Los Electricistas Contra todo un Sistema de Pode

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Héctor Gómora

Rebelión


En perfecta congruencia con los anti-humanos principios del modelo neoliberal que lo engendró, el “gobierno” de México (su dudosa legitimidad me lleva a entrecomillarlo), ha lanzado un golpe significativo contra la industria eléctrica mexicana, al decretar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), una institución del Estado que es emblemática no sólo de la propiedad de la nación sobre sus energéticos, sino también de presencia sindical.

Desde hace años se esperaba una acción de esta envergadura en el ramo eléctrico. Los sucesivos gobiernos neoliberales han venido trabajando pacientemente para desmantelar las instituciones nacionales vinculadas con las dos grandes ramas energéticas: petróleo y electricidad. Son muchas ya las acciones, más o menos solapadas, que se han efectuado para entregar progresivamente su control a los grandes capitales, tanto extranjeros como nacionales. Se han creado formas de asociación de muy dudosa legalidad, como los Contratos de Servicios Múltiples, para ir incorporando al capital privado en la generación de energía eléctrica y en la extracción y refinación del petróleo, ramas señaladas como estratégicas y exclusivas del Estado por la Constitución. Y una de las principales líneas tácticas ha sido el progresivo desmantelamiento de las empresas estatales encargadas de esas ramas económicas.

A Petróleos Mexicanos se le ha estrangulado económicamente al imponerle un régimen fiscal que le quita todas sus ganancias, de modo que se le impide crecer… para luego declarar que es una empresa insuficiente y que es necesario meter al capital privado. También se ha estrangulado económicamente al sector eléctrico, recortándole recursos y también introduciendo paulatinamente a capitales privados que van tomando parte en la generación de electricidad.

Así pues, el decreto de extinción de LFC es el más reciente capítulo en la ofensiva paulatina, paciente, pero hasta ahora efectiva, para entregar el enorme negocio de los energéticos a los voraces grandes capitales.

En su decreto de extinción, el gobierno presentó a LFC como un organismo ineficiente, que costaba al pueblo de México mucho más de lo que redituaba. Además culpó a los trabajadores de la grave situación financiera, acusándolos de tener privilegios que contribuían al deterioro financiero. Como era de esperarse, los medios cerraron filas y retomaron esas ideas cerrándose completamente a las voces de muchos expertos que las refutaban de manera contundente: LFC tenía efectivamente un grave deterioro económico, pero en el cual pesaban más otros factores, como las altas tarifas con las que debía comprar la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuotas que fijaban las autoridades y no los trabajadores. Sobre esa compra de energía, también se ha argumentado que LFC debía desaparecer porque no tenía sentido mantener una empresa que no generaba electricidad sino que se dedicaba a comprarla; sin embargo esa idea no toma en consideración que si LFC no podía generar por sí sola toda la electricidad necesaria era precisamente por la descapitalización debida a las altas tarifas y por el deterioro sufrido a causa de recortes presupuestales. Huelga decir que todas esas acciones no las decidían los trabajadores.

Como también es costumbre, el sistema ha lanzado paralelamente una estrategia que podríamos llamar “de animadversión”, buscando ganarse a quienes están acostumbrados a pensar con el hígado. Para ello se ha hablado mucho en los medios de “privilegios”, cuando que podrían verse también como conquistas de los trabajadores mismos, y que si otros gremios no tienen es porque no han luchado por ellas. También se ha dado mucha difusión a las desagradables experiencias que muchos hemos sufrido en relación con la energía eléctrica en el centro del país, donde operaba LFC: apagones que tardaban días en repararse, malos tratos en las oficinas, cobros exorbitantes y muchos etcéteras. Al respecto es lamentable que queramos sentarnos a pensar por nosotros mismos y advertir que las personas con quienes tratamos no son quienes tomas las decisiones, sino sólo quienes las ejecutan.

