Juan Manuel Bueno Soria
Rebelión
Ochenta millones de pobres es la prueba irrefutable de que el modelo neoliberal aplicado a México, a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha dejado exhausto a este país, cuyas ciudades principales están llenas de desempleados y menesterosos, y su sector rural muestra las evidencias del desastre agrícola y humano. Paradójicamente, en el contexto de este tratado, México sufre el desprecio y la discriminación de sus propios socios comerciales, pues el gobierno de Canadá impuso, el 13 de julio del año en curso, con el objeto de controlar el aumento en las solicitudes de refugio por parte de ciudadanos mexicanos, la necesidad de visa a todos aquellos que pretendan viajar a ese país.
De manera opuesta, bajo un nuevo esquema de cooperación, los países del sur del continente, miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), muestran un buen desempeño económico y humano, como se desprende del último informe anual publicado por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), así como de otros organismos internacionales.
1. El doloroso expediente de México.
En México ya hay 80 millones de pobres afirmó el reconocido especialista Julio Boltvinik el 21de julio pasado. Aunado a ello, el gobierno ha aceptado la caída del 10,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2009, mientras que el banco central (Banco de México) ha aceptado que este año se perderán 735 mil plazas en el sector formal.
Desde el 22 de mayo pasado, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sentenció que la economía de México era un desastre. Para finales de julio, este organismo insistía en que es “decepcionante” el crecimiento de la economía mexicana en los últimos 20 años y confirmaba que este país será de los más afectados por la actual recesión y aseveraba que la destrucción de empleos formales se extenderá a 2010.
En este contexto, la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), en su Estudio 2008-2009, hace un recuento de la crisis mexicana: repunte del desempleo, disminución del crédito para el consumo, menor llegada de remesas del exterior y caída de las exportaciones. El informe es contundente, señala que “Las ventas externas en el primer cuatrimestre del año se desplomaron un 30,5% a consecuencia del agravamiento de la situación de la economía de los Estados Unidos, que acapara el 80% de las exportaciones de México”.
Según informes del 28 de julio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se deduce que los mexicanos sufren de hambre, ya que los precios de los alimentos son 135% superiores a la inflación. Este panorama se agrava con el megafraude del que ha sido objeto por años el sistema de apoyo financiero al agro mexicano, denominado PROCAMPO, que fue creado para que los agricultores del país pudieran competir en los mercados de Estados Unidos y Canadá, el cual sólo ha beneficiado a políticos y grandes terratenientes.
Ante esta situación, inocultable e insostenible, el Consejo Nacional de Evolución de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reconoció recientemente que bajo el régimen de Felipe Calderón, unos 5.1 millones de mexicanos se han integrado al universo de personas pobres alimentarias. Esto sin olvidar que el país está sometido al Plan Mérida, apoyado y supervisado por el gobierno americano, mediante el cual se lleva a cabo una intensa e infructuosa batalla contra el narcotráfico, que ya ha costado muchas vidas al país.
2. El modelo ALBA
Por su parte, los países integrantes del ALBA han acelerado los procesos democráticos internos y han privilegiado a la vez sus objetivos de integración económica sostenible. Ejemplo de este esfuerzo es el fomento al intercambio comercial y la protección del empleo que conjuntamente han llevado a cabo. Nos referiremos aquí al desempeño económico de tres países, en base al reciente informe anual de la CEPAL:
Bolivia. La lectura del informe de la CEPAL permite destacar el éxito de la administración del presidente Evo Morales en materia de democracia y desarrollo social, pues señala que en enero de 2009 en este país se aprobó, mediante un referendo organizado por la Corte Nacional Electoral, la nueva Constitución Política del Estado, que se venía discutiendo desde 2006.
En general, el informe de este organismo sobre el desempeño económico de Bolivia es bastante claro por lo que lo citamos textualmente:
“En 2008 la economía boliviana continuó presentando resultados positivos en términos de crecimiento de la actividad económica, cuentas externas y fiscales. El PIB registró un incremento del 6,1%” y “Por quinto año consecutivo, la tasa de crecimiento fue superior al 4%. La tasa de inflación cerró el año en un 11,8%. El incremento de la actividad económica se tradujo en un descenso de la tasa de desempleo que pasó del 7,7% al 7%”. “Con respecto a las remuneraciones, la mano de obra no calificada registró en 2008 un incremento del 18,6%, mientras que el de la mano de obra calificada creció un 8,6%”.
“El sector público no financiero registró un superávit equivalente al 3,2% del PIB. Por su parte, la balanza de pagos presentó un superávit de 2.374 millones de dólares y las reservas internacionales netas en poder del Banco Central de Bolivia (BCB) registraron un incremento de 2.403 millones de dólares. Estos resultados obedecen al incremento del precio medio de exportación del gas y la soja durante 2008 y al mayor volumen exportado de minerales”.
Si aceptamos que el buen manejo de la inflación es un logro irrefutable, entonces éste es el caso del gobierno del presidente Morales, pues el documento de referencia resalta, que para este año la inflación cerrará en el rango de la meta de inflación establecida por el banco central de este país.
- Ecuador. Recientemente incorporado al ALBA, Ecuador alcanzó en 2008 un crecimiento económico de 6,5%. La CEPAL hace énfasis en la aprobación de una nueva Carta Magna por la Asamblea Constituyente, en virtud de la cual se introdujeron cambios significativos en diversas esferas, incluida la económica. Entre las modificaciones se cuenta un rol más importante del Estado en la economía en general y otras de carácter más específico como la eliminación de la autonomía del banco central.
Las medidas descritas han sido positivas para el desarrollo económico de este país, pues de lo informado por la CEPAL, se deduce que la acertada política económica del presidente Rafael Correa ha permitido que la tasa de desempleo se redujera del 7,4% al 6,9%. Cabe resaltar que en Ecuador el salario mínimo real aumentó un 8,5% medio anual.
En el texto del informe se establece que “El resultado de la balanza de bienes fue particularmente favorable como consecuencia de los elevados precios del petróleo observados hasta el tercer trimestre. La balanza de rentas también mejoró durante el año, de manera que el déficit se redujo desde un 4,0% del PIB en 2007 hasta un 2,5% en 2008” y “El superávit de la cuenta corriente en 2008 fue de 1.194 millones de dólares, equivalente al 2,3% del PIB”. La inversión extranjera directa neta alcanzó a representar un 1,8% del PIB.
En cuanto al sector exportador, en 2008, la Comisión señala que “el valor de las exportaciones ecuatorianas aumentó un 29,3%, superando el crecimiento del 12,7% registrado en 2007. Por su parte, las exportaciones no petroleras aumentaron un 14,1% en términos de valor y representaron el 20% del incremento de las exportaciones. Entre los productos de mayor contribución al respecto destaca el banano, cuyas ventas crecieron un 25,9%, mientras que las de pescados enlatados y de extractos y aceites vegetales subieron un 21,5% y un 57,5%, respectivamente”.
En base a lo anterior, podemos afirmar que estos resultados explican el triunfo electoral del presidente Correa durante las elecciones presidenciales de abril pasado.
- Venezuela. Cabe recordar que la tasa actual de desocupación en Venezuela, es de 7,40 %, menor en comparación con el 8,1 % que registra la economía estadounidense, según la Oficina de Estadísticas de Empleo de ese país (Bureau of Labor Statics).
Por su parte, el informe de la CEPAL señala que el PIB de Venezuela aumentó un 4,8% y destaca que en marzo de 2009, el gobierno anunció un conjunto de medidas orientadas a afrontar los efectos de la crisis internacional y de los bajos precios internacionales del petróleo en la economía interna: reducción del sueldo de los altos funcionarios de la administración pública; recorte de gastos suntuarios, así como un incremento del 20% al salario mínimo nacional, entre otros. No obstante, pese a la disminución de los gastos se anunció que no habrá recortes en el presupuesto del gobierno destinado a gasto social.
“En 2008, el índice general de remuneraciones creció un 25% medio anual respecto de 2007. En 2008, tanto las remuneraciones del sector público como el sueldo mínimo fueron ajustados un 30%, efectivo a partir del 1° de mayo. En marzo de 2009 se anunció un 20% de incremento del sueldo mínimo que se otorgará en dos etapas: un 10% a contar del 1º de mayo y un 10% adicional el 1º de septiembre” y “a lo largo de 2008, el mayor número de nuevos empleos se verificó en el sector público”.
Cabe resaltar que además, el gobierno venezolano cuida la disponibilidad de alimentos para la población, pues como lo señala la Comisión, “en marzo de 2009 el gobierno fijó una cuota mínima de producción de 12 partidas de la canasta básica (aceite comestible, azúcar, café, salsa de tomate, queso, leche, harina, arroz y patatas), que deberán venderse al precio estipulado en el marco del control de precios”.
En síntesis, los países del Sur plantean de manera conjunta sus propias opciones ante la crisis económica y financiera mundial, pues además del buen desempeño alcanzado en sus economías nacionales, los integrantes del ALBA se reunieron en la ciudad de Caracas, el 3 de agosto pasado, en la primera reunión del Consejo Económico de esta alianza, que tiene como objeto promover las inversiones en programas de desarrollo, que sean acordes con los modelos sociales de mayor justicia para los pueblos y con el proceso de integración de Latinoamérica y el Caribe.
Por su parte, ante la crisis, México se encuentra solo en Norteamérica. Recordemos la sentencia de José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE: “México está teniendo una recesión que causaron otros, pero que lamentablemente el primero que tiene que ayudarse a sí mismo para salir del agujero es México y los mexicanos porque el apoyo que van a recibir de otros no será en la misma proporción del daño que le han importado… Y el daño es enorme” (sic) (La Jornada, 23/05/09).
*Dr. En derecho de la Cooperación Internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia
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8/7/09
Right-Wing Turncoat Gives the Inside Scoop on Why Conservatives Are Rampaging Town Halls
by Francis Schaeffer
AlterNet
The Republican Old Guard are in the fix an atheist would be in if Jesus showed up and raised his mother from the dead: Their world view has just been shattered. Obama's election has driven them over the edge. Consider Former Congressman Dick Armey. Several far right foundations and the multitrillion dollar health-insurance industry have teamed up with him to organize the far right foot soldiers of the Republican Party to intimidate people speaking on behalf of health-care reform. They are using my old shock troops -- given many of these folks were first energized by the Evangelical pro-life movement that my late father and I started in the 1970s. What we did to clinics they are now doing to congressmen and others speaking out for health care reform.
Having failed at the ballot box, having watched their Fox News-organized "tea parties" fizzle the intimidation tactics which the Republicans have embraced are being used in a well-financed, top-down orchestrated fake grass roots campaign by corporate interests to try and protect the profits of the insurance business. Armey's FreedomWorks is organizing against health care reform. Armey's lobbying firm represents pharmaceutical companies including Bristol-Myers Squibb. Armey's lobbying firm also represents the trade group for the life insurance industry. FreedomWorks is supporting the status quo at all costs. (They are also fans of fossil fuels. Armey's lobbying firm represents Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister of the UAE, on energy related issues.)
Last year, the Wall Street Journal exposed FreedomWorks for building "amateur-looking" websites to promote far right interests of Armey. FreedomWorks represents a top-down, corporate-friendly approach that's been the norm for conservative organizations for years. How do I know this is the norm? Because I used to have strategy meetings with the late Jack Kemp and Dick Army and the rest of the Republican gang about using their business ties to help finance the pro-life movement to defeat Democrats. I know this script. I helped write it.
Democratic members of Congress are being harassed by angry, sign-carrying mobs and disruptive behavior at local town halls. It's the tactic we used to follow abortion providers around their neighborhoods. "Protesters" surrounded Rep. Tim Bishop (D-NY) and forced police officers to have to escort him to his car for safety. We used to do the same to Dr. Tiller... until someone killed him.
How Can The Right Stoop So Low?
I used to know Dick Armey quite well. One of my sons even worked for him as an intern. I knew Armey in the context of his being a fan of my late Evangelical Religious Right leader father Francis Schaeffer. (Back in the day when I was a right wing "pro-life" organizer who has long since quit the Republicans in disgust at their -- our -- descent into extremism and hate.) Armey was once a decent guy, whatever his political views. How could he stoop so low as to be organizing what amounts to America's Brown Shirts today?
I think I know what happened to him, Gingrich and the rest: They can't compute that their white man-led conservative revolution is dead. They can't reconcile their idea of themselves with the fact that white men like them don't run the country any more -- and never will again. To them the black president is leading a column of the "other" into their promised land. Gays, immigrants, blacks, progressives, even a female Hispanic appointed to the Supreme Court... for them this is the Apocalypse.
The last presidential election (to paraphrase Bart Simpson) "broke their brains." What else could explain their embrace of intimidation -- rather than discourse -- over the health care debate and such unsavory moments of madness as the Republicans accusing Obama and Judge Sonia Sotomayor of racism, knowing full well that they'd just destroyed their chances with the Hispanic community forever?
The "Scorched Earth Policy"
Dick Army and company have been driven mad by their reversal, not just of political fortunes but of seeing that they've wasted their lives. They now know they were wrong: about the country, the free market, war for fun and profit, and what the American people really want. They made their best case and were rejected by the American people -- and by history. Bush was their man and he turned out to be a fool. So now all the the Republican gurus have left is what the defeated Germans of World War Two had: a scorched earth policy. If they can't win then everyone must go down. Obama must fail! The country must fail!
The Lobbyist-run Groups "Americans for Prosperity " and "FreedomWorks/ Dick Armey-Orchestrated Memo:
Here is a leaked excerpt from the folks organizing the intimidation campaign:
- Artificially Inflate Your Numbers: "Spread out in the hall and try to be in the front half. The objective is to put the Rep on the defensive with your questions and follow-up. The Rep should be made to feel that a majority, and if not, a significant portion of at least the audience, opposes the socialist agenda of Washington."
- Be Disruptive Early And Often: "You need to rock-the-boat early in the Rep's presentation, Watch for an opportunity to yell out and challenge the Rep's statements early."
- Try To "Rattle Him," Not Have An Intelligent Debate: "The goal is to rattle him, get him off his prepared script and agenda. If he says something outrageous, stand up and shout out and sit right back down. Look for these opportunities before he even takes questions."
The Last Republican Tactic: Outright Lies
A barrage of outright lies, wherein the Democrats are being accused of wanting to launch a massive euthanasia program against the elderly, free abortions for everyone, and "a government takeover" of health-care is now being combined with physical intimidation that in several cases has required police escorts to protect pro health-care reform speakers surrounded by angry plants sent to disrupt public forums on the health-care issue. Demonstrators hung Rep. Frank Kratovil (D-MD) in effigy outside of his office. (Missing from the reporting of these stories -- with the notable exception of Rachel Maddow -- is the fact that much of these protests are coordinated by public relations firms and lobbyists who have a stake in opposing President Obama's reforms.
There is no daylight between the Republican Party, the health-care insurance industry, far right leaders like Dick Armey, the legion of insurance lobbyists, and now, a small army of thugs. All we're missing is actual uniforms, otherwise we now have a full blown American version of the Nazi Brown Shirts.
No, I don't believe that these people are about to take over the country. No, the sky is not falling. But the Republican Party is. It is now profoundly anti-American.
The health-insurance industry is run by very smart and very greedy people who have sunk to a new low. So has the Republican Party's leadership that will not stand up and denounce the likes of Dick Armey for helping organize roving bands of thugs trying to strip the rest of us of the ability to be heard when it comes to the popular will on reforming health care.
Conclusion: the Fascist Formula
Here's the emerging American version of the fascist's formula: combine millions of dollars of lobbyists' money with embittered troublemakers who have a small army of not terribly bright white angry people (collected over decades through pro-life mass mailing networks) at their beck and call, ever ready to believe any myth or lie circulated by the semi literate and completely and routinely misinformed right wing -- Evangelical religious underground. Then put his little mob together with the insurance companies' big bucks. That's how it works -- American Brown Shirts at the ready.
