Un ejemplo de dignidad revolucionaria
Carlos Sandóval
Rebelión
El 28 y 29 de octubre del 2009, después de 10 años de estar privados de su libertad, los compañeros Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis, ex-dirigentes y fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), lograron finalmente arrancarle su libertad al Estado mexicano. Después de 10 años de lucha, el movimiento popular y revolucionario en México puede hoy celebrar un triunfo más, y un paso adelante en la lucha por la libertad de nuestros presos y presas políticas, y por supuesto, en la incansable lucha por la transformación social y la construcción de un nuevo país.
No obstante, detrás de esta gran celebración para el movimiento, hay toda una historia colectiva de dolores, sufrimientos, injusticias y vejaciones, pero también de voluntades inquebrantables, solidaridades diversas, esfuerzos conjuntos, sacrificios heroicos y por supuesto, de un gran movimiento que no claudica.
El inevitable juicio de la historia
El 19 de octubre de 1999, Jacobo Silva (el Comandante Antonio) fue detenido arbitrariamente en la Ciudad de México, mientras ingresaba en un café de chinos. En ese momento fue derribado por agentes vestidos de civil, quienes le aplicaron toques eléctricos para después subirlo a un vehículo en el que fue retirado del lugar entre golpes e insultos. Enseguida fue desaparecido y torturado brutalmente durante cinco días. Gloria Arenas (la Coronela Aurora), por su parte, fue detenida tres días después en la ciudad de San Luis Potosí, en un operativo dirigido por el actual Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien entonces estaba a las órdenes de Wilfrido Robledo Madrid, entonces Comisionado General de la Policía Federal Preventiva (PFP). García Luna, –que por cierto ha sido acusado ya varias veces por diversos medios de corrupción y vínculos con el narcotráfico– fue quien personalmente dirigió los interrogatorios y el operativo en contra de Jacobo y Gloria, junto con Mariano Herrán Salvati, entonces en la nómina de la Procuraduría General de la República (PGR), y quien después fungió como Procurador de Justicia del Estado de Chiapas, –y que por cierto hoy enfrenta un proceso penal por sus conocidos vínculos con grupos del crimen organizado.
Acostumbrado a los montajes y teatros jurídicos, García Luna armó todo un entramado jurídico-mediático, cuya característica visible era la falta de veracidad, lógica y coherencia, en la que afirmaba haber detenido a Jacobo y Gloria, junto con otra pareja, en una casa de seguridad en Chilpancingo, en donde había armamento y propaganda del ERPI. Enseguida se les siguieron dos procesos penales, acusándolos de los delitos de Asociación Delictuosa, en uno, y de Rebelión, Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio Calificado y Daño en Propiedad Ajena, en otro.
Jacobo y Gloria, no dudaron nunca en reconocer su militancia en el ERPI, por lo que el único “delito” que aceptaron haber cometido fue el de Rebelión. Desde el primer momento de su captura, y en un gran ejemplo de dignidad revolucionaria, Jacobo y Gloria declararon que ellos no eran delincuentes, porque no podía ser lo mismo ser guerrillero y rebelde, que ser delincuente. En su declaración preparatoria, Jacobo afirmaba:
…que no he cometido acciones de terrorismo, ni secuestros, ni asesinatos, ni robos; que no soy terrorista, ni secuestrador, ni asesino, ni ladrón.
…que considero que estoy aquí porque he formado parte de un ejército popular desde cuyas filas he llamado al pueblo a defenderse y le he ayudado a organizarse para que se defienda de los secuestros, asesinatos, torturas y violaciones que contra él cometen el ejército federal, diversas policías y grupos paramilitares, agresiones que se cometen con total impunidad como lo muestran los casos de Aguas Blancas, El Charco, Acteal y El Bosque, que hacen evidente que el pueblo no puede esperar justicia de las instituciones encargadas de impartirla; que he luchado por hacer realidad el ejercicio de la soberanía popular ya que hoy gobierna al país una minoría que no toma en cuenta las opiniones de la población y que se guía únicamente por las opiniones de los dueños del dinero cuyos intereses representa y aplica una política que mantiene en la pobreza a la mayoría de la población y que condena a la miseria a un número creciente de mexicanos; que he pugnado por la existencia de un estado de derecho porque la constitución se viola cotidianamente por el gobierno, y la aplicación de la ley está sometida al capricho de los poderosos, y en vez del federalismo existe un vergonzoso centralismo, y el poder judicial funciona como una dependencia más del poder ejecutivo, el cual se burla continuamente del poder legislativo; que he luchado por hacer realidad aquello que Francisco Zarco denominó "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", porque hoy existe un gobierno de la oligarquía, por la oligarquía y para la oligarquía y eso no lo merecemos los mexicanos.
…que pese a ello no estoy arrepentido de haber levantado a un grupo de mexicanos a luchar por la democracia, la justicia y la libertad sino que estoy muy orgulloso de ello y no me pesa la pena que me puedan imponer porque por más grande que sea la pena que se deriva del deber cumplido nunca será mayor que la satisfacción de haber hecho lo justo, porque es más libre quien está tras las rejas, pero ha peleado por la libertad y confía en el futuro, que quien se encuentra afuera pero está sujeto a la consigna del poderoso y teme los cambios que se avecinan, porque la libertad del pueblo bien vale unos años de cárcel, porque quien ha sido libre y ha liberado a otros de las cadenas del sometimiento ha sembrado en ellos la conciencia de su dignidad y le ha dado esperanzas, vive y es libre en la vida, en la libertad, en la dignidad y en la esperanza de ellos.
…que pueden condenarme pero a mí el pueblo ya me absolvió en el juicio que hacen de aquellos que en el pasado hicieron lo que yo en el presente y me absuelven cada día en la lucha que realiza cotidianamente contra este régimen criminal.
Efectivamente, el pueblo no sólo absolvió a Jacobo y a Gloria, sino que cada vez con más intensidad comenzó a tomar en sus manos la defensa, ya no sólo en el discurso, sino una verdadera defensa histórica y política de los compañeros. El caso de la detención de los dirigentes del ERPI, abrió un juicio moral al Estado y a todo lo que éste representa. Aquellos que detuvieron y condenaron a Jacobo y a Gloria, fueron señalados por organizaciones como Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU, como violadores de la ley, pues no sólo los procesaron con base en mentiras e ilegalidades, sino que cometieron actos de lesa humanidad, como la tortura, y los quisieron someter en cárceles de máxima seguridad, cuyo régimen interno es contradictorio a todo aquello que significa ser humano, pues busca degradar, humillar y reducir a objetos a quienes ahí se encuentran. Posteriormente, aquellos que se atrevieron a levantar el dedo acusador en contra de Jacobo y Gloria, llamándolos delincuentes, fueron descubriéndose como narcotraficantes o asesinos, como es el caso de Herrán Salvati y García Luna. Otros, como Wilfrido Robledo, evidenciaron su brutalidad y salvajismo en casos como Atenco o Oaxaca. ¡Vaya representantes de la ley!
Por el otro lado, se comenzó a conocer que aquella pareja a quien se acusaba de delincuentes, eran en realidad símbolos de justicia y de humanismo. Jacobo y Gloria representaban toda una concepción diferente de la lucha, amante de la humanidad, de la justicia y de la libertad, así como a todo un sector del pueblo organizado que camina hoy por ese mismo sendero. En décadas de lucha, Jacobo y Gloria se convencieron de que todo cambio y toda transformación social es superflua si no emana desde lo más profundo de las relaciones de poder y sociales, si no abarca todos esos ámbitos en donde se reproduce la desigualdad y la opresión, como lo son las relaciones de género, las relaciones patriarcales y de clase, la discriminación y el racismo, etc. ¿Cómo se podría hacer la revolución siendo antidemocrático? ¿Cómo se podría luchar contra el racismo y la xenofobia, siendo racista y xenofóbico? Se dieron cuenta de que una nueva sociedad tiene que empezar a ser construida desde ahora y en todos los ámbitos, desde el familiar y el personal, hasta el social y político, desde la familia y la comunidad, hasta el Estado y las macro estructuras de poder. Decía Jacobo que "el poder popular necesariamente debe impulsar cambios profundos, que abarquen también el nivel microsocial: que quiere acabar con la represión en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las culturas. Por eso es que el poder popular se debe construir, sin excusa ni pretexto, en el aquí, en el ahora, desde abajo y hasta sus últimas consecuencias".
La resistencia
Poco a poco s e fueron invirtiendo los papeles, y el dedo acusador se volteó en contra de las instituciones que mantenían secuestrados a Jacobo y a Gloria. Cada vez más el movimiento social y popular demandaba la libertad de Jacobo y Gloria, quienes en el 2005, suscribieron la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y se unieron activamente a la Otra Campaña. El movimiento comenzó a caminar hombro con hombro con los compañeros, quienes lograron convertir las mazmorras del régimen en una trinchera más de lucha.
En el 2006, durante la represión gubernamental del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT) en Atenco y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la voz de Jacobo y Gloria no se dejó de oír, lo mismo exigiendo justicia y libertad para los presos de Atenco y Oaxaca, que compartiendo sus análisis y opiniones, así como sus aprendizajes del movimiento. Gloria observó con fascinación el papel jugado por los medios masivos de comunicación, así como las radios alternativas en Oaxaca, y comenzó a teorizar sobre este fenómeno, con el objetivo de aportar elementos de análisis al movimiento. En sus reflexiones sobre la represión en ese año, decía que:
Cuando el Estado ejerce la fuerza, echa a andar también toda la maquinaria para justificarla, la televisión y la radio emiten una avalancha de comentarios aplaudiendo el uso de la represión, exigiéndola incluso, calumniando a quienes se han salido del redil de la sumisión, presentándolos como infractores de la ley. El caso de Atenco demuestra claramente esto. Televisa y TV Azteca exigieron la entrada de la policía y cuando la PFP y la ASE tomaron el pueblo, estos medios justificaron las detenciones arbitrarias, la tortura, las violaciones sexuales y los asesinatos.
El silencio también es importante para el control y la manipulación de la opinión pública. Lo que no vemos en televisión no existe. Así, poco se sabe de las miles de niñas y jóvenes humildes asesinadas en Ciudad Juárez. No se sabe tampoco de las luchadoras y luchadores sociales desaparecidos...
Para romper el cerco informativo y contrarrestar las campañas de desprestigio, el movimiento popular cuenta con diversos medios alternativos y grupos culturales. Pero aún no hemos llenado el vacío que existe en materia de difusión e información. Esto se debe en parte a la dificultad de competir en audiencia e impacto con los medios masivos de comunicación. Pero también se debe a que aún son pocas las organizaciones que enfrenten el binomio represión-calumnia con el binomio lucha-información. Aún no damos suficiente importancia a ésta última, ni a emprender una estrategia política capaz de romper la hegemonía del Estado.
En el 2006, el movimiento de Oaxaca nos dio un ejemplo magnifico del poder de las contrahegemonías y de su eficacia para enfrentar la represión. Desde un inicio del movimiento, el magisterio instaló Radio Plantón que el 14 de junio transmitió en vivo el ataque de la policía hasta que el transmisor fue destruido. A sólo unas horas del desalojo el plantón fue reinstalado, esta vez con un respaldo popular sin precedentes. A partir de ese momento el pueblo oaxaqueño se empoderó de los medios. Radio Universidad y Radio Plantón mantuvieron sus micrófonos abiertos al movimiento, pero eso no fue todo, la toma de 12 radiodifusoras y del canal estatal de televisión jugaron un papel determinante pues la voz de la APPO llegó a toda la población. Como respuesta, ésta acudía continuamente a expresar sus agravios, su apoyo y sus opiniones. El movimiento realizó sus propios programas y entrevistas. El pueblo de Oaxaca entendió la importancia que tenía contar con una forma de comunicación y difusión masiva...