Creemos además que los retrasos de servicio obedecen siempre a la flojera de los trabajadores, cuando que también muchas veces se deben a que la falta de recursos (recuérdese la descapitalización de la empresa) no permite un mantenimiento adecuado, ni disponer de refacciones, ni del equipo material y humano necesario para dar un buen servicio. Desde luego, muchas veces sí se trata de una falta de ética laboral por parte de los trabajadores, pero sería indecente afirmar, sólo al buen tun-tún, sin bases, que es el factor de más peso. No es serio formarse un juicio de esta problemática sólo con base en un anecdotario del tipo “a mí una vez me pasó que…” En nuestro país la falta de ética laboral es algo lamentablemente muy extendido, y no por eso vamos a aplaudir que de un plumazo se desaparezca una empresa, lanzando a la calle a sus empleados (en el caso de LFC, alrededor de 40 mil nada más).

También en abierto menosprecio por la inteligencia de la gente, se han venido sucediendo grandes apagones, casualmente al tiempo que surgió el conflicto. Tampoco esto es nuevo. Durante el gobierno de Zedillo también los hubo cuando estaba en plena campaña mediática en contra de la eficiencia del servicio público de electricidad. Desde luego, actualmente se acusa a los trabajadores de LFC de estar saboteando las líneas, mientras que éstos responden que en realidad se debe en parte a la falta de mantenimiento por escasez de recursos y a la falta de personal luego de que el gobierno sacara a todos los trabajadores apoyándose en el ejército, lo cual se está volviendo ya un distintivo del actual inquilino de Los Pinos.

La difícil elección de las estrategias

Sin embargo, el que los argumentos del gobierno sean deleznables no cambia el hecho de que éste tiene a los medios de su lado, y la experiencia histórica permite suponer que esa campaña de desprestigio está permeando en una parte significativa de la sociedad, y es en ella donde los trabajadores tienen la única fuerza para resistir y salir victoriosos.

Es necesario entender un hecho fundamental que no parece estar aún lo suficientemente claro en nuestra sociedad: nos gobierna un sistema de poder donde el gobierno es sólo el ejecutor, pues con él están organizados las cúpulas de casi todos los sindicatos, del ejército, del clero y de TODOS los partidos políticos con registro, así como la industria del periodismo y los intelectuales orgánicos; todos ellos aglutinados alrededor del elemento más importante: las grandes élites financieras y empresariales, donde está el verdadero poder. Así pues, las instituciones son parte del sistema y eso explica que cada vez que un movimiento ha intentado usar las vías institucionales no logra sus objetivos plenamente. Los intentos por llevar a los tribunales a los autores intelectuales de masacre como las de Acteal, Aguas Blancas o El Bosque, a los bandidos del Fobaproa y cientos de etcéteras han terminado en nada. Es lógico entonces que el discurso oficialista siempre invoque las instituciones, que éstas sean usadas para canalizar los descontentos; de esa manera tiene asegurada su victoria, y si algún movimiento se resiste a caer en esa trampa se le construye en los medios una imagen de intransigencia, de desprecio a las reglas de una sociedad democrática, moderna, tolerante y demás florituras que son fácilmente desarrolladas.

Sin embargo, la historia –la maestra suprema- nos dice que muchos de los movimientos sociales que han trascendido, que han logrado cambios significativos son precisamente los que no se dejaron enredar por el discurso de respeto a las instituciones; son movimientos a los que en su momento se les cubrió de vituperios. La historia muestra que cuando un gobierno autoritario y despótico pide respeto a las instituciones lo que está haciendo es tender una trampa para ver si el oponente cae.

Sin embargo esa maniobra es altamente efectiva, y muchos movimientos, por no entender que se enfrentan a todo un sistema y/o por temor a ser linchados en los medios, acuden por ejemplo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cuyo presidente es nombrado por el Congreso), la Suprema Corte de Justicia (cuyos miembros también son nombrados por el Congreso), la Procuraduría General de la República (cuyo patrón es el Gobierno Federal) u organismos similares pidiendo justicia, la cual nunca llega. Es sólo cosa de ver la historia para comprobar este dicho.