What's the results of the fascist formula for the rest of us? Well, think how this "method" worked against Dr. Tiller's abortion clinic and how that story ended. In this case a once-in-a-lifetime opportunity to save our economy from going bankrupt because of spiraling health care costs may be lost, not because of a better argument, but because of lies backed up by anti-democratic embittered thuggery. The motive? Revenge on America by the Old White Guys of the far right, and greed by the insurance industry.
What Can Be Done?
It's time that this whole shabby (and insane) business be exposed, vilified in run out of town on a rail by whatever responsible Republicans -- if any -- that are still in the party and who want to see the fortunes of their party revived. Republican leaders taking insurance industry money via lobbying firms and using it to organize what amounts to roving bands of thugs not only need to be exposed but thrown out of the public debate forever. They should become absolute pariahs.
It's time to give this garbage in name: insurance industry funded fascism.
AlterNet
The Republican Old Guard are in the fix an atheist would be in if Jesus showed up and raised his mother from the dead: Their world view has just been shattered. Obama's election has driven them over the edge. Consider Former Congressman Dick Armey. Several far right foundations and the multitrillion dollar health-insurance industry have teamed up with him to organize the far right foot soldiers of the Republican Party to intimidate people speaking on behalf of health-care reform. They are using my old shock troops -- given many of these folks were first energized by the Evangelical pro-life movement that my late father and I started in the 1970s. What we did to clinics they are now doing to congressmen and others speaking out for health care reform.
Having failed at the ballot box, having watched their Fox News-organized "tea parties" fizzle the intimidation tactics which the Republicans have embraced are being used in a well-financed, top-down orchestrated fake grass roots campaign by corporate interests to try and protect the profits of the insurance business. Armey's FreedomWorks is organizing against health care reform. Armey's lobbying firm represents pharmaceutical companies including Bristol-Myers Squibb. Armey's lobbying firm also represents the trade group for the life insurance industry. FreedomWorks is supporting the status quo at all costs. (They are also fans of fossil fuels. Armey's lobbying firm represents Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister of the UAE, on energy related issues.)
Last year, the Wall Street Journal exposed FreedomWorks for building "amateur-looking" websites to promote far right interests of Armey. FreedomWorks represents a top-down, corporate-friendly approach that's been the norm for conservative organizations for years. How do I know this is the norm? Because I used to have strategy meetings with the late Jack Kemp and Dick Army and the rest of the Republican gang about using their business ties to help finance the pro-life movement to defeat Democrats. I know this script. I helped write it.
Democratic members of Congress are being harassed by angry, sign-carrying mobs and disruptive behavior at local town halls. It's the tactic we used to follow abortion providers around their neighborhoods. "Protesters" surrounded Rep. Tim Bishop (D-NY) and forced police officers to have to escort him to his car for safety. We used to do the same to Dr. Tiller... until someone killed him.
How Can The Right Stoop So Low?
I used to know Dick Armey quite well. One of my sons even worked for him as an intern. I knew Armey in the context of his being a fan of my late Evangelical Religious Right leader father Francis Schaeffer. (Back in the day when I was a right wing "pro-life" organizer who has long since quit the Republicans in disgust at their -- our -- descent into extremism and hate.) Armey was once a decent guy, whatever his political views. How could he stoop so low as to be organizing what amounts to America's Brown Shirts today?
I think I know what happened to him, Gingrich and the rest: They can't compute that their white man-led conservative revolution is dead. They can't reconcile their idea of themselves with the fact that white men like them don't run the country any more -- and never will again. To them the black president is leading a column of the "other" into their promised land. Gays, immigrants, blacks, progressives, even a female Hispanic appointed to the Supreme Court... for them this is the Apocalypse.
The last presidential election (to paraphrase Bart Simpson) "broke their brains." What else could explain their embrace of intimidation -- rather than discourse -- over the health care debate and such unsavory moments of madness as the Republicans accusing Obama and Judge Sonia Sotomayor of racism, knowing full well that they'd just destroyed their chances with the Hispanic community forever?
The "Scorched Earth Policy"
Dick Army and company have been driven mad by their reversal, not just of political fortunes but of seeing that they've wasted their lives. They now know they were wrong: about the country, the free market, war for fun and profit, and what the American people really want. They made their best case and were rejected by the American people -- and by history. Bush was their man and he turned out to be a fool. So now all the the Republican gurus have left is what the defeated Germans of World War Two had: a scorched earth policy. If they can't win then everyone must go down. Obama must fail! The country must fail!
The Lobbyist-run Groups "Americans for Prosperity " and "FreedomWorks/ Dick Armey-Orchestrated Memo:
Here is a leaked excerpt from the folks organizing the intimidation campaign:
- Artificially Inflate Your Numbers: "Spread out in the hall and try to be in the front half. The objective is to put the Rep on the defensive with your questions and follow-up. The Rep should be made to feel that a majority, and if not, a significant portion of at least the audience, opposes the socialist agenda of Washington."
- Be Disruptive Early And Often: "You need to rock-the-boat early in the Rep's presentation, Watch for an opportunity to yell out and challenge the Rep's statements early."
- Try To "Rattle Him," Not Have An Intelligent Debate: "The goal is to rattle him, get him off his prepared script and agenda. If he says something outrageous, stand up and shout out and sit right back down. Look for these opportunities before he even takes questions."
The Last Republican Tactic: Outright Lies
A barrage of outright lies, wherein the Democrats are being accused of wanting to launch a massive euthanasia program against the elderly, free abortions for everyone, and "a government takeover" of health-care is now being combined with physical intimidation that in several cases has required police escorts to protect pro health-care reform speakers surrounded by angry plants sent to disrupt public forums on the health-care issue. Demonstrators hung Rep. Frank Kratovil (D-MD) in effigy outside of his office. (Missing from the reporting of these stories -- with the notable exception of Rachel Maddow -- is the fact that much of these protests are coordinated by public relations firms and lobbyists who have a stake in opposing President Obama's reforms.
There is no daylight between the Republican Party, the health-care insurance industry, far right leaders like Dick Armey, the legion of insurance lobbyists, and now, a small army of thugs. All we're missing is actual uniforms, otherwise we now have a full blown American version of the Nazi Brown Shirts.
No, I don't believe that these people are about to take over the country. No, the sky is not falling. But the Republican Party is. It is now profoundly anti-American.
The health-insurance industry is run by very smart and very greedy people who have sunk to a new low. So has the Republican Party's leadership that will not stand up and denounce the likes of Dick Armey for helping organize roving bands of thugs trying to strip the rest of us of the ability to be heard when it comes to the popular will on reforming health care.
Conclusion: the Fascist Formula
Here's the emerging American version of the fascist's formula: combine millions of dollars of lobbyists' money with embittered troublemakers who have a small army of not terribly bright white angry people (collected over decades through pro-life mass mailing networks) at their beck and call, ever ready to believe any myth or lie circulated by the semi literate and completely and routinely misinformed right wing -- Evangelical religious underground. Then put his little mob together with the insurance companies' big bucks. That's how it works -- American Brown Shirts at the ready.
What's the results of the fascist formula for the rest of us? Well, think how this "method" worked against Dr. Tiller's abortion clinic and how that story ended. In this case a once-in-a-lifetime opportunity to save our economy from going bankrupt because of spiraling health care costs may be lost, not because of a better argument, but because of lies backed up by anti-democratic embittered thuggery. The motive? Revenge on America by the Old White Guys of the far right, and greed by the insurance industry.
What Can Be Done?
It's time that this whole shabby (and insane) business be exposed, vilified in run out of town on a rail by whatever responsible Republicans -- if any -- that are still in the party and who want to see the fortunes of their party revived. Republican leaders taking insurance industry money via lobbying firms and using it to organize what amounts to roving bands of thugs not only need to be exposed but thrown out of the public debate forever. They should become absolute pariahs.
It's time to give this garbage in name: insurance industry funded fascism.
Saber, lucha Política y Esperanza
Desde el lado de la izquierda
Víctor Flores Olea
Rebelion
Nos quejamos de la ausencia de ideas, de uno y otro lado, en la última elección de medio camino. Y teníamos razón. Entre otros factores, a eso atribuimos la catástrofe electoral, sobre todo de la izquierda. Sin embargo, ahora mismo, desde el lado de la izquierda, aparece publicado (La Jornada, 30 julio 2009) un texto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que resulta extraordinariamente importante. No sólo porque expresa con puntualidad “Al Pueblo de México” su visión del país sino porque propone en lo fundamental las líneas de salida a la tremenda crisis que vivimos.
Para AMLO desde hace veinte años cuando menos se habría integrado en México una oligarquía que ha consolidado su poder, también por medio de la corrupción y el saqueo y por arriba de las instituciones fundadas en la Constitución. No se trata únicamente del “grupo político” que ha usufructuado las ventajas del poder, sino el hecho más decisivo aún que ese “grupo político” actúa representando en definitiva a un “puñado” de los más ricos de México, no a los “mejores y más brillantes” sino a los más audaces y voraces, a los capos en México del “capitalismo salvaje” que nos destruye. El país estaría en manos de ese doble puño de quienes detentan la riqueza y el poder político, no en beneficio del pueblo sino en provecho de sus fortunas y ambiciones.
Ese poder alejado del pueblo impondría sus mandatos y conveniencias al conjunto institucional de México: a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al complejo de las instancias electorales del país, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y a los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. El país ofrecería un panorama de concentración de poderes y riqueza en pocas manos y de exclusión hasta la miseria de la mayoría, lo que representa la causa fundamental del desastre que vivimos en multitud de dimensiones. Y que explica su real origen: ¿alguien estaría en desacuerdo?
Se confirma entonces la definición de Aristóteles para quien, en negación y traición a la democracia, en un país con riqueza concentrada y desigualmente distribuida el puñado de oligarcas somete a sus intereses a los gobiernos, creándose complicidades absolutamente indeseables. Y destruyéndose cualquier posibilidad de democracia. El gobierno como simple Consejo de Administración de las empresas y monopolios.
Para ese control general los monopolios de la comunicación resultan esenciales, y para la ciudadanía el instrumento más deleznable de su degradación, ya que el espectáculo del mundo que se les transmite es esencialmente un escenario en que solo se vive para ganar y acumular, para mentir y traicionar, por cualquier medio.
Con un rasgo más que apunta certeramente AMLO: el PRI, para los oligarcas, resultaba insostenible en el año 2000 después de 70 años de poder y decidieron entonces el “recambio” por el PAN, cuyas torpezas y pequeñeces (sobre todo por sus Presidentes) lo han llevado a la bancarrota abismal, uno de cuyos síntomas fue su retroceso en la elección del 5 de julio último. Así fue pero ahora, ante la imposibilidad de seguir sosteniendo al PAN, se habría ya decidido otro “recambio” que haría regresar al PRI al poder en el 2012: objetos desechables según la conveniencia oligárquica, papel para la basura.
Ya en el horizonte del próximo “recambio”, en plena crisis económica, surgen nubarrones que presionarán aun más a la baja los ingresos más modestos: no a una reforma fiscal progresiva sino en todo caso regresiva, IVA para alimentos y medicinas, aumento de precios en luz, gasolinas y otros servicios. Como dice AMLO “…los potentados no están dispuestos a permitir ningún cambio que ayude realmente a enfrentar la crisis económica… Se recortarán antes los programas sociales que los privilegios de ricos y de la alta burocracia”.
López Obrador insiste en que uno de los aspectos más graves de la crisis actual es la descomposición moral y social que vive México, que ciertamente son factores que han llevado a la inseguridad y a la tremenda violencia que vivimos. Y la crisis de violencia eventualmente se enfrenta con más violencia “…sin tomar en cuenta que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.
Lo malo, dice AMLO, es que “Todo indica que persistirá la degradación del país. En consecuencia, la única alternativa es seguir luchando hasta derrotar a la oligarquía en el terreno político, de manera pacífica, para hacer valer la democracia y establecer un gobierno que combata la codicia y la corrupción, distribuya con justicia las riquezas de México y garantice el bienestar y la felicidad del pueblo”.
Y llama a realizar algunas tareas fundamentales: la organización de la ciudadanía, desde los comités municipales hasta los de barrio, crear redes alternativas de información que ayuden a romper el bloqueo y la manipulación de las grandes empresas de comunicación, la disponibilidad a movilizarse para detener los más grandes abusos que se presenten, como el de la frustrada privatización del petróleo, e insistir en la defensa de la economía popular y la soberanía.
Propuestas sencillas pero altamente movilizadoras que podrán frustrar en el 2012 los objetivos más despreciables de la oligarquía. Palabras llenas de saber de un mexicano que ha convertido su experiencia de luchador político en un mensaje de esperanza.
Víctor Flores Olea
Rebelion
Nos quejamos de la ausencia de ideas, de uno y otro lado, en la última elección de medio camino. Y teníamos razón. Entre otros factores, a eso atribuimos la catástrofe electoral, sobre todo de la izquierda. Sin embargo, ahora mismo, desde el lado de la izquierda, aparece publicado (La Jornada, 30 julio 2009) un texto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que resulta extraordinariamente importante. No sólo porque expresa con puntualidad “Al Pueblo de México” su visión del país sino porque propone en lo fundamental las líneas de salida a la tremenda crisis que vivimos.
Para AMLO desde hace veinte años cuando menos se habría integrado en México una oligarquía que ha consolidado su poder, también por medio de la corrupción y el saqueo y por arriba de las instituciones fundadas en la Constitución. No se trata únicamente del “grupo político” que ha usufructuado las ventajas del poder, sino el hecho más decisivo aún que ese “grupo político” actúa representando en definitiva a un “puñado” de los más ricos de México, no a los “mejores y más brillantes” sino a los más audaces y voraces, a los capos en México del “capitalismo salvaje” que nos destruye. El país estaría en manos de ese doble puño de quienes detentan la riqueza y el poder político, no en beneficio del pueblo sino en provecho de sus fortunas y ambiciones.
Ese poder alejado del pueblo impondría sus mandatos y conveniencias al conjunto institucional de México: a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al complejo de las instancias electorales del país, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y a los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. El país ofrecería un panorama de concentración de poderes y riqueza en pocas manos y de exclusión hasta la miseria de la mayoría, lo que representa la causa fundamental del desastre que vivimos en multitud de dimensiones. Y que explica su real origen: ¿alguien estaría en desacuerdo?
Se confirma entonces la definición de Aristóteles para quien, en negación y traición a la democracia, en un país con riqueza concentrada y desigualmente distribuida el puñado de oligarcas somete a sus intereses a los gobiernos, creándose complicidades absolutamente indeseables. Y destruyéndose cualquier posibilidad de democracia. El gobierno como simple Consejo de Administración de las empresas y monopolios.
Para ese control general los monopolios de la comunicación resultan esenciales, y para la ciudadanía el instrumento más deleznable de su degradación, ya que el espectáculo del mundo que se les transmite es esencialmente un escenario en que solo se vive para ganar y acumular, para mentir y traicionar, por cualquier medio.
Con un rasgo más que apunta certeramente AMLO: el PRI, para los oligarcas, resultaba insostenible en el año 2000 después de 70 años de poder y decidieron entonces el “recambio” por el PAN, cuyas torpezas y pequeñeces (sobre todo por sus Presidentes) lo han llevado a la bancarrota abismal, uno de cuyos síntomas fue su retroceso en la elección del 5 de julio último. Así fue pero ahora, ante la imposibilidad de seguir sosteniendo al PAN, se habría ya decidido otro “recambio” que haría regresar al PRI al poder en el 2012: objetos desechables según la conveniencia oligárquica, papel para la basura.
Ya en el horizonte del próximo “recambio”, en plena crisis económica, surgen nubarrones que presionarán aun más a la baja los ingresos más modestos: no a una reforma fiscal progresiva sino en todo caso regresiva, IVA para alimentos y medicinas, aumento de precios en luz, gasolinas y otros servicios. Como dice AMLO “…los potentados no están dispuestos a permitir ningún cambio que ayude realmente a enfrentar la crisis económica… Se recortarán antes los programas sociales que los privilegios de ricos y de la alta burocracia”.