Asimismo, la voz de Gloria asumió una defensa consecuente de los derechos de la mujer y la igualdad de género desde una perspectiva combativa y revolucionaria. En alguno de sus textos presentados para el Día de la Mujer, Gloria decía que:
...para el neoliberalismo la mujer representa mano de obra barata, y fácil de explotar, representa una masa consumidora de productos superfluos que la publicidad se encarga de imponerle como necesarios; pero no sólo eso, también la ha convertido en mercancía cuya imagen, servicio y cuerpo se pueden comprar y vender para obtener enormes ganancias, el papel de paridora, objeto sexual, mano de obra barata, consumidora y mercancía, se le ha impuesto a través de las distintas etapas de la historia, pero es la sociedad capitalista la que utiliza masivamente, a niñas, adolescentes y adultas como mercancía. La mujer para ser libre e igual necesita luchar no sólo contra el capitalismo sino también contra la ideología y cultura machista y patriarca, que se ha mantenido a través de las distintas sociedades, discriminándola y cosificándola.
La lucha por la igualdad de género es imprescindible para la liberación de la mujer, y tendrá que darse sin tregua, en todos los sectores y ámbitos, incluyendo las organizaciones y movimientos de izquierda. La izquierda tendrá que entender esto. Entender que las luchas de género no pueden ser arrojadas a segundo término, que sus demandas ya no pueden silenciarse, ni ignorarse sus organizaciones.
La lucha anticapitalista va por una transformación tan profunda que no puede prescindir de la mujer, pero ella tiene que luchar además, por conquistar la igualdad de género; conquistar significa andar un camino de doble lucha para vencer una compleja maraña de ataduras, entre las que destacan, pero no son las únicas, la sectorización e invisibilidad. La desproporción entre tareas de apoyo y toma de decisiones, el anonimato y el silencio, el aplazamiento y la descalificación de sus propias demandas, la doble y tripe lucha de las diferencias, la contradicción entre lo que se dice y se hace en cuanto a igualad de de género.
Las mujeres estamos en todos los sectores; habemos mujeres indígenas, obreras, científicas, campesinas, estudiantes, artistas, empleadas, profesionistas, colonas, y luchamos por las demandas de nuestro sector como parte de la lucha anticapitalista, desvaneciendo en ellas la de igualdad de género, hasta hacerla invisible. Esta invisibilidad impide la unión de todas, sin importar el sector al que pertenecemos. Así con luchas separadas es fácil discriminarnos. Las mujeres necesitamos, emprender la lucha por la igualdad de género, desde el sector al que pertenecemos y coordinar, y unir todas estas luchas.
Por su parte, Jacobo, quien permaneció los diez años de prisión en centros de máxima seguridad, sufrió un mayor aislamiento pues en esas instituciones se le prohibía el acceso a revistas o periódicos, así como a materiales de papelería. Sin embargo, para un revolucionario esto no podía ser razón suficiente de una derrota o de caer en la inactividad. Por el contrario, durante los primeros seis años en prisión, el compañero Jacobo comenzó a pintar y desarrolló una calidad admirable en su trabajo artístico, el cual orientó hacia la denuncia de la realidad social. El arte para Jacobo se convirtió en su nueva trinchera de lucha. Logró producir un amplio acervo artístico que ha sido reconocido por no pocos críticos de arte a nivel nacional e internacional. Su obra adquirió un valor que trascendió el ámbito de lo puramente estético para llegar a lo político y social. La combinación de lo bello con el coraje y la rabia que abundan en un entorno como lo es un penal de máxima seguridad, hicieron que su obra pictórica destacara ampliamente tanto en los sectores en lucha, como en los pasillos de las altas galerías de arte. Su trabajo fue reconocido ya no por ser un preso el autor, sino por el contenido y la forma misma de la obra.
Así, desde uno de los rincones más obscuros de este sistema inhumano, coartada su libertad y violada su integridad física, Jacobo materializó la imagen estética de la lucha de clases en una serie de temas y contenidos que van desde su tortura y detención arbitraria, los efectos secundarios de la cárcel, la militarización, la explotación y la opresión, hasta la resistencia del pueblo, el humanismo de la revolución, y el amor incondicional al pueblo oprimido. Aquel que ha visto su obra, diría que sólo quien ha vivido en carne propia la lucha popular y sufrido la represión del Estado, sería capaz de producir lo que Jacobo ha logrado con su trabajo pictórico.
Sin embargo, a pesar de la calidad y la magnitud de su trabajo artístico, la resistencia de Jacobo no se limitó a este ámbito. Por el contrario, adquirió formas diversas, a manera de poemas, textos e incluso libros que escribió acerca de las condiciones carcelarias que conoció en ese mundo que es la cárcel. Tampoco podríamos olvidar la huelga de hambre en la que Jacobo estuvo sin probar alimento por 61 días y Gloria por 48, durante la primera mitad del año 2002, cuando decidieron sumarse con esta acción a la demanda por la libertad de todas y todos los presos políticos del país. En aquella ocasión probaron su convicción y disposición a llegar hasta las últimas consecuencias en la lucha por la libertad.
Quizá lo más destacado en su lucha fue el hecho de haber tomado en sus propias manos la defensa jurídica de su caso. Después de varios años de haber recurrido a uno u otro abogado, Jacobo se convenció de que quien sabía más y mejor sobre su caso eran los propios presos. De esta forma, después de dos sentencias condenatorias, decidió redactar él mismo el amparo directo para el caso de ambos. No faltaron quienes pensaron que como Jacobo no era abogado, no podría llevar su propia defensa exitosamente. La historia se encargó de refutarlos. Hoy es para el movimiento un ejemplo más del alcance de la voluntad revolucionaria que no conoce límites en su lucha.
La lucha jurídica
Después de estar en calidad de desaparecidos políticos por cinco y dos días respectivamente, Jacobo y Gloria fueron presentados en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, hoy llamado el Altiplano. Se les siguieron dos procesos jurídicos federales, uno en la ciudad de Toluca (causa penal 94/99) por el delito de Asociación Delictuosa, y otro en Chilpancingo, Guerrero (causa penal 196/99) por los delitos de Rebelión, Tentativa de Homicidio Calificado, Homicidio Calificado y Daño en Propiedad Ajena. El delito de Asociación Delictuosa se explicaba a partir de su participación en un grupo rebelde, el ERPI. Como en la legislación mexicana, la rebelión está tipificada como “delito”, el hecho de cometer rebelión, es en sí mismo la comisión de un delito. Esto está en evidente contradicción con el artículo 39 de la Constitución, el cual es muy claro al decir que “el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” cuando considere que éste ya no representa sus intereses. Sin embargo, el gobierno busca siempre defenderse a sí mismo y asegurar su continuidad aun cuando ésta vaya en contra de la voluntad popular. Desde esta lógica, para los jueces, la pertenencia de la pareja a una organización rebelde, fue considerada como constitutiva del delito de Asociación Delictuosa. El 17 de abril del 2003 fueron sentenciados por este delito a 5 años, 7 meses y 9 días, la cual terminaron de compurgar el 1ro. de junio de 2005.
En cuanto al segundo proceso, después de una apelación a la sentencia de primera instancia, fueron sentenciados por un tribunal unitario a 5 años por Rebelión, 20 años por Tentativa de Homicidio Calificado, 21 años por Homicidio Calificado y 3 meses por Daño en Propiedad Ajena, sumando un total de 46 años y 3 meses. Estos cargos fueron basados en un combate entre un grupo guerrillero y un convoy del Ejército, que resultó en la muerte de un civil. A pesar de que el Ministerio Público nunca pudo acreditar la presencia de Jacobo y Gloria en ese combate, acusó a la pareja de ser responsables del homicidio del civil y la tentativa de homicidio en contra de los militares.
El 12 de septiembre del 2007, Jacobo y Gloria interpusieron un amparo directo por esta causa penal, en la que si bien dejaron claro que ellos nunca estuvieron en ese combate, argumentaron que aun si hubieran estado en el combate, no podían ser responsables del homicidio o tentativa de homicidio que resultara de ese combate, pues de acuerdo al artículo 137 del Código Penal Federal, “los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidos en el acto de un combate...” Si el Ministerio Público los acusó de Rebelión y los consideraba rebeldes, no podía al mismo tiempo decir que eran homicidas por las muertes que resultaran en un combate.
Unos meses después, un Tribunal Colegiado resolvió favorablemente el amparo, y ordenó al Tribunal Unitario que hiciera una nueva sentencia en la que desechara los delitos de Homicidio Calificado y Tentativa de Homicidio Calificado, subsistiendo únicamente el delito de Rebelión, y el de Daño en Propiedad Ajena.
Esta resolución fue sumamente importante no sólo para el caso de Jacobo y Gloria, sino para el movimiento revolucionario en general, pues significó un reconocimiento de las autoridades al hecho de que no es lo mismo ser rebelde que ser delincuente. Un guerrillero no es un delincuente, por lo que no se puede acusar a alguien de rebelión y de delitos como homicidio al mismo tiempo. La resolución del juez sentó un precedente jurídico y político y constituye un momento histórico en las luchas revolucionarias.
No obstante, el Tribunal Unitario redactó una nueva resolución en la que, efectivamente, desechó los delitos de Homicido Calificado y Tentativa de Homicidio Calificado, pero aumentó la pena de Rebelión de cinco años a 11 años, 7 meses y la de Daños en Propiedad Ajena, de 3 meses a 2 años, 7 meses. Esto fue una clara ilegalidad, ya que al momento de esta resolución ya habían pasado 8 años de su detención, por lo que ya habían compurgado la pena de Rebelión que era de 5 años. Es un principio elemental del derecho el que nadie puede ser juzgado dos veces por un delito cuya pena ya ha sido compurgada.
Por este motivo, Jacobo y Gloria interpusieron el 8 de octubre del 2008 un segundo amparo directo, que fue resuelto favorablemente por el Tribunal Colegiado, dando como resultado que el 19 de marzo de 2009, el Tribunal Unitario emitiera una nueva sentencia modificando la anterior. Las penas quedaron finalmente en 6 años, 11 meses y 19 días por Rebelión y 2 años, 10 días por Daño en Propiedad Ajena. En ese momento, el juez ordenó la libertad inmediata de Jacobo y Gloria porque para entonces ya habían estado en prisión por más de 9 años.
Sin embargo, lejos de ser liberados, las autoridades los mantuvieron en prisión argumentando que Jacobo y Gloria tenían también una sentencia de 5 años por el proceso que se les llevó en Toluca. Esto fue una clara ilegalidad porque esa sentencia también ya había sido cumplida desde el 2005. En efecto, todas las penas que finalmente se les impusieron en ambos procesos (Asociación Delictuosa, Rebelión y Daño en Propiedad Ajena) ya habían sido compurgadas en su totalidad desde el 10 de octubre del 2006, pues la pena que resultó más larga fue la de Rebelión por 6 años, 11 meses y 19 días. Jacobo y Gloria argumentaron que las penas tenían que ser computadas de acuerdo al artículo 64 del Código Penal Federal, el cual dice claramente que cuando las penas derivan de un mismo hecho o son conexas o similares, todas tienen que computarse a partir de la fecha de detención del primer delito, o en otras palabras, que todas las penas tienen que ser compurgadas paralelamente y no sumando las penas como pretendían las autoridades.
Después de una queja ante la Suprema Corte de Justicia, se ordenó la libertad de la pareja, sin que se les notificara previamente, y sin que se les mostrara la nueva sentencia, el razonamiento del juez, la resolución de la queja y los recursos jurídicos en curso. Era evidente que ya no podían mantenerlos más en prisión y cualquier intento en este sentido sería evidenciar la intencionalidad política y clara ilegalidad de las autoridades. Fue muy claro Jacobo cuando declaró que su salida se debió a que ya era “insostenible” jurídicamente su prisión.
La anhelada libertad
El 28 y 29 de octubre del 2009, después de diez años de prisión política, Jacobo y Gloria volvieron a ver la libertad. En la noche del 28 de octubre, las autoridades del penal de Santa María Chiconautla, le dijeron a Gloria que tomara sus cosas y la llevaron hacia la puerta del penal. En cuestión de minutos, después de tantos años de cautiverio, Gloria se encontró frente a las puertas del penal, con sus cosas en mano y sin conocer el lugar.