Sin embargo, los movimientos que se han rehusado a someterse a las reglas del sistema, aunque tienen un paso adelante por ello, frecuentemente caen en otro error táctico, que es el recurrir a medidas directas supuestamente “de presión”, como bloqueo de vías públicas, plantones e innumerables marchas. Si uno se despoja de prejuicios y mira la realidad, se encuentra con que los principales resultados de esas tácticas son echarse en contra a la gente y dar elementos a los medios para su linchamiento, y al gobierno para su represión. Son contados los casos en donde se puede ejercer presión de esa manera… y no indefinidamente. Los maestros de Oaxaca, por ejemplo, lograron por algún tiempo oponer resistencia al gobierno mediante su ocupación del centro de la ciudad, pero no se notaron avances en el proceso de integrarse y hacer alianzas operativas con otros sectores de la sociedad, de manera que el movimiento creciera y fuera difícil de agredir. El sistema de poder, por su parte, avanzó en su linchamiento mediático y preparó la ofensiva que resultó en una represión salvaje, cobarde y brutal que le aseguró a Vicente Fox su pensión como expresidente.

Otro aspecto que se desprende de aquí es el del llamado diálogo. También mirando la historia se aprecia que el gobierno suele recurrir a esa otra trampa: invitar al movimiento a entablar pláticas con el discurso engañoso de estar abierto a las inconformidades. Sin embargo, ese diálogo siempre es parte de una estrategia de ataque. Cuando se realizaron las llamadas “pláticas de paz” entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno, muchas voces honestas pero equivocadas celebraron esperanzadas el que se hubiera “obligado” al gobierno a negociar, y se ignoró a gente como Tomás Mojarro, quien desde el principio dijo que ésas no eran pláticas de paz, sino una maniobra de guerra para ganar tiempo, y que el gobierno no cumpliría nada de lo que se acordara. Huelga decir que el tiempo le dio la razón: el gobierno, mientras “dialogaba”, siguió militarizando y entrenando paramilitares (que luego ejecutarían la Masacre de Acteal, entre otros crímenes) y no cumplió jamás los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

¿Significa esto que el diálogo es inútil? No, pero hay que tener siempre a la mano una tarjetita con esta idea: el diálogo sólo funciona cuando existe un equilibrio de fuerzas, de modo que se convierte en negociación. Esto por la sencilla razón de que no se está tratando con un aliado, sino con un enemigo histórico. A una reunión de ésas no se puede llegar debilitado esperando que el otro se toque el corazón. Es un enemigo. La razón por la cual las pláticas de París entre los emisarios de Estados Unidos y del Vietcong funcionaron fue que los segundos tenían una forma de presión: los miles de mariners que estaban enviado de regreso en bolsas de plástico. Si no hay fuerzas más o menos equilibradas, el fuerte sólo está simulando y ganando un tiempo que el otro está perdiendo.

Perspectivas

En resumen, lanzarse a una lucha contra el sistema de poder requiere tener muy claras las estrategias. Se tiene que determinar si se usará la vía de las instituciones, con los riesgos que ello implica, o si se usarán métodos distintos, en cuyo caso se debe tratar de no caer en la táctica marcha-mitin-plantón-paro escalonado (para usar una expresión de Mojarro), porque la única forma en que eso podría funcionar sería que se sumaran diferentes sectores sociales; que no sea sólo el movimiento y algunos aliados, sino una parte significativa de la sociedad. Para ello es necesario un trabajo muy fuerte de comunicación para combatir la campaña de desprestigio; pero además de informar hay que procurar que esa información sea seguida por el establecimiento de alianzas con otros sindicatos, organizaciones vecinales, facciones políticas independientes, estudiantes, maestros, amas de casa y varios etcéteras. Si el movimiento crece se vuele fuerte.

Los electricistas y gente que de buena fe los apoya deben tratar de no caer en el error de pensar que obstruyendo la vida de los demás se los van a ganar a su causa. La gente puede ser generosa y decir “hoy por ti, mañana por mí”, pero para ello tienen que saber por qué es necesario hacerlo, y no lo sabrán si se les impide llegar al trabajo. De lo contrario hasta podrían ver con buenos ojos cuando las bestias de la Policía Federal Preventiva lleguen golpeando, matando y violando, que en la jerga del gobierno y sus voceros se dice “restaurar el Estado de derecho”.