López Obrador insiste en que uno de los aspectos más graves de la crisis actual es la descomposición moral y social que vive México, que ciertamente son factores que han llevado a la inseguridad y a la tremenda violencia que vivimos. Y la crisis de violencia eventualmente se enfrenta con más violencia “…sin tomar en cuenta que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.
Lo malo, dice AMLO, es que “Todo indica que persistirá la degradación del país. En consecuencia, la única alternativa es seguir luchando hasta derrotar a la oligarquía en el terreno político, de manera pacífica, para hacer valer la democracia y establecer un gobierno que combata la codicia y la corrupción, distribuya con justicia las riquezas de México y garantice el bienestar y la felicidad del pueblo”.
Y llama a realizar algunas tareas fundamentales: la organización de la ciudadanía, desde los comités municipales hasta los de barrio, crear redes alternativas de información que ayuden a romper el bloqueo y la manipulación de las grandes empresas de comunicación, la disponibilidad a movilizarse para detener los más grandes abusos que se presenten, como el de la frustrada privatización del petróleo, e insistir en la defensa de la economía popular y la soberanía.
Propuestas sencillas pero altamente movilizadoras que podrán frustrar en el 2012 los objetivos más despreciables de la oligarquía. Palabras llenas de saber de un mexicano que ha convertido su experiencia de luchador político en un mensaje de esperanza.
WEST PAPUAN LEADERS ARE DISAPPOINTED WITH THE RESULT OF THE PACIFIC ISLANDS FORUM MEETING
Leaders of the West Papua National Coalition for Liberation were in
Cairns North Queensland to push hard for the PIF to grant West Papua
Observer Status and also for the forum to discuss many other issues
affecting West Papuan people. Meanwhile more human violations are
occurring. PIF should never fail to address the issue of West Papua.
After all PIF was established to address all the issues affecting the
Pacific community, political or otherwise. It is important that leaders
of the PIF raise these concerns in order to prevent further violence.
Turning away from it will only make it worse. Prior to the PIF meeting
they have taken part in a Civil Society Forum on Climate Change where
all these issues were discussed and linked as inseparable part of
climate change.
Vice Chairman of the West Papua National Coalition for Liberation, Dr.
Otto Ondawame stated the coalition is not happy at all about the way the
PIF treated West Papua. “This is hypocrisy; how could they concern
themselves about human right and democracy issues in other parts of the
world but ignore what is happening next door he asked? By not protesting
or even mentioning the violence in West Papua you are infect encourage
it to continue”, he said.
The PIF had clearly stated its concerns about the situation in West
Papua during its 37th forum meeting in Fiji. We would have hoped that
the PIF be consistent with its concerns because the situation is not
improving at all. “Regardless of this setback our Coalition will
continue to work for a peaceful and dignified solution to the West
Papuan issue. We will never stop until once again we become part of the
Pacific community as we were when we were member of the South Pacific
Commission from 1947 – 1962”, said Mr. Rex Rumakiek, the Secretary
General of the WPNCL.
For more information contact: Dr. John Ondawame, on 0439759026 and Rex
Rumakiek on 0414247468.
WEST PAPUA NATIONAL COALITION FOR LIBERATION
P.O. Box 1571, Port Vila, Republic of Vanuatu, ph: + 678 40808;
+61414247468; +61439759026
E-mail: morningstar@vanuatu.com.vu, awulkeweng@yahoo.com,
rexruma@hotmail.com
Cairns North Queensland to push hard for the PIF to grant West Papua
Observer Status and also for the forum to discuss many other issues
affecting West Papuan people. Meanwhile more human violations are
occurring. PIF should never fail to address the issue of West Papua.
After all PIF was established to address all the issues affecting the
Pacific community, political or otherwise. It is important that leaders
of the PIF raise these concerns in order to prevent further violence.
Turning away from it will only make it worse. Prior to the PIF meeting
they have taken part in a Civil Society Forum on Climate Change where
all these issues were discussed and linked as inseparable part of
climate change.
Vice Chairman of the West Papua National Coalition for Liberation, Dr.
Otto Ondawame stated the coalition is not happy at all about the way the
PIF treated West Papua. “This is hypocrisy; how could they concern
themselves about human right and democracy issues in other parts of the
world but ignore what is happening next door he asked? By not protesting
or even mentioning the violence in West Papua you are infect encourage
it to continue”, he said.
The PIF had clearly stated its concerns about the situation in West
Papua during its 37th forum meeting in Fiji. We would have hoped that
the PIF be consistent with its concerns because the situation is not
improving at all. “Regardless of this setback our Coalition will
continue to work for a peaceful and dignified solution to the West
Papuan issue. We will never stop until once again we become part of the
Pacific community as we were when we were member of the South Pacific
Commission from 1947 – 1962”, said Mr. Rex Rumakiek, the Secretary
General of the WPNCL.
For more information contact: Dr. John Ondawame, on 0439759026 and Rex
Rumakiek on 0414247468.
WEST PAPUA NATIONAL COALITION FOR LIBERATION
P.O. Box 1571, Port Vila, Republic of Vanuatu, ph: + 678 40808;
+61414247468; +61439759026
E-mail: morningstar@vanuatu.com.vu, awulkeweng@yahoo.com,
rexruma@hotmail.com
Incriminaciones: el supercomputador de Raúl Reyes y las "verdades" del periodista Jorge Fernández Menéndez...
En defensa de Lucía Morett Álvarez
José Enrique González Ruiz
Rebelion
Hay un pseudoperiodista que, al parecer afectado por una patología, se ha convertido en el incriminador de Lucía Morett Álvarez. Buena parte de su labor en la prensa escrita y televisiva la dedica a perseguir con saña a la joven universitaria que sobrevivió al crimen de Álvaro Uribe que privó de la vida a veintitrés seres humanos, entre ellos cuatro mexicanos. La acusa de ser terrorista internacional y de “participar activamente en el narcotráfico” (Excélsior, 28 de julio del 2009, página 8 Nacional). Ya antes lo hizo, en un libelo intitulado Las FARC en México, en el que pretende dar cátedra de geopolítica y en el que realmente se dedica a reproducir información que le llega de fuentes dudosas (la “inteligencia” colombiana), elevándola a rango de dogma divino.
Con la mayor desfachatez del mundo, Jorge Fernández Menéndez se atribuye el derecho a formular imputaciones de la mayor gravedad, sin experimentar el menor recato y sin sentirse obligado a aportar la correspondiente probanza. Rompe todas las reglas éticas del periodismo, apoyado en una fuente fantasiosa: “la computadora de Raúl Reyes”.
Fernández, de origen argentino, llego a México aduciendo razones políticas. Es, por ende, beneficiario de la generosa tradición de asilo que los mexicanos y las mexicanas sabemos honrar. Dolorosamente, esto, que forma parte de la inmensa vocación solidaria de nuestro pueblo, es precisamente lo que sirve de base para que Fernández incrimine a Lucía Morett.
Entre las linduras que el articulista se atreve afirmar están éstas:
1.- Lucía Morett “fue detenida el primero de marzo del año pasado cuando recibía entrenamiento en el principal campamento de las FARC…”
Sólo alguien que se sabe impune ante la calumnia es capaz de semejante aseveración. La verdad es que Lucía sobrevivió a un ataque criminal del ejército de ÀlvaroUribe Vélez –un presidente narcoparamilitar- en contra de personas que se encontraban dormidas. Varias de ellas fueron ejecutadas por los elementos uribistas y solamente conservaron la vida tres mujeres, entre ellas la universitaria mexicana. Ella es testiga de ese crimen de lesa humanidad.
Lucía no estaba armada ni uniformada y las razones por las que se encontraba en ese lugar son de orden intelectual. Tal vez por ello no las comprenda el incriminador.
2.- México consideraba al comandante Raúl Reyes un terrorista, y como la persona que estaba al mando “del principal productor de cocaína a nivel mundial” (ídem). Quizá esa idiotez la crea él, pero decir que lo cree México es un desvarío. Está bien que ya haya adquirido nuestra nacionalidad (igual que Antonio Solá), pero eso no lo autoriza a hablar a nombre de México. Cuando menos, no en mi nombre.
3.- En el campamento atacado por el genocida que gobierna Colombia “murieron también un grupo (sic) de jóvenes militantes mexicanos que colaboraban y recibían entrenamiento de las FARC”.
Fernández miente a sabiendas, pues tiene claro que no murieron, sino que fueron asesinados por órdenes de Uribe Vélez, quien actuaba bajo la dirección de las fuerzas armadas de Estados Unidos.
La calificación que les hace de “activistas” tiende a desacreditar su memoria y a justificar su asesinato. Y, obviamente, no presenta probanza de que recibían el entrenamiento de que habla. Pero eso lo tiene sin cuidado.
En su Santa Cruzada contra los infieles, el nacionalizado teje una serie de falacias:
a) La milagrosa computadora de Raúl Reyes le dijo que las FARC están en el negocio de la droga. No hay que perder de vista que es el mismo aparato que asegura que Hugo Chávez entrega armamento al grupo rebelde y que éste financió la campaña política del mandatario ecuatoriano Rafael Correa.
b) También le informó que Lucía Morett y los cuatro universitarios mexicanos asesinados eran miembros del grupo alzado. Por ende, su actividad estaba también relacionada con el trasiego de estupefacientes.
c) Las FARC, le hizo saber el mismo aparato, tienen vínculos con grupos guerrilleros mexicanos. Luego, se configura el narcoterrorismo internacional.
Lo cierto es que la verdadera fuente de Fernández Menéndez es el espionaje colombiano, que en México se hace a ciencia y paciencia del gobierno espurio de Calderón. Quien lo provee de datos y “verdades” es la gente de Uribe y no el supercomputador de Reyes.
Fernández subtitula sus colaboraciones, con la palabra “razones”. Pero sus argumentos no son tales, sino burdas incriminaciones.
José Enrique González Ruiz
Rebelion
Hay un pseudoperiodista que, al parecer afectado por una patología, se ha convertido en el incriminador de Lucía Morett Álvarez. Buena parte de su labor en la prensa escrita y televisiva la dedica a perseguir con saña a la joven universitaria que sobrevivió al crimen de Álvaro Uribe que privó de la vida a veintitrés seres humanos, entre ellos cuatro mexicanos. La acusa de ser terrorista internacional y de “participar activamente en el narcotráfico” (Excélsior, 28 de julio del 2009, página 8 Nacional). Ya antes lo hizo, en un libelo intitulado Las FARC en México, en el que pretende dar cátedra de geopolítica y en el que realmente se dedica a reproducir información que le llega de fuentes dudosas (la “inteligencia” colombiana), elevándola a rango de dogma divino.
Con la mayor desfachatez del mundo, Jorge Fernández Menéndez se atribuye el derecho a formular imputaciones de la mayor gravedad, sin experimentar el menor recato y sin sentirse obligado a aportar la correspondiente probanza. Rompe todas las reglas éticas del periodismo, apoyado en una fuente fantasiosa: “la computadora de Raúl Reyes”.
Fernández, de origen argentino, llego a México aduciendo razones políticas. Es, por ende, beneficiario de la generosa tradición de asilo que los mexicanos y las mexicanas sabemos honrar. Dolorosamente, esto, que forma parte de la inmensa vocación solidaria de nuestro pueblo, es precisamente lo que sirve de base para que Fernández incrimine a Lucía Morett.
Entre las linduras que el articulista se atreve afirmar están éstas:
1.- Lucía Morett “fue detenida el primero de marzo del año pasado cuando recibía entrenamiento en el principal campamento de las FARC…”
Sólo alguien que se sabe impune ante la calumnia es capaz de semejante aseveración. La verdad es que Lucía sobrevivió a un ataque criminal del ejército de ÀlvaroUribe Vélez –un presidente narcoparamilitar- en contra de personas que se encontraban dormidas. Varias de ellas fueron ejecutadas por los elementos uribistas y solamente conservaron la vida tres mujeres, entre ellas la universitaria mexicana. Ella es testiga de ese crimen de lesa humanidad.
Lucía no estaba armada ni uniformada y las razones por las que se encontraba en ese lugar son de orden intelectual. Tal vez por ello no las comprenda el incriminador.
2.- México consideraba al comandante Raúl Reyes un terrorista, y como la persona que estaba al mando “del principal productor de cocaína a nivel mundial” (ídem). Quizá esa idiotez la crea él, pero decir que lo cree México es un desvarío. Está bien que ya haya adquirido nuestra nacionalidad (igual que Antonio Solá), pero eso no lo autoriza a hablar a nombre de México. Cuando menos, no en mi nombre.
3.- En el campamento atacado por el genocida que gobierna Colombia “murieron también un grupo (sic) de jóvenes militantes mexicanos que colaboraban y recibían entrenamiento de las FARC”.
Fernández miente a sabiendas, pues tiene claro que no murieron, sino que fueron asesinados por órdenes de Uribe Vélez, quien actuaba bajo la dirección de las fuerzas armadas de Estados Unidos.
La calificación que les hace de “activistas” tiende a desacreditar su memoria y a justificar su asesinato. Y, obviamente, no presenta probanza de que recibían el entrenamiento de que habla. Pero eso lo tiene sin cuidado.
En su Santa Cruzada contra los infieles, el nacionalizado teje una serie de falacias:
a) La milagrosa computadora de Raúl Reyes le dijo que las FARC están en el negocio de la droga. No hay que perder de vista que es el mismo aparato que asegura que Hugo Chávez entrega armamento al grupo rebelde y que éste financió la campaña política del mandatario ecuatoriano Rafael Correa.
b) También le informó que Lucía Morett y los cuatro universitarios mexicanos asesinados eran miembros del grupo alzado. Por ende, su actividad estaba también relacionada con el trasiego de estupefacientes.
c) Las FARC, le hizo saber el mismo aparato, tienen vínculos con grupos guerrilleros mexicanos. Luego, se configura el narcoterrorismo internacional.
Lo cierto es que la verdadera fuente de Fernández Menéndez es el espionaje colombiano, que en México se hace a ciencia y paciencia del gobierno espurio de Calderón. Quien lo provee de datos y “verdades” es la gente de Uribe y no el supercomputador de Reyes.
Fernández subtitula sus colaboraciones, con la palabra “razones”. Pero sus argumentos no son tales, sino burdas incriminaciones.
287G: Obama Opposes Yet Sanctions Racial Profiling
By Roberto Dr. Cintli Rodriguez
In Cambridge, Mass., a prominent African American professor gets
arrested in his own home, and many conservatives – of all colors – are
befuddled because they can’t seem to comprehend the outrage. More
outraged is the fanatical right wing, which bristles at the thought
that the president actually suggested that racism might still exist in
the United States.
Ironically, in Maricopa County, Arizona, Sheriff Joe Arpaio is proof
that racial profiling still takes place and that President Obama
himself officially sanctions it. After the spectacle of the Sonia
Sotomayor hearings in which southern senators questioned her
integrity, we again have been treated to national theater where
persons of color are supposed to apologize to unrepentant bigots.
Leading this charge are wealthy talk show hosts and wealthy talking
heads that have little in common with the listeners that they herd
around daily. They are the same ones that hold sacrosanct the Second
Amendment and the idea that one’s home is one’s castle and that the
Constitution permits homeowners to defend themselves and their home
with lethal force, against anyone and everyone.
In regards to the particulars involving Harvard professor Henry Louis
Gates and Sergeant James M. Crowley of the Cambridge Police
Department, it is true that no one should have rendered judgment
before all the facts were known. However, because the president
commented on the situation, this incident has helped to bring the
topic of racial profiling to the fore.
Seemingly most conservative whites speak [on talk radio and the
internet] with venom in regards to this topic, not simply denying the
phenomenon, but also condoning it or redefining it when impossible to
deny. Minimally, it has to be acknowledged that racial profiling has
always been a problem in this country. Driving while black or brown is
one thing, but to be arrested in one’s home – one’s sanctuary –
touches a sensitive chord.