Sin embargo, el movimiento social no tardó en movilizarse. En un tiempo de cinco minutos comenzaron a llegar a las puertas del penal compañeros y compañeras de diferentes organizaciones, así como reporteros de diferentes medios de comunicación. El desconcierto y el shock del primer momento se fueron convirtiendo poco a poco en júbilo y en una gran fiesta. Esa noche cerca de 50 personas acompañaron a Gloria en la celebración.
No faltó algún compañero que trajo un “pastel de la libertad” para el momento, y mientras todos disfrutaban de ese postre, llegó la noticia de la liberación de Jacobo, quien se encontraba en el penal de Tepic, en Nayarit, al cual había sido trasladado unos meses antes. A 800 kilómetros de distancia, Jacobo fue llevado a la terminal de autobuses. Al igual que a Gloria, nadie le notificó de su salida, y hasta el último momento, Jacobo pensaba que se trataba de un nuevo traslado.
Sin embargo, no fue hasta que Jacobo vio a los compañeros nayaritas que ya lo estaban esperando en la terminal, cuando comenzó a creer que podía tratarse verdaderamente de su libertad. En todo momento pensaba que podían volverlo a detener, pues esta ha sido una acción muy común para mantener en prisión a los reos que conquistan su libertad. En estos casos, se les deja salir por unos segundos, solamente para ser detenidos nuevamente por algún convoy de la Policía Federal que ya los espera para inventarles un nuevo proceso.
Sin embargo y a pesar de todas estas preocupaciones, después de algunas horas, Jacobo y Gloria se encontraron finalmente reunidos después de 10 años. Esta vez ya no eran los comandantes clandestinos, sino dos figuras paradigmáticas y simbólicas del movimiento revolucionario, y atrás de ellos estaban cientos de personas, organizaciones y medios que no los dejaron de acompañar en todo el momento de su liberación.
Para la sorpresa de pocos, el espíritu rebelde de Jacobo y Gloria sólo se reafirmó y lejos de renegar de su pasado o amedrentarse, la pareja dejó muy en claro que su lucha continua en tanto que exista la necesidad de una transformación social y profunda. Al momento de su liberación, Gloria declaraba ante los medios que “este gobierno y este sistema injusto en el que vivimos tarde o temprano va a caer, va a caducar y lograremos que todos los presos políticos del país salgan en libertad”. A la mañana siguiente de su libertad, un Jacobo erguido y con la frente en alto declaraba ante los medios y las organizaciones sociales que “considerando que tuve toda la razón para alzarme en armas, nadie tiene nada que reprocharme, ni siquiera si ahora decidiera reincorporarme a la guerrilla... Mi corazón está con la guerrilla, mi corazón está con el ERPI. Pero al caer en la cárcel, automáticamente nos hicimos parte del movimiento social y popular. Ahora ustedes son mis arboles, en ustedes me camuflo y me protejo.”
Aunque ahora ambos están comprometidos con la lucha social, esto no significa que descalifiquen o renieguen de quienes hoy continúan en la lucha armada. Por el contrario, están convencidos de que mientras haya razones, habrá quienes levanten el puño y el fusil para combatir la opresión.
Asimismo, Jacobo y Gloria saben que su libertad no es una concesión del Estado, sino que la arrancaron a través de la lucha. Si bien, Jacobo y Gloria son claros cuando dicen que su salida se debe a un fuerte esfuerzo jurídico, también son claros al decir que fue el movimiento social y la lucha quien obtuvo este triunfo. En declaraciones ante los medios, Gloria expresó que salió “por el movimiento y la lucha social, y todavía hace falta que liberen a cientos de compañeros, incluido el compañero Ignacio del Valle, además de los de Guerrero y otras partes del país.”
Las enseñanzas
Después de diez años, el movimiento social y por la libertad de las presas y presos políticos no es el mismo. No podría ser el mismo a condición de haber estado realmente en la lucha. Toda lucha es aprendizaje y todo esfuerzo organizativo es necesariamente pedagógico. Es por esto que ante el momento tan esperado de la libertad de los compañeros Jacobo y Gloria, es indispensable para quienes hemos luchado por su libertad, reflexionar y asimilar los grandes aprendizajes que han resultado de este largo camino.
Una primera enseñanza tiene que ver con la importancia de contar con las fuerzas suficientes y los recursos necesarios para librar la lucha en todos los frentes. En los primeros momentos, algunos compañeros estaban convencidos de que por ser un caso eminentemente político, era inútil dar una batalla jurídica contundente, pues de cualquier forma, el Estado los mantendría presos hasta que quisiera.
Sin embargo, la historia nos cambió la opinión. Aprendimos que a pesar de ser evidentemente políticos los casos, es indispensable contar con una eficaz defensa jurídica, lo que dificulta al Estado actuar de manera unilateral en los procesos, y pone en evidencia la intencionalidad del Estado al consignar y procesar a los compañeros, así como su carácter ilegal y arbitrario. Creemos que es indispensable en cualquier estrategia de lucha por la libertad de las presas y los presos políticos, conjuntar los aspectos político, jurídico, mediático y de derechos humanos. Esto porque a veces se descuida uno de estos frentes, pensando que por ser casos políticos, únicamente se debe luchar con movilizaciones o denuncias políticas, cuando se ha comprobado que las luchas jurídicas y de derechos humanos permiten ganar espacios determinantes en la lucha amplia por su libertad y contra la impunidad. Nos hemos convencido de que la presión política y social deben estar en sintonía con los tiempos jurídicos particulares a cada caso, por lo que debe trabajarse estrechamente con el equipo de defensa jurídica.
Esto significa que una lucha en cualquiera de estos frentes por sí misma no logrará la libertad de los compañeros y compañeras presas. Sin embargo, también estamos convencidos de que el movimiento social y la demanda de libertad que en él se manifieste son determinantes para esta lucha. Es por esto que pensamos que para lograr la libertad de las compañeras y los compañeros, es necesario construir un referente político social amplio que logre obligar al gobierno a liberar a los presos. Esta es la premisa para cualquier táctica en esta lucha. En este caso, la Otra Campaña jugó un papel fundamental, pues fue precisamente este espacio el que logró ser un referente ético y político amplio para muchas luchas sociales y populares, incluyendo la de los presos y presas políticas.
Este espacio logró acercar a diferentes movimientos, en torno a la demanda de libertad de los presos, la cual trascendía necesariamente las divergencias políticas, en tanto que nadie que luche por la justicia y la libertad podría condicionar la lucha por la libertad de los presos a posiciones políticas. La consigna de la Otra Campaña y quienes ahí luchan, fue y sigue siendo, “los presos son de todos”. Fue desde este espacio desde donde se logró construir cada vez más fuerte una demanda de libertad generalizada.
Al mismo tiempo, el trabajo artístico y político de Gloria y Jacobo, alcanzó tales dimensiones que logró posicionarlos más allá de los ámbitos inmediatos, y fue a través de sus trabajos, sus pinturas, sus poemas, y sus textos, que cada vez más gente conoció la lucha de los compañeros, a nivel nacional e internacional, sumándose a la demanda por su libertad. Se volvió evidente el lado al que apuntaba el dedo de la justicia. A través de su propia palabra, los presos políticos comenzaron a ser visibles como luchadores sociales, como personas, como individuos, y dejaron de ser simplemente números, estadísticas u objetos de lucha.
Así aprendimos la importancia de hacer visibles a los presos políticos, con sus rostros e historias propias, pues para que el movimiento luche por ellos, primero tiene que conocerlos, conocer su pensamiento, sus rostros, nombrarlos y saberlos partícipes de la lucha. Nadie luche por algo que desconoce. Es fácil entonces comprender por qué el Estado busca con tanta insistencia desprestigiar a las presas y presos políticos, acusándolos de delitos comunes, tildándolos de delincuentes y manipulando a la opinión pública para ocultar el fondo político de la detención. Si nadie lucha por lo que no conoce, mucho menos por alguien a quien percibe como delincuente y de forma negativa.
Es por este motivo que ahora creemos que es necesario poner énfasis en resaltar no sólo a los presos, sino sus luchas, su derecho a organizarse, a defenderse, su carácter humano y solidario, lo cual es el verdadero motivo de haber sido objeto de represión política. Por consiguiente, en ningún momento se renegó de la actividad armada de los compañeros, a pesar de que el Estado buscó utilizar este hecho para desprestigiarlos. Por el contrario, la justeza de su lucha y la necesidad de la transformación social, así como los logros jurídicos y políticos que lograron dejar clara la diferencia entre un guerrillero y un delincuente, lograron fortalecer la exigencia moral de su libertad. Fue entonces cuando aprendimos que la libertad es algo más que una dádiva del Estado, algo más que un mero bienestar físico que puede ser concedido por el gobierno, por el contrario, la libertad es algo que necesariamente tiene que ser ganado con dignidad.
Algo que también aprendimos fue el no ver a las presas y presos políticos como objetos pasivos, a quienes hay que ayudar desde afuera, sino que debemos verlos como sujetos en la lucha por su libertad, pues son ellos quienes tienen la última palabra en su defensa, pues han vivido en carne propia la represión y conocen mejor que nadie sus propios casos. No podemos, éticamente ignorar a los presos y presas o llevar a cabo acciones en contra de su voluntad, o imponerles y decirles cómo deben luchar por su libertad, pues sabemos que la cárcel, se ha convertido para ellos en un espacio de lucha y resistencia, desde donde escriben, pintan, y se organizan de diferentes formas. Por ello, también nos convencimos de que es importante promover las redes de comunicación y vinculacion entre las diferentes presas y presos políticos en el país, quienes por medio de cartas conocen de otros casos y comparten con ellos sus experiencias y análisis, contrarrestando el aislamiento a que se les trata de someter.
Finalmente, también aprendimos que es necesario reconocer la diversidad de los espacios de coordinación y de lucha por la libertad de los y las presas políticas, para entonces retomar las experiencias de cada espacio, compartir, comunicar y vincular nuestros aprendizajes y logros, y no comenzar de cero cada vez que tratamos de organizar una nueva coordinación. En este sentido estamos fuertemente convencidos de que lo fundamental en la lucha por la libertad de los presos y presas políticas es la suma de las fuerzas, sin importar las divergencias políticas. En esta lucha será siempre necesario sumar y no restar.
Es por esto que terminamos esta historia no con un final, sino con una continuidad. Mientras exista el sistema capitalista, opresor y patriarcal, tendremos que seguir luchando por la libertad de todas y todos los presos políticos. Así como hoy salieron Jacobo y Gloria libres, todavía están en las garras del imperio muchos otros compañeros, como Ignacio del Valle, y como tantos otros presos y presas que hoy están en cárceles del Estado de México, de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Campeche y en muchos otros lugares del mundo.
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11/6/09
How the Media Enables Government Lies
From the Downing Street Memo to Katrina
By JAMES BOVARD
CounterPunch
Why do politicians so easily get away with telling lies? In large part, because the news media are more interested in bonding with politicians than in exposing them. Americans are encouraged to believe that the media will serve as a check and a balance on the government. Instead, the press too often volunteer as unpaid pimps, helping politicians deceive the public.
In 1936, New York Times White House correspondent Turner Catledge said that President Roosevelt’s “first instinct was always to lie.” But the Washington press corps covered up Roosevelt’s dishonesty almost as thoroughly as they hid his use of a wheelchair in daily life.
President Bill Clinton benefited from a press corps that often treated his falsehoods as nonevents — or even petty triumphs. Newsweek White House correspondent Howard Fineman commented that Clinton’s “great strength is his insincerity…. I’ve decided Bill Clinton is at his most genuine when he’s the most phony…. We know he doesn’t mean what he says.”