Todas estas ideas las dejó como herencia el movimiento de 1968, del cual el sistema (apoyado incluso por miembros de ese movimiento que se han pasado de su lado) pretende que sólo recordemos la Masacre de Tlatelolco, y no sus brigadas móviles y su estrategia de buscar alianzas con otros sectores que son aliados potenciales.

Los electricistas han aceptado para su lucha la vía institucional al promover un amparo, que han ganado en su primera instancia e impide a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dar la estocada final oficializando la desaparición de LFC. Sin embargo, esto sólo constituye una pausa; no ha revertido nada. Incluso el gobierno, a través del Secretario del Trabajo, ha hecho declaraciones de evidente desprecio a la resolución judicial y ha afirmado que nada cambia. Desde luego una parte de este discurso tiene fines intimidatorios, pero la historia muestra que efectivamente el gobierno puede hacer un papalote con la ley, moviéndose con el maquiavélico principio de que la ley es cumplida o no según convenga.

Debe reiterarse que los argumentos en el sentido de que el decreto gubernamental viola toda una avalancha de preceptos legales parecen contundentes; sin embargo, no sería ni con mucho la primera vez que un caso bien fundamentado termina por deshacerse cuando un juez o grupo de ellos resulta tener, casualmente, una opinión muy distinta. Eso porque se trata de todo un sistema de poder. Y si la vía legal resulta ser adversa a los trabajadores de LFC, recurrir luego a estrategias extra-institucionales tendrá como segura respuesta una campaña de desprestigio cuyo centro será la fórmula “como las instituciones no les dieron la razón las rechazan, y eso no es democrático, ni cívico, etc.” Indudablemente será de una lucha muy difícil, pues el gobierno se muestra decidido a no dar marcha atrás, y vistas las cosas desde acá, una lucha contra él en su cancha y con sus reglas no parece tener muchas perspectivas. Sin embargo, querer paralizar todo sin la consciente colaboración de la gente, además de ser un objetivo poco factible de lograr, no parece tampoco una vía al triunfo.

Es necesario incorporar a la sociedad, y eso es siempre una labor pesada, que requiere mucho trabajo, pero optar por las vías más fáciles resultará en una lamentable derrota. Y para probarlo ahí están los maestros de Oaxaca (y muchos otros), los estudiantes de la huelga de 1999-2000, los trabajadores de Ruta 100, las organizaciones de El Barzón y muchos etcéteras pasados y recientes.

Quienes tenemos acceso a medios como Internet debemos hacer nuestra parte divulgando, propiciando formas de difusión e intercambio de ideas para la resistencia. La distancia no es pretexto para no hacer nada. Y desde luego, esta actividad debe hacerse principalmente afuera. No se debe caer en el error de muchos intelectuales que escriben sólo para medios donde los leen quienes comparten su visión. Eso puede ser útil si se discuten y desmantelan los mitos de las tácticas equivocadas; pero para avanzar en la concientización social es necesario salir a compartir nuestra visión con quienes no la conocen y probablemente hasta la rechacen en un principio. Hay que mostrar las muchas cosas que omiten los medios (des)informativos y demostrar que otras visiones de la realidad no sólo existen, sino que tienen bases sólidas. Se trata pues de convencer, y eso lleva tiempo. El sistema de poder en México continúa, a contracorriente de lo que sucede en buena parte de Latinoamérica y el mundo, profundizando el neoliberalismo depredador, así que el tiempo sigue corriendo en contra. Los electricistas son sólo el caso actual, pero tenemos años presenciado estos ataques contra la columna vertebral de la nación, y estos continuarán.

Desde hace años debimos haber salido de nuestra torre de cristal para empezar a compartir ideas con la gente. Si no hemos empezado, hagámoslo ya. Es en la sociedad donde está la fuerza para el cambio, no en los lacayos, jilgueros y verdugos del sistema.