It has been surprising to hear the president speak up on the topic. On
virtually everything else – such as illegal spying, transparent
government, illegal wars, signing statements, etc, he has actually
continued the Bush polices of the past eight years. However, in
regards to racial profiling, he has actually weighed in, albeit
clumsily. However, it has not been improper for him to point out that
in general, anyone getting arrested in their own home, after
identifying him or herself, is disturbing. Talking back or defending
one’s dignity (as opposed to meekly complying) is not a punishable
offense.
What is more disturbing about this topic is that the president has
actually been complicit in greatly expanding programs that legalize
and authorize racial profiling and other abuses nationwide. The
primary program is the Bush-era federal 287G program that authorizes
local police departments to carry out immigration enforcement duties.
Arizona’s Sheriff Arpaio – who believes it is an honor to be
associated with the KKK (Nov 2007, on CNN’s Lou Dobb’s Program) and
who actually pals around with racial extremists – is the face of this
program. His well-publicized dragnet raids and checkpoints in
Mexican/Latino neighborhoods have garnered national attention. His
antics and practices have also been regularly denounced by Phoenix
Mayor Phil Gordon and by human rights organizations nationwide. The
287G program itself has been denounced by many of the nation’s police
chiefs as an impediment to good law enforcement. Nationwide, this is
but one program that permits practices unheard of anywhere else in the
world; such as mass show trials (Operation Streamline in Tucson,
Arizona) that last but one hour, trials in which migrants are charged
with smuggling themselves and detention centers for children, run by
private corporations (Corrections Corporation of America).
It is truly a mystery as to why the president has not denounced these
Bush-era programs or Arpaio – the Bull Conner of this generation.
While it is true that Arpaio is under federal investigation, it is
also true that the Obama administration has greatly expanded, rather
than suspended the 287G program nationwide.
This nation’s dirty little secret is that racial profiling has always
been a major component of federal immigration enforcement; Cesar
Chavez used to refer to the migra as the “Gestapo of the Mexican
people.” It is only logical that as the 287G program expands to local
jurisdictions nationwide, so too will racial profiling expand.
It is uncertain how the Gates-Crowley-Obama drama will end. Yet,
systemic racial profiling policies – authorized by the president
himself – can end, not by sharing a beer on the White House lawn, but
through an immediate executive order. An end to apartheid practices
can’t wait for the much-promised comprehensive immigration reform.
Rodriguez, an assistant professor at the University of Arizona can be
reached at: XColumn@gmail.com
Column of the Americas
PO BOX 85476
Tucson, AZ 85754
In Cambridge, Mass., a prominent African American professor gets
arrested in his own home, and many conservatives – of all colors – are
befuddled because they can’t seem to comprehend the outrage. More
outraged is the fanatical right wing, which bristles at the thought
that the president actually suggested that racism might still exist in
the United States.
Ironically, in Maricopa County, Arizona, Sheriff Joe Arpaio is proof
that racial profiling still takes place and that President Obama
himself officially sanctions it. After the spectacle of the Sonia
Sotomayor hearings in which southern senators questioned her
integrity, we again have been treated to national theater where
persons of color are supposed to apologize to unrepentant bigots.
Leading this charge are wealthy talk show hosts and wealthy talking
heads that have little in common with the listeners that they herd
around daily. They are the same ones that hold sacrosanct the Second
Amendment and the idea that one’s home is one’s castle and that the
Constitution permits homeowners to defend themselves and their home
with lethal force, against anyone and everyone.
In regards to the particulars involving Harvard professor Henry Louis
Gates and Sergeant James M. Crowley of the Cambridge Police
Department, it is true that no one should have rendered judgment
before all the facts were known. However, because the president
commented on the situation, this incident has helped to bring the
topic of racial profiling to the fore.
Seemingly most conservative whites speak [on talk radio and the
internet] with venom in regards to this topic, not simply denying the
phenomenon, but also condoning it or redefining it when impossible to
deny. Minimally, it has to be acknowledged that racial profiling has
always been a problem in this country. Driving while black or brown is
one thing, but to be arrested in one’s home – one’s sanctuary –
touches a sensitive chord.
It has been surprising to hear the president speak up on the topic. On
virtually everything else – such as illegal spying, transparent
government, illegal wars, signing statements, etc, he has actually
continued the Bush polices of the past eight years. However, in
regards to racial profiling, he has actually weighed in, albeit
clumsily. However, it has not been improper for him to point out that
in general, anyone getting arrested in their own home, after
identifying him or herself, is disturbing. Talking back or defending
one’s dignity (as opposed to meekly complying) is not a punishable
offense.
What is more disturbing about this topic is that the president has
actually been complicit in greatly expanding programs that legalize
and authorize racial profiling and other abuses nationwide. The
primary program is the Bush-era federal 287G program that authorizes
local police departments to carry out immigration enforcement duties.
Arizona’s Sheriff Arpaio – who believes it is an honor to be
associated with the KKK (Nov 2007, on CNN’s Lou Dobb’s Program) and
who actually pals around with racial extremists – is the face of this
program. His well-publicized dragnet raids and checkpoints in
Mexican/Latino neighborhoods have garnered national attention. His
antics and practices have also been regularly denounced by Phoenix
Mayor Phil Gordon and by human rights organizations nationwide. The
287G program itself has been denounced by many of the nation’s police
chiefs as an impediment to good law enforcement. Nationwide, this is
but one program that permits practices unheard of anywhere else in the
world; such as mass show trials (Operation Streamline in Tucson,
Arizona) that last but one hour, trials in which migrants are charged
with smuggling themselves and detention centers for children, run by
private corporations (Corrections Corporation of America).
It is truly a mystery as to why the president has not denounced these
Bush-era programs or Arpaio – the Bull Conner of this generation.
While it is true that Arpaio is under federal investigation, it is
also true that the Obama administration has greatly expanded, rather
than suspended the 287G program nationwide.
This nation’s dirty little secret is that racial profiling has always
been a major component of federal immigration enforcement; Cesar
Chavez used to refer to the migra as the “Gestapo of the Mexican
people.” It is only logical that as the 287G program expands to local
jurisdictions nationwide, so too will racial profiling expand.
It is uncertain how the Gates-Crowley-Obama drama will end. Yet,
systemic racial profiling policies – authorized by the president
himself – can end, not by sharing a beer on the White House lawn, but
through an immediate executive order. An end to apartheid practices
can’t wait for the much-promised comprehensive immigration reform.
Rodriguez, an assistant professor at the University of Arizona can be
reached at: XColumn@gmail.com
Column of the Americas
PO BOX 85476
Tucson, AZ 85754
La autonomía indígena y la impunidad del Estado
Magdalena Gómez
La Jornada
Hoy día existe en el país una amplia gama de experiencias autonómicas de los pueblos indígenas que van desde las muy emblemáticas juntas de buen gobierno zapatistas, a la policía comunitaria en Guerrero y al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, entre muchas otras que se ejercen en los hechos. Todas ellas entrañan un amplio esfuerzo organizativo y han cobrado carta de legitimidad, porque legalidad la tienen y sobrada.
Recordemos el debate en torno a la organización de municipios autónomos que vivió en 1998 una fuerte crisis por el intento del gobierno chiapaneco de desmantelarlos, lo que se tradujo en hechos de violencia y una campaña de supuesto contenido jurídico para descalificarlos. Se cuestionó entonces su validez jurídica rechazando que el núcleo esencial de la creación jurídico-política de un municipio reside en la decisión mayoritaria de los habitantes del territorio correspondiente a partir de los artículos 39, 40, 41 y 115 y demás relativos en la Constitución general.
Es claro que en el marco del federalismo constitucional se pueden encontrar espacios de confluencia para la identidad pluricultural de la nación. La Constitución otorga facultad al Congreso de la Unión para admitir nuevos estados a la Unión Federal (artículo 73, fracción I), formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes (artículo 73, fracción III), para arreglar definitivamente los límites de los estados, determinando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios”. También encontramos que las constituciones locales establecen la posibilidad y el procedimiento de la remunicipalización.
De parte oficial, el entonces coordinador para el diálogo Emilio Rabasa presentó a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) un informe en estos términos: Las autoridades espurias de los municipios autónomos, además de violar la Constitución estatal y la general de la República, han caído en el delito de usurpación de funciones al realizar actos de carácter público como son los de registro civil, cobro de derechos o cualquier otro, por el que podrían tener una sanción de seis meses a cinco años de prisión y multa de 20 a 60 días de salario mínimo. En cuanto a las normas estatales, tanto la creación como la supresión de los municipios es competencia del Congreso del estado según el artículo 29 de la Constitución chiapaneca, en tanto que la incorporación o segregación en o entre los municipios no podrá hacerse sin la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, y en materia federal, según el 115, la integración de los ayuntamientos deberá hacerse mediante elección popular o, de lo contrario, cualquier acto de creación o desconocimiento de ayuntamientos y municipios será violatorio del voto popular ejercitado en la elección de las autoridades municipales, como lo establece el 116 constitucional, se configura una violación de la garantía constitucional que establece que los ayuntamientos serán electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. También afirmó que la ley para el diálogo no impedía el ejercicio de las facultades otorgadas a las autoridades y fuerzas de seguridad pública para que cumplan con su responsabilidad de garantizar la seguridad interior y la procuración de justicia (La Jornada, 11/5/98, nota de José Gil Olmos).
El proceso avanzó y el 9 de agosto de 2003 se instalaron formalmente las juntas de buen gobierno en Oventic, Chiapas, que en seis años han logrado construir y mantener un proyecto realmente autónomo, pese al descarrilamiento del proceso de diálogo impulsado conscientemente por el conjunto de la clase política, reivindicando la razón de Estado para impedir la concreción de la prometida nueva relación con los pueblos indígenas.
Ante el portazo de los tres poderes en que se organiza el Estado, decidieron continuar con la aplicación unilateral de los acuerdos de San Andrés en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para lograr el fortalecimiento de su autonomía, aun en medio de tensiones y enfrentamientos. Sólo baste recordar cómo se ha pretendido golpear a las juntas en Chiapas, maniobrando con los exiguos fondos públicos para mostrar divisiones en el seno del zapatismo. Ni qué decir de las ofertas a la policía comunitaria para convertirla en policía estatal o la complicidad de las autoridades oaxaqueñas frente a las violaciones de derechos humanos en la región triqui.
Al Estado le está resultando más cómodo diseñar sus políticas y programas con toda discrecionalidad y evadir impunemente sus responsabilidades con los pueblos indígenas, provenientes tanto del orden interno como del derecho internacional. De alguna manera se beneficia con la autonomía de estos pueblos que cubren funciones que deberían financiarse con recursos públicos. En contraste, para los pueblos la autonomía es la vía para defender su existencia y garantizar su dignidad.
La Jornada
Hoy día existe en el país una amplia gama de experiencias autonómicas de los pueblos indígenas que van desde las muy emblemáticas juntas de buen gobierno zapatistas, a la policía comunitaria en Guerrero y al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, entre muchas otras que se ejercen en los hechos. Todas ellas entrañan un amplio esfuerzo organizativo y han cobrado carta de legitimidad, porque legalidad la tienen y sobrada.
Recordemos el debate en torno a la organización de municipios autónomos que vivió en 1998 una fuerte crisis por el intento del gobierno chiapaneco de desmantelarlos, lo que se tradujo en hechos de violencia y una campaña de supuesto contenido jurídico para descalificarlos. Se cuestionó entonces su validez jurídica rechazando que el núcleo esencial de la creación jurídico-política de un municipio reside en la decisión mayoritaria de los habitantes del territorio correspondiente a partir de los artículos 39, 40, 41 y 115 y demás relativos en la Constitución general.
Es claro que en el marco del federalismo constitucional se pueden encontrar espacios de confluencia para la identidad pluricultural de la nación. La Constitución otorga facultad al Congreso de la Unión para admitir nuevos estados a la Unión Federal (artículo 73, fracción I), formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes (artículo 73, fracción III), para arreglar definitivamente los límites de los estados, determinando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios”. También encontramos que las constituciones locales establecen la posibilidad y el procedimiento de la remunicipalización.
De parte oficial, el entonces coordinador para el diálogo Emilio Rabasa presentó a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) un informe en estos términos: Las autoridades espurias de los municipios autónomos, además de violar la Constitución estatal y la general de la República, han caído en el delito de usurpación de funciones al realizar actos de carácter público como son los de registro civil, cobro de derechos o cualquier otro, por el que podrían tener una sanción de seis meses a cinco años de prisión y multa de 20 a 60 días de salario mínimo. En cuanto a las normas estatales, tanto la creación como la supresión de los municipios es competencia del Congreso del estado según el artículo 29 de la Constitución chiapaneca, en tanto que la incorporación o segregación en o entre los municipios no podrá hacerse sin la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, y en materia federal, según el 115, la integración de los ayuntamientos deberá hacerse mediante elección popular o, de lo contrario, cualquier acto de creación o desconocimiento de ayuntamientos y municipios será violatorio del voto popular ejercitado en la elección de las autoridades municipales, como lo establece el 116 constitucional, se configura una violación de la garantía constitucional que establece que los ayuntamientos serán electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. También afirmó que la ley para el diálogo no impedía el ejercicio de las facultades otorgadas a las autoridades y fuerzas de seguridad pública para que cumplan con su responsabilidad de garantizar la seguridad interior y la procuración de justicia (La Jornada, 11/5/98, nota de José Gil Olmos).
El proceso avanzó y el 9 de agosto de 2003 se instalaron formalmente las juntas de buen gobierno en Oventic, Chiapas, que en seis años han logrado construir y mantener un proyecto realmente autónomo, pese al descarrilamiento del proceso de diálogo impulsado conscientemente por el conjunto de la clase política, reivindicando la razón de Estado para impedir la concreción de la prometida nueva relación con los pueblos indígenas.
Ante el portazo de los tres poderes en que se organiza el Estado, decidieron continuar con la aplicación unilateral de los acuerdos de San Andrés en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para lograr el fortalecimiento de su autonomía, aun en medio de tensiones y enfrentamientos. Sólo baste recordar cómo se ha pretendido golpear a las juntas en Chiapas, maniobrando con los exiguos fondos públicos para mostrar divisiones en el seno del zapatismo. Ni qué decir de las ofertas a la policía comunitaria para convertirla en policía estatal o la complicidad de las autoridades oaxaqueñas frente a las violaciones de derechos humanos en la región triqui.
Al Estado le está resultando más cómodo diseñar sus políticas y programas con toda discrecionalidad y evadir impunemente sus responsabilidades con los pueblos indígenas, provenientes tanto del orden interno como del derecho internacional. De alguna manera se beneficia con la autonomía de estos pueblos que cubren funciones que deberían financiarse con recursos públicos. En contraste, para los pueblos la autonomía es la vía para defender su existencia y garantizar su dignidad.
8/6/09
Keeping Track of the Empire's Crimes
Assassinations and Coups
By WILLIAM BLUM
CounterPunch
If you catch the CIA with its hand in the cookie jar and the Agency admits the obvious — what your eyes can plainly see — that its hand is indeed in the cookie jar, it means one of two things:
There have been numerous news stories in recent months about secret CIA programs, hidden from Congress, inspired by former vice-president Dick Cheney, in operation since the September 11 terrorist attacks, involving assassination of al Qaeda operatives or other non-believers-in-the-Empire abroad without the knowledge of their governments. The Agency admits to some sort of program having existed, but insists that it was canceled; and if it was an assassination program it was canceled before anyone was actually assassinated. Another report has the US military, not the CIA, putting the plan — or was it a different plan? — into operation, carrying out several assassinations including one in Kenya that proved to be a severe embarrassment and helped lead to the quashing of the program. (The Guardian, July 13, 2009.)
