Represión en Chile: Mapuche Waikilaf detenido

escrito por Lucia Sepulveda

Resumen

El joven Mapuche Waikilaf Cadin se encuentra preso en Chile luego de ser detenido en un procedimiento legalizado por las leyes de la dictadura de Pinochet

Resumen Latinoamericano - El joven Mapuche Waikilaf Cadin alcanzó a estar en libertad sólo una semana luego de salir de la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia, en la austral región de Los Lagos. El 11 de septiembre fue detenido arbitrariamente en Temuco. Cadin es hijo de la encarcelada lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, y del werken Antonio Cadin, preso hasta hace poco en Temuco.




En La Moneda, en Santiago, a la misma hora, se cumplía el ritual de homenaje al Presidente Salvador Allende y las autoridades del gobierno desoían las palabras de su último discurso, aquel en que el “compañero presidente” que se inmoló en el palacio de gobierno, aseguraba que los trabajadores y el pueblo abrirían las grandes alamedas.




Acusado de la colocación de una bomba en Temuco el 29 de diciembre de 2008, Waikilaf Cadin pasó seis meses en prisión preventiva muy lejos de su comunidad de origen, ubicada en la comuna de Cunco, en la región de la Araucanía. Detenido el 27 de marzo de 2009, el joven ex estudiante de Derecho fue enjuiciado por la ley antiterrorista y, como un ejemplo más de una táctica policial orientada a neutralizar los liderazgos del pueblo mapuche usando las medidas cautelares como mecanismo de control de la lucha

política y social.




Anteriormente Cadin había cumplido condena pasando más de un año en la cárcel de alta seguridad de Santiago, saliendo en libertad sólo en enero de 2008.




Sobre su intempestiva detención informó minutos atrás su abogado, Lorenzo Morales, que este 11 de septiembre está redactando un recurso de amparo a favor del joven dirigente mapuche.




Expresa el abogado: “Hace menos de una hora iba con mi amigo Waikilaf en el centro de Temuco, en una auto conducido por su compañera Nele Loos, en una esquina se cruzó un auto y se bajaron tres sujetos con pistolas. Me bajé inmediatamente y me apuntaron mostrándome sus placas de Carabineros. En total eran tres autos y doce funcionarios de civil. Yo les mostré mi única arma, mi carnet de abogado. Pero a la fuerza, sin escuchar razones y por encima de mis peroratas e improperios, se llevaron a mi amigo por una orden verbal del Fiscal Mililtar. Lo llamé e increpé y ahora espero me reciba. Estoy en la antesala, y al mismo tiempo estoy redactando un recurso de amparo...Sí, de esos mismo que se interponían en dictadura”.




Detenciones y procesamientos




En este último año de gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet hay 87 presos políticos y/o procesados (7 mujeres) mapuche, una lista que incluye algunos activistas chilenos solidarios con su causa. De ellos, 38 casos corresponden a personas que cumplen prisión efectiva actual. El ministerio público, por instrucciones del gobierno del ex Presidente Lagos, y de Bachelet, ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, en 35 oportunidades. Existen otros 44 casos de condenados y/o procesados con medidas cautelares.




Cuatro mujeres están en prisión y 3 viven con medidas cautelares que restringen sus libertades democráticas. Una de las mujeres, Mireya Figueroa, padece de un cáncer terminal y espera en el Hospital Barros Luco de la capital ser llevada a juicio oral al sur. Las estadísticas no incluyen aún las numerosas detenciones practicadas luego de las últimas recuperaciones de tierras. Para ejemplificar como se cumplen en Chile las medidas cautelares, basta constatar que José Patricio Jara Muñoz el carabinero de Fuerzas Especiales que asesinó por la espalda al comunero, está en libertad por decisión unánime de la Corte Marcial.

Arizona Sweat Lodge Deaths said to Desecrate Lakota Tradition

By Carol Berry

Indian Country Today

PRESCOTT, Ariz. – A Sioux Nation treaty council delegation is demanding that those responsible for sweat lodge deaths at Sedona, Ariz. be held accountable and prosecuted under provisions of the Fort Laramie Treaty of 1868 because the event and its aftermath violated both the treaty and the Lakota ceremonial way of life.

“The Lakota follow traditional laws, in accordance to ancient oral history,” states a petition filed in federal District Court in Prescott by the Oglala Lakota Delegation of the Black Hills Sioux Nation Treaty Council, including delegate Floyd Hand and Ivan H. Lewis, Pima/Maricopa/Yavapai. “In adherence to these laws, oral teachings and ancient ceremonies are not abused or misused.”

The Inikaga, or purification lodge, is one of seven sacred rites “brought to the Lakota by the White Buffalo Calf Woman according to ancient oral history,” the court filing states.

Multiple non-Native people died after participating in a lodge conducted by James Arthur Ray, a self-help guru, at Angel Valley Retreat Center in early October. The deaths are under investigation.

The suit contends that the center “is culpable for allowing individuals like Ray to rent their property which offers a sweat lodge for paying participants,” according to a prepared release that alleges Ray and the center “committed fraud by impersonating Native Americans and must be held responsible for causing the deaths of the victims and serious injuries to the survivors.”

The Inikaga and other traditional rituals constitute “a way of life, not a religion,” Hand said.

“Ray is a spiritual vampire who will use whatever means necessary to turn a profit. He and others like him that profit from our culture must be held accountable for their continual fraud and desecration.

“This ceremony comes from the Lakota. We maintain our cultural identity today and people like Ray are trying to mock it as a means to acquire material possessions. They cannot hide behind the Religious Freedom Act. This is not a religion,” Hand said in the release.

Asserting that “Ray and the Angel Valley folks are a dime a dozen in Yavapai territory,” Lewis said the group “claims that they will authenticate and qualify individuals, including non-Indians, to conduct our ceremonies. Our people know who is a real healer and who isn’t. Yes, everyone is entitled to pray, but our ceremonies belong to us in our Native tongue.”

The lawsuit was filed “because (the sweat lodge) was a desecration of Oglala ways,” it was explained.

Hand said by phone Nov. 24 that he had gone to the Sedona locale to check into everything he could about the lodge but has not talked to those who participated in the event at which the deaths occurred.

Hand cited a provision of the 1868 Fort Laramie Treaty that promises to arrest and punish “bad men among the whites” or others subject to U.S. laws if they “commit any wrong” to Native people or property, and said Ray and the center violated the treaty-established peace between the U.S. and Lakota Nation.

The petition contends that Ray and the center violated laws stating that community recognition as Indian is not sufficient; rather “the person must be considered a member of a federally recognized tribe.”

In addition, those who dismantled the lodge “caused the destruction of crucial evidence in this crime scene” and should be “charged with the destruction of evidence,” the petition states.

The filing cites provisions of the U.N. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples concerning the full ownership and protection of cultural resources, enforcement of treaties, and the submission of unresolved conflicts to international bodies. The U.S. has not ratified the Declaration.

The Lakota abide by the Treaty of 1868 and retain their rights as a sovereign nation parallel to those of the U.S. Hand said, reiterating that treaties are “the supreme law of the land” by which judges are bound.

Arizona judges should remand the case to the federal district prosecutor for action, according to the petition which does not seek monetary damages.

Los ejércitos secretos de la OTAN: Operación Gladio

Daniele Ganser

Red Voltaire

Primera parte


El 31 de mayo de 1972 un auto bomba estalló en un bosque cercano al pueblo llamado Peteano, en Italia, dejando un herido grave y un muerto entre la policía uniformada italiana. Los carabineros habían llegado al lugar después de recibir una llamada telefónica anónima. Al inspeccionar un auto Fiat 500 allí abandonado, uno de los carabineros levantó el capó, provocando así la explosión.


Dos días después, una nueva llamada telefónica anónima reclamaba la autoría del atentado en nombre de las Brigadas Rojas, grupúsculo terrorista que trataba en aquel entonces de romper el equilibrio del poder en Italia mediante la realización de tomas de rehenes y de asesinatos de altos personajes del Estado. La policía se volvió inmediatamente hacia la izquierda italiana y encarceló a cerca de 200 comunistas. Durante más de 10 años los italianos vivieron convencidos de que el acto terrorista de Peteano había sido obra de las Brigadas Rojas.


Posteriormente, en 1984, Felice Casson, un juez italiano, decidió reabrir el caso ya que le intrigaban toda una serie de irregularidades y falsificaciones cometidas alrededor del drama de Peteano. El juez Felice Casson descubrió que la policía no había investigado el lugar de los hechos. También notó que el informe que había concluido en aquel entonces que los explosivos utilizados eran los mismos que utilizaban tradicionalmente las Brigadas Rojas era en realidad una falsificación.


Marco Morin, un experto en explosivos de la policía italiana, había proporcionado deliberadamente conclusiones falsas. Morin era miembro de la organización italiana de extrema derecha Ordine Nuovo y, en el contexto de la Guerra Fría, había aportado así su contribución a lo que él consideraba una lucha legítima contra la influencia de los comunistas italianos. El juez Casson logró probar que, al contrario de lo que había concluido Morin, el explosivo utilizado en Peteano era el C4, la sustancia explosiva más poderosa de aquel entonces y que también formaba parte del arsenal de las fuerzas de la OTAN.


“Simplemente quise arrojar una nueva luz sobre años de mentiras y secretos. Eso es todo”, declaró posteriormente el juez Casson a los periodistas que lo interrogaban en su minúscula oficina del Palacio de Justicia, junto a la laguna de Venecia. “Quería que, por una vez, los italianos supieran la verdad”.


El 24 de febrero de 1972, cerca de Trieste, un grupo de carabineros descubre por casualidad un escondite lleno de municiones, armas y explosivo del tipo C4, idéntico al utilizado en Peteano. Los policías estaban convencidos de haber descubierto una red criminal. Años más tarde, la investigación del juez Casson permitió determinar que se trataba en realidad de uno de los cientos de escondites subterráneos creados por el ejército secreto del llamado stay-behind, estructura que responde a las órdenes de la OTAN y que se conoce en Italia por la apelación codificada de Gladio (del latín Gladius, denominación de la espada corta en uso en la Roma de la antigüedad). Casson notó que los servicios secretos del ejército italiano y el gobierno de aquella época se habían esforzado considerablemente por mantener en secreto el descubrimiento de Trieste así como su contexto estratégico.