Flora Lewis, a New York Times columnist, writing three weeks before 9/11, commented in a review of a book on U.S. government lies on the Vietnam War, “There will probably never be a return to the discretion, really collusion, with which the media used to treat presidents, and it is just as well.” But within months of her comment, the media had proven itself as craven as ever. The Washington Post’s Dana Milbank, who did some of the best exposés of George W. Bush’s falsehoods in his first term, noted that it was not until July 2002 that “the White House press corps showed its teeth” in response to administration deceptions. Even the exposés of FBI and CIA intelligence failures in May 2002 did not end the “phase of alliance” between the White House and the press, as political scientist Martha Kumar observed.
Deference to the government is now the trademark of the American media — at least at times when the truth could have the greatest impact. The media were grossly negligent in failing to question or examine Bush’s claims on the road to war. When journalists dug up the truth, editors sometimes ignored or buried their reports. Washington Post Pentagon correspondent Thomas Ricks complained that, in the lead-up to the U.S. invasion of Iraq, “There was an attitude among editors: ‘Look, we’re going to war; why do we even worry about all this contrary stuff?’” New York Times White House correspondent Elisabeth Bumiller explained the press’s conduct at a Bush press conference just before he invaded Iraq: “I think we were very deferential because … nobody wanted to get into an argument with the president at this very serious time.”
After the war started, the falsehood of Bush’s claims was often treated as a one-day story, buried in the back of the front section or on the editorial page.
Afterward, most papers quickly returned to printing the president’s proclamations as gospel. Eric Alterman, author of When Presidents Lie, observed,
Docility
The media’s docility to the Bush administration repeated the pattern established during the first Gulf War (and during much of the Vietnam War). Chris Hedges, who covered the 1990-91 Gulf War for the New York Times, later explained, “The notion that the press was used in the war is incorrect. The press wanted to be used. It saw itself as part of the war effort.” Hedges noted that journalists were “eager to be of service to the State,” which “made it easier to do what governments do in wartime, indeed what governments do much of the time, and that is lie.”
Far from being irate about presidential lies, the media often enjoy sharing a laugh with the commander in chief over such technical inaccuracies. On March 24, 2004, President Bush performed a skit for those attending the Radio and Television Correspondents’ annual dinner in which he showed slides of himself crawling around his office peaking behind curtains while he quipped to the crowd, “Those weapons of mass destruction have got to be somewhere…. Nope, no weapons over there…. Maybe under here?”
Bush’s comic bit got one of the biggest laughs of the night. The Washington Post Style section hailed the evening’s performance with a headline — “George Bush, Entertainer in Chief.” The media dignitaries made no fuss over the comments — until a mini-firestorm erupted a few days later, spurred by criticism by Democrats and soldiers who had fought in Iraq. Greg Mitchell, the editor of Editor and Publisher, labeled the press’s reaction as “one of the most shameful episodes in the recent history of the American media, and presidency.”
The character of the Washington press corps also shone bright in its nonresponse to the Downing Street Memo. On May 1, 2005, the London Times printed a memo from a British cabinet meeting on July 23, 2002, that reported the findings of the visit by Britain’s intelligence chief to Washington to confer with CIA chief George Tenet and other top Bush administration officials. The memo quoted the intelligence chief: “Military action was now seen as inevitable. Bush wanted to remove Saddam, through military action, justified by the conjunction of terrorism and WMD. But the intelligence and facts were being fixed around the policy.”
The fact that the top level of the British government was aware that the Bush administration was fixing — i.e., manipulating and contriving — intelligence and facts to justify going to war was a bombshell in the United Kingdom. The decision to “fix” facts was illustrated by the torrent of false accusations and statements that Bush and his top officials made against Iraq in the following months. Throughout 2002, Bush continued to say that he had hoped to avoid going to war with Saddam. In his State of the Union address in late January 2003 and in his subsequent speeches, he talked about the United States as a victim, repeatedly asserting that “if war is forced upon us, we will fight.” Bush had long since decided to attack, regardless of how many UN weapons inspectors Saddam permitted to roam Iraq.
Yet the memo was almost completely ignored by the American mainstream media for the first month after its publication in Britain. As Salon columnist Joe Conason commented, “To judge by their responses, the leading lights of the Washington press corps are more embarrassed than the White House is by the revelations in the Downing Street memo.”
Deceit has become ritualized in U.S. foreign policy. From 2002 onwards, the White House Iraq Group spewed out false information that the New York Times and other prominent media outlets routinely accepted without criticism or verification. After many of the assertions were later discovered to be false, the White House and much of the media treated the falsehoods as irrelevant to the legitimacy of the U.S. invasion. The lack of attention paid to political lies is itself symptomatic of the bias in favor of submitting to rulers regardless of how much people are defrauded.
Katrina
Hurricane Katrina provided an opportunity for the media to ritually renounce their own servility. As the nonresponse and pervasive debacle became undeniable and the death count soared to more than a thousand, many talking heads pointed out the government’s “failures” and proudly showed their indignation. A New York Times headline summed up the broadcast media’s change in tone: “Reporters Turn From Deference to Outrage.” One BBC commentator observed, “Amidst the horror, American broadcast journalism just might have grown its spine back, thanks to Katrina,” which he suggested could provide an antidote to the “timid and self-censoring journalistic culture that is no match for the masterfully aggressive spin-surgeons of the Bush administration.” NBC Nightly News anchor Brian Williams explained, “By dint of the fact that our country was hit [in 2001] we’ve offered a preponderance of the benefit of the doubt [to the government] over the past couple [sic] of years. Perhaps … this is the story that brings a healthy amount of cynicism back to a news media known for it.” But such periodic affirmations of independence are as credible as an alcoholic who, regaining consciousness after tumbling down the stairs, piously announces the end of his boozing days. There will be other bottles — and other stairs.
The pursuit of respectability in Washington usually entails acquiescing to government lies. Many if not most members of the Washington press corps are government dependents. Few Washington journalists have the will to expose government lies. That would require placing one in an explicitly adversarial position to the government. It is not that the typical journalist is intentionally covering up government lies, but that his radar is not set to detect such occurrences. Lies rarely register in Washington journalists’ minds because they are usually supplicants for government information, not dogged pursuers of the truth. Raising troublesome questions will not help you get any “silver platter” stories.
The vast majority of the media docilely repeated Bush’s claims through most of his presidency. Television networks very likely devoted a hundred times as much air time to peddling government falsehoods as they did to exposing them. The constant barrage of falsehood drowns out the occasional blips of truth. The government only needs the number of people who recognize its lies to be small enough that its latest power play will not be thwarted. The goal is not to prevent well-informed citizens from being nauseated or disgusted by the president’s lies. Instead, it is to neutralize the mass reaction to presidential falsehoods, even those that have catastrophic consequences.
If Americans wish to retain the remnants of their liberty, they cannot trust the media to warn them about government tyranny. In order to recognize government deceit, there is no substitute for more citizens to make more effort to find the truth for themselves.
James Bovard serves as a policy advisor for The Future of Freedom Foundation and is the author of Attention Deficit Democracy, The Bush Betrayal, Terrorism and Tyranny, and other books.
By JAMES BOVARD
CounterPunch
Why do politicians so easily get away with telling lies? In large part, because the news media are more interested in bonding with politicians than in exposing them. Americans are encouraged to believe that the media will serve as a check and a balance on the government. Instead, the press too often volunteer as unpaid pimps, helping politicians deceive the public.
In 1936, New York Times White House correspondent Turner Catledge said that President Roosevelt’s “first instinct was always to lie.” But the Washington press corps covered up Roosevelt’s dishonesty almost as thoroughly as they hid his use of a wheelchair in daily life.
President Bill Clinton benefited from a press corps that often treated his falsehoods as nonevents — or even petty triumphs. Newsweek White House correspondent Howard Fineman commented that Clinton’s “great strength is his insincerity…. I’ve decided Bill Clinton is at his most genuine when he’s the most phony…. We know he doesn’t mean what he says.”
Flora Lewis, a New York Times columnist, writing three weeks before 9/11, commented in a review of a book on U.S. government lies on the Vietnam War, “There will probably never be a return to the discretion, really collusion, with which the media used to treat presidents, and it is just as well.” But within months of her comment, the media had proven itself as craven as ever. The Washington Post’s Dana Milbank, who did some of the best exposés of George W. Bush’s falsehoods in his first term, noted that it was not until July 2002 that “the White House press corps showed its teeth” in response to administration deceptions. Even the exposés of FBI and CIA intelligence failures in May 2002 did not end the “phase of alliance” between the White House and the press, as political scientist Martha Kumar observed.
Deference to the government is now the trademark of the American media — at least at times when the truth could have the greatest impact. The media were grossly negligent in failing to question or examine Bush’s claims on the road to war. When journalists dug up the truth, editors sometimes ignored or buried their reports. Washington Post Pentagon correspondent Thomas Ricks complained that, in the lead-up to the U.S. invasion of Iraq, “There was an attitude among editors: ‘Look, we’re going to war; why do we even worry about all this contrary stuff?’” New York Times White House correspondent Elisabeth Bumiller explained the press’s conduct at a Bush press conference just before he invaded Iraq: “I think we were very deferential because … nobody wanted to get into an argument with the president at this very serious time.”
After the war started, the falsehood of Bush’s claims was often treated as a one-day story, buried in the back of the front section or on the editorial page.
Afterward, most papers quickly returned to printing the president’s proclamations as gospel. Eric Alterman, author of When Presidents Lie, observed,
Virtually every major news media outlet devoted more attention to the lies and dissimulations of one New York Times reporter, Jayson Blair, than to those of the president and vice president of the United States regarding Iraq. Given that these two deceptions took place virtually simultaneously, they demonstrate that while some forms of deliberate deception remain intolerable in public life, those of the U.S. commander in chief are not among them.
Docility
The media’s docility to the Bush administration repeated the pattern established during the first Gulf War (and during much of the Vietnam War). Chris Hedges, who covered the 1990-91 Gulf War for the New York Times, later explained, “The notion that the press was used in the war is incorrect. The press wanted to be used. It saw itself as part of the war effort.” Hedges noted that journalists were “eager to be of service to the State,” which “made it easier to do what governments do in wartime, indeed what governments do much of the time, and that is lie.”
Far from being irate about presidential lies, the media often enjoy sharing a laugh with the commander in chief over such technical inaccuracies. On March 24, 2004, President Bush performed a skit for those attending the Radio and Television Correspondents’ annual dinner in which he showed slides of himself crawling around his office peaking behind curtains while he quipped to the crowd, “Those weapons of mass destruction have got to be somewhere…. Nope, no weapons over there…. Maybe under here?”
Bush’s comic bit got one of the biggest laughs of the night. The Washington Post Style section hailed the evening’s performance with a headline — “George Bush, Entertainer in Chief.” The media dignitaries made no fuss over the comments — until a mini-firestorm erupted a few days later, spurred by criticism by Democrats and soldiers who had fought in Iraq. Greg Mitchell, the editor of Editor and Publisher, labeled the press’s reaction as “one of the most shameful episodes in the recent history of the American media, and presidency.”
The character of the Washington press corps also shone bright in its nonresponse to the Downing Street Memo. On May 1, 2005, the London Times printed a memo from a British cabinet meeting on July 23, 2002, that reported the findings of the visit by Britain’s intelligence chief to Washington to confer with CIA chief George Tenet and other top Bush administration officials. The memo quoted the intelligence chief: “Military action was now seen as inevitable. Bush wanted to remove Saddam, through military action, justified by the conjunction of terrorism and WMD. But the intelligence and facts were being fixed around the policy.”
The fact that the top level of the British government was aware that the Bush administration was fixing — i.e., manipulating and contriving — intelligence and facts to justify going to war was a bombshell in the United Kingdom. The decision to “fix” facts was illustrated by the torrent of false accusations and statements that Bush and his top officials made against Iraq in the following months. Throughout 2002, Bush continued to say that he had hoped to avoid going to war with Saddam. In his State of the Union address in late January 2003 and in his subsequent speeches, he talked about the United States as a victim, repeatedly asserting that “if war is forced upon us, we will fight.” Bush had long since decided to attack, regardless of how many UN weapons inspectors Saddam permitted to roam Iraq.