All of this can be confusing to those following the news. And rather irrelevant. We already know that the United States has been assassinating non-believers, or suspected non-believers, with regularity, and impunity, in recent years, using unmanned planes (drones) firing missiles, in Yemen, Afghanistan, Pakistan, and Somalia, if not elsewhere. (Even more victims have been produced from amongst those who happened to be in the same house, car, wedding party, or funeral as the non-believer.) These murders apparently don't qualify as "assassinations", for somehow killing "terrorists" from 2000 feet is morally and legally superior to doing so from two feet away.
But whatever the real story is behind the current rash of speculation, we should not fall into the media's practice of at times intimating that multiple or routine CIA assassination attempts would be something shocking or at least very unusual.
I've compiled a list of CIA assassination attempts, successful and unsuccessful, against prominent foreign political figures, from 1949 through 2003, which, depending on how you count it, can run into the hundreds (targeting Fidel Castro alone totals 634 according to Cuban intelligence)2; the list can be updated by adding the allegedly al Qaeda leaders among the drone attack victims of recent years. Assassination and torture are the two things governments are most loath to admit to, and try their best to cover up. It's thus rare to find a government document or recorded statement mentioning a particular plan to assassinate someone. There is, however, an abundance of compelling circumstantial evidence to work with. The following list does not include several assassinations in various parts of the world carried out by anti-Castro Cubans employed by the CIA and headquartered in the United States.
For those of you who collect lists about splendid US foreign policy post-World War II, here are a few more that, lacking anything better to do, I've put together: Attempts to overthrow more than 50 foreign governments, most of which had been democratically-elected. (* = successful ouster of a government.)
After his June 4 Cairo speech, President Obama was much praised for mentioning the 1953 CIA overthrow of Iranian prime minister Mohammed Mossadegh. But in his talk in Ghana on July 11 he failed to mention the CIA coup that ousted Ghanian president Kwame Nkrumah in 1966, referring to him only as a "giant" among African leaders. The Mossadegh coup is one of the most well-known CIA covert actions. Obama could not easily get away without mentioning it in a talk in the Middle East looking to mend fences. But the Nkrumah ouster is one of the least known; indeed, not a single print or broadcast news report in the American mainstream media saw fit to mention it at the time of the president's talk. Like it never happened.
And the next time you hear that Africa can't produce good leaders, people who are committed to the welfare of the masses of their people, think of Nkrumah and his fate. And think of Patrice Lumumba, overthrown in the Congo 1960-61 with the help of the United States; Agostinho Neto of Angola, against whom Washington waged war in the 1970s, making it impossible for him to institute progressive changes; Samora Machel of Mozambique against whom the CIA supported a counter-revolution in the 1970s-80s period; and Nelson Mandela of South Africa (now married to Machel's widow), who spent 28 years in prison thanks to the CIA.
William Blum is the author of Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, Rogue State: a guide to the World's Only Super Power. and West-Bloc Dissident: a Cold War Political Memoir.
He can be reached at: BBlum6@aol.com
By WILLIAM BLUM
CounterPunch
If you catch the CIA with its hand in the cookie jar and the Agency admits the obvious — what your eyes can plainly see — that its hand is indeed in the cookie jar, it means one of two things:
a) the CIA's hand is in several other cookie jars at the same time which you don't know about and they hope that by confessing to the one instance they can keep the others covered up; or
b) its hand is not really in the cookie jar — it's an illusion to throw you off the right scent — but they want you to believe it.
There have been numerous news stories in recent months about secret CIA programs, hidden from Congress, inspired by former vice-president Dick Cheney, in operation since the September 11 terrorist attacks, involving assassination of al Qaeda operatives or other non-believers-in-the-Empire abroad without the knowledge of their governments. The Agency admits to some sort of program having existed, but insists that it was canceled; and if it was an assassination program it was canceled before anyone was actually assassinated. Another report has the US military, not the CIA, putting the plan — or was it a different plan? — into operation, carrying out several assassinations including one in Kenya that proved to be a severe embarrassment and helped lead to the quashing of the program. (The Guardian, July 13, 2009.)
All of this can be confusing to those following the news. And rather irrelevant. We already know that the United States has been assassinating non-believers, or suspected non-believers, with regularity, and impunity, in recent years, using unmanned planes (drones) firing missiles, in Yemen, Afghanistan, Pakistan, and Somalia, if not elsewhere. (Even more victims have been produced from amongst those who happened to be in the same house, car, wedding party, or funeral as the non-believer.) These murders apparently don't qualify as "assassinations", for somehow killing "terrorists" from 2000 feet is morally and legally superior to doing so from two feet away.
But whatever the real story is behind the current rash of speculation, we should not fall into the media's practice of at times intimating that multiple or routine CIA assassination attempts would be something shocking or at least very unusual.
I've compiled a list of CIA assassination attempts, successful and unsuccessful, against prominent foreign political figures, from 1949 through 2003, which, depending on how you count it, can run into the hundreds (targeting Fidel Castro alone totals 634 according to Cuban intelligence)2; the list can be updated by adding the allegedly al Qaeda leaders among the drone attack victims of recent years. Assassination and torture are the two things governments are most loath to admit to, and try their best to cover up. It's thus rare to find a government document or recorded statement mentioning a particular plan to assassinate someone. There is, however, an abundance of compelling circumstantial evidence to work with. The following list does not include several assassinations in various parts of the world carried out by anti-Castro Cubans employed by the CIA and headquartered in the United States.
1949 - Kim Koo, Korean opposition leader
1950s - CIA/Neo-Nazi hit list of more than 200 political figures in West Germany
to be "put out of the way" in the event of a Soviet invasion
1950s - Chou En-lai, Prime minister of China, several attempts on his life
1950s, 1962 - Sukarno, President of Indonesia
1951 - Kim Il Sung, Premier of North Korea
1953 - Mohammed Mossadegh, Prime Minister of Iran
1950s (mid) - Claro M. Recto, Philippines opposition leader
1955 - Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India
1957 - Gamal Abdul Nasser, President of Egypt
1959, 1963, 1969 - Norodom Sihanouk, leader of Cambodia
1960 - Brig. Gen. Abdul Karim Kassem, leader of Iraq
1950s-70s - José Figueres, President of Costa Rica, two attempts on his life
1961 - Francois "Papa Doc" Duvalier, leader of Haiti
1961 - Patrice Lumumba, Prime Minister of the Congo (Zaire)
1961 - Gen. Rafael Trujillo, leader of Dominican Republic
1963 - Ngo Dinh Diem, President of South Vietnam
1960s-70s - Fidel Castro, President of Cuba, many attempts on his life
1960s - Raúl Castro, high official in government of Cuba
1965 - Francisco Caamaño, Dominican Republic opposition leader
1965-6 - Charles de Gaulle, President of France
1967 - Che Guevara, Cuban leader
1970 - Salvador Allende, President of Chile
1970 - Gen. Rene Schneider, Commander-in-Chief of Army, Chile
1970s, 1981 - General Omar Torrijos, leader of Panama
1972 - General Manuel Noriega, Chief of Panama Intelligence
1975 - Mobutu Sese Seko, President of Zaire
1976 - Michael Manley, Prime Minister of Jamaica
1980-1986 - Muammar Qaddafi, leader of Libya, several plots and attempts upon his life
1982 - Ayatollah Khomeini, leader of Iran
1983 - Gen. Ahmed Dlimi, Moroccan Army commander
1983 - Miguel d'Escoto, Foreign Minister of Nicaragua
1984 - The nine comandantes of the Sandinista National Directorate
1985 - Sheikh Mohammed Hussein Fadlallah, Lebanese Shiite leader (80 people killed in the attempt)
1991 - Saddam Hussein, leader of Iraq
1993 - Mohamed Farah Aideed, prominent clan leader of Somalia
1998, 2001-2 - Osama bin Laden, leading Islamic militant
1999 - Slobodan Milosevic, President of Yugoslavia
2002 - Gulbuddin Hekmatyar, Afghan Islamic leader and warlord
2003 - Saddam Hussein and his two sons
For those of you who collect lists about splendid US foreign policy post-World War II, here are a few more that, lacking anything better to do, I've put together: Attempts to overthrow more than 50 foreign governments, most of which had been democratically-elected. (* = successful ouster of a government.)
Albania 1949-53
East Germany 1950s
Iran 1953 *
Guatemala 1954 *
Costa Rica mid-1950s
Syria 1956-7
Egypt 1957
Indonesia 1957-8
British Guiana 1953-64 *
Iraq 1963 *
North Vietnam 1945-73
Cambodia 1955-70 *
Laos 1958-60 *
Ecuador 1960-63 *
Congo 1960 *
France 1965
Brazil 1962-64 *
Dominican Republic 1963 *
Cuba 1959 to present
Bolivia 1964 *
Indonesia 1965 *
Ghana 1966 *
Chile 1964-73 *
Greece 1967 *
Costa Rica 1970-71
Bolivia 1971 *
Australia 1973-75 *
Angola 1975, 1980s
Zaire 1975
Portugal 1974-76 *
Jamaica 1976-80 *
Seychelles 1979-81
Chad 1981-82 *
Grenada 1983 *
South Yemen 1982-84
Suriname 1982-84
Fiji 1987 *
Libya 1980s
Nicaragua 1981-90 *
Panama 1989 *
Bulgaria 1990 *
Albania 1991 *
Iraq 1991
Afghanistan 1980s *
Somalia 1993
Yugoslavia 1999
Ecuador 2000 *
Afghanistan 2001 *
Venezuela 2002 *
Iraq 2003 *
After his June 4 Cairo speech, President Obama was much praised for mentioning the 1953 CIA overthrow of Iranian prime minister Mohammed Mossadegh. But in his talk in Ghana on July 11 he failed to mention the CIA coup that ousted Ghanian president Kwame Nkrumah in 1966, referring to him only as a "giant" among African leaders. The Mossadegh coup is one of the most well-known CIA covert actions. Obama could not easily get away without mentioning it in a talk in the Middle East looking to mend fences. But the Nkrumah ouster is one of the least known; indeed, not a single print or broadcast news report in the American mainstream media saw fit to mention it at the time of the president's talk. Like it never happened.
And the next time you hear that Africa can't produce good leaders, people who are committed to the welfare of the masses of their people, think of Nkrumah and his fate. And think of Patrice Lumumba, overthrown in the Congo 1960-61 with the help of the United States; Agostinho Neto of Angola, against whom Washington waged war in the 1970s, making it impossible for him to institute progressive changes; Samora Machel of Mozambique against whom the CIA supported a counter-revolution in the 1970s-80s period; and Nelson Mandela of South Africa (now married to Machel's widow), who spent 28 years in prison thanks to the CIA.
William Blum is the author of Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, Rogue State: a guide to the World's Only Super Power. and West-Bloc Dissident: a Cold War Political Memoir.
He can be reached at: BBlum6@aol.com
Jacinta Francisco Marcial: tres años de injusticia e impunidad que han separado a una familia indígena mexicana
Quetzalcoatl G. Fontanot
Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
*El 3 de agosto se han cumplido tres años desde que, con engaños, fue detenida doña Jacinta.
*El 7 de agosto vence el plazo para que la PGR acepte o rechace la recomendación de la CNDH.
*Organización Mundial Contra la Tortura emite comunicado sobre Jacinta.
El 26 de marzo de 2006 seis agentes federales de investigación, sin uniforme y sin orden “decomisaban” mercancia supuestamente pirata en el tianguis del centro de Santiago Mexquititlán. En un momento dado alguien pidió una orden para el decomiso. Entonces comenzó la tensión. Súbitamente los agentes oficiales se vieron despojados de la cobertura que su trabajo como policías les otorga. Los comerciantes habían pasado muchas veces por esa situación, pero era la primera vez que sentían una cierta ventaja. No siempre resulta tan claro que el momento en el que la impunidad se rompe, tiene la necesaria implicación de que la justicia está ausente desde hace mucho tiempo.
Llegaron el agente del Ministerio Público Federal (MPF) con sede en San Juan del Río, Querétaro, el licenciado Gerardo Cruz Bedolla, y el jefe regional de la AFI, Omar Evaristo Vega Leyva. En la plaza principal del pueblo hablaron con los comerciantes. Los funcionarios aseguraron que los agentes habían cometido un error y que iban a responder por los destrozos y daños causados. Tras un estira y afloja cada vez más tenso el jefe de la AFI y el MPF, incapaces de demostrar la legalidad de la acción, ofrecen que uno de los agentes permanezca en el lugar en lo que traían el dinero para pagar lo decomisado irregularmente, en virtud de que por alguna razón ya no tenían la mercancia original.
Según los testimonios que ha recopilado la defensa de Jacinta [el Centro de derechos humanos Fray Jacobo Daciano (CDH/FJD), de Querétaro, y el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)] sobre los hechos de ese día, t res horas después, los elementos de la AFI arribaron al pueblo acompañados de policías pertenecientes a otras corporaciones. Con ellos llegó un fotoperiodista del diario Noticias de Querétaro. Cuando llegaron los agentes, los comerciantes afectados, junto con las demás personas que protestaban contra los abusos cometidos, dialogaron en relación a los pagos. Todo esto estaba ocurriendo en el puro centro del pueblo.
Jacinta ¿Secuestradora?
Jacinta Francisco Marcial es madre de una entrañable familia ñháñhú (también conocidos como otomíes) cuyos integrantes de distintas maneras buscan lo que cualquier persona: vivir mejor y compartir eso con los suyos. Junto con su esposo, don Guillermo, Jacinta trabajaba en el negocio familiar de nieves y aguas. La tarde del 26 de marzo de 2006 Jacinta, quien no hablaba bien español, cuidaba su puesto de aguas mientras otros comerciantes se confrontaban con los AFI. Cerca de la hora en que en el centro del pueblo se daba el movimiento más intenso, Jacinta fue a inyectarse a la farmacia.
Camino a su puesto, tras administrarse su medicamento, el borlote, el bullicio, el gentío, llamaron su atención y se acercó a ver. Mientras echaba un vistazo a los sucesos el fotógrafo del diario Noticias de Querétaro imprimió una gráfica que fue publicada ilustrando los hechos, en la que Jacinta aparecía. A partir de esa “prueba” y sin que se le notificará nunca el hecho, Jacinta fue acusada de secuestro. Una tarde, más de cuatro meses después, unas personas buscaron a Jacinta en su casa y empezaron a confundirla. Le dijeron que tenía que acompañarlos por un asunto de una poda de árbol. Sin entender qué estaba sucediendo Jacinta fue subida a un vehículo sin identificación oficial que la llevó al Juzgado IV de Distrito del Estado de Querétaro.
El debido proceso para el caso de jacinta
Jacinta estaba estupefacta. La estaban llevando unas personas lejos de su familia por un árbol del que ella no sabía nada. Entendiendo aquello que su sagacidad le revelaba en esa lengua, el español, al mismo tiempo familiar y extraña. Inaccesible como la razón por la cual de pronto la metieron en un salón lleno de reporteros que empezaron a fotografiarla sin el menor pudor. Como si no valiera por ser lo que es: mujer, indígena, pobre. De nuevo las cámaras vulneraban no sólo la dignidad de Jacinta, sino la de todos los suyos, declarándola culpable sin proceso ni posibilidad real de defensa. Sólo que además ahora le estaban robando la vida, pues sin acabar nunca de comprender cómo ni porqué se encontraba detenida, ese día, 3 de agosto de 2006, Jacinta nunca lo olvidará, porque a partir de entonces lleva ya tres largos años en prisión.
El Centro Fray Jacobo Daciano y el Centro Prodh asumieron la defensa de Jacinta en diciembre de 2008, una vez que había sido dictada una sentencia en su contra en la que se le condenaba a 21 años de prisión y al pago de más de 90 mil pesos de multa. Se presentó una apelación que resultó exitosa, pues el juez ordenó la reposición del proceso. Ahora, durante la reposición, y gracias a la presión que se ha ejercido desde la opinión pública y la sociedad civil, se consiguió que la PGR presentara a los acusadores de Jacinta para un careo, mismo que durante el primer juicio no se dio (Jacinta ni siquiera conoció al juez en esa etapa).Sin embargo ahora el proceso está atorado porque existe un pequeño inconveniente: el AFI que supuestamente fue secuestrado ya no trabaja en la AFI y no ha mostrado interés por ratificar sus dichos.