Al proseguir su investigación sobre los extraños casos de Peteano y Trieste, el magistrado descubrió con asombro, no la mano de la izquierda italiana, sino la de los grupúsculos de extrema derecha y de los servicios secretos del ejército tras el atentado de 1972. La investigación del juez reveló la existencia de una estrecha colaboración entre la organización de extrema derecha Ordine Nuovo y el SID (Servizio Informazioni Difusa), es decir, los servicios secretos del ejército italiano. Ordine Nuovo y el SID habían preparado juntos el atentado de Peteano, y luego habían acusado a los militantes de la extrema izquierda italiana, las Brigadas Rojas.


Casson logró identificar al hombre que había puesto la bomba, un tal Vincenzo Vinciguerra, miembro de Ordine Nuovo. Como era el eslabón final de una larga cadena de mando, Vinciguerra sólo fue arrestado varios años después del momento de los hechos. Confesó y declaró que había gozado de la protección de toda una red de simpatizantes, tanto en Italia como en el extranjero, que habían hecho posible su huida después del atentado. “Es todo un mecanismo que se puso en marcha”, contó Vinciguerra. “Lo cual quiere decir que desde los carabineros hasta el ministro del Interior, pasando por la aduana y los servicios de inteligencia civiles y militares, todos habían aceptado que el razonamiento ideológico justificaba al atentado”.


Vinciguerra subrayaba, con toda razón, el agitado contexto histórico en que se había producido el atentado de Peteano. A fines de la década de 1960, con el surgimiento de la revolución pacifista y los movimientos estudiantiles de protesta contra la violencia y contra la guerra de Vietnam en particular, el enfrentamiento ideológico entre la derecha y la izquierda se había intensificado, tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos.


La inmensa mayoría de los ciudadanos comprometidos con los movimientos sociales de izquierda recurría a formas de protesta no violentas, como manifestaciones, actos de desobediencia civil y, sobre todo, debates con moderadores. En el seno del parlamento italiano, el poderoso Partido Comunista (Partito Communisto Italiano, PCI) y en menor medida el Partido Socialista (Partito Socialisto Italiano, PSI) simpatizaban con ese movimiento.


Los movimientos sociales de izquierda se oponían a la política de Estados Unidos, a la guerra de Vietnam y sobre todo a la repartición del poder en Italia ya que, a pesar de disponer de una importante mayoría en el parlamento, el PCI no había recibido ningún ministerio y se le mantenía así al margen del gobierno. La derecha italiana estaba perfectamente consciente de que aquello constituía una injusticia flagrante y una violación de los principios básicos de la democracia.


Fue en aquel contexto de Guerra Fría y de lucha por el poder que los extremistas recurrieron al terrorismo en Europa Occidental. Los grupos terroristas de izquierda más notorios fueron los comunistas italianos de las Brigadas Rojas así como la Rote Armee Fraktion alemana o RAF (Fracción Ejército Rojo). Fundadas por varios estudiantes de la universidad de Trento que no tenían ningún conocimiento en cuanto a técnicas de combate, las Brigadas Rojas contaban entre sus miembros a Margherita Cagol, Alberto Franceschini y Alberto Curcio.


Al igual que los miembros de la RAF, éstos estaban convencidos de la necesidad de recurrir a la violencia para cambiar la estructura del poder vigente, que les parecía injusto y corrupto. Al igual que las acciones de la RAF, las de las Brigadas Rojas no tenían como blanco a la población civil, sino a determinados individuos que consideraban representantes del “aparato del Estado”, como banqueros, generales y ministros, a los que secuestraban y a menudo asesinaban. Las acciones de las Brigadas Rojas, que tuvieron lugar principalmente en la Italia de la década de 1970, dejaron 75 muertos.


Debido a su poca capacidad estratégica y militar y a su inexperiencia, los miembros de las Brigadas Rojas acabaron siendo arrestados mediante redadas y, posteriormente, juzgados y encarcelados.


Al otro extremo del tablero político de la Guerra Fría, la extrema derecha también recurrió a la violencia. En Italia, su red incluía a los soldados clandestinos del Gladio, los servicios secretos militares y organizaciones fascistas como Ordine Nuovo. Al contrario del que practicaba la izquierda, el objetivo del terrorismo de derecha era sembrar el terror en todas las capas de la sociedad mediante atentados dirigidos contra grandes multitudes y destinados a provocar la mayor cantidad posible de muertos para acusar posteriormente a los comunistas.


El juez Casson logró determinar que el drama de Peteano formaba parte de ese esquema y entraba en el marco de una serie de crímenes que había comenzado en 1969. Durante aquel año, cuatro bombas habían estallado poco antes de la navidad en varios lugares públicos de Roma y Milán. El saldo había sido de 16 muertos y 80 heridos, en su mayoría campesinos que iban a depositar en el Banco Agrícola de la Piazza Fontana de Milán lo que habían recaudado en el día a través de sus ventas en el mercado. Conforme a una estrategia maquiavélica, la responsabilidad de aquella masacre fue atribuida a los comunistas y a la extrema izquierda; se escamotearon las pistas y se realizó inmediatamente una ola de arrestos.


La población en su conjunto tenía muy pocas posibilidades de descubrir la verdad ya que los servicios secretos militares se esforzaron por enmascarar el crimen. En Milán, una de las bombas no había llegado a estallar, debido al mal funcionamiento del mecanismo de relojería, pero en los primeros actos de disimulación los servicios secretos la hicieron estallar en el lugar de los hechos y varios componentes de artefactos explosivos fueron depositados en la casa de Giangiacomo Feltrinelli, célebre editor conocido por sus opiniones de izquierda.


“Según las estadísticas oficiales, entre el 1 de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1987 se registraron 14 mil 591 actos de violencia con motivos políticos”, afirma el senador Giovanni Pellegrino, presidente de la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre Gladio y el terrorismo, al recordar la violencia del contexto político de aquel periodo de la historia reciente de Italia. “Quizás no resulta inútil recordar que aquellas ‘acciones’ causaron la muerte a 491 personas, así como heridas y mutilaciones a otras 1 mil 181.


“Cifras dignas de una guerra, sin parangón en Europa”. Después de los atentados de la Piazza Fontana, en 1969, y de Peteano, en 1972, otros actos de terrorismo volvieron a ensangrentar el país. El 28 de mayo de 1974, en Brescia, una bomba dejó ocho muertos y 102 heridos entre los participantes en una manifestación antifascista. El 4 de agosto de 1974, un atentado a bordo del tren Italicus Express, que enlaza Roma con Munich, mató a 12 personas e hirió a 48. El punto culminante de aquella ola de violencia se produjo en una soleada tarde, el 2 de agosto de 1980, en el día de la fiesta nacional de Italia, cuando una explosión de gran potencia devastó el salón de espera de los pasajeros de segunda clase en la estación de trenes de Bolonia, matando a 85 personas e hiriendo o mutilando a otras 200. La masacre de Bolonia es uno de los mayores atentados terroristas que haya sufrido Europa en todo el siglo XX.


Contrariamente a los miembros de las Brigadas Rojas, que acabaron todos en la cárcel, los terroristas de extrema derecha lograron escapar después de cada atentado, ya que, como señala Vinciguerra con toda razón, todos gozaron de la protección del aparato de seguridad y de los servicios secretos del ejército italiano. Años más tarde, cuando al fin se estableció el vínculo entre el atentado de la Piazza Fontana y la derecha italiana, se le preguntó a Franco Freda, miembro de Ordine Nuovo, si al cabo del tiempo creía haber sido manipulado por personajes que ocupaban altos cargos, generales o ministros.


Freda, admirador declarado de Hitler, que había publicado Mein Kampf en italiano gracias a su pequeña estructura personal de edición, respondió que, según sus conceptos, todo el mundo es más o menos manipulado: “Todos somos manipulados por otros más poderosos que nosotros”, declaró el terrorista. “En lo que me concierne, admito haber sido una marioneta movida por ideas, pero en ningún caso por los hombres de los servicios secretos, ni aquí (en Italia) ni en el extranjero. En otros términos, yo mismo escogí mi lucha y la desarrollé según mis ideas. Eso es todo”.


En marzo de 2001, el general Giandelio Maletti, exjefe del contraespionaje italiano, dejó entrever que además de la red clandestina Gladio, de los servicios secretos militares italianos y de un grupúsculo de terroristas de extrema derecha, las matanzas que desacreditaron a los comunistas italianos recibieron también la aprobación de la Casa Blanca y de la CIA. Al comparecer como testigo en el juicio contra los terroristas de extrema derecha acusados de estar implicados en los atentados de la Piazza Fontana, Maletti declaró: “La CIA, siguiendo las directivas de su gobierno, quería crear un nacionalismo italiano capaz de obstaculizar lo que consideraba un deslizamiento hacia la izquierda y, con ese objetivo, pudo utilizar el terrorismo de extrema derecha”. “Uno tenía la impresión de que los americanos estaban dispuestos a todo para impedir que Italia se inclinara hacia la izquierda”, explicó el general, antes de agregar: “No olviden que era Nixon quien estaba a la cabeza del gobierno y Nixon no era un tipo cualquiera, (era) un político muy hábil pero un hombre de métodos poco ortodoxos”. Retrospectivamente, el general de 79 años expresó críticas y amargura: “Italia fue tratada como una especie de protectorado. Me avergüenza que todavía estemos siendo objeto de un control especial”.


Durante las décadas de 1970 y 1980, el parlamento italiano, en cuyo seno los partidos comunista y socialista ostentaban una parte importante del poder, manifestó creciente inquietud ante aquella ola visiblemente interminable de crímenes que ensangrentaban el país sin que se lograra identificar a los autores ni a quienes los ordenaban.