Yet the memo was almost completely ignored by the American mainstream media for the first month after its publication in Britain. As Salon columnist Joe Conason commented, “To judge by their responses, the leading lights of the Washington press corps are more embarrassed than the White House is by the revelations in the Downing Street memo.”
Deceit has become ritualized in U.S. foreign policy. From 2002 onwards, the White House Iraq Group spewed out false information that the New York Times and other prominent media outlets routinely accepted without criticism or verification. After many of the assertions were later discovered to be false, the White House and much of the media treated the falsehoods as irrelevant to the legitimacy of the U.S. invasion. The lack of attention paid to political lies is itself symptomatic of the bias in favor of submitting to rulers regardless of how much people are defrauded.
Katrina
Hurricane Katrina provided an opportunity for the media to ritually renounce their own servility. As the nonresponse and pervasive debacle became undeniable and the death count soared to more than a thousand, many talking heads pointed out the government’s “failures” and proudly showed their indignation. A New York Times headline summed up the broadcast media’s change in tone: “Reporters Turn From Deference to Outrage.” One BBC commentator observed, “Amidst the horror, American broadcast journalism just might have grown its spine back, thanks to Katrina,” which he suggested could provide an antidote to the “timid and self-censoring journalistic culture that is no match for the masterfully aggressive spin-surgeons of the Bush administration.” NBC Nightly News anchor Brian Williams explained, “By dint of the fact that our country was hit [in 2001] we’ve offered a preponderance of the benefit of the doubt [to the government] over the past couple [sic] of years. Perhaps … this is the story that brings a healthy amount of cynicism back to a news media known for it.” But such periodic affirmations of independence are as credible as an alcoholic who, regaining consciousness after tumbling down the stairs, piously announces the end of his boozing days. There will be other bottles — and other stairs.
The pursuit of respectability in Washington usually entails acquiescing to government lies. Many if not most members of the Washington press corps are government dependents. Few Washington journalists have the will to expose government lies. That would require placing one in an explicitly adversarial position to the government. It is not that the typical journalist is intentionally covering up government lies, but that his radar is not set to detect such occurrences. Lies rarely register in Washington journalists’ minds because they are usually supplicants for government information, not dogged pursuers of the truth. Raising troublesome questions will not help you get any “silver platter” stories.
The vast majority of the media docilely repeated Bush’s claims through most of his presidency. Television networks very likely devoted a hundred times as much air time to peddling government falsehoods as they did to exposing them. The constant barrage of falsehood drowns out the occasional blips of truth. The government only needs the number of people who recognize its lies to be small enough that its latest power play will not be thwarted. The goal is not to prevent well-informed citizens from being nauseated or disgusted by the president’s lies. Instead, it is to neutralize the mass reaction to presidential falsehoods, even those that have catastrophic consequences.
If Americans wish to retain the remnants of their liberty, they cannot trust the media to warn them about government tyranny. In order to recognize government deceit, there is no substitute for more citizens to make more effort to find the truth for themselves.
James Bovard serves as a policy advisor for The Future of Freedom Foundation and is the author of Attention Deficit Democracy, The Bush Betrayal, Terrorism and Tyranny, and other books.
11/4/09
Comienza el Foro Social Indígena
Rebelión
Se realizará con la participación de pueblos originarios, estudiantes interculturales, miembros de la sociedad civil y especialistas el primer Foro Social Indígena sobre “Soluciones y perspectivas frente a la crisis alimentaria y el agotamiento del medio ambiente”.
· Este foro busca mediante la creación de un espacio de debate y diálogo promover una mayor participación de la juventud indígena en la solución de problemas locales y nacionales y fungir como catalizador para la articulación de redes de cooperación.
México, DF- El Foro Social Indígena (FSI) auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México se llevará a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) del 4 al 7 de noviembre de 2009, en el marco de la realización del segundo Modelo de Naciones Unidas de la UNAM.
El Foro Social Indígena es un evento cultural y académico sin fines de lucro, orientado al desarrollo social y educativo de las y los jóvenes indígenas y sus comunidades.
Su objetivo principal es convertirse en un espacio de encuentro y diálogo, de intercambio de ideas entre los pueblos originarios, estudiantes interculturales de nuestro país y académicos a través de un debate horizontal que fomente la inclusión de los pueblos originarios en la discusión propositiva de los problemas globales y su impacto tanto en el ámbito local como en el regional.
Asimismo busca fomentar la posibilidad de concretar las ideas y propuestas que se generen a partir de la participación de organizaciones no gubernamentales en el foro.
A partir del eje temático “La crisis alimentaria y el agotamiento del medio ambiente” se creará un espacio de difusión y concientización respecto a la situación de los pueblos indígenas destacando sus logros y obstáculos dentro del desarrollo y el trabajo organizativo desde una perspectiva que parte del multiculturalismo, la inclusión y la diversidad.
Durante los días de trabajo los asistentes discutirán las diferentes aristas del problema y se presentarán los logros y obstáculos que cada comunidad ha enfrentado con el fin de encontrar espacios comunes que den pie a la elaboración de estrategias conjuntas o acuerdos de cooperación a corto, mediano y largo plazo.
Una vez concluida la labor de las mesas de trabajo se elaborará un pronunciamiento donde se refleje el trabajo realizado, formado por los puntos propuestos durante las mesas, el cual será leído durante la clausura del evento y se entregará una copia a académicos y observadores, documento que también se difundirá entre los medios de comunicación.
Paralelamente al trabajo en las mesas se realizará una exposición fotográfica de textiles y comunidades indígenas que forman parte de una obra documental elaborada por el historiador de textiles Robert Freund con el fin de difundir la riqueza cultural y artística de las comunidades indígenas.
---- o0o ---
Contacto:
Luis Felipe Pérez Torner Coordinador/ Foro Social Indígena
Tel. 56 18 20 30
Cel. 044 55 29 71 85 22
Mail. forosocialindigena@gmail.com
David Acevedo Straulino Sub Coordinador/ Foro Social Indígena
Cel. 044 55 41456847
Mail. davidacevedostraulino@gmail.com
Sarasuadi Ochoa Contreras Sarasuadi Jefa de difusión y vinculación
Cel. 044 55 36 68 00 47
Mail. sarasuadish@gmail.com Tel.56229470 ext. 1115
Se realizará con la participación de pueblos originarios, estudiantes interculturales, miembros de la sociedad civil y especialistas el primer Foro Social Indígena sobre “Soluciones y perspectivas frente a la crisis alimentaria y el agotamiento del medio ambiente”.
· Este foro busca mediante la creación de un espacio de debate y diálogo promover una mayor participación de la juventud indígena en la solución de problemas locales y nacionales y fungir como catalizador para la articulación de redes de cooperación.
México, DF- El Foro Social Indígena (FSI) auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México se llevará a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) del 4 al 7 de noviembre de 2009, en el marco de la realización del segundo Modelo de Naciones Unidas de la UNAM.
El Foro Social Indígena es un evento cultural y académico sin fines de lucro, orientado al desarrollo social y educativo de las y los jóvenes indígenas y sus comunidades.
Su objetivo principal es convertirse en un espacio de encuentro y diálogo, de intercambio de ideas entre los pueblos originarios, estudiantes interculturales de nuestro país y académicos a través de un debate horizontal que fomente la inclusión de los pueblos originarios en la discusión propositiva de los problemas globales y su impacto tanto en el ámbito local como en el regional.
Asimismo busca fomentar la posibilidad de concretar las ideas y propuestas que se generen a partir de la participación de organizaciones no gubernamentales en el foro.
A partir del eje temático “La crisis alimentaria y el agotamiento del medio ambiente” se creará un espacio de difusión y concientización respecto a la situación de los pueblos indígenas destacando sus logros y obstáculos dentro del desarrollo y el trabajo organizativo desde una perspectiva que parte del multiculturalismo, la inclusión y la diversidad.
Durante los días de trabajo los asistentes discutirán las diferentes aristas del problema y se presentarán los logros y obstáculos que cada comunidad ha enfrentado con el fin de encontrar espacios comunes que den pie a la elaboración de estrategias conjuntas o acuerdos de cooperación a corto, mediano y largo plazo.
Una vez concluida la labor de las mesas de trabajo se elaborará un pronunciamiento donde se refleje el trabajo realizado, formado por los puntos propuestos durante las mesas, el cual será leído durante la clausura del evento y se entregará una copia a académicos y observadores, documento que también se difundirá entre los medios de comunicación.
Paralelamente al trabajo en las mesas se realizará una exposición fotográfica de textiles y comunidades indígenas que forman parte de una obra documental elaborada por el historiador de textiles Robert Freund con el fin de difundir la riqueza cultural y artística de las comunidades indígenas.
---- o0o ---
Contacto:
Luis Felipe Pérez Torner Coordinador/ Foro Social Indígena
Tel. 56 18 20 30
Cel. 044 55 29 71 85 22
Mail. forosocialindigena@gmail.com
David Acevedo Straulino Sub Coordinador/ Foro Social Indígena
Cel. 044 55 41456847
Mail. davidacevedostraulino@gmail.com
Sarasuadi Ochoa Contreras Sarasuadi Jefa de difusión y vinculación
Cel. 044 55 36 68 00 47
Mail. sarasuadish@gmail.com Tel.56229470 ext. 1115
Funeral Held for Slain Mosque Leader
Questions Remain
by Ashahed M. Muhammad
Final Call
Muslims from across the United States converged at the Muslim Center in Detroit, Michigan, October 31 for the Janazah prayer service and funeral for Imam Luqman Ameen Abdullah.
The 53-year old leader of Masjid Al-Haqq was gunned down by FBI agents on October 28 after a raid on a warehouse just outside of Detroit.
Several subsequent raids were conducted at different locations and ten others have been arrested including the late imam's son Mujahid Abdullah (also known as Mujahid Carswell), who, according to the FBI was taken into to custody in Windsor, Ontario by Royal Canadian Mounted Police on October 29.
The FBI's 43-page affidavit detailed a federal investigation of the group which began in 2007 charging Imam Abdullah and the other defendants with running an interstate crime ring involving receiving and selling stolen goods, mail and insurance fraud, illegal possession of firearms, body armor and tampering with motor vehicle identification numbers.
According to FBI special agent Gary Leone, the evidence gained during the investigation came through visual surveillance, electronic surveillance (wire and oral) and the use of informants within the group.
“The investigation has shown that Luqman Ameen Abdullah, Imam of the Masjid Al-Haqq, in Detroit, Michigan, is a highly placed leader of a nationwide radical fundamentalist Sunni group consisting primarily of African-Americans, some of whom converted to Islam while they were serving sentences in various prisons across the United States. Their primary mission is to establish a separate, sovereign Islamic state “The Ummah” within the borders of the United States governed by Shariah law. The Ummah is to be ruled over by Jamil Abdullah Al-Amin, formerly known as H. Rapp Brown, who is currently serving a life sentence in the Florence, Colorado Supermax for shooting two police officers in Georgia,” according to agent Leone.
The affidavit also alleges that Imam Abdullah “calls his followers to an offensive jihad, rather than a defensive jihad” and that he “regularly preaches anti-government and anti-law enforcement rhetoric.” Additionally, the FBI alleges that Imam Abdullah's followers trained in the use of firearms, martial arts and sword fighting and that he encouraged his followers to carry firearms.
Those who knew him well, and served with him in Muslim outreach programs have a completely different view.
The Muslim Alliance in North America (MANA) led by Imam Siraj Wahhaj expressed “deep sadness and concern” regarding Imam Abdullah's death.
“To those who have worked with Imam Luqman A. Abdullah, allegations of illegal activity, resisting arrest, and ‘offensive jihad against the American government' are shocking and inconsistent. In his ministry he consistently advocated for the downtrodden and always spoke about the importance of connecting with the needs of the poor.” Imam Abdullah served as a member of the Shura, or general assembly governing body of MANA.
Dr. Agha Saeed, chairman of the American Muslim Taskforce on Civil Rights and Elections, an umbrella group that includes all of the major American Muslim organizations, asked for the FBI not to link Islam to the case.