El día de hoy se cumplen tres años de una gran injusticia en contra de Jacinta y su familia que demuestra las graves fallas que tiene en México el sistema de justicia. Hasta ahora han sido emitidas recomendaciones oficiales a favor de Jacinta desde distintas instancias oficiales como el Inmujeres, el Inali, y la CNDH, por mencionar algunas. De la misma manera la Organización Mundial Contra la Tortura emite hoy un comunicado al respecto. El 7 de agosto la PGR deberá determinar si acepta o no la recomendación de la CNDH, así como qué acciones implicará su postura.
En medio del clima de confrontación nacional que vivimos, Jacinta es una flor que simboliza indeleblemente una esperanza inextinguible que hoy nos demuestra que incluso en la adversidad podemos encontrar semillas para tejer nuevos sueños que nos permitan creer en un mundo que --por favor-- sea posible. La gran pregunta abierta es si el gobierno federal, tan dado a los manotazos grandilocuentes que algunos calificamos de machistas, tendrá la humildad para aceptar ante una mujer, ante una madre de familia, ante una indígena, ante todos los que hoy Jacinta somos: no sólo hubo errores, sino además mala fe.
Al final, la sonrisa de Jacinta no depende del perdón de los poderosos. La sonrisa de Jacinta depende de don Memo y de Estela y de cada uno de sus seres queridos. Y este es uno de esos sueños que siempre salen adelante. Por lo que ahora los que Jacinta somos esperamos ansiosos que se haga justicia y que no tuviera que pasar ni tres días más lejos de los suyos por algo que no hizo.
Quetzalcoatl g. Fontanot - Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
*El 3 de agosto se han cumplido tres años desde que, con engaños, fue detenida doña Jacinta.
*El 7 de agosto vence el plazo para que la PGR acepte o rechace la recomendación de la CNDH.
*Organización Mundial Contra la Tortura emite comunicado sobre Jacinta.
El 26 de marzo de 2006 seis agentes federales de investigación, sin uniforme y sin orden “decomisaban” mercancia supuestamente pirata en el tianguis del centro de Santiago Mexquititlán. En un momento dado alguien pidió una orden para el decomiso. Entonces comenzó la tensión. Súbitamente los agentes oficiales se vieron despojados de la cobertura que su trabajo como policías les otorga. Los comerciantes habían pasado muchas veces por esa situación, pero era la primera vez que sentían una cierta ventaja. No siempre resulta tan claro que el momento en el que la impunidad se rompe, tiene la necesaria implicación de que la justicia está ausente desde hace mucho tiempo.
Llegaron el agente del Ministerio Público Federal (MPF) con sede en San Juan del Río, Querétaro, el licenciado Gerardo Cruz Bedolla, y el jefe regional de la AFI, Omar Evaristo Vega Leyva. En la plaza principal del pueblo hablaron con los comerciantes. Los funcionarios aseguraron que los agentes habían cometido un error y que iban a responder por los destrozos y daños causados. Tras un estira y afloja cada vez más tenso el jefe de la AFI y el MPF, incapaces de demostrar la legalidad de la acción, ofrecen que uno de los agentes permanezca en el lugar en lo que traían el dinero para pagar lo decomisado irregularmente, en virtud de que por alguna razón ya no tenían la mercancia original.
Según los testimonios que ha recopilado la defensa de Jacinta [el Centro de derechos humanos Fray Jacobo Daciano (CDH/FJD), de Querétaro, y el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)] sobre los hechos de ese día, t res horas después, los elementos de la AFI arribaron al pueblo acompañados de policías pertenecientes a otras corporaciones. Con ellos llegó un fotoperiodista del diario Noticias de Querétaro. Cuando llegaron los agentes, los comerciantes afectados, junto con las demás personas que protestaban contra los abusos cometidos, dialogaron en relación a los pagos. Todo esto estaba ocurriendo en el puro centro del pueblo.
Jacinta ¿Secuestradora?
Jacinta Francisco Marcial es madre de una entrañable familia ñháñhú (también conocidos como otomíes) cuyos integrantes de distintas maneras buscan lo que cualquier persona: vivir mejor y compartir eso con los suyos. Junto con su esposo, don Guillermo, Jacinta trabajaba en el negocio familiar de nieves y aguas. La tarde del 26 de marzo de 2006 Jacinta, quien no hablaba bien español, cuidaba su puesto de aguas mientras otros comerciantes se confrontaban con los AFI. Cerca de la hora en que en el centro del pueblo se daba el movimiento más intenso, Jacinta fue a inyectarse a la farmacia.
Camino a su puesto, tras administrarse su medicamento, el borlote, el bullicio, el gentío, llamaron su atención y se acercó a ver. Mientras echaba un vistazo a los sucesos el fotógrafo del diario Noticias de Querétaro imprimió una gráfica que fue publicada ilustrando los hechos, en la que Jacinta aparecía. A partir de esa “prueba” y sin que se le notificará nunca el hecho, Jacinta fue acusada de secuestro. Una tarde, más de cuatro meses después, unas personas buscaron a Jacinta en su casa y empezaron a confundirla. Le dijeron que tenía que acompañarlos por un asunto de una poda de árbol. Sin entender qué estaba sucediendo Jacinta fue subida a un vehículo sin identificación oficial que la llevó al Juzgado IV de Distrito del Estado de Querétaro.
El debido proceso para el caso de jacinta
Jacinta estaba estupefacta. La estaban llevando unas personas lejos de su familia por un árbol del que ella no sabía nada. Entendiendo aquello que su sagacidad le revelaba en esa lengua, el español, al mismo tiempo familiar y extraña. Inaccesible como la razón por la cual de pronto la metieron en un salón lleno de reporteros que empezaron a fotografiarla sin el menor pudor. Como si no valiera por ser lo que es: mujer, indígena, pobre. De nuevo las cámaras vulneraban no sólo la dignidad de Jacinta, sino la de todos los suyos, declarándola culpable sin proceso ni posibilidad real de defensa. Sólo que además ahora le estaban robando la vida, pues sin acabar nunca de comprender cómo ni porqué se encontraba detenida, ese día, 3 de agosto de 2006, Jacinta nunca lo olvidará, porque a partir de entonces lleva ya tres largos años en prisión.
El Centro Fray Jacobo Daciano y el Centro Prodh asumieron la defensa de Jacinta en diciembre de 2008, una vez que había sido dictada una sentencia en su contra en la que se le condenaba a 21 años de prisión y al pago de más de 90 mil pesos de multa. Se presentó una apelación que resultó exitosa, pues el juez ordenó la reposición del proceso. Ahora, durante la reposición, y gracias a la presión que se ha ejercido desde la opinión pública y la sociedad civil, se consiguió que la PGR presentara a los acusadores de Jacinta para un careo, mismo que durante el primer juicio no se dio (Jacinta ni siquiera conoció al juez en esa etapa).Sin embargo ahora el proceso está atorado porque existe un pequeño inconveniente: el AFI que supuestamente fue secuestrado ya no trabaja en la AFI y no ha mostrado interés por ratificar sus dichos.
El día de hoy se cumplen tres años de una gran injusticia en contra de Jacinta y su familia que demuestra las graves fallas que tiene en México el sistema de justicia. Hasta ahora han sido emitidas recomendaciones oficiales a favor de Jacinta desde distintas instancias oficiales como el Inmujeres, el Inali, y la CNDH, por mencionar algunas. De la misma manera la Organización Mundial Contra la Tortura emite hoy un comunicado al respecto. El 7 de agosto la PGR deberá determinar si acepta o no la recomendación de la CNDH, así como qué acciones implicará su postura.
En medio del clima de confrontación nacional que vivimos, Jacinta es una flor que simboliza indeleblemente una esperanza inextinguible que hoy nos demuestra que incluso en la adversidad podemos encontrar semillas para tejer nuevos sueños que nos permitan creer en un mundo que --por favor-- sea posible. La gran pregunta abierta es si el gobierno federal, tan dado a los manotazos grandilocuentes que algunos calificamos de machistas, tendrá la humildad para aceptar ante una mujer, ante una madre de familia, ante una indígena, ante todos los que hoy Jacinta somos: no sólo hubo errores, sino además mala fe.
Al final, la sonrisa de Jacinta no depende del perdón de los poderosos. La sonrisa de Jacinta depende de don Memo y de Estela y de cada uno de sus seres queridos. Y este es uno de esos sueños que siempre salen adelante. Por lo que ahora los que Jacinta somos esperamos ansiosos que se haga justicia y que no tuviera que pasar ni tres días más lejos de los suyos por algo que no hizo.
Quetzalcoatl g. Fontanot - Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Marijuana is Safer: So Why Are We Driving People to Drink?
By Steve Fox and Paul Armentano and Mason Tvert
Chelsea Green Publishing
The following is an excerpt from the just-released book, Marijuana is Safer: So Why Are We Driving People to Drink?
by Steve Fox, Paul Armentano, and Mason Tvert (Chelsea Green, 2009).
Dateline: February 1, 2009. It’s Super Bowl Sunday and throughout the nation millions of Americans have stocked their shelves and refrigerators with alcohol for the big game. In living rooms across the country, guests will enjoy the libations and gawk at the humorous beer commercials sprinkled liberally throughout the telecast. Like the Fourth of July and fireworks, the Super Bowl and booze are an American tradition. There is no societal stigma associated with this excessive drinking. It is all part of the celebration. Like the old saying goes: “We don’t have a drinking problem. We drink. We get drunk. No problem.”
But as the day’s festivities build to a climax, the nation is thrown into turmoil. Internet headlines announce that Olympic swimming hero Michael Phelps, who months earlier had electrified audiences throughout the world by winning eight gold medals in Beijing, had been captured in full digital glory taking a bong hit at a private party. The horrors! How could he do such a thing?
Almost immediately online articles appear, replete with quotes of disillusionment from anyone with even a tangential connection to the world’s most decorated Olympian. Hours later, Phelps issues a public statement. He apologizes for his “regrettable” behavior and “bad judgment,” and promises “it will not happen again.” Was Phelps’s apology issued because he was reportedly also drunk and “obnoxious” at the same party? Of course not. Being drunk in public is not the sort of behavior that triggers public outrage and social condemnation.Taking a hit or two of marijuana, on the other hand, most certainly is.
In the days that followed, our society piled on the way it often does when someone famous is caught smoking grass. Predictably, there was mockery and derision. For example, one Huffington Post blogger posted a column with the headline, “Phelps Congratulates Cardinals on Super Bowl Win.”1 (The Arizona Cardinals lost the game on a last-minute touchdown, caught, ironically enough, by another recently outed marijuana smoker, Pittsburgh Steelers wide receiver Santonio Holmes.) The body of the essay included such “witticisms” as Phelps claiming to have missed the end of the game because of a “wicked attack of the munchies.” Naturally, the writer did not mock Phelps’s drunken behavior.
Several of Phelps’s corporate sponsors, while not immediately jumping off the financial gravy train, expressed their own sense of dismay. Michael Humphrey, chief executive of the PureSport beverage company, issued the following statement: “We applaud the fact that he (Michael Phelps) has taken full and immediate responsibility for his mistake and apologized to us, his fans and the public and we support him during this difficult time.” Similarly, a U.S. congressman from Phelps’s home state of Maryland, Elijah Cummings, appeared on television to express his deep concern and disappointment in this otherwise “great kid.”
By week’s end, America’s corporate establishment brought the hammer down upon Phelps. First, the Kellogg’s Company dropped the Olympic gold medalist as a spokesperson, explaining that his behavior was “not consistent with the image of Kellogg.” Soon thereafter, USA Swimming, the sport’s national governing body, suspended Phelps from competition for three months -- even though he had not violated any existing drug-testing policy. (Marijuana is not a prohibited substance during the off-season.) “[W]e decided to send a strong message to Michael,” the organization said, “because he disappointed so many people, particularly the hundreds of thousands of USA Swimming member kids who look up to him as a role model and a hero.”
Far from being outraged (at least publicly) about the decision, Phelps was contrite and repentant. According to USA Swimming, Phelps “voluntarily accepted this reprimand” and was “committed to earn[ing] back [their] trust.”
As if all of this wasn’t enough, Leon Lott, the sheriff in Richland County, South Carolina, where the bong hit heard round the world had occurred, launched a criminal investigation of the matter worthy of a hunt for a suspected terrorist. Several weeks following the incident, twelve armed deputies, with guns drawn, burst into the home where the party had taken place and arrested two residents. Cops also seized four laptops, a desktop computer, and an electronic storage device. They found less than six grams of marijuana in the home -- which is about what they would find in any off-campus apartment in the United States -- but they were hardly concerned about illegal contraband. Rather, the lawyers for the defendants said that the cops only wanted to know whether the two individuals had witnessed Phelps using marijuana. Richland County law enforcement officials later arrested six more individuals, all in an effort to weed out the nation’s most famous weed aficionado. Finally, after several weeks of this taxpayer-funded silliness, Sheriff Lott eventually announced that he had failed to find sufficient evidence to press criminal charges against Michael Phelps, or for that matter, anyone else.
Let’s review, shall we? The most successful Olympian in history attends a college party, pounds a few beers, and allegedly behaves like a drunken ass. At some point during the evening, he inhales a bit of marijuana. When all of this becomes public, he is run through the social, corporate, and legal wringer—but only for his suspected pot use. So what lesson has our champion swimmer learned? That’s simple. Next time he goes out in public, he should just stick to being drunk and obnoxious.
Michael Phelps’s story is hardly unique. Rather, it highlights the myriad ways that society intentionally steers citizens away from cannabis and toward the use of a more harmful substance, alcohol.
Sure, all Americans know that marijuana is illegal, and most are aware that the government purposely spreads misleading information about the drug’s allegedly adverse effects. But how many of you have stopped to think about the ways that other entities are directly or indirectly involved in maintaining cannabis prohibition? After all, the government could not uphold the status quo all by itself. It requires the assistance of private and public employers, athletic associations, and the mainstream media. Each of these groups, by acting according to (assumed) societal norms, their leaders’ own personal biases, or perhaps, as we discuss later, their own financial interests, take actions that reinforce the government’s criminalizing of cannabis.
While these coercive actions and public policies have certainly not eliminated the drug from our society, there is little doubt that collectively they have produced an artificially low level of marijuana use among U.S. adults.
Steve Fox is director of government relations for the Marijuana Policy Project. Paul Armentano is the deputy director of NORML (the National Organization for the Reform of Marijuana Laws), and Mason Tvert is co-founder of Safer Alternative for Enjoyable Recreation (SAFER)They are the co-authors of the book Marijuana Is Safer: So Why Are We Driving People to Drink (2009, Chelsea Green).
Chelsea Green Publishing
The following is an excerpt from the just-released book, Marijuana is Safer: So Why Are We Driving People to Drink?
by Steve Fox, Paul Armentano, and Mason Tvert (Chelsea Green, 2009).
Dateline: February 1, 2009. It’s Super Bowl Sunday and throughout the nation millions of Americans have stocked their shelves and refrigerators with alcohol for the big game. In living rooms across the country, guests will enjoy the libations and gawk at the humorous beer commercials sprinkled liberally throughout the telecast. Like the Fourth of July and fireworks, the Super Bowl and booze are an American tradition. There is no societal stigma associated with this excessive drinking. It is all part of the celebration. Like the old saying goes: “We don’t have a drinking problem. We drink. We get drunk. No problem.”
But as the day’s festivities build to a climax, the nation is thrown into turmoil. Internet headlines announce that Olympic swimming hero Michael Phelps, who months earlier had electrified audiences throughout the world by winning eight gold medals in Beijing, had been captured in full digital glory taking a bong hit at a private party. The horrors! How could he do such a thing?