Aunque ya en aquel entonces circulaban entre la izquierda italiana los rumores de que aquellos misteriosos actos de violencia eran una forma de guerra secreta que Estados Unidos había desencadenado contra los comunistas italianos, no existían pruebas que permitiesen probar aquella teoría que parecía traída por los pelos. Sin embargo, en 1988 el Senado italiano creó una comisión parlamentaria especial de investigación presidida por el senador Libero Gualteri, cuyo nombre era más que elocuente: “Comisión parlamentaria del Senado italiano encargada de investigar sobre el terrorismo en Italia y las razones por las cuales los individuos responsables de las matanzas no han podido ser identificados: El terrorismo, los atentados y el contexto político-histórico”.


El trabajo de la comisión resultó extremadamente difícil. Los testigos se negaban a declarar. Hubo documentos destruidos. La propia comisión, que se componía de representantes de los partidos de izquierda y de derecha, se dividió al abordar la cuestión de la verdad histórica en Italia y en lo tocante a las conclusiones que debían ser o no reveladas al público.


Al mismo tiempo, basándose en el testimonio de Vincenzo Vinciguerra –el terrorista de Peteano– y en los documentos que había descubierto, el juez Casson comienza a entrever la naturaleza de la compleja estrategia militar que se había utilizado. Comprende poco a poco que no se trataba simplemente de terrorismo, sino de terrorismo de Estado, financiado con el dinero de los contribuyentes. Obedeciendo a una “estrategia de la tensión”, el objetivo de los atentados era instaurar un clima de tensión en la población.


La extrema derecha y sus partidarios en el seno de la OTAN temían que los comunistas italianos adquiriesen demasiado poder y es por ello que, en un intento de “desestabilizar para estabilizar”, los soldados clandestinos de los ejércitos del Gladio perpetraban aquellos atentados, que atribuían después a la izquierda. “Para los servicios secretos, el atentado de Peteano era parte de lo que se llamó la estrategia de la tensión”, explicó públicamente el juez Casson en un reportaje de la BBC dedicado al Gladio. “Es decir, crear un clima de tensión para estimular en el país las tendencias sociopolíticas conservadoras y reaccionarias”.


A medida que se aplicaba esta estrategia en el terreno, se hacía necesario proteger a los instigadores ya que comenzaban a aparecer pruebas de su implicación. Los testigos ocultaban ciertas informaciones para proteger a los extremistas de derecha. Vinciguerra, un terrorista que, al igual que otros que habían estado en contacto con la rama Gladio de los servicios secretos militares italianos fue muerto por causa de sus convicciones políticas, declaró: “Había que actuar contra los civiles, contra la gente del pueblo, contra las mujeres, los inocentes, los anónimos desvinculados de todo juego político. La razón era muy simple. Se suponía que tenían que forzar a aquella gente, al pueblo italiano, a recurrir al Estado para pedir más seguridad. A esa lógica política obedecían todos esos asesinatos y todos esos atentados que siguen sin castigo porque el Estado no puede inculparse a sí mismo ni confesar su responsabilidad en lo sucedido”.


El horror de ese diabólico plan sólo va apareciendo, sin embargo, de forma progresiva y quedan aún muchos secretos por revelar hoy en día. Además, el paradero de todos los documentos originales sigue siendo desconocido. “Después del atentado de Peteano y de todos los demás que siguieron”, declaró Vinciguerra en el juicio que se hizo en su contra, en 1984, “nadie debiera dudar ya de la existencia de una estructura activa y clandestina, capaz de elaborar en la sombra ese tipo de estrategia de matanzas”. Una estructura que, según el propio Vinciguerra, “está imbricada en los propios órganos del poder”.


Existe en Italia una organización paralela a las fuerzas armadas, que se compone de civiles y de militares y de vocación antisoviética, es decir, destinada a organizar la resistencia contra una eventual ocupación del suelo italiano por parte del Ejército Rojo”. Sin mencionarlo por su nombre, ese testimonio confirmó la existencia del Gladio, el ejército secreto y stay-behind creado por orden de la OTAN. Vinciguerra lo describió como “una organización secreta, una superorganización que dispone de su propia red de comunicaciones, de explosivos y de hombres entrenados para utilizarlos”. El terrorista reveló que esa “superorganización, a falta de invasión soviética, recibió de la OTAN la orden de luchar contra un deslizamiento del poder hacia la izquierda en el país. Y eso fue lo que hicieron, con el apoyo de los servicios secretos del Estado, del poder político y del ejército”.


Más de 20 años han transcurrido desde el revelador testimonio del terrorista arrepentido que, por vez primera en la historia italiana, estableció un vínculo entre la red stay-behind Gladio, la OTAN y los atentados con bombas que enlutaron el país. Y sólo ahora, al cabo de todos estos años, después de la confirmación de la existencia del ejército secreto y del descubrimiento de los escondites de armas y de explosivos, los investigadores e historiadores logran interpretar por fin el sentido de las palabras de Vinciguerra.


Pero, ¿son dignas de crédito las palabras de ese hombre? Los hechos que se produjeron después del juicio parecen indicar que sí. El ejército secreto fue descubierto en 1990 y, como para confirmar indirectamente que Vinciguerra había dicho la verdad, el apoyo del que había gozado hasta aquel entonces por parte de las altas esferas le fue bruscamente retirado. Contrariamente a lo sucedido con otros terroristas de extrema derecha, que habían sido puestos en libertad después de haber colaborado con los servicios secretos italianos, Vinciguerra fue condenado a cadena perpetua. Pero Vinciguerra no fue el primero en revelar la vinculación entre el Gladio, la OTAN y los atentados.


Tampoco fue el primero en hablar de la conspiración del Gladio en Italia. En 1974, durante una investigación sobre el terrorismo de extrema derecha, el juez de instrucción Giovanni Tamburino había sentado un precedente al inculpar al general Vito Miceli, el jefe del SID, los servicios secretos militares italianos, por haber “promovido, instaurado y organizado, con la ayuda de otros cómplices, una asociación secreta que agrupaba civiles y militares y cuyo objetivo era provocar una insurrección armada para modificar ilegalmente la Constitución y la composición del gobierno”.


El 17 de noviembre de 1974, durante su propio juicio, el general Miceli, exresponsable del Buró de Seguridad de la OTAN, reveló, furioso, la existencia del ejército Gladio y lo describió como una rama especial del SID: “¿Disponía yo de un super SID a mis órdenes? ¡Por supuesto! Pero no lo monté yo mismo para tratar de dar un golpe de Estado. ¡No hice más que obedecer las órdenes de Estados Unidos y la OTAN!”


Gracias a los sólidos contactos que tenía del otro lado del Atlántico, Miceli no salió malparado. Fue liberado bajo fianza y pasó seis meses en un hospital militar. Hubo que esperar 16 años más hasta que, bajo la presión de los descubrimientos del juez Casson, el primer ministro italiano Andreotti revelara ante el parlamento italiano la existencia de la red Gladio. Al enterarse, Miceli montó en cólera. Poco antes de su muerte, en octubre de 1990, Miceli no pudo seguir conteniéndose: “¡Yo fui a la cárcel porque me negaba a revelar la existencia de esta superorganización secreta y ahora Andreotti se para delante del parlamento y lo cuenta todo!”


En la cárcel, Vinciguerra, el que había puesto la bomba de Peteano, explicó al juez Casson que, en su misión de debilitamiento de la izquierda italiana, los servicios secretos militares y la red Gladio habían contado con la ayuda no sólo de Ordine Nuovo, sino también de otras organizaciones de extrema derecha muy conocidas, como Avanguardia Nazionale: “Detrás de los terroristas había mucha gente que actuaba en la sombra, gente que pertenecía o colaboraba con el aparato de seguridad. Yo afirmo que todos los atentados perpetrados después de 1969 eran parte de una misma estrategia”.

*Historiador suizo, especialista en relaciones internacionales contemporáneas; catedrático en la universidad de Basilea

Blackwater's Second Act

Mercenary Services


By CHRISTOPHER BRAUCHLI

CounterPunch

The good news for Blackwater fans is that things are not as bleak as might at first appear. Blackwater has more lives than the victims of its blunders. Earlier this year, I erroneously suggested that Blackwater might very soon be leaving Iraq since it had been told to leave by the Iraqi government. It turned out that the Iraq government lacked the authority to tell Blackwater what to do. Herewith a brief history.

A congressional report found that Blackwater guards were involved in almost 200 shootings in Iraq between 2005 and 2007. Included among them was a 2007-shooting spree that left 17 Iraqi civilians dead. Following that event, Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki demanded that Blackwater leave the country. Believing (mistakenly) that he had the authority to determine whether a given contractor could work in Iraq or not he said: “The Iraqi government is responsible for its citizens, and it cannot be accepted for a security company to carry out a killing.” George Bush, who was accustomed to making all the arrangements for the Iraq war, ignored Mr. al-Maliki and extended Blackwater’s contract for another year. Bowed, but not defeated, Iraq did not give up trying to rid itself of the Blackwater scourge.

On January 1, 2009 the new Status of Forces Agreement (SOFA) between the U.S. and Iraq took effect. That agreement provided that Iraq had the “primary right to exercise jurisdiction over United States contractors and United States contractor employees.” On January 28, 2009 Iraq said it would not issue Blackwater a license to continue operating in Iraq. Maj. Gen. Abdul-Karim Khalaf, a spokesman for the Iraqi interior ministry said: “Those companies that don’t have license, such as Blackwater, should leave Iraq immediately.” Alaa Al-Taia, an Interior Ministry official said: "There are many marks against this company, specifically that they have a bad history and have been involved in the killing of so many civilians." Iraq probably thought that would be the end of Blackwater in Iraq. It was wrong.

The Obama administration said Blackwater is a State Department contractor and SOFA only gives Iraq jurisdiction over contractors “who are in Iraq to supply goods, services, and security in Iraq to or on behalf of the United States Forces . . . .” Expounding on that a State Department diplomatic security official said: “The purpose and mission of the Department of State’s private security contractors is limited to protection of US diplomats and diplomatic facilities only and is defensive in nature.” And so Blackwater continued its work providing “aviation services” in Iraq.