“It is imperative that an independent investigation of Imam Luqman Ameen Abdullah's death make public the exact circumstances in which he died. And unless the FBI has evidence linking the criminal allegations to the religious affiliation of the suspects, we ask that federal authorities stop injecting religion into this case,” he said.
Amir El Hajj Khalid A. Samad, of the International Council for Urban (Formations) Peace, Justice and Empowerment, who had been in Detroit for counseling and comfort for some of the younger Muslims, distraught by the death of their community leader told The Final Call that he believes this is another case of entrapment.
“The inconsistencies in this investigation are glaring. The case is based on the sworn statements of informants. These informants were convicted criminals who were paid by the federal government for their work. These criminals were used to engage and entrap law abiding citizens,” said Mr. Samad. “The FBI has stated that this was not a terrorism case. However, the investigation was conducted by a counter-terrorism unit,” he added.
Mr. Samad also said the language used by the media and the FBI feed into a climate of Islamophobia and sensationalism.
Hodari Abdul-Ali, chair of the Social Justice Task Force for MANA agreed and called the use of informants “despicable.” Mr. Abdul-Ali described the imam as a warm-hearted and generous brother always willing to serve.
“I never heard him talk about going to kill every White person or every non-Muslim; he never talked like that. The slanderous media campaign is truly unfair and unjust. I think they are only doing that to cover up the misdeeds of the FBI,” said Mr. Abdul-Ali.
Referring to the media's coverage of the fact that an FBI dog was shot and killed during the October 28 raid, he said, “The reality is that they value the life of a dog more than they value the life of a human being.”
by Ashahed M. Muhammad
Final Call
Muslims from across the United States converged at the Muslim Center in Detroit, Michigan, October 31 for the Janazah prayer service and funeral for Imam Luqman Ameen Abdullah.
The 53-year old leader of Masjid Al-Haqq was gunned down by FBI agents on October 28 after a raid on a warehouse just outside of Detroit.
Several subsequent raids were conducted at different locations and ten others have been arrested including the late imam's son Mujahid Abdullah (also known as Mujahid Carswell), who, according to the FBI was taken into to custody in Windsor, Ontario by Royal Canadian Mounted Police on October 29.
The FBI's 43-page affidavit detailed a federal investigation of the group which began in 2007 charging Imam Abdullah and the other defendants with running an interstate crime ring involving receiving and selling stolen goods, mail and insurance fraud, illegal possession of firearms, body armor and tampering with motor vehicle identification numbers.
According to FBI special agent Gary Leone, the evidence gained during the investigation came through visual surveillance, electronic surveillance (wire and oral) and the use of informants within the group.
“The investigation has shown that Luqman Ameen Abdullah, Imam of the Masjid Al-Haqq, in Detroit, Michigan, is a highly placed leader of a nationwide radical fundamentalist Sunni group consisting primarily of African-Americans, some of whom converted to Islam while they were serving sentences in various prisons across the United States. Their primary mission is to establish a separate, sovereign Islamic state “The Ummah” within the borders of the United States governed by Shariah law. The Ummah is to be ruled over by Jamil Abdullah Al-Amin, formerly known as H. Rapp Brown, who is currently serving a life sentence in the Florence, Colorado Supermax for shooting two police officers in Georgia,” according to agent Leone.
The affidavit also alleges that Imam Abdullah “calls his followers to an offensive jihad, rather than a defensive jihad” and that he “regularly preaches anti-government and anti-law enforcement rhetoric.” Additionally, the FBI alleges that Imam Abdullah's followers trained in the use of firearms, martial arts and sword fighting and that he encouraged his followers to carry firearms.
Those who knew him well, and served with him in Muslim outreach programs have a completely different view.
The Muslim Alliance in North America (MANA) led by Imam Siraj Wahhaj expressed “deep sadness and concern” regarding Imam Abdullah's death.
“To those who have worked with Imam Luqman A. Abdullah, allegations of illegal activity, resisting arrest, and ‘offensive jihad against the American government' are shocking and inconsistent. In his ministry he consistently advocated for the downtrodden and always spoke about the importance of connecting with the needs of the poor.” Imam Abdullah served as a member of the Shura, or general assembly governing body of MANA.
Dr. Agha Saeed, chairman of the American Muslim Taskforce on Civil Rights and Elections, an umbrella group that includes all of the major American Muslim organizations, asked for the FBI not to link Islam to the case.
“It is imperative that an independent investigation of Imam Luqman Ameen Abdullah's death make public the exact circumstances in which he died. And unless the FBI has evidence linking the criminal allegations to the religious affiliation of the suspects, we ask that federal authorities stop injecting religion into this case,” he said.
Amir El Hajj Khalid A. Samad, of the International Council for Urban (Formations) Peace, Justice and Empowerment, who had been in Detroit for counseling and comfort for some of the younger Muslims, distraught by the death of their community leader told The Final Call that he believes this is another case of entrapment.
“The inconsistencies in this investigation are glaring. The case is based on the sworn statements of informants. These informants were convicted criminals who were paid by the federal government for their work. These criminals were used to engage and entrap law abiding citizens,” said Mr. Samad. “The FBI has stated that this was not a terrorism case. However, the investigation was conducted by a counter-terrorism unit,” he added.
Mr. Samad also said the language used by the media and the FBI feed into a climate of Islamophobia and sensationalism.
Hodari Abdul-Ali, chair of the Social Justice Task Force for MANA agreed and called the use of informants “despicable.” Mr. Abdul-Ali described the imam as a warm-hearted and generous brother always willing to serve.
“I never heard him talk about going to kill every White person or every non-Muslim; he never talked like that. The slanderous media campaign is truly unfair and unjust. I think they are only doing that to cover up the misdeeds of the FBI,” said Mr. Abdul-Ali.
Referring to the media's coverage of the fact that an FBI dog was shot and killed during the October 28 raid, he said, “The reality is that they value the life of a dog more than they value the life of a human being.”
Sindicato Mexicano de Electricistas: Memoria Viva
Los Brigadistas-UNAM
1914, el 14 de diciembre nace el SME en medio de la revolución mexicana. Venustiano Carranza convoca a las organizaciones obreras del país a integrar los Batallones Rojos, para combatir a Zapata y Villa, el SME se niega.
1916, frente a la caída de los salarios reales, encabeza el movimiento de huelga que exigió que el pago a los obreros fuera en oro, y así evitar la devaluación salarial. Ernesto Velasco, dirigente del sindicato es detenido y sentenciado a muerte por el delito de rebelión. Gracias a las protestas, la pena es permutada por 20 años de cárcel, que tampoco se cumplieron. Es liberado en febrero de 1918.
1936, el SME funda la Central de Trabajadores de México (CTM), que después abandonaría por diferencias con la dirección de esta organización. Ese mismo año, de una férrea huelga encabezada por Francisco Breña Alvirez, nace el Contrato Colectivo de Trabajo del SME; con excepción de los servicios básicos, la Ciudad de México se queda sin luz. Los trabajadores electricistas luchan por mejores condiciones laborales y salariales para todos los obreros del país, y ganan el derecho a pensión y jubilación.
1960, se nacionaliza la industria eléctrica, después de años de intensa lucha de los trabajadores electricistas a lo largo y ancho del país.
1968, el SME da todo su apoyo a la lucha del Consejo Nacional de Huelga.
1985, el 19 de septiembre un gran terremoto sacude a la Ciudad de México. Cientos de edificios caen, miles de personas quedan atrapadas en los escombros. Cuadrillas de electricista del SME hacen un enorme esfuerzo para electrificar la Ciudad. En menos de tres días, el 90 porciento del servicio eléctrico es restituido.
1987, una nueva huelga es impulsada por los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, exigen un cambio radical de política económica, abandonar el neoliberalismo y no pagar la deuda externa, usando esos recursos para incrementar los golpeados salarios de los trabajadores del país. La huelga es requisada después de 6 días de resistencia, pero el sindicato gana un buen aumento salarial.
1994, brigadas del SME viajan a Chiapas para solidarizarse con la lucha zapatista. Se tejen lazos de fraternidad con los indígenas alzados en armas contra el gobierno. Algunas zonas de difícil acceso son electrificadas por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
1999, la ofensiva privatizadora ordenada por el Banco Mundial, amenaza la educación pública y la electricidad en todo el país. Estudiantes universitarios y electricistas salen a las calles al grito de “¡no pasarán!” y “SME, UNAM ¡Unidos vencerán!”. La Universidad Nacional mantiene la gratuidad, gracias a la huelga sostenida por decenas de miles de estudiantes, apoyada por los trabajadores electricistas y por muchos otros sectores del pueblo; la privatización de la electricidad es entorpecida con más de 10 años de tenaz resistencia de la base trabajadora del SME. Es esta larga lucha en la que la estructura sindical va corriéndose cada vez más a la izquierda, abrazando causas populares y luchas de otras partes del país.
2001, el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro apoya de muchas formas, desde propaganda, hasta brigadas, guardias y contingentes a las movilizaciones de la lucha de los campesinos de San Salvador Atenco.
2003, frente a la intentona de arrebatarle a los trabajadores del IMSS su derecho a la jubilación, y en medio de un escenario nacional de despojo de ese derecho a ya varios millones de trabajadores, el SME sale a las calles a solidarizarse, y de hecho haciendo suya la batalla contra el arrebato del derecho a una vejez digna, plasmada en el Régimen de Pensiones y Jubilaciones. Los trabajadores del IMSS finalmente son despojados, y el SME anuncia una resistencia de grandes dimensiones para sostener su cláusula 64, que le garantiza el derecho a pensión y jubilación dignas.
2007 y 2008, en revisión salarial y de contrato colectivo, el ejército es usado para inhibir la resistencia. Batallones asaltan instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, la base trabajadora resiste heroicamente. El gobierno quiere ya la cláusula 64. Los electricistas vencen la ofensiva del gobierno, mantienen su Contrato Colectivo de Trabajo intacto y logran romper, en una pequeña proporción, el tope salarial.
2009, frente a un Sindicato de 94 años de historia, de luchas y de valentía, el gobierno arremete con toda su fuerza. Militares, medios de comunicación y todo el aparato de Estado es puesto en sintonía para extinguir Luz y Fuerza del Centro, derrotar al SME y acabar con su historia. Cientos de miles, en menos de una semana salen a las calles en una multitudinaria marcha, que pasará a la historia como una de las más nutridas y combativas de todos nuestros tiempos. “¡SME, no estás solo!” gritan los contingentes… y a pesar de todos estos gloriosos 94 años de lucha, la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, apenas comienza.
1914, el 14 de diciembre nace el SME en medio de la revolución mexicana. Venustiano Carranza convoca a las organizaciones obreras del país a integrar los Batallones Rojos, para combatir a Zapata y Villa, el SME se niega.
1916, frente a la caída de los salarios reales, encabeza el movimiento de huelga que exigió que el pago a los obreros fuera en oro, y así evitar la devaluación salarial. Ernesto Velasco, dirigente del sindicato es detenido y sentenciado a muerte por el delito de rebelión. Gracias a las protestas, la pena es permutada por 20 años de cárcel, que tampoco se cumplieron. Es liberado en febrero de 1918.
1936, el SME funda la Central de Trabajadores de México (CTM), que después abandonaría por diferencias con la dirección de esta organización. Ese mismo año, de una férrea huelga encabezada por Francisco Breña Alvirez, nace el Contrato Colectivo de Trabajo del SME; con excepción de los servicios básicos, la Ciudad de México se queda sin luz. Los trabajadores electricistas luchan por mejores condiciones laborales y salariales para todos los obreros del país, y ganan el derecho a pensión y jubilación.
1960, se nacionaliza la industria eléctrica, después de años de intensa lucha de los trabajadores electricistas a lo largo y ancho del país.
1968, el SME da todo su apoyo a la lucha del Consejo Nacional de Huelga.
