidente mundial de Monsanto, se reunió con el presidente Felipe Calderón y después de felicitarlo por su política hacia el campo, principalmente hacia los pequeños y medianos negocios, reiteró su interés en apoyar la formación tecnológica de México.
El 6 de marzo pasado, un decreto presidencial puso fin a la moratoria de facto a la siembra de maíz transgénico que desde finales de 1998 había impedido el establecimiento de plantíos experimentales o comerciales en el país.
La decisión unilateral del presidente dio el banderazo de salida al avance del maíz transgénico, aunque el camino ya estaba pavimentado por la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, popularmente conocida como ley Monsanto (2005).
Sólo un mes después, Monsanto solicitó la aprobación de 12 siembras experimentales de tres variedades de maíz transgénico en regiones de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, y en mayo, Dow y Pioneer-Dupont, otras dos corporaciones de las seis que monopolizan el mercado de las semillas genéticamente modificadas, solicitaron la experimentación de otras 12 variedades en los mismos estados.
Las corporaciones buscan iniciar estas pruebas durante el próximo ciclo de siembra otoño-invierno en los campos experimentales de investigación pública, y en las tierras de agricultores cooperantes del norte. El INIFAP y Monsanto supervisarán la investigación.
La experimentación es la fase exigida para simular que se toman en cuenta aspectos de bioseguridad y poder brincar a la siguientes etapas, piloto y comercial. La experimentación únicamente se centra en aspectos agronómicos como rendimientos, costos y efectividad contra plagas y deja fuera los impactos en la biodiversidad, el ambiente, la salud, la agricultura campesina y ecológica, la cultura.
Tres son las variedades transgénicas de maíz con las que Monsanto solicita experimentar: el maíz resistente al herbicida RoundUp Ready, producido también por Monsanto y que investigaciones independientes han catalogado como altamente tóxico en experimentos con ratas y embriones.
Una segunda variedad de maíz Bt, resistente a insectos (Mon 89034 x 88017). La prohibición europea de la variedad MON 810 tuvo como base el estudio realizado en ratas alimentadas con maíz Bt (MON 863) que demostró signos de toxicidad en hígado y riñón. Otros estudios reportan alta toxicidad del polen de maíz Bt para larvas de mariposas, así como destrucción de la fertilidad de los suelos. La tercera variedad es una combinación de ambas.
La Sagarpa sostuvo que México no podía quedar rezagado de esta tecnología. Sin embargo, después de casi 14 años de siembras transgénicas, se puede notar que Monsanto y compañía se han refugiado en los países del sur, en donde la ausencia de regulaciones ambientales constituye una de sus principales ventajas comparativas. La siembra de maíz transgénico en México nos convierte en el nuevo basurero de Monsanto.
The U.S. is Using White Phosphorous in Afghanistan
Caught in a Lie
By DAVE LINDORFF
CounterPunch
When doctors started reporting that some of the victims of the US bombing of several villages in Farah Province last week—an attack that left between 117 and 147 civilians dead, most of them women and children—were turning up with deep, sharp burns on their body that “looked like” they’d been caused by white phosphorus, the US military was quick to deny responsibility.
US officials—who initially denied that the US had even bombed any civilians in Farah despite overwhelming evidence to the contrary, including massive craters where houses had once stood—insisted that “no white phosphorus” was used in the attacks on several villages in Farah.
Official military policy on the use of white phosphorus is to only use the high-intensity, self-igniting material as a smoke screen during battles or to illuminate targets, not as a weapon against human beings—even enemy troops.
Now that policy, and the military’s blanket denial that phosphorus was used in Farah, have to be questioned, thanks to a recent report filed from a remote area of Afghanistan by a New York Times reporter.
C.J. Chivers, writing in the May 14 edition of the NY Times, in an article headlined “Korangal Valley Memo: In Bleak Afghan Outpost, Troops Slog On,” wrote of how an embattled US Army unit in the Korangal Valley of Afghanistan, had come under attack following a morning memorial service for one of their members, Pfc. Richard Dewater, who had been killed the day before by a mine.