Blackwater worked throughout the spring and early summer and on July 29th its contract was extended by the Obama administration with an agreement to pay it an additional $20 million, bringing the total amount it received for “aviation services” to $187 million and its total for Iraq work to more than $1 billion. The July extension was to end on September 3 when its role was to be assumed by other defense contractors. On September 1 it was learned that its contract would be extended indefinitely to enable the handover of its work to the successor company to proceed more smoothly. When she learned of the extension, Congresswoman Jan Schakowsky of Illinois issued a statement saying: “Given the company’s history of massive abuses and misconduct, I believe it is inappropriate for the United States government to continue doing business with this firm.” One of these days Blackwater will be out of Iraq. It needn’t be depressed at the thought of leaving. That’s because it has Afghanistan at its disposal and Afghanistan is a gold mine for private contractors.

As of March 2009 there were approximately 70, 000 private contractors working in Afghanistan whereas there were only 48,000 U.S soldiers in that country. According to a Congressional Research Study, the ratio of contractors to soldiers is the highest it’s been in any conflict in the history of the United States. Among the private contractors is, not surprisingly, Blackwater. It provides diplomatic security for State Department people under the name “US Training Center” and does Defense Department work under the name “Paravant LLC. ” Paravant has continued the proud tradition established by Blackwater in Iraq of killing civilians. According to the Nation, one of Blackwater’s subsidiaries in Afghanistan is under investigation for the shooting of two Afghan civilians in May.

When Congresswoman Schakowsky learned of its contract in Afghanistan she wrote Secretaries Clinton and Gates urging them “not to award further contracts to Xe [Blackwater’s new name] and its affiliates and to review all existing contracts with this company.” As of this writing she had not received a response. In her concern she was joined by Sonali Kolhatkar, author of Bleeding Afghanistan: Washington, Warlords and the Propaganda of Silence. Commenting on Blackwater’s presence in Afghanistan she said: “If they build the same record of killing civilians in Afghanistan that they had in Iraq, it will cement the Afghan resistance even further against the U.S. occupation.” She’s right. Someone should let the President know.

Christopher Brauchli is a lawyer in Boulder, Colorado. He can be e-mailed at brauchli.56@post.harvard.edu.

Paraguay: El drama de los indígenas rociados con pesticidas

Por Marta Escurra

SEMlac

Asunción, noviembre (Especial de SEMlac).- Aquella mañana del 6 de noviembre, Jorgelina Portillo, una mujer indígena de la parcialidad Avá Guaraní de Itakyry, corrió a su choza de troncos y techo de paja a resguardar a sus seis hijos. Les advirtió que sus vidas corrían peligro, que se mantuvieran dentro y no salieran bajo ninguna circunstancia.



A sus 31 años, junto con su esposo Ignacio Gauto (40 años), cacique de la comunidad en Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, a 407 kilómetros al este de Asunción, salió a defender sus tierras que, según sostienen, les corresponden "por derecho ancestral".



Frente a ellos, rugía un contingente de camionetas, topadoras y camiones de gran porte, como si trataran de provocar una guerra. Los vehículos estaban al mando de productores sojeros —en su mayoría brasileños— cuyo objetivo era desalojarlos de sus terrenos, queriendo hacer valer una orden judicial para que Jorgelina, Ignacio y otras 500 familias indígenas abandonaran el lugar.



Armados con arcos y flechas, los indígenas formaron un cordón haciendo resistencia frente a sus chozas. Finalmente, el contingente de camiones emprendió la retirada. Horas después, un avión realizó tres vuelos rasantes sobre la zona y "ha orembojahú venenope", expresión guaraní que significa "nos bañaron con pesticidas", denunció a SEMlac el cacique Gauto.



La zona del departamento del Alto Paraná, junto con Caaguazú, es la de mayor producción de soja en Paraguay. Según las proyecciones a nivel local, se prevé la obtención de siete millones 155.000 toneladas de soja, lo cual se traduciría en dos millones 100.000 dólares estadounidenses. Los productores sojeros utilizan, generalmente, el glifosato como herbicida para proteger sus cultivos de gusanos y otros insectos.



"No es la primera vez que nos bañan; en septiembre del año pasado, también hicieron lo mismo y toda la comunidad cayó enferma. Tuvimos muchos síntomas muy malos, especialmente nuestros niños", comentó Jorgelina, quien actualmente sufre de escozor en todo el cuerpo a consecuencia, según afirma, de los líquidos que lanzaron desde el avión.



Como ella, más de 200 indígenas presentaron reacciones como diarreas, nauseas, vómitos y picazón en todo el cuerpo. Este hecho fue constatado por la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Esperanza Martínez.



La titular se presentó en el lugar al día siguiente de la denuncia y fue acompañada de una comitiva conformada por el ministro de Medio Ambiente, Oscar Rivas, la presidenta del Instituto del Indígena de Paraguay (INDI), Lida Acuña, la ministra de la Niñez y Adolescencia, Liz Torres, y el de Acción Social, Pablino Cáceres.



La denuncia
El pasado viernes 13, el INDI elevó una denuncia formal ante la fiscalía de Itakyry (en guaraní, lugar donde abundan pequeñas piedras) contra personas innominadas "por la comisión de los hechos punibles de lesión grave y coacción grave, del cual resultaron víctimas miembros de las Comunidades Indígenas de la Etnia Avá Guaraní: Ka´a Poty; Ka´aguy Rory; Ka´aty Mirí -Formosa; Loma Tajy, y una Comunidad de la Etnia Mbya Guarani".



Responsables del departamento de prensa del INDI manifestaron a SEMlac que esta denuncia tiene por objeto insistir ante el Misterio Público en la necesidad de esclarecer lo acontecido, cuando dos centenares de personas refirieron malestares tras el sobrevuelo y rociado de sustancias tóxicas sobre los asentamientos indígenas, de parte de los colonos sojeros que disputan judicialmente la titularidad de la tierra.



En palabras de Nidia Silvero, abogada del grupo de colonos acusados del envenenamiento masivo, todo esto se trata del montaje de un circo. "Es categórico que no existió tal rociamiento. Lo sojeros solo hicieron una manifestación pacífica con sus vehículos en la zona por derecho a la tierra que les pertenece. Uno de ellos ofreció su aeronave para monitorear dicha manifestación desde el aire, pero nunca hubo rociado con ningún tipo de veneno", argumentó a SEMlac.



Por su parte, la indígena Jorgelina Portillo dice sentirse desilusionada porque su denuncia ha sido desmentida por los sojeros y sus representantes. "Ha'ekuera ojapo peteí: crimen gravísimo. Ohasá oré aká ari, ore roga áre, ore mitá ári, mbohapy vece" ("Aquí hubo un crimen muy grave, ellos pasaron sobre nuestras mismísimas cabezas, sobre nuestras casas, sobre nuestros niños. Pasaron cada media hora tres veces, nos atropellaron"), respondió Jorgelina, en su idioma, a SEMlac.



Para la ministra Martínez, "los aviones volaron muy bajo y prácticamente fumigaron a los nativos", según expresó al diario ABC Color. "Confirmado que hubo fumigación", agregó al rotativo. En tanto, el titular del Partido Tejoja (PTT), senador Sixto Pereira, manifestó en rueda de prensa que lo acontecido es un "atropello y atentado" de los sojeros y que el rociamiento fue realizado de forma intencional.



Insistiendo, la abogada de los sojeros alega que "estos indígenas afectados no son originarios de la zona, están siendo usados y traídos de diversos puntos del país, porque la intención final del Gobierno es quedarse con esas tierras. Ellos nunca vivieron ahí, sólo desde hace dos años que invadieron esa propiedad", señaló.



"Es más que claro que esto es un show montado, que vinieron preparando desde el día que se debía efectuar el desalojo de estos indígenas", concluyó a SEMlac la abogada Silvero.



Desde el punto de vista médico, el doctor Miguel Velázquez dice que, a primera vista, es difícil determinar por qué tal cantidad de gente cayó enferma luego de la denuncia del rociado.



En su experiencia, la gravedad de las intoxicaciones "depende del tiempo de exposición, de la cantidad del tóxico y sobre todo de la edad, condición nutricional y de salud previa", declaró a SEMlac el especialista en neurocirugía y docente de toxicología de la Universidad Católica, en la carrera de Ingeniería Ambiental.



Asimismo, afirmó que "hay que determinar si las zonas están contaminadas (pozos, cultivos y cauces de agua), para poder sacarlos de ahí, ya que hay efectos a largo plazo, como generación de malformaciones, tumores, problemas renales y cutáneos", enfatizó.



¿Por qué sucede esto?
En el análisis de la doctora Esther Prieto, especialista en Derechos Humanos y asesora del INDI, este tipo de hechos sucede, en primer lugar, porque se ignoran los derechos de las poblaciones autóctonas. "Los pueblos indígenas tienen muchos derechos reconocidos tanto en el ámbito de los derechos humanos internacionales como la legislación interna en el país, el derecho positivo", contó a SEMlac.



Agregó que "la cuestión es que la gente no conoce los derechos indígenas y los pocos que los conocen no están dispuestos a respetarlos. Los fiscales y los jueces los ignoran o prefieren ignorarlos".



Como segundo punto, Prieto señala que muchas veces la gente se refiere a los indígenas como si se tratara de un sector más de la sociedad. Pero "son pueblos con autonomía y cultura propia, tienen su propio derecho consuetudinario y su propio sistema de justicia".



Refirió también que "es la primera vez en la historia que yo encuentro propietarios brasileños dentro del territorio paraguayo, que dicen que los indígenas Avá Guaraní son los que invadieron sus tierras. Ese lugar, donde están estos pueblos indígenas, son sus territorios ancestrales. Y te aseguro que las extensiones de tierra son mucho más grandes que las que los Ava Guaraní están defendiendo actualmente".



En efecto, Jorgelina Portillo reivindica todos sus derechos y, en especial, su derecho a la tierra. "Son 2.600 hectáreas las que nos corresponden, en las que podemos cultivar y mantener a nuestra familia", dice.



"La provisión que nos trajo la delegación ya se está terminando y todavía tenemos enfermos a quienes cuidar", dice Portillo en alusión a víveres y medicamentos entregados a la población allí por la comitiva que estuvo de visita. "Realmente no sabemos qué vamos a hacer", concluyó casi conteniendo el llanto.