Almost immediately online articles appear, replete with quotes of disillusionment from anyone with even a tangential connection to the world’s most decorated Olympian. Hours later, Phelps issues a public statement. He apologizes for his “regrettable” behavior and “bad judgment,” and promises “it will not happen again.” Was Phelps’s apology issued because he was reportedly also drunk and “obnoxious” at the same party? Of course not. Being drunk in public is not the sort of behavior that triggers public outrage and social condemnation.Taking a hit or two of marijuana, on the other hand, most certainly is.
In the days that followed, our society piled on the way it often does when someone famous is caught smoking grass. Predictably, there was mockery and derision. For example, one Huffington Post blogger posted a column with the headline, “Phelps Congratulates Cardinals on Super Bowl Win.”1 (The Arizona Cardinals lost the game on a last-minute touchdown, caught, ironically enough, by another recently outed marijuana smoker, Pittsburgh Steelers wide receiver Santonio Holmes.) The body of the essay included such “witticisms” as Phelps claiming to have missed the end of the game because of a “wicked attack of the munchies.” Naturally, the writer did not mock Phelps’s drunken behavior.
Several of Phelps’s corporate sponsors, while not immediately jumping off the financial gravy train, expressed their own sense of dismay. Michael Humphrey, chief executive of the PureSport beverage company, issued the following statement: “We applaud the fact that he (Michael Phelps) has taken full and immediate responsibility for his mistake and apologized to us, his fans and the public and we support him during this difficult time.” Similarly, a U.S. congressman from Phelps’s home state of Maryland, Elijah Cummings, appeared on television to express his deep concern and disappointment in this otherwise “great kid.”
By week’s end, America’s corporate establishment brought the hammer down upon Phelps. First, the Kellogg’s Company dropped the Olympic gold medalist as a spokesperson, explaining that his behavior was “not consistent with the image of Kellogg.” Soon thereafter, USA Swimming, the sport’s national governing body, suspended Phelps from competition for three months -- even though he had not violated any existing drug-testing policy. (Marijuana is not a prohibited substance during the off-season.) “[W]e decided to send a strong message to Michael,” the organization said, “because he disappointed so many people, particularly the hundreds of thousands of USA Swimming member kids who look up to him as a role model and a hero.”
Far from being outraged (at least publicly) about the decision, Phelps was contrite and repentant. According to USA Swimming, Phelps “voluntarily accepted this reprimand” and was “committed to earn[ing] back [their] trust.”
As if all of this wasn’t enough, Leon Lott, the sheriff in Richland County, South Carolina, where the bong hit heard round the world had occurred, launched a criminal investigation of the matter worthy of a hunt for a suspected terrorist. Several weeks following the incident, twelve armed deputies, with guns drawn, burst into the home where the party had taken place and arrested two residents. Cops also seized four laptops, a desktop computer, and an electronic storage device. They found less than six grams of marijuana in the home -- which is about what they would find in any off-campus apartment in the United States -- but they were hardly concerned about illegal contraband. Rather, the lawyers for the defendants said that the cops only wanted to know whether the two individuals had witnessed Phelps using marijuana. Richland County law enforcement officials later arrested six more individuals, all in an effort to weed out the nation’s most famous weed aficionado. Finally, after several weeks of this taxpayer-funded silliness, Sheriff Lott eventually announced that he had failed to find sufficient evidence to press criminal charges against Michael Phelps, or for that matter, anyone else.
Let’s review, shall we? The most successful Olympian in history attends a college party, pounds a few beers, and allegedly behaves like a drunken ass. At some point during the evening, he inhales a bit of marijuana. When all of this becomes public, he is run through the social, corporate, and legal wringer—but only for his suspected pot use. So what lesson has our champion swimmer learned? That’s simple. Next time he goes out in public, he should just stick to being drunk and obnoxious.
Michael Phelps’s story is hardly unique. Rather, it highlights the myriad ways that society intentionally steers citizens away from cannabis and toward the use of a more harmful substance, alcohol.
Sure, all Americans know that marijuana is illegal, and most are aware that the government purposely spreads misleading information about the drug’s allegedly adverse effects. But how many of you have stopped to think about the ways that other entities are directly or indirectly involved in maintaining cannabis prohibition? After all, the government could not uphold the status quo all by itself. It requires the assistance of private and public employers, athletic associations, and the mainstream media. Each of these groups, by acting according to (assumed) societal norms, their leaders’ own personal biases, or perhaps, as we discuss later, their own financial interests, take actions that reinforce the government’s criminalizing of cannabis.
While these coercive actions and public policies have certainly not eliminated the drug from our society, there is little doubt that collectively they have produced an artificially low level of marijuana use among U.S. adults.
Steve Fox is director of government relations for the Marijuana Policy Project. Paul Armentano is the deputy director of NORML (the National Organization for the Reform of Marijuana Laws), and Mason Tvert is co-founder of Safer Alternative for Enjoyable Recreation (SAFER)They are the co-authors of the book Marijuana Is Safer: So Why Are We Driving People to Drink (2009, Chelsea Green).
Preguntas sin respuestas
Jorge Lofredo
Rebelión
Ahora que ya concluyó el tiempo electoral y que la Comisión de Mediación (COMED) no ha vuelto a conformarse, ambos como una suerte de dique de contención de la actividad político-militar del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR), sus próximos pasos se han vuelto una incógnita.
En lo que refiere al grupo armado, la iniciativa que tome respecto a los desaparecidos es la interrogante más relevante que a corto plazo se presenta en este escenario. Puede notarse, de acuerdo a su actividad y sus comunicaciones, que ha decidido su línea exclusivamente en torno al tema de los desaparecidos. Sin embargo, agotadas aquellas instancias, la incertidumbre que se genera a su alrededor constituye un terreno ideal para todo tipo de especulaciones.
Grupos de estas características en el México de hoy no recurren al boicot político-militar contra las elecciones pero si aprovechan la disponibilidad que se les abre en los medios masivos de comunicación buscando exacerbar las contradicciones del sistema. Esto también implica que el proceso electoral tuvo un único valor; esto es, un medio que tienen a su alcance cuya única utilidad es la de hacer escuchar su voz y no otra cosa. Agotada esa jornada, retoman su ritmo habitual.
Sin embargo, la coyuntura se presenta distinta para el EPR; y ello porque al no obtener el grupo respuestas sobre las desapariciones (que es a lo único que está haciendo referencia puntual) ni la COMED ha encontrado un cambio “en los motivos y condiciones” que la llevaron a su disolución (éstos “no sólo subsisten, sino incluso se han agravado ante la manifiesta carencia de voluntad política del gobierno mexicano”, esgrimió en su texto del 13 de julio) los caminos empiezan a encontrar un cierre definitivo para su resolución. Peor aún: este escenario de amenaza y riesgo es sólo su parte visible (parafraseando al escritor y profesor Gilbert Achcar) e implica que lo que no es percibido resulta más amenazante y riesgoso.
Resta esperar algunos movimientos dentro del ámbito político, y no su agotamiento definitivo aún, como una nueva forma de denuncia (ahora encarada directamente por el grupo armado) o un proceso de denuncias internacionales, como llevó a cabo en agosto de 1997. Si ello fuese así, el EPR ha dejado pasar la oportunidad de anunciarlo dentro del espacio preelectoral, que le hubiese concitado alguna atención. Iniciar o remarcar una nueva iniciativa política respecto a los desaparecidos cedió ante la denuncia contra la administración federal y el Estado Mexicano y la exigencia de una respuesta a la Comisión de Mediación.
En las elecciones pasadas, no esgrimió ninguna respuesta original. No adoptó ninguna posición subversiva más allá de la que le otorga su propia condición de clandestino. No se diferenció al resto y, más aún, asumió una respuesta lúdica que implicaba escribir detrás de las boletas su nombre íntegro. De fondo, no consideró seriamente las propuestas para el voto positivo y tampoco las del “anulismo” y no profundizó en las razones que en otras circunstancias si utilizó para alguna ocasión semejante. Además de hacer suya una propuesta que no originó y la cual -hasta donde se sabe, carente de masividad- no ha redundado en alguna especie de “voto protesta” ni alguna razón revolucionaria. De hecho, el voto nulo estuvo, desde sus inicios, asimilado al proceso electoral.
No obstante, si el EPR se posiciona más allá de la cuestión electoral, por su doble condición de clandestino y revolucionario, es quien más obligado se encuentra para fijar posición. De hecho se ha sumado a la tendencia anulista del cual no fue su creador, tampoco su mayor impulsor y ni siquiera se generó desde espacios de izquierda. En definitiva, participó en el acto eleccionario junto a sectores con los que nada tiene en común pero que compartieron una misma actitud política. Para el caso, el llamado a no votar se hubiese comprendido dentro de la dinámica acostumbrada del grupo armado porque, de acuerdo con sus principios, si las elecciones nada cambian entonces no se debe votar, pues sólo la revolución es la alternativa. No tomar en serio el proceso electoral -fundamentalmente de eso se ha tratado- lo ha llevado a asumir un posicionamiento simbólico relativo y devaluado, más cercano a la intrascendencia que a la intransigencia.
A pesar de todo ello, el EPR aseveró: “no crean que estamos coqueteando o que es un paso a la claudicación (…) que sepa el pueblo que el Estado está propiciando una salida violenta y de nuestra parte la autodefensa armada”. (2 de julio) Para esto, vale mencionar lo expresado por el eperrismo en su comunicado del 16 de junio: “La vía armada revolucionaria históricamente ha sido la única que en México ha logrado cambios reales y favorables para nuestro pueblo a pesar de la violencia impuesta”. No es nueva esta definición aunque parece cobrar renovada vigencia.
Sigue sin respuesta la pregunta del comienzo: si las iniciativas actuales del EPR giran en torno al caso de sus desaparecidos y las instancias se están agotando, ¿cuáles serán sus próximos pasos? Más aún: ¿cambiará el eje gravitacional de sus políticas?
***
A través de sus textos, periódicamente sucede que las distintas organizaciones se refieran a las otras, especialmente respecto a su pasado común y reciente. No obstante, en este caso puede marcar una pauta de lo que vendrá a partir de lo que están destacando en ellos. En las mismas circunstancias que la Coordinación Revolucionaria repitió su llamado a la articulación de “un movimiento democrático, popular, nacional capaz de combinar todas las formas de lucha”, (25 de junio) el EPR volvió a afirmar que “la unidad del pueblo y sus organizaciones sigue siendo una tarea estratégica que todos debemos trabajar en función de ella”. “Desde luego que no será posible -y aquí está lo novedoso en el escrito del EPR- si los diferentes destacamentos de lucha de nuestro pueblo marchamos cada quien por su lado”. (23 de junio) En respuesta a ese comunicado (y que en definitiva lo vuelve trascendente), el ERPI subrayó: “La Unidad y/o coordinación revolucionaria debe darse, ninguna organización es autosuficiente en la actualidad”.
Rebelión
Ahora que ya concluyó el tiempo electoral y que la Comisión de Mediación (COMED) no ha vuelto a conformarse, ambos como una suerte de dique de contención de la actividad político-militar del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR), sus próximos pasos se han vuelto una incógnita.
En lo que refiere al grupo armado, la iniciativa que tome respecto a los desaparecidos es la interrogante más relevante que a corto plazo se presenta en este escenario. Puede notarse, de acuerdo a su actividad y sus comunicaciones, que ha decidido su línea exclusivamente en torno al tema de los desaparecidos. Sin embargo, agotadas aquellas instancias, la incertidumbre que se genera a su alrededor constituye un terreno ideal para todo tipo de especulaciones.
Grupos de estas características en el México de hoy no recurren al boicot político-militar contra las elecciones pero si aprovechan la disponibilidad que se les abre en los medios masivos de comunicación buscando exacerbar las contradicciones del sistema. Esto también implica que el proceso electoral tuvo un único valor; esto es, un medio que tienen a su alcance cuya única utilidad es la de hacer escuchar su voz y no otra cosa. Agotada esa jornada, retoman su ritmo habitual.
Sin embargo, la coyuntura se presenta distinta para el EPR; y ello porque al no obtener el grupo respuestas sobre las desapariciones (que es a lo único que está haciendo referencia puntual) ni la COMED ha encontrado un cambio “en los motivos y condiciones” que la llevaron a su disolución (éstos “no sólo subsisten, sino incluso se han agravado ante la manifiesta carencia de voluntad política del gobierno mexicano”, esgrimió en su texto del 13 de julio) los caminos empiezan a encontrar un cierre definitivo para su resolución. Peor aún: este escenario de amenaza y riesgo es sólo su parte visible (parafraseando al escritor y profesor Gilbert Achcar) e implica que lo que no es percibido resulta más amenazante y riesgoso.
Resta esperar algunos movimientos dentro del ámbito político, y no su agotamiento definitivo aún, como una nueva forma de denuncia (ahora encarada directamente por el grupo armado) o un proceso de denuncias internacionales, como llevó a cabo en agosto de 1997. Si ello fuese así, el EPR ha dejado pasar la oportunidad de anunciarlo dentro del espacio preelectoral, que le hubiese concitado alguna atención. Iniciar o remarcar una nueva iniciativa política respecto a los desaparecidos cedió ante la denuncia contra la administración federal y el Estado Mexicano y la exigencia de una respuesta a la Comisión de Mediación.
En las elecciones pasadas, no esgrimió ninguna respuesta original. No adoptó ninguna posición subversiva más allá de la que le otorga su propia condición de clandestino. No se diferenció al resto y, más aún, asumió una respuesta lúdica que implicaba escribir detrás de las boletas su nombre íntegro. De fondo, no consideró seriamente las propuestas para el voto positivo y tampoco las del “anulismo” y no profundizó en las razones que en otras circunstancias si utilizó para alguna ocasión semejante. Además de hacer suya una propuesta que no originó y la cual -hasta donde se sabe, carente de masividad- no ha redundado en alguna especie de “voto protesta” ni alguna razón revolucionaria. De hecho, el voto nulo estuvo, desde sus inicios, asimilado al proceso electoral.
No obstante, si el EPR se posiciona más allá de la cuestión electoral, por su doble condición de clandestino y revolucionario, es quien más obligado se encuentra para fijar posición. De hecho se ha sumado a la tendencia anulista del cual no fue su creador, tampoco su mayor impulsor y ni siquiera se generó desde espacios de izquierda. En definitiva, participó en el acto eleccionario junto a sectores con los que nada tiene en común pero que compartieron una misma actitud política. Para el caso, el llamado a no votar se hubiese comprendido dentro de la dinámica acostumbrada del grupo armado porque, de acuerdo con sus principios, si las elecciones nada cambian entonces no se debe votar, pues sólo la revolución es la alternativa. No tomar en serio el proceso electoral -fundamentalmente de eso se ha tratado- lo ha llevado a asumir un posicionamiento simbólico relativo y devaluado, más cercano a la intrascendencia que a la intransigencia.
A pesar de todo ello, el EPR aseveró: “no crean que estamos coqueteando o que es un paso a la claudicación (…) que sepa el pueblo que el Estado está propiciando una salida violenta y de nuestra parte la autodefensa armada”. (2 de julio) Para esto, vale mencionar lo expresado por el eperrismo en su comunicado del 16 de junio: “La vía armada revolucionaria históricamente ha sido la única que en México ha logrado cambios reales y favorables para nuestro pueblo a pesar de la violencia impuesta”. No es nueva esta definición aunque parece cobrar renovada vigencia.
Sigue sin respuesta la pregunta del comienzo: si las iniciativas actuales del EPR giran en torno al caso de sus desaparecidos y las instancias se están agotando, ¿cuáles serán sus próximos pasos? Más aún: ¿cambiará el eje gravitacional de sus políticas?