1985, el 19 de septiembre un gran terremoto sacude a la Ciudad de México. Cientos de edificios caen, miles de personas quedan atrapadas en los escombros. Cuadrillas de electricista del SME hacen un enorme esfuerzo para electrificar la Ciudad. En menos de tres días, el 90 porciento del servicio eléctrico es restituido.
1987, una nueva huelga es impulsada por los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, exigen un cambio radical de política económica, abandonar el neoliberalismo y no pagar la deuda externa, usando esos recursos para incrementar los golpeados salarios de los trabajadores del país. La huelga es requisada después de 6 días de resistencia, pero el sindicato gana un buen aumento salarial.
1994, brigadas del SME viajan a Chiapas para solidarizarse con la lucha zapatista. Se tejen lazos de fraternidad con los indígenas alzados en armas contra el gobierno. Algunas zonas de difícil acceso son electrificadas por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
1999, la ofensiva privatizadora ordenada por el Banco Mundial, amenaza la educación pública y la electricidad en todo el país. Estudiantes universitarios y electricistas salen a las calles al grito de “¡no pasarán!” y “SME, UNAM ¡Unidos vencerán!”. La Universidad Nacional mantiene la gratuidad, gracias a la huelga sostenida por decenas de miles de estudiantes, apoyada por los trabajadores electricistas y por muchos otros sectores del pueblo; la privatización de la electricidad es entorpecida con más de 10 años de tenaz resistencia de la base trabajadora del SME. Es esta larga lucha en la que la estructura sindical va corriéndose cada vez más a la izquierda, abrazando causas populares y luchas de otras partes del país.
2001, el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro apoya de muchas formas, desde propaganda, hasta brigadas, guardias y contingentes a las movilizaciones de la lucha de los campesinos de San Salvador Atenco.
2003, frente a la intentona de arrebatarle a los trabajadores del IMSS su derecho a la jubilación, y en medio de un escenario nacional de despojo de ese derecho a ya varios millones de trabajadores, el SME sale a las calles a solidarizarse, y de hecho haciendo suya la batalla contra el arrebato del derecho a una vejez digna, plasmada en el Régimen de Pensiones y Jubilaciones. Los trabajadores del IMSS finalmente son despojados, y el SME anuncia una resistencia de grandes dimensiones para sostener su cláusula 64, que le garantiza el derecho a pensión y jubilación dignas.
2007 y 2008, en revisión salarial y de contrato colectivo, el ejército es usado para inhibir la resistencia. Batallones asaltan instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, la base trabajadora resiste heroicamente. El gobierno quiere ya la cláusula 64. Los electricistas vencen la ofensiva del gobierno, mantienen su Contrato Colectivo de Trabajo intacto y logran romper, en una pequeña proporción, el tope salarial.
2009, frente a un Sindicato de 94 años de historia, de luchas y de valentía, el gobierno arremete con toda su fuerza. Militares, medios de comunicación y todo el aparato de Estado es puesto en sintonía para extinguir Luz y Fuerza del Centro, derrotar al SME y acabar con su historia. Cientos de miles, en menos de una semana salen a las calles en una multitudinaria marcha, que pasará a la historia como una de las más nutridas y combativas de todos nuestros tiempos. “¡SME, no estás solo!” gritan los contingentes… y a pesar de todos estos gloriosos 94 años de lucha, la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, apenas comienza.
The Little Coup That Couldn't
The Reinstatement of Zelaya
By LAURA CARLSEN
CounterPunch
On Oct. 29, Honduras' de facto regime finally agreed to allow Congress to vote on whether to "return executive power to its state prior to June 28"--a convoluted way of saying "reinstate President Manuel Zelaya." Conceding to international and national pressure, the Honduran coup appears to be facing its final days.
June 28 was the date when the Armed Forces kidnapped the elected president, Manuel Zelaya, and forcibly exiled him to Costa Rica. If the agreement brokered this week holds, Honduran society will have turned the ugly precedent of a modern-day military coup d'etat into an example of the strength of nonviolent grassroots resistance.
The coup regime has held power for over four months. When the entire international community condemned the coup, many observers thought it would cave. It didn't. When those nations went on to apply sanctions, many believed it would crumple. It didn't. When over half the Honduran population called for its demise, many were sure it would back down. It didn't. Instead, a handful of the nation's wealthiest businessmen and politicians backed by the armed forces held democracy at gunpoint for 123 days.
During that time the little coup chugged on, emitting puffs of bravado when challenged and running over people on its track. Some twenty-one members of the resistance movement were murdered by security forces or hitmen. National and international human rights organizations were overwhelmed by the macabre task of documenting cases of human rights violations. The closure of independent media, rapes, beatings, arbitrary detentions, torture and persecution made many Hondurans feel like they were living in a flashback to the military dictatorships of the '80s. In many ways, they were.
A Breakthrough of Sorts
President Zelaya expressed "satisfaction" at the agreement. Zelaya's negotiating team had agreed long before on the terms of the revised San Jose Accords, and negotiations were hung up on the coup's refusal to allow reinstatement of the president.
The terms include reinstatement of Zelaya, creation of a government of national reconciliation, suspension of a possible vote on holding a Constitutional Assembly until after Jan. 27, when Zelaya's term ends, no amnesty for political crimes on either side, establishment of a Verification Commission to follow-up the agreement and a Truth Commission to investigate events leading up to and after the coup and revoking sanctions.
The leader of the de facto regime, Roberto Micheletti, issued a statement Thursday night saying, "I am pleased to announce that a few minutes ago I authorized my negotiating team to sign an agreement that marks the beginning of the end of the political situation in the country."
Micheletti voiced no humility in defeat. He applauded his own largesse, saying that "accepting this proposal represents a significant concession on the part of this government." He added, "But we understand that our people demand that we turn the page of history in these difficult moments. For that reason, I have decided to support this new proposal to achieve a final accord as soon as possible."
Micheletti reversed months of intransigence on the issue of Zelaya's return to power. He ended up signing essentially the same accord he has rejected since talks began in San Jose, Costa Rica in early July.
Who knows what magic words were uttered to change the opinion of one of the most stubborn dictators in recent history. But whatever they were, they probably came out of Tom Shannon's mouth.
For months, both sides have noted that the U.S. government is the only entity with the power to break the impasse, due to Honduran military and economic dependency on the United States. In a press conference held in Tegucigalpa shortly before the agreement, Assistant Secretary of State Shannon explicitly confirmed that the sticking point was "political will" (the coup's unwillingness to accept Zelaya's reinstatement) and that the U.S. government was there to induce that political will.
From our point of view, the deal's on the table. This is not really a question of drafting or of shaping a paragraph. It's really a question of political will. And that's why it was so important, I think, for us to come to Honduras at this moment to make clear to all Hondurans that we believe the political will that is displayed and expressed by Honduras's leaders should respect the democratic vocation of the Honduran people and the democratic aspirations of the Honduran people, and the desire of Honduras to return to a larger democratic community in the Americas... And that's why we came, to underscore our interest in ensuring that the political will is there to do a deal.
Shannon mentioned legitimizing the elections and future access to development funding from international financial institutions as carrots (or sticks) in the negotiations:
It worked--at least in the formal stages, as the world now awaits implementation. The State Department was in a celebratory mood following the success of the high-level delegation consisting of Shannon, deputy Craig Kelly and the White House NSC representative for the Western Hemisphere, Dan Restrepo. Secretary of State Hillary Clinton held a special press conference from Islamabad announcing the breakthrough in negotiations in Honduras:
After the dust clears, historians will map the course of the little coup that couldn't.
But from this observer's view, negotiation and dialogue played a minor role in the apparent resolution of this phase of the crisis. In the end, the mobilization of Honduran society sent a clear message that "normal" government would not be possible and even more widespread insurrection loomed unless a return to democracy reopened institutional paths. International pressures and sanctions played a far greater role in cornering the coup than the technical terms of an accord that is vague, difficult to implement and contentious.
The last-minute decision of the coup to sign also begs the question: if this is what it took--a little strong-arming from the State Department's A-team--why didn't they do it before twenty-one people were killed?
The Beginning of the End, or the End of the Beginning
Leaving those questions to the historians, there is reason to celebrate but the situation now poses tremendous challenges. If it weren't for the extraordinary levels of commitment, participation and awareness generated by the democratic crisis over the past months, the challenges Honduran society now faces could well be deemed impossible.
The first is to implement the agreement. Although the decision to restore Zelaya to power must receive a non-binding opinion from the Supreme Court and then be approved in Congress, it appears to be a done deal. Zelaya's team reportedly had the support of members from the UD Party, 20 members of the Liberal Party and more recently the support of the conservative National Party to revoke the decree that was issued to justify his removal from office. That decree was originally accompanied by a forged letter of resignation that was immediately denounced.
The second is to restore constitutional order, consolidating the presidency, the new cabinet and state institutions.
This is a mammoth task. Zelaya knows he can't just step back into the Presidential Palace and assume that society has returned to its pre-coup state. Under the terms of the agreement, he must form a new cabinet with the participation of coup supporters. Anger runs high and this will be a controversial and delicate undertaking. He must review the damage done to national coffers under the coup regime. He must reestablish a relationship with the Armed Forces and the other branches of government. Many institutions have undergone purges of personnel under the coup and must be reestablished and work to regain legitimacy.
Third, is to organize elections for Nov. 29 or a later agreed-upon date.
If the original date is not changed, that leaves less than a month before nationwide elections. Imagine a nation moving from the complete breakdown of its democratic system and institutions, to campaigns, to elections in less than thirty days. Anti-coup candidates had pulled out, other campaigns had been met with protests, and now the problem of the logistics of organizing elections raises serious issues, let alone legal, social and political obstacles.
The timeline is critical to the process. Zelaya told AFP that the timeline is under discussion and pointed out a concern that has been growing among international organizations and the Honduran public: if reinstatement and the return to democratic order do not happen immediately, the elections scheduled for Nov. 29 will be in jeopardy. His return, he noted, "must be well before the elections to be able to validate them."
In fact, despite the breakthrough, the legitimacy of the elections is already in jeopardy. If the reinstatement process drags out, as the negotiations did, Hondurans worry they could find themselves in the middle of an electoral farce. Even if all goes smoothly, nothing will be easy or "normal." The United Nations, the Organization of American States, and the European Union had all announced they would not send elections observers to coup-sponsored elections, as a refusal to recognize their legitimacy but also citing the logistical difficulties of putting together effective teams on such short notice. Now the OAS has stated it is attempting to put together a an observation team but the European Union had previously said it requires six weeks to put together such an elections mission and could no longer consider it.
Honduran law provides for a three-month campaign period prior to the vote so it would need to be modified to accommodate a Nov. 29 election. Even if there were an immediate halt to serious human rights violations--many of which are essential to free and fair elections, such as freedom of expression, freedom of press and freedom of assembly--they leave wounds and gaps. As the agreement was being hammered out, coup security forces once again attacked a peaceful demonstrators.
Fourth, will be to continue moving toward a vote on holding a Constitutional Assembly.
This demand is not going away, despite the agreement between Zelaya and Micheletti not to raise the issue until after Jan. 27. This point of the accords caused Juan Barahona, a leader of the National Front Against the Coup, to resign from the Zelaya negotiating team because it has become central to the movement not only to restore, but to expand, Honduran democracy.
A Constitutional Assembly is now more necessary than ever. It would serve to repair the contradictions in the current constitution that coup-mongers exploited to rupture the democratic order, and channel the legitimate demands of organizations of peasants, indigenous peoples, urban poor, women, youth and other groups pushed to the margins of a vastly unequal economic and political system. Since the mobilization of popular sectors in resistance to the coup, it is not possible to conceive of a free and stable society without proceeding with a Constitutional Assembly.
Zelaya was quick to point out that obstacles remain. "This is a first step to bringing about my reinstatement that will have to go through several stages. I'm moderately optimistic," he told AFP news service from the Brazilian Embassy, where he has been holed up since Sept. 21.