Yeswecanistan

The Peace Candidate Myth

By WILLIAM BLUM

CounterPunch

All the crying from the left about how Obama "the peace candidate" has now become "a war president" ... Whatever are they talking about? Here's what I wrote in this report in August 2008, during the election campaign:

We find Obama threatening, several times, to attack Iran if they don't do what the United States wants them to do nuclear-wise; threatening more than once to attack Pakistan if their anti-terrorist policies are not tough enough or if there would be a regime change in the nuclear-armed country not to his liking; calling for a large increase in US troops and tougher policies for Afghanistan; wholly and unequivocally embracing Israel as if it were the 51st state.

Why should anyone be surprised at Obama's foreign policy in the White House? He has not even banned torture, contrary to what his supporters would fervently have us believe. If further evidence were needed, we have the November 28 report in the Washington Post: "Two Afghan teenagers held in U.S. detention north of Kabul this year said they were beaten by American guards, photographed naked, deprived of sleep and held in solitary confinement in concrete cells for at least two weeks while undergoing daily interrogation about their alleged links to the Taliban." This is but the latest example of the continuance of torture under the new administration.

But the shortcomings of Barack Obama and the naiveté of his fans is not the important issue. The important issue is the continuation and escalation of the American war in Afghanistan, based on the myth that the individuals we label "Taliban" are indistinguishable from those who attacked the United States on September 11, 2001, whom we usually label "al Qaeda". "I am convinced," the president said in his speech at the United States Military Academy (West Point) on December 1, "that our security is at stake in Afghanistan and Pakistan. This is the epicenter of violent extremism practiced by al Qaeda. It is from here that we were attacked on 9/11, and it is from here that new attacks are being plotted as I speak."

Obama used one form or another of the word "extremist" eleven times in his half-hour talk. Young, impressionable minds must be carefully taught; a future generation of military leaders who will command America's never-ending wars must have no doubts that the bad guys are "extremists", that "extremists" are by definition bad guys, that "extremists" are beyond the pale and do not act from human, rational motivation like we do, that we — quintessential non-extremists, peace-loving moderates — are the good guys, forced into one war after another against our will. Sending robotic death machines flying over Afghanistan and Pakistan to drop powerful bombs on the top of wedding parties, funerals, and homes is of course not extremist behavior for human beings.

And the bad guys attacked the US "from here", Afghanistan. That's why the United States is "there", Afghanistan. But in fact the 9-11 attack was planned in Germany, Spain and the United States as much as in Afghanistan. It could have been planned in a single small room in Panama City, Taiwan, or Bucharest. What is needed to plot to buy airline tickets and take flying lessons in the United States? And the attack was carried out entirely in the United States. But Barack Obama has to maintain the fiction that Afghanistan was, and is, vital and indispensable to any attack on the United States, past or future. That gives him the right to occupy the country and kill the citizens as he sees fit. Robert Baer, former CIA officer with long involvement in that part of the world has noted: "The people that want their country liberated from the West have nothing to do with Al Qaeda. They simply want us gone because we're foreigners, and they're rallying behind the Taliban because the Taliban are experienced, effective fighters."

The pretenses extend further. US leaders have fed the public a certain image of the insurgents (all labeled together under the name "Taliban") and of the conflict to cover the true imperialistic motivation behind the war. The predominant image at the headlines/TV news level and beyond is that of the Taliban as an implacable and monolithic "enemy" which must be militarily defeated at all costs for America's security, with a negotiated settlement or compromise not being an option. However, consider the following which have been reported at various times during the past two years about the actual behavior of the United States and its allies in Afghanistan vis-à-vis the Taliban, which can raise questions about Obama's latest escalation:

The US military in Afghanistan has long been considering paying Taliban fighters who renounce violence against the government in Kabul, as the United States has done with Iraqi insurgents.

President Obama has floated the idea of negotiating with moderate elements of the Taliban.

US envoy to Afghanistan and Pakistan, Ambassador Richard Holbrooke, said last month that the United States would support any role Saudi Arabia chose to pursue in trying to engage Taliban officials.

Canadian troops are reaching out to the Taliban in various ways.

A top European Union official and a United Nations staff member were ordered by the Kabul government to leave the country after allegations that they had met Taliban insurgents without the administration's knowledge. And two senior diplomats for the United Nations were expelled from the country, accused by the Afghan government of unauthorized dealings with insurgents. However, the Afghanistan government itself has had a series of secret talks with "moderate Taliban" since 2003 and President Hamid Karzai has called for peace talks with Taliban leader Mohammed Omar.

Organizations like the International Committee of the Red Cross as well as the United Nations have become increasingly open about their contacts with the Taliban leadership and other insurgent groups.

Gestures of openness are common practice among some of Washington's allies in Afghanistan, notably the Dutch, who make negotiating with the Taliban an explicit part of their military policy.

The German government is officially against negotiations, but some members of the governing coalition have suggested Berlin host talks with the Taliban.

MI-6, Britain's external security service, has held secret talks with the Taliban up to half a dozen times. At the local level, the British cut a deal, appointing a former Taliban leader as a district chief in Helmand province in exchange for security guarantees.

Senior British officers involved with the Afghan mission have confirmed that direct contact with the Taliban has led to insurgents changing sides as well as rivals in the Taliban movement providing intelligence which has led to leaders being killed or captured.

British authorities hold that there are distinct differences between different "tiers" of the Taliban and that it is essential to try to separate the doctrinaire extremists from others who are fighting for money or because they resent the presence of foreign forces in their country.

British contacts with the Taliban have occurred despite British Prime Minister Gordon Brown publicly ruling out such talks; on one occasion he told the House of Commons: "We will not enter into any negotiations with these people."

For months there have been repeated reports of "good Taliban" forces being airlifted by Western helicopters from one part of Afghanistan to another to protect them from Afghan or Pakistani military forces. At an October 11 news conference in Kabul, President Hamid Karzai himself claimed that "some unidentified helicopters dropped armed men in the northern provinces at night."

On November 2, IslamOnline.net (Qatar) reported: "The emboldened Taliban movement in Afghanistan turned down an American offer of power-sharing in exchange for accepting the presence of foreign troops, Afghan government sources confirmed. 'US negotiators had offered the Taliban leadership through Mullah Wakil Ahmed Mutawakkil (former Taliban foreign minister) that if they accept the presence of NATO troops in Afghanistan, they would be given the governorship of six provinces in the south and northeast ... America wants eight army and air force bases in different parts of Afghanistan in order to tackle the possible regrouping of [the] Al-Qaeda network,' a senior Afghan Foreign Ministry official told IslamOnline.net."

There has been no confirmation of this from American officials, but the New York Times on October 28 listed six provinces that were being considered to receive priority protection from the US military, five which are amongst the eight mentioned in the IslamOnline report as being planned for US military bases, although no mention is made in the Times of the above-mentioned offer. The next day, Asia Times reported: "The United States has withdrawn its troops from its four key bases in Nuristan [or Nooristan], on the border with Pakistan, leaving the northeastern province as a safe haven for the Taliban-led insurgency to orchestrate its regional battles." Nuristan, where earlier in the month eight US soldiers were killed and three Apache helicopters hit by hostile fire, is one of the six provinces offered to the Taliban as reported in the IslamOnline.net story.

The part about al-Qaeda is ambiguous and questionable, not only because the term has long been loosely used as a catch-all for any group or individual in opposition to US foreign policy in this part of the world, but also because the president's own national security adviser, former Marine Gen. James Jones, stated in early October: "I don't foresee the return of the Taliban. Afghanistan is not in imminent danger of falling. The al-Qaeda presence is very diminished. The maximum estimate is less than 100 operating in the country, no bases, no ability to launch attacks on either us or our allies."

Shortly after Jones's remarks, we could read in the Wall Street Journal:

"Hunted by U.S. drones, beset by money problems and finding it tougher to lure young Arabs to the bleak mountains of Pakistan, al-Qaida is seeing its role shrink there and in Afghanistan, according to intelligence reports and Pakistan and U.S. officials. ... For Arab youths who are al-Qaida's primary recruits, 'it's not romantic to be cold and hungry and hiding,' said a senior U.S. official in South Asia."

From all of the above is it not reasonable to conclude that the United States is willing and able to live with the Taliban, as repulsive as their social philosophy is? Perhaps even a Taliban state which would go across the border between Afghanistan and Pakistan, which has been talked about in some quarters. What then is Washington fighting for? What moves the president of the United States to sacrifice so much American blood and treasure? In past years, US leaders have spoken of bringing democracy to Afghanistan, liberating Afghan women, or modernizing a backward country. President Obama made no mention of any of these previous supposed vital goals in his December 1 speech. He spoke only of the attacks of September 11, al Qaeda, the Taliban, terrorists, extremists, and such, symbols guaranteed to fire up an American audience. Yet, the president himself declared at one point: "Al Qaeda has not reemerged in Afghanistan in the same numbers as before 9/11, but they retain their safe havens along the border." Ah yes, the terrorist danger ... always, everywhere, forever, particularly when it seems the weakest.

How many of the West Point cadets, how many Americans, give thought to the fact that Afghanistan is surrounded by the immense oil reserves of the Persian Gulf and Caspian Sea regions? Or that Afghanistan is ideally situated for oil and gas pipelines to serve much of Europe and south Asia, lines that can deliberately bypass non-allies of the empire, Iran and Russia? If only the Taliban will not attack the lines. "One of our goals is to stabilize Afghanistan, so it can become a conduit and a hub between South and Central Asia so that energy can flow to the south ...", said Richard Boucher, Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs in 2007.

Afghanistan would also serve as the home of American military bases, the better to watch and pressure next-door Iran and the rest of Eurasia. And NATO ... struggling to find a raison d'être since the end of the Cold War. If the alliance is forced to pull out of Afghanistan without clear accomplishments after eight years will its future be even more in doubt?

So, for the present at least, the American War on Terror in Afghanistan continues and regularly and routinely creates new anti-American terrorists, as it has done in Iraq. This is not in dispute even at the Pentagon or the CIA. God Bless America.