Chivers wrote:
It is clear from this passage that the military’s use of the phosphorus shells had not been for the officially sanctioned purpose of providing cover. The soldiers had no intention of climbing that hill to attack the spotter on the ridge themselves. They were trying to destroy him with shells and bombs. In fact, the last thing they would have wanted to do was provide the spotter with a smoke cover, which would have helped him escape, and which also would have hidden him from the planes which had been called in to make gun runs at his position. Nor was this a case of illuminating the target. The incident, as Chivers reports, took place in daylight.
Clearly then, this article shows that it is routine for soldiers to call in phosphorus rounds to attack enemy soldiers, which is supposed to be against US military policy for this material. Whoever was manning the howitzer had a stock of the weapons on hand, and was ready to fire them.
The US initially flatly denied using white phosphorus weapons in Iraq, when reports first began to come out, including from US troops themselves, that they had been used extensively against insurgents defending the city of Fallujah against US Marines in November 2004. Under mounting pressure, the Pentagon first admitted that it had used the chemical in Fallujah but only “for illumination.” Later, the Pentagon added that it had used phosphorus as a “screen” to hide troops. But finally, in 2005, the Pentagon was forced to admit that it had also used white phosphorus directly as a weapon against enemy Iraqi troops in the assault on Fallujah, a city of 300,000 that still held many civilians.
The same pattern of denial and eventual admission regarding the use of this controversial and deadly weapon by US forces now seems to be repeating itself in Afghanistan.
It is odd that given the controversy over the use of white phosphorus weapons, which result in terrible wounds and eventual death as phosphorus particles burn their way down through flesh to the bone and sometimes straight onward through a body, leaving a charred channel of destruction, the New York Times’ Chivers—or perhaps his editors back in New York?—ignored any mention of the issue while reporting on the use of the chemical rounds to attack a lone spotter on the ridge.
Given the current controversy over whether the US used white phosphorus shells or bombs in Falah Province only days before, it is hard to understand why the issue wasn’t mentioned in this particular article. Indeed, in the online version of the story, the word phosphorus is set as a hotlink to an article on the controversy over the battlefield use of phosphorus, indicating that at least someone at the Times has integrity and a good news sense.
As for the US government and the Pentagon, it is clear that they know the weapon is a vicious and controversial one, and that besides causing horrific and painful wounds, it is profoundly dangerous for innocent civilians, particularly when used in town or village settings.
It is bad enough that the US is using this weapon. It is even worse that it is forced to lie about it.
Surely if the goal of US policy is to win the hearts and minds of Afghanistan’s people, it shouldn’t be using a weapon that causes such terrible and indiscriminate wounds. Then again, maybe winning those hearts and minds isn’t the goal. Maybe, as in the so-called “Pacification Program” applied by US forces in rural South Vietnam, the goal is to terrorize Afghan villagers in Taliban regions into rejecting the Taliban in their midst.
Requests for answers from the press office at the Pentagon, and at military headquarters in Afghanistan regarding US policy on the use of white phosphorus, and on the specific use of the shells mentioned in the New York Times article were ignored.
Dave Lindorff is a Philadelphia-based journalist and columnist. His latest book is The Case for Impeachment (St. Martin’s Press, 2006 and now available in paperback). He can be reached at dlindorff@mindspring.com
By DAVE LINDORFF
CounterPunch
When doctors started reporting that some of the victims of the US bombing of several villages in Farah Province last week—an attack that left between 117 and 147 civilians dead, most of them women and children—were turning up with deep, sharp burns on their body that “looked like” they’d been caused by white phosphorus, the US military was quick to deny responsibility.
US officials—who initially denied that the US had even bombed any civilians in Farah despite overwhelming evidence to the contrary, including massive craters where houses had once stood—insisted that “no white phosphorus” was used in the attacks on several villages in Farah.