The reinstatement of President Zelaya will likely be voted on soon. Emails from the Honduran Internet groups that have formed a virtual community to debate and decry the military coup in their country, now demonstrate a range of feelings, from jubilation to skepticism. Elections pose a huge challenge to anti-coup forces since a wide range of opinions play out within the diverse National Front Against the Coup.
Hondurans now move into the next phase of a long struggle to rebuild and broaden democracy. The challenge includes holding free and fair elections in the short term, but also includes critical issues of expanding democratic rights and participation beyond the elections and the system of representation. They must find ways to heal deep wounds and confront an economic and political crisis that is far from over.
If the coup finally falls and Zelaya is restored to power, Honduran society and the international community will score an historic victory. It must be remembered though, that the victory is a defensive one--it marks the successful rollback of anti-democratic forces in a small but determined nation.
Those forces will not desist--in Honduras or in other places where democracy is vulnerable and nefarious interests are strong. Until democracy in the fullest sense--participatory and dedicated to nonviolence--gains ground, the world could be stuck in long battles to defend against attacks instead of moving forward toward societies where this kind of offensive against the rule of law can no longer occur.
Laura Carlsen is director of the Americas Policy Program in Mexico City. She can be reached at: (lcarlsen(a)ciponline.org).
By LAURA CARLSEN
CounterPunch
On Oct. 29, Honduras' de facto regime finally agreed to allow Congress to vote on whether to "return executive power to its state prior to June 28"--a convoluted way of saying "reinstate President Manuel Zelaya." Conceding to international and national pressure, the Honduran coup appears to be facing its final days.
June 28 was the date when the Armed Forces kidnapped the elected president, Manuel Zelaya, and forcibly exiled him to Costa Rica. If the agreement brokered this week holds, Honduran society will have turned the ugly precedent of a modern-day military coup d'etat into an example of the strength of nonviolent grassroots resistance.
The coup regime has held power for over four months. When the entire international community condemned the coup, many observers thought it would cave. It didn't. When those nations went on to apply sanctions, many believed it would crumple. It didn't. When over half the Honduran population called for its demise, many were sure it would back down. It didn't. Instead, a handful of the nation's wealthiest businessmen and politicians backed by the armed forces held democracy at gunpoint for 123 days.
During that time the little coup chugged on, emitting puffs of bravado when challenged and running over people on its track. Some twenty-one members of the resistance movement were murdered by security forces or hitmen. National and international human rights organizations were overwhelmed by the macabre task of documenting cases of human rights violations. The closure of independent media, rapes, beatings, arbitrary detentions, torture and persecution made many Hondurans feel like they were living in a flashback to the military dictatorships of the '80s. In many ways, they were.
A Breakthrough of Sorts
President Zelaya expressed "satisfaction" at the agreement. Zelaya's negotiating team had agreed long before on the terms of the revised San Jose Accords, and negotiations were hung up on the coup's refusal to allow reinstatement of the president.
The terms include reinstatement of Zelaya, creation of a government of national reconciliation, suspension of a possible vote on holding a Constitutional Assembly until after Jan. 27, when Zelaya's term ends, no amnesty for political crimes on either side, establishment of a Verification Commission to follow-up the agreement and a Truth Commission to investigate events leading up to and after the coup and revoking sanctions.
The leader of the de facto regime, Roberto Micheletti, issued a statement Thursday night saying, "I am pleased to announce that a few minutes ago I authorized my negotiating team to sign an agreement that marks the beginning of the end of the political situation in the country."
Micheletti voiced no humility in defeat. He applauded his own largesse, saying that "accepting this proposal represents a significant concession on the part of this government." He added, "But we understand that our people demand that we turn the page of history in these difficult moments. For that reason, I have decided to support this new proposal to achieve a final accord as soon as possible."
Micheletti reversed months of intransigence on the issue of Zelaya's return to power. He ended up signing essentially the same accord he has rejected since talks began in San Jose, Costa Rica in early July.
Who knows what magic words were uttered to change the opinion of one of the most stubborn dictators in recent history. But whatever they were, they probably came out of Tom Shannon's mouth.
For months, both sides have noted that the U.S. government is the only entity with the power to break the impasse, due to Honduran military and economic dependency on the United States. In a press conference held in Tegucigalpa shortly before the agreement, Assistant Secretary of State Shannon explicitly confirmed that the sticking point was "political will" (the coup's unwillingness to accept Zelaya's reinstatement) and that the U.S. government was there to induce that political will.
From our point of view, the deal's on the table. This is not really a question of drafting or of shaping a paragraph. It's really a question of political will. And that's why it was so important, I think, for us to come to Honduras at this moment to make clear to all Hondurans that we believe the political will that is displayed and expressed by Honduras's leaders should respect the democratic vocation of the Honduran people and the democratic aspirations of the Honduran people, and the desire of Honduras to return to a larger democratic community in the Americas... And that's why we came, to underscore our interest in ensuring that the political will is there to do a deal.
Shannon mentioned legitimizing the elections and future access to development funding from international financial institutions as carrots (or sticks) in the negotiations:
...An agreement within the national dialogue opens a large space for members of the international community to assist Honduras in this election process, to observe the elections, and to have a process that is peaceful and which produces leadership that is widely recognized throughout the hemisphere as legitimate. This will be important as a way of creating a pathway for Honduras to reintegrate itself into the Inter-American community, to not - and not just the OAS, but also the Inter-American Development Bank and its other institutions, and to access development funding through the international financial institutions.
It worked--at least in the formal stages, as the world now awaits implementation. The State Department was in a celebratory mood following the success of the high-level delegation consisting of Shannon, deputy Craig Kelly and the White House NSC representative for the Western Hemisphere, Dan Restrepo. Secretary of State Hillary Clinton held a special press conference from Islamabad announcing the breakthrough in negotiations in Honduras:
I want to congratulate the people of Honduras as well as President Zelaya and Mr. Micheletti for reaching an historic agreement. I also congratulate Costa Rican President Oscar Arias for the important role he has played in fashioning the San Jose process and the OAS for its role in facilitating the successful round of talks. I cannot think of another example of a country in Latin America that having suffered a rupture of its democratic and constitutional order overcame such a crisis through negotiation and dialogue.
This is a big step forward for the Inter-American system and its commitment to democracy as embodied in the Inter-American Democratic Charter. I'm very proud that I was part of the process, that the United States was instrumental in the process. But I'm mostly proud of the people of Honduras who have worked very hard to have this matter resolved peacefully.
After the dust clears, historians will map the course of the little coup that couldn't.
But from this observer's view, negotiation and dialogue played a minor role in the apparent resolution of this phase of the crisis. In the end, the mobilization of Honduran society sent a clear message that "normal" government would not be possible and even more widespread insurrection loomed unless a return to democracy reopened institutional paths. International pressures and sanctions played a far greater role in cornering the coup than the technical terms of an accord that is vague, difficult to implement and contentious.
The last-minute decision of the coup to sign also begs the question: if this is what it took--a little strong-arming from the State Department's A-team--why didn't they do it before twenty-one people were killed?
The Beginning of the End, or the End of the Beginning
Leaving those questions to the historians, there is reason to celebrate but the situation now poses tremendous challenges. If it weren't for the extraordinary levels of commitment, participation and awareness generated by the democratic crisis over the past months, the challenges Honduran society now faces could well be deemed impossible.
The first is to implement the agreement. Although the decision to restore Zelaya to power must receive a non-binding opinion from the Supreme Court and then be approved in Congress, it appears to be a done deal. Zelaya's team reportedly had the support of members from the UD Party, 20 members of the Liberal Party and more recently the support of the conservative National Party to revoke the decree that was issued to justify his removal from office. That decree was originally accompanied by a forged letter of resignation that was immediately denounced.
The second is to restore constitutional order, consolidating the presidency, the new cabinet and state institutions.
This is a mammoth task. Zelaya knows he can't just step back into the Presidential Palace and assume that society has returned to its pre-coup state. Under the terms of the agreement, he must form a new cabinet with the participation of coup supporters. Anger runs high and this will be a controversial and delicate undertaking. He must review the damage done to national coffers under the coup regime. He must reestablish a relationship with the Armed Forces and the other branches of government. Many institutions have undergone purges of personnel under the coup and must be reestablished and work to regain legitimacy.
Third, is to organize elections for Nov. 29 or a later agreed-upon date.
If the original date is not changed, that leaves less than a month before nationwide elections. Imagine a nation moving from the complete breakdown of its democratic system and institutions, to campaigns, to elections in less than thirty days. Anti-coup candidates had pulled out, other campaigns had been met with protests, and now the problem of the logistics of organizing elections raises serious issues, let alone legal, social and political obstacles.
The timeline is critical to the process. Zelaya told AFP that the timeline is under discussion and pointed out a concern that has been growing among international organizations and the Honduran public: if reinstatement and the return to democratic order do not happen immediately, the elections scheduled for Nov. 29 will be in jeopardy. His return, he noted, "must be well before the elections to be able to validate them."
In fact, despite the breakthrough, the legitimacy of the elections is already in jeopardy. If the reinstatement process drags out, as the negotiations did, Hondurans worry they could find themselves in the middle of an electoral farce. Even if all goes smoothly, nothing will be easy or "normal." The United Nations, the Organization of American States, and the European Union had all announced they would not send elections observers to coup-sponsored elections, as a refusal to recognize their legitimacy but also citing the logistical difficulties of putting together effective teams on such short notice. Now the OAS has stated it is attempting to put together a an observation team but the European Union had previously said it requires six weeks to put together such an elections mission and could no longer consider it.
Honduran law provides for a three-month campaign period prior to the vote so it would need to be modified to accommodate a Nov. 29 election. Even if there were an immediate halt to serious human rights violations--many of which are essential to free and fair elections, such as freedom of expression, freedom of press and freedom of assembly--they leave wounds and gaps. As the agreement was being hammered out, coup security forces once again attacked a peaceful demonstrators.
Fourth, will be to continue moving toward a vote on holding a Constitutional Assembly.
This demand is not going away, despite the agreement between Zelaya and Micheletti not to raise the issue until after Jan. 27. This point of the accords caused Juan Barahona, a leader of the National Front Against the Coup, to resign from the Zelaya negotiating team because it has become central to the movement not only to restore, but to expand, Honduran democracy.
A Constitutional Assembly is now more necessary than ever. It would serve to repair the contradictions in the current constitution that coup-mongers exploited to rupture the democratic order, and channel the legitimate demands of organizations of peasants, indigenous peoples, urban poor, women, youth and other groups pushed to the margins of a vastly unequal economic and political system. Since the mobilization of popular sectors in resistance to the coup, it is not possible to conceive of a free and stable society without proceeding with a Constitutional Assembly.
Zelaya was quick to point out that obstacles remain. "This is a first step to bringing about my reinstatement that will have to go through several stages. I'm moderately optimistic," he told AFP news service from the Brazilian Embassy, where he has been holed up since Sept. 21.
The reinstatement of President Zelaya will likely be voted on soon. Emails from the Honduran Internet groups that have formed a virtual community to debate and decry the military coup in their country, now demonstrate a range of feelings, from jubilation to skepticism. Elections pose a huge challenge to anti-coup forces since a wide range of opinions play out within the diverse National Front Against the Coup.
Hondurans now move into the next phase of a long struggle to rebuild and broaden democracy. The challenge includes holding free and fair elections in the short term, but also includes critical issues of expanding democratic rights and participation beyond the elections and the system of representation. They must find ways to heal deep wounds and confront an economic and political crisis that is far from over.
If the coup finally falls and Zelaya is restored to power, Honduran society and the international community will score an historic victory. It must be remembered though, that the victory is a defensive one--it marks the successful rollback of anti-democratic forces in a small but determined nation.
Those forces will not desist--in Honduras or in other places where democracy is vulnerable and nefarious interests are strong. Until democracy in the fullest sense--participatory and dedicated to nonviolence--gains ground, the world could be stuck in long battles to defend against attacks instead of moving forward toward societies where this kind of offensive against the rule of law can no longer occur.
Laura Carlsen is director of the Americas Policy Program in Mexico City. She can be reached at: (lcarlsen(a)ciponline.org).
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