William Blum is the author of Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, Rogue State: a guide to the World's Only Super Power. and West-Bloc Dissident: a Cold War Political Memoir.

He can be reached at: BBlum6@aol.com

Redes de masculinidad contra la violencia de género

Alba Trejo
SEMlac



Las redes de masculinidad existentes en Centroamérica buscan afianzarse en el tema de violencia de género para lograr que más hombres crean en la igualdad y, de esta forma, se prevenga y erradique el daño físico, psicológico, sexual y económico del que son víctimas las mujeres.

Ésa fue, además, una de las propuestas planteadas en el encuentro multisectorial de países latinoamericanos y europeos realizado este año en San José, Costa Rica, y promovido por el Programa Eurosocial Salud, Educación y Justicia.

Eurosocial es un programa regional de cooperación con América Latina, promovido por la Comisión Europea, con el objetivo de contribuir a aumentar el grado de cohesión social de las sociedades latinoamericanas, actuando sobre las políticas públicas en cinco áreas fundamentales: educación, salud, justicia, fiscalidad y empleo.

En la agenda del evento, denominado "La violencia de género en el siglo XXI, respuesta intersectorial", se buscaba identificar los avances y desafíos de la lucha contra la violencia de género en América Latina, pero el tema de la masculinidad fue algo que rompió con los esquemas de los tradicionales encuentros donde se trata el maltrato hacia la mujer.

Jimmy Rojas Moreira del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, señaló que el tema de la masculinidad está ligado a la violencia de género y que es posible cambiarlo solo a medida que los hombres sean socializados.

"Únicamente así se podrá avanzar en la búsqueda de la igualdad, la equidad y erradicación del problema" destacó en el encuentro, al que asistieron expertos, representantes de los gobiernos y sociedad civil.

José Salas, de la red de masculinidad WEM, agregó que el tema de las masculinidades está latente en la agenda mundial y es necesario construir estrategias para involucrar a la población masculina en la lucha contra la violencia de género e incluso en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

De acuerdo con Monserrat Sagón, feminista costarricense, una forma endémica de la violencia es el abuso contra las mujeres por parte de sus esposos o parejas.

Según estudios realizados en América Latina, entre 20 y 60 por ciento de las casadas o con una relación de pareja han sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus compañeros.

En Guatemala, de 700 asesinatos de mujeres cometidos en 2008, un promedio de 165 correspondía a violencia intrafamiliar. A ello se unen, según las estadísticas del Organismo Judicial, las más de 17.000 denuncias que se reciben en el año por lesiones, abuso o daños sicológicos, económicos y sexuales cometidos contra ellas.

Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el involucramiento masculino en el tema es una obligación, una deuda histórica y una oportunidad para avanzar, ya que los hombres son socios estratégicos para la igualdad.

Según Rojas, el problema de la violencia intrafamiliar, y específicamente la violencia de género, ha sido abordado, fundamentalmente, desde la atención a las víctimas y con la población femenina.

Con los hombres, sin embargo, no se han llevado a cabo programas preventivos o de atención directa, agregó, y dijo que con las redes masculinas se busca diversificar los programas en Latinoamérica.

Salas señaló que las redes masculinas trabajan con hombres que tienen problemas de poder y control en sus relaciones de pareja, familia, trabajo y ambiente, son autores de violencia de bajo perfil y presentan conductas de riesgo.

Incluso manejan un modelo de línea telefónica, cuyo funcionamiento es similar a la de denuncia abierta para las mujeres que padecen violencia en los países de la región. En ese servicio, regularmente los varones expresan su cólera contra sus esposas, y piden ayuda si están involucrados en problemas que tengan que ver con sus emociones.

Actualmente, solo Nicaragua y Costa Rica cuentan con esa modalidad, que involucra al hombre en el tema de género y salud sexual y reproductiva.

En Nicaragua existe la Asociación de Hombres contra la Violencia, una ONG que realiza actividades sistemáticas mediante talleres, foros y campañas, además de promover las redes contra la violencia de género.

La REDMAS es una instancia de coordinación que aglutina a 19 organizaciones nicaragüenses que realizan distintos trabajos sobre género y masculinidades con varones. Así mismo, es una alianza entre ONGs de hombres y mujeres luchando contra la violencia y a favor de la igualdad de género.

Uno de sus proyectos, denominado "Compartiendo con mi profe", capacita en el enfoque de género y masculinidad a organizaciones, estudiantes entre 10 y 14 años, y sus profesores y profesoras, para que desarrollen identidades de género orientadas hacia la equidad y la prevención de la violencia.

Barbara Lee Sponsors Bill to End War in Afghanistan

Kathleen Wells

NNPA

U.S. Rep. Barbara Lee, D-Calif., gained international acclaim for being the only member in Congress who courageously and extraordinarily voted against the authorization of the use of force following the Sept. 11, 2001, attacks.

Her vote against the resolution expressed her belief that it amounted to giving then-president George W. Bush a blank check to wage war and that the resolution was in contravention to the Constitution. Consistently, Lee has been a vocal critic of the war in Iraq.

Lee recently authored a controversial bill, H.R. 3699, that would prohibit the funding for additional troops to Afghanistan.

Recently, The Philadelphia Tribune spoke with Lee about her bill.

Tribune: What was your motivation for introducing a bill to stop funding for the troops in Afghanistan?

Lee: The public, at least 50 percent of the public, wants us to get out of Afghanistan. I think it’s time we begin to look in a new direction, in terms of our military and foreign policy, as it relates to Afghanistan. I don’t agree that the proposed increase in troop levels will make America any safer, nor will it make the Taliban more pro-American.

I think it’s important to recognize that the British and the Soviets couldn’t win in Afghanistan, militarily. And by increasing the troop levels, at least U.S. forces, you are really hardening the Taliban and creating the opposite effect — creating conditions that are going to be more dangerous and create more violence. I think it’s time to begin to look in a totally new direction.

I wanted to make sure that in Congress, there is a debate right now. And I’m very pleased that the president is taking his time, being deliberative, talking to people. And he asks the question, “Are we pursuing the right strategy in Afghanistan?” And some of us don’t believe he is, or at least we don’t believe the strategy is right.

Tribune: How should I sum up your motivation? Is it to promote an exit strategy or a new strategy?

Lee: I have also signed onto Congressman [Jim] McGovern’s resolution to develop an exit strategy. That resolution was an amendment that came to the floor [and] got 138 votes. So I believe both: One, we need an exit strategy to begin to come out. Two, we don’t need an increase in troop level.

If you believe you need an exit strategy, you shouldn’t bring more troops into Afghanistan. We need to look at a better strategy that involves more focus on Pakistan, more focus on the eradication of the poppy seeds, helping the farmers and looking at alternative agricultural development. A more development strategy, a more diplomatic strategy in the region, I think are very important.

This is the time that the military-first strategy is just not going to work.

Tribune: Do you believe that fighting the war in Afghanistan is fighting the “war on terror?”

Lee: Well, the “war on terror” was Bush’s war. I voted against [it], remember, right after 9/11. And that was giving that [Bush] administration and any administration in the future, unless we repeal that, a blank check to use force anywhere in the world, if it were connected to the horrific events of 9/11.

I’m not so sure that continuing to conduct pre-emptive strikes and continuing to wage war throughout the world is going to help with our counter-terrorism strategy. There are ways – and believe me, I’m as tough on terrorism as anybody and want to protect our own country and our troops – but you don’t do that by creating the opposite effect: occupying and militarizing a country that historically has shown the will to resist. It is not an appropriate counter-terrorism strategy.

There may be 100 al-Qaeda members in Afghanistan. The real focus needs to be on nuclear non-proliferation, addressing the nukes in Pakistan and focusing on al-Qaeda and what we need to do to make sure that terrorism is reduced and minimized. I think when you look at — and this is not all of the regions [where] terrorism [exists] — the seeds of despair and so much poverty with the young people, you realize that we have to look at our counter-terrorism strategy in a more comprehensive way.

Tribune: What do you say to critics who say that supporting the troops is separate and apart from supporting the war?

Lee: I support the troops — I’m a daughter of a 25-year military veteran. The troops have been placed in harm’s way and the best way we can support them is by bringing them out of harm’s way. They are there to serve. They are fighting valiantly. I think the families of many of the Iraq veterans will tell you [that] this country has not really provided the type of support that our veterans need in terms of their economic, educational and job security — all the quality of life issues we should be providing for our veterans. The previous administration did not do that.

And so I support our troops in a big way and supporting our troops means more than placing them in a war that I think quite frankly cannot be won. When you look at what happened in Vietnam and you look at the numbers of troops and what all the experts have said, this is going to be a 10-year proposition or more. You are talking about $800 billion or more.

Tribune: What is the likelihood of finding support for your bill amongst other Democrats?

Lee: It’s building. Within a day or two, we have 22 co-sponsors. And of course, many are waiting to see what the president’s decision will be. I introduced my bill to create a different point of view.

I’ve talked to many members who believe that we are on the right track. So, we are going to keep working to build support for this resolution, which means no more funds for any additional troops to go to Afghanistan and support for an exit strategy.

Tribune: The president says that the war in Afghanistan is not a war of choice. Would you agree with that characterization?

Lee: I quite frankly understand why the previous [Bush] administration believed that this war needed to be started.

And I remember, during the campaign, [that] President [Obama] talked about the “war on terror” should not be Iraq, but should be Afghanistan. [This] is what you believe, but when you look at it and when you look at Pakistan, Afghanistan and the region, one has to wonder, are we pursuing the right strategy there? And I have to say, I don’t believe that we are.

It’s been nine years and this war has not resulted in catching Osama Bin Laden in Afghanistan and, in fact, the majority now of al-Qaeda members are in Pakistan. I think it’s a failed strategy and I think it’s time that this administration look at a stronger diplomatic and development initiative in the region.

Tribune: What is your position now on the war in Iraq?

Lee: It should have ended a long time ago. It’s a war of choice. It was a pre-emptive war, has nothing to do with weapons of mass destruction nor was Iraq posing any national security threat to the United States. I never voted for funding for the war; I think it should have ended a long time ago and I hope that the timetable that the president has set is pushed up.