Official military policy on the use of white phosphorus is to only use the high-intensity, self-igniting material as a smoke screen during battles or to illuminate targets, not as a weapon against human beings—even enemy troops.
Now that policy, and the military’s blanket denial that phosphorus was used in Farah, have to be questioned, thanks to a recent report filed from a remote area of Afghanistan by a New York Times reporter.
C.J. Chivers, writing in the May 14 edition of the NY Times, in an article headlined “Korangal Valley Memo: In Bleak Afghan Outpost, Troops Slog On,” wrote of how an embattled US Army unit in the Korangal Valley of Afghanistan, had come under attack following a morning memorial service for one of their members, Pfc. Richard Dewater, who had been killed the day before by a mine.
Chivers wrote:
After the ceremony, the violence resumed. The soldiers detected a Taliban spotter on a ridge, which was pounded by mortars and then white phosphorus rounds from a 155 millimeter howitzer.
What did the insurgents do? When the smoldering subsided, they attacked from exactly the same spot, shelling the outpost with 30-millimeter grenades and putting the soldiers on notice that the last display of firepower had little effect. The Americans escalated. An A-10 aircraft made several gun runs, then dropped a 500-pound bomb.
It is clear from this passage that the military’s use of the phosphorus shells had not been for the officially sanctioned purpose of providing cover. The soldiers had no intention of climbing that hill to attack the spotter on the ridge themselves. They were trying to destroy him with shells and bombs. In fact, the last thing they would have wanted to do was provide the spotter with a smoke cover, which would have helped him escape, and which also would have hidden him from the planes which had been called in to make gun runs at his position. Nor was this a case of illuminating the target. The incident, as Chivers reports, took place in daylight.
Clearly then, this article shows that it is routine for soldiers to call in phosphorus rounds to attack enemy soldiers, which is supposed to be against US military policy for this material. Whoever was manning the howitzer had a stock of the weapons on hand, and was ready to fire them.
The US initially flatly denied using white phosphorus weapons in Iraq, when reports first began to come out, including from US troops themselves, that they had been used extensively against insurgents defending the city of Fallujah against US Marines in November 2004. Under mounting pressure, the Pentagon first admitted that it had used the chemical in Fallujah but only “for illumination.” Later, the Pentagon added that it had used phosphorus as a “screen” to hide troops. But finally, in 2005, the Pentagon was forced to admit that it had also used white phosphorus directly as a weapon against enemy Iraqi troops in the assault on Fallujah, a city of 300,000 that still held many civilians.
The same pattern of denial and eventual admission regarding the use of this controversial and deadly weapon by US forces now seems to be repeating itself in Afghanistan.
It is odd that given the controversy over the use of white phosphorus weapons, which result in terrible wounds and eventual death as phosphorus particles burn their way down through flesh to the bone and sometimes straight onward through a body, leaving a charred channel of destruction, the New York Times’ Chivers—or perhaps his editors back in New York?—ignored any mention of the issue while reporting on the use of the chemical rounds to attack a lone spotter on the ridge.
Given the current controversy over whether the US used white phosphorus shells or bombs in Falah Province only days before, it is hard to understand why the issue wasn’t mentioned in this particular article. Indeed, in the online version of the story, the word phosphorus is set as a hotlink to an article on the controversy over the battlefield use of phosphorus, indicating that at least someone at the Times has integrity and a good news sense.
As for the US government and the Pentagon, it is clear that they know the weapon is a vicious and controversial one, and that besides causing horrific and painful wounds, it is profoundly dangerous for innocent civilians, particularly when used in town or village settings.
It is bad enough that the US is using this weapon. It is even worse that it is forced to lie about it.
Surely if the goal of US policy is to win the hearts and minds of Afghanistan’s people, it shouldn’t be using a weapon that causes such terrible and indiscriminate wounds. Then again, maybe winning those hearts and minds isn’t the goal. Maybe, as in the so-called “Pacification Program” applied by US forces in rural South Vietnam, the goal is to terrorize Afghan villagers in Taliban regions into rejecting the Taliban in their midst.