***
A través de sus textos, periódicamente sucede que las distintas organizaciones se refieran a las otras, especialmente respecto a su pasado común y reciente. No obstante, en este caso puede marcar una pauta de lo que vendrá a partir de lo que están destacando en ellos. En las mismas circunstancias que la Coordinación Revolucionaria repitió su llamado a la articulación de “un movimiento democrático, popular, nacional capaz de combinar todas las formas de lucha”, (25 de junio) el EPR volvió a afirmar que “la unidad del pueblo y sus organizaciones sigue siendo una tarea estratégica que todos debemos trabajar en función de ella”. “Desde luego que no será posible -y aquí está lo novedoso en el escrito del EPR- si los diferentes destacamentos de lucha de nuestro pueblo marchamos cada quien por su lado”. (23 de junio) En respuesta a ese comunicado (y que en definitiva lo vuelve trascendente), el ERPI subrayó: “La Unidad y/o coordinación revolucionaria debe darse, ninguna organización es autosuficiente en la actualidad”.
Rod Coronado's War for Wildlife
The Hardest Working Man in Animal Rights "Terrorism"
By MICHAEL DONNELLY
CounterPunch
On November 8, 1986, Rod Coronado and David Hewitt emerged after laying in freezing rain for an hour and destroyed the control room of the whaling station (read: slaughterhouse) on an Icelandic fiord. They then quickly entered the nearby offices and confiscated record books proving that whaling was being carried out despite an International Whaling Commission ban.
Nerve center in ruins and proof in hand, the activists then sped back to Reykjavik harbor and boarded two of Iceland's four modern whale-killing ships. A short time later, both ships were on the bottom.
The incident garnered international publicity for Sea Shepherd, the group that now, decades later, stars in Animal Planet TV’s popular series Whale Wars. And, the action was so successful that it was nine years before Icelandic whalers killed another whale.
But, the launching of Rod Coronado on a decades-long effort in defense of animals had more far-reaching impacts.
Animal Rights? What’s that about?
In Operation Bite Back, Dean Kuipers takes the reader on an engrossing tale that reads like a whodunit (they dunit?). Action after action carried out by Coronado and various allies are presented in detail, taking one along through the identifying of and then the casing of targets to the actual, heart-racing “night work” itself.
Coronado used arson, taking care to never harm anyone, to destroy animal research facilities at Washington State University, Oregon State University, Michigan State University and others. He went on to attacks on private industry facilities, such as mink farms, as well.
The factual accounts of these actions make up the bulk of the book. But, it is the examination of the reasoning behind the actions that sets this book apart from so many others written about environmental sabotage (ecotage) since the beginnings of the radical environmental movement in the 1970s.
Most authors lazily adopt Wise Use Guru Ron Arnold’s shorthand “Ecoterrorism” when describing such activities. But, Kuipers knows better. He quotes Dave Foreman, co-founder of Earth First! on the topic: “Edward Abbey properly said that terrorism targets people and that sabotage, or ecotage, targets property.”
From there, Kuipers studies the underlying reasons behind such ecotage and presents a remarkably sympathetic view of the motivations of Coronado and the entire Animal Rights Movement. Right from the beginning of the book with a chapter On Nonviolence, we are seeped in the philosophy of it all. Not just Foreman, but many others who have long been part of the radical environmental movement give their interpretations. Kuipers interviewed a cooperative who’s who of the movement which is the main reason the book rings so true as to motivations.
We get some history of Earth First!, beginning with the famous “crack” on the face of Glen Canyon Dam – the target of the protagonists in Abbey’s seminal The Monkey Wrench Gang – which Kuipers accurately calls ‘the founding myth of a movement.
In March 1981, four men and one woman place a football field sized plastic sheet, carved to look like a crack, over the face of the dam, launching Earth First! – an idea, not an organization. Years later, after his first stint in prison for his activities, Rod Coronado spent time as an editor of the Earth First! Journal, the closest thing to an organization the “idea” ever became.
Another EF! co-founder, Mike Roselle, notes how EF!, the Animal Liberation Front et al. begin life when they “put the idea out in the air…and whole sets of tactics and propaganda (are) picked up and used without any central organization at all.”
The Making of an Activist
“I believe there comes a time in everyone’s life when we have to honestly ask ourselves why we are here; doing whatever it is we do on this beautiful planet."
--Rod Coronado
While the supportive recounting of the motivations behind the movement will be welcomed by activists used to being slandered with the “terrorist” label, the telling of Rod Coronado’s personal motivations and how he came to them is the heart of the story.
It begins with the young Yaqui Indian growing up in California immersing himself in books on Geronimo, Dee Brown’s devastating Bury My Heart at Wounded Knee, and spending time with family in the wild mountains. Even as an early teen, Rod was a rebel, protesting at the Lawrence Livermore Lab near his home. He joined Sea Shepherd when he was thirteen.
These readings and experiences led Rod to philosophical bonds with the ecological movement that was set out in Sessions and Devall’s 1985 book Deep Ecology.
He started out working to save whales. But, soon the outrage of Fur Farming was in his view. He began shooting clandestine videos of fur farm abuses. But, the resulting tapes didn’t bring about the closure, or even any sabotage, of such facilities, so he decided, along with his ally Jonathan Paul (now serving time for successfully destroying an Oregon Horse Slaughtering plant for meat sales to Belgium – which was never rebuilt) to become “mercenaries for the movement..”
On March 3, 1995, Coronado pleaded guilty to one count of arson related to the Michigan State University action that the book details at length. He served more than four years in the federal prison in Tucson. As part of the plea, he admitted his part in all of the Animal Rights actions, while never giving up accomplices or anything that even remotely could be used against anyone else – an ethic that sadly went missing with later Earth Liberation Front (ELF) actions.
(Kuipers finishes with a chapter examining the ELF and resulting Green Scare arrests/incarcerations. I found it one of the best I’ve yet read on the topic.)
Incarcerating Coronado didn’t lead to much of a drop-off in such actions. But, by mid-1996, attacks on the fur industry mushroomed. Sites in Minnesota, Massachusetts, Utah, Tennessee and New York went up in flames.
By October of 1996, the ELF made its first US appearance when Jake Ferguson and Josephine Overaker tried to burn down the Forest service Ranger Station in tiny Detroit, Oregon. Two days, later they and Kevin Tubbs were successful in destroying the Ranger Station in nearby Oakridge, Oregon. The “torch” as it were, was passed.
Rod got out of prison in 1999, took the EF! editor job and laid low until he was off probation. By then, the FBI was on record making “ecoterrorism” a “top priority.” Soon thereafter, I spent a night discussing the state of the planet with Rod under the stars at an Apache hot springs once frequented by Geronimo. Rod was tired and wanted to just be a spokesperson and have a more normal life.
But, Rod couldn’t stay away from defending animals for very long. Once he was off probation, he destroyed a trap set to capture mountain lions in Sabino Canyon outside of Tucson. He served another eight months for that one, lucky to avoid the years of “terrorism enhancement” sentences the Green Scare defendants had tacked on to their prison time.
Talking Fire in a Crowded Room
The book also examines and ends with the 2006 arrest and prosecution of Coronado for merely talking in San Diego about how to build an incendiary device – part of his usual boilerplate speech; but in this case, a more elongated answer to an audience member’s question. No matter that no one ever built a device based on his explanations; no matter that he hadn’t used an incendiary device for eleven years; he was charged under a 1997 statute sponsored by Sens. Dianne Feinstien and Joe Biden. He was looking at doing 18 years for his not-so-Free Speech.
Eventually, a jury deadlocked 11-1 in favor of acquittal. But that didn’t stop the Feds. They continued to dog him and eventually he agreed to a plea of one year and a day.
Tireless civil rights attorney Ben Rosenfeld wrote in a Counterpunch essay, “The new case against Coronado is as stark a case about free speech as this country has ever seen. Measured against any historic test of free speech, Coronado's behavior -- i.e., his speech -- was alarmingly protected and uncriminal.”
Dean Kuipers has done a remarkable service writing this book. While about one warrior/activist and his amazing dedication to his cause, the book goes much further and presents an entire movement and the myriad of activists who put personal safety and comfort below allegiance to the welfare of other species that inhabit “this beautiful planet.”
Rod Coronado never caused a single physical injury to anyone. He is a visionary who always takes responsibility his actions and beliefs. Many others, an entire movement, share his view “that peace for the Earth and animals could only come through aggressive and sometimes destructive actions.” This book gives them all the respect they are due.
MICHAEL DONNELLY is an eco-activist. While he does not believe in the overall efficacy of ecotage due to the government’s ability to use such events to justify sweeping crackdowns, he supports the actions and speech of those who do. He can be reached at pahtoo@aol.com
By MICHAEL DONNELLY
CounterPunch
On November 8, 1986, Rod Coronado and David Hewitt emerged after laying in freezing rain for an hour and destroyed the control room of the whaling station (read: slaughterhouse) on an Icelandic fiord. They then quickly entered the nearby offices and confiscated record books proving that whaling was being carried out despite an International Whaling Commission ban.
Nerve center in ruins and proof in hand, the activists then sped back to Reykjavik harbor and boarded two of Iceland's four modern whale-killing ships. A short time later, both ships were on the bottom.
The incident garnered international publicity for Sea Shepherd, the group that now, decades later, stars in Animal Planet TV’s popular series Whale Wars. And, the action was so successful that it was nine years before Icelandic whalers killed another whale.
But, the launching of Rod Coronado on a decades-long effort in defense of animals had more far-reaching impacts.
Animal Rights? What’s that about?
In Operation Bite Back, Dean Kuipers takes the reader on an engrossing tale that reads like a whodunit (they dunit?). Action after action carried out by Coronado and various allies are presented in detail, taking one along through the identifying of and then the casing of targets to the actual, heart-racing “night work” itself.
Coronado used arson, taking care to never harm anyone, to destroy animal research facilities at Washington State University, Oregon State University, Michigan State University and others. He went on to attacks on private industry facilities, such as mink farms, as well.
The factual accounts of these actions make up the bulk of the book. But, it is the examination of the reasoning behind the actions that sets this book apart from so many others written about environmental sabotage (ecotage) since the beginnings of the radical environmental movement in the 1970s.
Most authors lazily adopt Wise Use Guru Ron Arnold’s shorthand “Ecoterrorism” when describing such activities. But, Kuipers knows better. He quotes Dave Foreman, co-founder of Earth First! on the topic: “Edward Abbey properly said that terrorism targets people and that sabotage, or ecotage, targets property.”
From there, Kuipers studies the underlying reasons behind such ecotage and presents a remarkably sympathetic view of the motivations of Coronado and the entire Animal Rights Movement. Right from the beginning of the book with a chapter On Nonviolence, we are seeped in the philosophy of it all. Not just Foreman, but many others who have long been part of the radical environmental movement give their interpretations. Kuipers interviewed a cooperative who’s who of the movement which is the main reason the book rings so true as to motivations.
We get some history of Earth First!, beginning with the famous “crack” on the face of Glen Canyon Dam – the target of the protagonists in Abbey’s seminal The Monkey Wrench Gang – which Kuipers accurately calls ‘the founding myth of a movement.
In March 1981, four men and one woman place a football field sized plastic sheet, carved to look like a crack, over the face of the dam, launching Earth First! – an idea, not an organization. Years later, after his first stint in prison for his activities, Rod Coronado spent time as an editor of the Earth First! Journal, the closest thing to an organization the “idea” ever became.
Another EF! co-founder, Mike Roselle, notes how EF!, the Animal Liberation Front et al. begin life when they “put the idea out in the air…and whole sets of tactics and propaganda (are) picked up and used without any central organization at all.”
The Making of an Activist
“I believe there comes a time in everyone’s life when we have to honestly ask ourselves why we are here; doing whatever it is we do on this beautiful planet."
--Rod Coronado
While the supportive recounting of the motivations behind the movement will be welcomed by activists used to being slandered with the “terrorist” label, the telling of Rod Coronado’s personal motivations and how he came to them is the heart of the story.
It begins with the young Yaqui Indian growing up in California immersing himself in books on Geronimo, Dee Brown’s devastating Bury My Heart at Wounded Knee, and spending time with family in the wild mountains. Even as an early teen, Rod was a rebel, protesting at the Lawrence Livermore Lab near his home. He joined Sea Shepherd when he was thirteen.
These readings and experiences led Rod to philosophical bonds with the ecological movement that was set out in Sessions and Devall’s 1985 book Deep Ecology.
He started out working to save whales. But, soon the outrage of Fur Farming was in his view. He began shooting clandestine videos of fur farm abuses. But, the resulting tapes didn’t bring about the closure, or even any sabotage, of such facilities, so he decided, along with his ally Jonathan Paul (now serving time for successfully destroying an Oregon Horse Slaughtering plant for meat sales to Belgium – which was never rebuilt) to become “mercenaries for the movement..”
On March 3, 1995, Coronado pleaded guilty to one count of arson related to the Michigan State University action that the book details at length. He served more than four years in the federal prison in Tucson. As part of the plea, he admitted his part in all of the Animal Rights actions, while never giving up accomplices or anything that even remotely could be used against anyone else – an ethic that sadly went missing with later Earth Liberation Front (ELF) actions.
(Kuipers finishes with a chapter examining the ELF and resulting Green Scare arrests/incarcerations. I found it one of the best I’ve yet read on the topic.)
Incarcerating Coronado didn’t lead to much of a drop-off in such actions. But, by mid-1996, attacks on the fur industry mushroomed. Sites in Minnesota, Massachusetts, Utah, Tennessee and New York went up in flames.
By October of 1996, the ELF made its first US appearance when Jake Ferguson and Josephine Overaker tried to burn down the Forest service Ranger Station in tiny Detroit, Oregon. Two days, later they and Kevin Tubbs were successful in destroying the Ranger Station in nearby Oakridge, Oregon. The “torch” as it were, was passed.
Rod got out of prison in 1999, took the EF! editor job and laid low until he was off probation. By then, the FBI was on record making “ecoterrorism” a “top priority.” Soon thereafter, I spent a night discussing the state of the planet with Rod under the stars at an Apache hot springs once frequented by Geronimo. Rod was tired and wanted to just be a spokesperson and have a more normal life.
But, Rod couldn’t stay away from defending animals for very long. Once he was off probation, he destroyed a trap set to capture mountain lions in Sabino Canyon outside of Tucson. He served another eight months for that one, lucky to avoid the years of “terrorism enhancement” sentences the Green Scare defendants had tacked on to their prison time.
Talking Fire in a Crowded Room
The book also examines and ends with the 2006 arrest and prosecution of Coronado for merely talking in San Diego about how to build an incendiary device – part of his usual boilerplate speech; but in this case, a more elongated answer to an audience member’s question. No matter that no one ever built a device based on his explanations; no matter that he hadn’t used an incendiary device for eleven years; he was charged under a 1997 statute sponsored by Sens. Dianne Feinstien and Joe Biden. He was looking at doing 18 years for his not-so-Free Speech.
Eventually, a jury deadlocked 11-1 in favor of acquittal. But that didn’t stop the Feds. They continued to dog him and eventually he agreed to a plea of one year and a day.
Tireless civil rights attorney Ben Rosenfeld wrote in a Counterpunch essay, “The new case against Coronado is as stark a case about free speech as this country has ever seen. Measured against any historic test of free speech, Coronado's behavior -- i.e., his speech -- was alarmingly protected and uncriminal.”
Dean Kuipers has done a remarkable service writing this book. While about one warrior/activist and his amazing dedication to his cause, the book goes much further and presents an entire movement and the myriad of activists who put personal safety and comfort below allegiance to the welfare of other species that inhabit “this beautiful planet.”
Rod Coronado never caused a single physical injury to anyone. He is a visionary who always takes responsibility his actions and beliefs. Many others, an entire movement, share his view “that peace for the Earth and animals could only come through aggressive and sometimes destructive actions.” This book gives them all the respect they are due.
MICHAEL DONNELLY is an eco-activist. While he does not believe in the overall efficacy of ecotage due to the government’s ability to use such events to justify sweeping crackdowns, he supports the actions and speech of those who do. He can be reached at pahtoo@aol.com
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