Los derechos de las mujeres en retroceso

Grupos de derecha y religiosos las despojan de ellos


Guadalupe Cruz Jaimes

Argenpress


En el país los avances en materia de derechos humanos de las mujeres, obtenidos durante los últimos 25 años, se ven rebasados por el “grave” retroceso que representa la aprobación de reformas constitucionales en 17 de los 31 estados del país, con los que se protege la vida desde la concepción-fecundación y, en consecuencia, abortar es un crimen bajo cualquier circunstancia, afirmó Gloría Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH).

Durante el festejo del primer cuarto de siglo de la AMDH, Gloria Ramírez señaló en entrevista con Cimacnoticias, que el movimiento consolidado de grupos de mujeres en la defensa de sus derechos, experimenta un “momento fuerte” ante el “grave retroceso de los derechos de las mexicanas, con la aprobación de leyes que pretenden reconocer la vida desde la concepción a la fecundación. Dichas modificaciones a las legislaciones locales de más de la mitad del territorio nacional, iniciaron en octubre de 2008, son iniciativas del Partido Acción Nacional (PAN), apoyadas por el Revolucionario Institucional (PRI). Con las reformas constitucionales “no solamente no se avanza en el reconocimiento y la integralidad de los derechos de las mujeres sino que se atenta contra sus derechos y otra vez se les pone como un objeto en manos de los detentadores del poder.

De grupos que con un sesgo conservador, de derecha y marcadamente por una opción religiosa están despojándonos de nuestras conquistas. Estamos ante un gran desafío y un gravísimo retroceso”, recalcó. A decir de la académica feminista, hoy más que nunca el movimiento de mujeres debe fortalecerse, “tenemos que advertir a mujeres y hombres sobre los riesgos que significa perder el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo”. Para ello, dijo, “necesitamos tomar consciencia de lo que significan estas reformas, las cuales aprueban que mujeres que tienen un aborto espontáneo, en lugar de llevarlas a la clínica, las lleven a la cárcel acusadas de homicidio”. Así mismo, aclaró que “la corresponsabilidad que tenemos nosotras no exime la responsabilidad que tiene el Estado de frenar dichas disposiciones que contravienen los derechos humanos de las mujeres”. Este retroceso “es signo de un régimen autoritario, conservador y retrograda, que no concibe a las mujeres como sujetas de derechos”.

La ciudadanía plena se obtiene con el ejercicio pleno de la libertad de decidir y decidir sobre nuestro cuerpo, ello, se tiene que entender, mencionó la defensora de derechos humanos. Apenas hace 16 años de que se ratificó que los derechos humanos se habían conformado con base en una visión androcéntrica, “a la medida de los hombres”. “Hoy vemos que nosotras como mujeres tenemos que despertar y convocar a una transformación”, enfatizó. Como una aportación a este cambio, la AMDH realizará la compilación: “25 años de derechos humanos en México”, en la que participarán diversos especialistas en el tema de derechos humanos de las mujeres, educación en derechos humanos, salud y derechos humanos, justicia y seguridad pública, movimientos indígenas y migración, entre otros. El texto se publicará por la editorial Porrúa, durante el primer trimestre de 2010.

An Open Letter to the Nobel Committee

On Obama's Peace Prize

On December 10, you will award the 2009 Nobel Peace Prize to President Barack Obama, citing “his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between people.” We the undersigned are distressed that President Obama, so close upon his receipt of this honor, has opted to escalate the U.S. war in Afghanistan with the deployment of 30,000 additional troops. We regret that he could not be guided by the example of a previous Nobel Peace Laureate, Rev. Dr. Martin Luther King, Jr., who identified his peace prize as “profound recognition that nonviolence is the answer to the crucial political and moral question of our time -- the need for man [sic] to overcome oppression and violence without resorting to violence and oppression.”

President Obama has insisted that his troop escalation is a necessary response to dangerous instability in Afghanistan and Pakistan, but we reject the notion that military action will advance the region’s stability, or our own national security. In his peace prize acceptance speech, Dr. King observed that “Civilization and violence are antithetical concepts…man [sic] must evolve for all human conflict a method which rejects revenge, aggression and retaliation.” As people committed to end the occupation of Iraq and Afghanistan, we are filled with remorse by this new decision of our president, for it will not bring peace.

Declaring his opposition to the Vietnam War, Dr. King insisted that “no one who has any concern for the integrity and life of America today can ignore the present war…We must continue to raise our voices and our lives if our nation persists in its perverse ways… We are at the moment when our lives must be placed on the line if our nation is to survive its own folly. Every man [sic] of humane convictions must decide on the protest that best suits his convictions, but we must all protest.”

We pledge ourselves to mobilize our constituencies in the spirit of Dr. King’s nonviolent and committed example. His prophetic words will guide us as we assemble in the halls of Congress, in local offices of elected representatives, and in the streets of our cities and towns, protesting every proposal that will continue funding war. We will actively and publicly oppose the war funding which President Obama will soon seek from Congress and re-commit ourselves to the protracted struggle against U.S. war-making in Iraq and Afghanistan.

We assume that the Nobel Committee chose to award President Obama the peace prize in full awareness of the vision offered by Dr. King’s acceptance speech. We also understand that the Nobel committee may now regret that decision in light of recent developments, as we believe that the committee should be reluctant to present an Orwellian message equating peace with war. When introducing the President, the Committee should, at the very least, exhibit a level of compassion and humility by drawing attention to this distressing ambiguity.

We will do all we can to ensure that popular pressure will soon bring President Obama to an acceptance of the duties which this prize, and even more his electoral mandate to be a figure of change, impose upon him. He must end the catastrophic policies of occupation and war that have caused so much destruction, so many deaths and displacements, and so much injury to our own democratic traditions.

This prize is not a meaningless honor. We pledge, ourselves obeying its call to nonviolent action, to make our President worthy of it.

Jack Amoureux- Board of Directors, Military Families Speak Out
Medea Benjamin- Co-Founder, Global Exchange
Frida Berrigan – Witness Against Torture
Elaine Brower- World Can’t Wait
Leslie Cagan- Co-Founder, United for Peace and Justice
Bob Cooke-Regional Coordinator, Pax Christi USA, Pax Christi Metro, DC and Baltimore
Tom Cornell- Catholic Peace Fellowship
Matt Daloisio – War Resisters League
Marie Dennis – Maryknoll Office for Global Concerns
Laurie Dobson, Director, End US Wars
Mike Ferner- President, Veterans for Peace
Joy First- Convener, National Campaign for Non-Violent Resistance
Sara Flounders – International Action Center
Diana Gibson, Christian Peace Witness
Rabbi Lynn Gottlieb- Shomer Shalom Network for Jewish Nonviolence
David Hartsough- Peaceworkers, San Francisco
Mike Hearington- Georgia Peace & Justice Coalition
Kimber J. Heinz- Organizing Coordinator, War Resisters League
Mark Johnson- Director, Fellowship of Reconciliation
Kathy Kelly- Co-coordinator, Voices for Creative Non-Violence
Leslie Kielson – United for Peace and Justice
Malachy Kilbride- National Campaign for Nonviolent Resistance
Kevin Martin- Executive Director-Peace Action and Peace Action Education Fund
Linda LeTendre – Saratoga [New York] Peace Alliance
Michael McPhearson- Veterens for Peace
Gael Murphy – Co-Founder, Code Pink
Sheila Musaji – The American Muslim
Michael Nagler- Founder, Metta Center for Nonviolence
Max Obuszewski- Pledge of Resistance Baltimore and Baltimore Nonviolence Center
Pete Perry- Peace of the Action
Dave Robinson, Executive Director, Pax Christi
David Swanson- AfterDowningStreet.org
Terry Rockefeller – Families for Peaceful Tomorrows
Samina Sundas – Founding Executive Director, The American Muslim Voice
Nancy Tsou- Coordinator, Rockland Coalition for Peace and Justice
Diane Turco- Cape Codders for Peace and Justice
Marge Van Cleef – Womens International League for Peace and Freedom
Jose Vasquez, Executive Director, Iraq Veterans Against the War
Craig Wiesner- Multifaith Voices for Peace and Justice
Scott Wright, Pax Christi Metro DC - Baltimore
Kevin Zeese- Executive Director, Voters for Peace


Along with delivering this open letter to the Nobel Peace Committee, activists will present it at a rally in Lafayette Square, Washington, D.C. on Saturday, December 12th, 11 – 4, www.enduswar.org

Golpe al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente

Jorge Lofredo


Investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados


I

La única escisión eperrista reconocida oficialmente, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), ha sido la única en diez años que ha sido descabezada. Ahora por segunda vez.

Este hecho, aparte de la relevancia que guarda para estas cuestiones, encierra en sí mismo una aparente paradoja: la muerte del “Ramiro” sucedió casi al mismo tiempo que la liberación de los dos dirigentes históricos de la organización, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arena Agis.

La ausencia de pronunciamiento del grupo armado le otorga un grado mayor de incertidumbre a lo sucedido, donde organizaciones sociales guerrerenses ponen en duda la veracidad de lo publicado. En este aspecto, y ante la abundancia de conjeturas y versiones, conocer su texto será fundamental.

Para que exista un nexo entre una y otra cuestión debe considerarse una maniobra de doble sentido: un mensaje para los recientemente liberados y con un contenido donde se pretende establecer como único móvil el ajusticiamiento intestino.

Por un lado, debido a que ambos (Jacobo y Gloria) pueden conformarse como referentes opositores en torno a la Otra Campaña y con la consecuente articulación de un discurso radical a las puertas del 2010. A la vez, limitar el margen de maniobra para establecer alianzas con organizaciones políticas y sociales.

Y por otro, vaciar de contenido cualquier cuestionamiento que provenga de la guerrilla y sus líderes –reducir accionar e ideario guerrillero a cuestiones de vínculos familiares y/o delincuenciales– omitiéndole cualquier sustento político-social a su existencia. (Reconocerlo implicaría otorgarle razón de ser.)