Requests for answers from the press office at the Pentagon, and at military headquarters in Afghanistan regarding US policy on the use of white phosphorus, and on the specific use of the shells mentioned in the New York Times article were ignored.
Dave Lindorff is a Philadelphia-based journalist and columnist. His latest book is The Case for Impeachment (St. Martin’s Press, 2006 and now available in paperback). He can be reached at dlindorff@mindspring.com
Junta del Buen Gobierno Zapatista denuncia nuevas detenciones arbitrarias
Enclace Zapatista
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió un alerta y dio a conocer que hay nuevos presos políticos en México. Se trata de luchadores sociales que defienden los bienes naturales de los proyectos de explotación turística.
Las detenciones denunciadas como arbitrarias, fueron ejecutadas el pasado 08 de mayo con la aprensión de un integrante de las bases de apoyo del EZLN y siete integrantes de La Otra Campaña.
La periodista Gloria Muñóz Ramírez denunció en un artículo que los ocho detenidos son "víctimas de una conspiración política del más alto nivel, que tiene como trasfondo el control oficial y privado de los lugares turísticos del Estado".
Se trata específicamente de las cascadas de Agua Azul, en Chiapas, estado gobernado por Juan Sabines, que es acusado como uno de los responsables del despojo territorial y las detenciones.
Gloria Muñóz denunció además, que los ocho tzeltales en prisión, fueron "sometidos a un proceso plagado de irregularidades: torturas, tratos degradantes, arraigos ilegales, falta de intérpretes y, finalmente, la inculpación de una serie de delitos" de los que son inocentes.
También detalló que el pasado 13 de abril, la policía estatal y la federal preventiva detuvieron, torturaron y arraigaron ilegalmente a otros seis pobladores tzeltales del ejido de San Sebastián Bachajón.
"El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha seguido el caso desde el primer momento, constató las señales de tortura mediante las cuales, señalan los detenidos, fueron obligados a firmar una declaración inculpatoria", detalló la periodista.
Por último, expuso que "los nuevos presos políticos son luchadores sociales" que "defienden sus derechos territoriales y rechazan cualquier plan gubernamental que no los contemple, como la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque".
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió un alerta y dio a conocer que hay nuevos presos políticos en México. Se trata de luchadores sociales que defienden los bienes naturales de los proyectos de explotación turística.
Las detenciones denunciadas como arbitrarias, fueron ejecutadas el pasado 08 de mayo con la aprensión de un integrante de las bases de apoyo del EZLN y siete integrantes de La Otra Campaña.
La periodista Gloria Muñóz Ramírez denunció en un artículo que los ocho detenidos son "víctimas de una conspiración política del más alto nivel, que tiene como trasfondo el control oficial y privado de los lugares turísticos del Estado".
Se trata específicamente de las cascadas de Agua Azul, en Chiapas, estado gobernado por Juan Sabines, que es acusado como uno de los responsables del despojo territorial y las detenciones.
Gloria Muñóz denunció además, que los ocho tzeltales en prisión, fueron "sometidos a un proceso plagado de irregularidades: torturas, tratos degradantes, arraigos ilegales, falta de intérpretes y, finalmente, la inculpación de una serie de delitos" de los que son inocentes.
También detalló que el pasado 13 de abril, la policía estatal y la federal preventiva detuvieron, torturaron y arraigaron ilegalmente a otros seis pobladores tzeltales del ejido de San Sebastián Bachajón.
"El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha seguido el caso desde el primer momento, constató las señales de tortura mediante las cuales, señalan los detenidos, fueron obligados a firmar una declaración inculpatoria", detalló la periodista.
Por último, expuso que "los nuevos presos políticos son luchadores sociales" que "defienden sus derechos territoriales y rechazan cualquier plan gubernamental que no los contemple, como la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque".
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