Pero también pueden encontrarse, al menos, otros dos elementos a considerar: la zona donde registra actividad el ERPI está signada por violencias entrecruzadas de distintos signos e intereses, la presencia del Ejército y paramilitares; por tanto, la caída de Ramiro revela una nueva falla de seguridad interna de la organización.

Y la otra es una razón dirigida directamente a los grupos guerrilleros. En esta “guerra” no hay prisioneros sino desaparecidos y/o muertos.

II

Con el asesinato parece confirmarse la tendencia que, a diferencia de los años inmediatamente anteriores, los golpes asestados contra la guerrilla y que se han hecho públicos –y corroborados por las partes– acaban en desapariciones (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez) o muerte (Omar Guerrero Solís).

Aparte de lo que implica para un grupo clandestino la caída de algunos de sus miembros y más aún cuando se trata de la dirección o puestos de relevancia, ello les resta iniciativa política ya que en adelante estarán a obligados a manifestarse acerca de lo ocurrido y no sobre sus objetivos.

El reciente texto del ERPI confirma esta cuestión: debió explayarse sobre las circunstancias en que se produjo la muerte antes que desarrollar el planteamiento político que sustentan. Muy distinto es, por ejemplo, el sentido que tuvieron las entrevistas brindadas este año respecto al último comunicado.

De igual forma ocurrió con el EPR cuando se produjo la desaparición de sus miembros y con el desarrollo de la Comisión de Mediación; sin embargo, ello forma parte de las circunstancias a las que una organización de estas características enfrenta; de hecho, la dialéctica ofensiva/defensiva política está comprendida dentro de su desarrollo.

En este caso puntual, no obstante, se ponen de manifiesto problemas de seguridad que primero alcanzaron a la dirección nacional en 1999 y ahora con la muerte de su más conocido dirigente; con el agravante que “Ramiro” era buscado desde la fuga de la cárcel y que desde enero de 2007 persiste el anuncio público que la presencia del Ejército en la entidad también alcanzaría para el combate grupos subversivos (El Sur, 14|1|2007).

Según el ERPI el asesinato ocurre en un contexto “contrainsurgente” (una de sus facetas es el vínculo guerrilla-narco) largamente anunciado y aún así protagonizó una mayor exposición que el resto de las organizaciones. Quedan, igualmente, muchas otras interrogantes por resolver.

III

Su asesinato ha revelado que el ERPI constituye un problema para el narco y los paramilitares de la región. La organización, aparte de localizada, parece tener arraigo en el lugar y a raíz de ello se ha vuelto difícil de expulsar. Esas razones decidieron la muerte de su líder.

Sobre su muerte resta mucho por aclararse; sin embargo pueden dilucidarse algunos de sus elementos. “Ramiro” habría sido víctima de una emboscada por una traición. La diferencia no es menor pues no se trató de un enfrentamiento con el enemigo sino de una decisión que provino desde sus propias filas.

La comisión que cumplía según el comunicado de la organización lo llevó a enfrentarse con Alvarado Palacios y siete personas más “sin el despliegue defensivo acostumbrado”. Pero no queda claro cuál comisión cumplía el líder de una organización clandestina armada sin ese “despliegue”, en una coyuntura de recrudecimiento de la contrainsurgencia y el paramilitarismo, tal como lo han repetido los erpistas.

Un dato más cabe agregar al respecto: el cuerpo descompuesto del guerrillero, cuya fotografía publicó un periódico local, lo muestra con una chamarra militar, paliacate rojo en el cuello y su cara descubierta. Y otra arista de la misma circunstancia refiere a que su cuerpo no presenta señales de ensañamiento. No es una muerte más sino que se trata de “Ramiro”, donde lo más valioso es su identidad. No se trata de una obscena exhibición de muerte sino que esta es “su” muerte. Ese es el mensaje político.

El ERPI ha sido quien con mayor profundidad abordó públicamente la cuestión del narco y el paramilitarismo en el lugar. Sus referencias a estos fenómenos muestran un conocimiento de primera mano: sus expresiones parecen provenir, más bien, de la experiencia de lo cotidiano.

Esa misma claridad deberá nutrir las respuestas políticas y definiciones ideológicas que produzca para dilucidar todo lo ocurrido en torno al asesinato de su líder.

IV

Uno de los elementos constituyentes de la “campaña contrainsurgente” es la simbiosis deslegitimadora guerrilla-narco-delincuencia. Uno de los grupos más cuestionados es el ERPI pues está asentado en una zona donde el dominio del narco es evidente y además porque no quedan suficientemente aclaradas las formas de financiación de los grupos clandestinos armados revolucionarios.

Quizá la investigación y esclarecimiento de las circunstancias y razones que acabaron con el asesinato de su líder resulte la ocasión propicia para que inicie algún proceso de reconsideración en la política comunicativa de la guerrilla, por lo menos en cuanto a lo que refiere a estas cuestiones. Al fin y al cabo, “sólo la verdad es revolucionaria”.

En el desarrollo de esta “campaña contrainsurgente” los medios masivos de comunicación ocupan un espacio fundamental. En este ámbito, la guerrilla también se encuentra en una situación asimétrica y desfavorable de fuerzas. Por lo tanto, las palabras y comunicados no alcanzarán para revertir esta coyuntura al menos en lo que refiere a esta instancia mediática-informativa. De hecho, al propio Lucio lo llamaron “delincuente”, “robavacas” y “ratero” y mucho más pero jamás insurgente.

Para el caso, el gobernador Zeferino Torreblanca caracterizó a “Ramiro” como un delincuente, un mero “transgresor de la ley”; sin embargo, el pueblo continuará siendo soberano para fincar el lugar de sus referentes y líderes, y a quienes acabe reconociendo como tales. En este contexto, los textos producidos por el ERPI y otras organizaciones enfrentarán una disyuntiva: por un lado el recordatorio necrológico, por otro el posicionamiento testimonial acostumbrado o, en cambio, la reivindicación acabada que sirva para establecer, a futuro, una forma distinta de convertir en presente y validar la memoria histórica en los albores del 2010 (como mínimo en lo que refiere a su valoración “simbólica-revolucionaria”).

Golpe y contragolpe es la forma acostumbrada que se recurre desde la clandestinidad para responder desde un posicionamiento defensivo y transformarlo en iniciativa. Un próximo comunicado de esta organización develará un salto cualitativo o una continuidad hacia un final incierto.

The People Speak

When Television Makes History


By DAVE ZIRIN

CounterPunch

On December 13th, a date I’ve basically had tattooed on my arm like the guy from Memento, The People Speak finally makes its debut on the History Channel. This is more than just must-see-TV. It is nothing less than the life's work of “people’s historian” Howard Zinn brought to life by some of the most talented actors, musicians, and poets in the country. Howard Zinn and his partner Anthony Arnove chose the most stirring political passages in Zinn's classic A People's History of the United States, creating a written anthology called Voices of a People's History of the United States. Those "voices" have now been fully resurrected by a collection of performers ranging from Matt Damon to hip hop artist Lupe Fiasco to poet Staceyann Chin.

The People Speak also showcases John Legend reading the words of Muhammad Ali, Kerry Washington as Sojourner Truth, David Strathairn's take on the soaring oratory of Eugene Debs, and Morgan Freeman as Frederick Douglass asking, "What is the 4th of July to the American Slave?" There are also the words of women factory workers read by Marisa Tomei, rebellious farmers personified by Viggo Mortensen, and escaped slaves voiced by Benjamin Bratt.

Certainly the lunatic right will howl to the heavens after seeing "liberal Hollywood" perform the words of labor radicals, anti-racists, feminists, and socialists. In fact, aided by the craven Matt Drudge, they are already in full froth, campaigning online to get the History Channel to drop The People Speak before its air-date. If it weren’t so contemptible, their actions would be almost quaint, like a virtual book burning.

But beneath the bombast, their hostile aversion “a people’s history” speaks volumes about why we need to support this project. This is a country dedicated to historical amnesia. Our radical past holds dangers for both those in power and those threatened by progressive change. We need to rescue the great battles for social justice from becoming either co-opted or simply erased from the history books. Our children don't learn about the people who made the Civil Rights movement. Instead we get Dr. Martin Luther King on a McDonald's commemorative cup. Because of our country’s organized ignorance, endless hours are wasted in every generation reinventing the wheel and relearning lessons already taught.

One reason Barack Obama made so many of us feel “hopey” during the 2008 election season is that he seemed to understand and even take inspiration from our “people’s history”. Candidate Obama would invoke the odysseys of abolitionists, suffragettes, freedom riders, and Stonewall rioters. He linked his campaign to this history with a slogan from today's immigrant rights and union struggles: Si Se Puede, Yes We Can.

And yet this Presidency in practice has been like watching George W. Bush with a working cerebellum. Send 30,000 more troops to Afghanistan? Say nothing in the face of racist rallies held outside the capitol? Tell LGBT people to shut up and wait for their civil rights? All in a year's work. The Obama administration is now counting upon the American people, to once again, quietly go with the flow all while pretending we never saw this movie before. This is why The People Speak matters. It's aimed at reclaiming our hallowed history from all who would profane it: to resurrect our past as a guide to fight for the future.

There are those who will wrongly see The People Speak as a kind of "spoonful of sugar" approach to education. Get a celebrity to recite the words of Susan B. Anthony and all of a sudden, we'll all want to be history buffs. But this isn’t Hollywood "slumming" in the land of radical chic. It is instead a bracing spectacle where our sacred history is reimagined by performance artists of tremendous craft. Consider the dramatic task at hand: they are attempting nothing less than turning politics into art. If Zinn and co-producers Arnove, Damon, Josh Brolin and Chris Moore pull this off, it holds the potential to introduce a new generation to Sojourner Truth, Eugene Debs, and perhaps most importantly of all, to the works of Howard Zinn.

As Zinn himself once said, "Knowing history is less about understanding the past than changing the future." This is the grand adventure of Howard Zinn's life. I encourage everyone to come along for the ride. Get your friends and family together on Sunday night and experience the People Speak. Then take them by the hand and pledge to be heard.

Dave Zirin is the author of "A People's History of Sports in the United States" (The New Press) Contact him at edgeofsports@gmail.com.