A War on Coca Nobody Believes In

It's Really a War on the Poor

By JAMES J. BRITTAIN

CounterPunch

Since their systemic targeting of producer nations through militarized methods of eradication, government officials in Washington have regularly brandished bogus data when concerning the effectiveness and validity of the US’s so-called ‘war on drugs’. Dating back to the 1980s, Colombia became a figurative and literal battleground in this war, as the world’s principal cultivator of coca. As liberalized economic policies debilitated Colombia’s rural political economy hundreds of thousands of small and medium-sized producers, campesinos, and landless farmers gravitated toward the narcotic industry, via cultivation, as a way of life and survival. The United States, denounced such activities a threat, as drugs were proclaimed a risk to ‘national security’ (White House, 1986). In turn, Washington devoted a great deal of time, money, and military resources to curb coca ‘at the source’. Yet this militarized approach toward eradication has consistently produced incredibly poor results. Rather than facilitating a decline the narcotic industry witnessed an enormous expansion over the past two decades.

A fascinating shift related to this historic debacle was reported in early November. The United States Embassy in Bogotá announced a miraculous 29 per cent decrease in Colombian coca cultivation and an estimated 39 per cent drop in cocaine production in 2008 alone. Such figures are incredible, for rates of coca cultivation have, in actuality, significantly risen since Washington embarked on its war on drugs in Colombia. Throughout the 1980s, when Colombia was identified as a threat to US national security, cultivation averaged 46,000 hectares. [1 hectare = 2.47 acres.] By the 1990s levels had reached 61,000 hectares, while the past decade saw median rates hovering at 140,000 hectares. Taking the subject a step further, when one situates rates of coca cultivation in conjunction with rates of coca eradicated via manual and aerial techniques it becomes glaringly apparent that growth rates have done anything but declined. To the contrary, coca accelerated – especially under the administration of Álvaro Uribe Vélez [2002-2010]. Such information devastates the ‘success’ Washington (and Bogotá) today claim.

Who drafted and released the information to the public? While formally released through the US Embassy in Bogotá, the report and findings came from the Central Intelligence Agency (CIA) – specifically the US Director of Central Intelligence, Crime and Narcotics Center (CNC). What is unique about this is the unspoken absence of the White House’s Office of National Drug Control Policy (ONDCP). For the greater part of the last decade, the ONDCP has been the principal medium for formally releasing information related to coca cultivation levels within Colombia. The fact that the CIA/CNC released this report and not the ONDCP should spark some question and debate.

Many, particularly US officials in Washington and Bogotá, have shown disdain and upset toward the ONDCP’s data over the past several years. Embarrassingly, the ONDCP has shown that coca levels have not decreased but rather climbed to heights never witnessed in Colombia’s history. When one compares levels of coca from the 1980s to those of today the data disclose inclines averaging 350 per cent. During the late 1990s and early-mid 2000s, as the US spent just under $8 billion in counter-narcotic missions in Colombia, the ONDCP illustrated that levels did the opposite of deteriorating. This unquestionably caused a great deal of stress for government officials within both the US and Colombia, as was shown in 2006 when that latter’s former Interior Minister Sabas Pretelt chastised the ONDCP – going so far as to argue the office manipulated and systematically inflated levels of coca in Colombia (United Press International, 2006).

Tfhe United States has long attempted to manipulate figures related to Colombia’s coca levels. During the 1990s, Washington was vocal in its promotion of a clear decrease in Colombia’s narcotic industry due to US involvement and approach toward drug eradication. However,– to the embarrassment and discredit of Washington – research, external to government sources, found that cocaine productivity had greatly increased. Figures showed cocaine levels to be two times higher than the US had claimed.

Such inaccuracies are not isolated blunders . Both Washington and Bogotá have consistently contradicted, miscalculated, or been openly incorrect when concerning ‘mutual assured findings’ of coca. When referring to levels of ‘successful’ eradication two separate state agencies in the United States reported vastly different figures over a span of several years. In 2008, two reports were produced relative to levels of coca cultivation: one from the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (2008) and the other from the Office of National Drug Control Policy (2008b). The quantitative data between the two fluctuated in the thousands of hectares. Variations were so significant that between 2003 and 2007 rates of aerial fumigation differed by almost 27,000 hectares. Annual rates of inaccuracy towards aerial eradication averaged 5,400 hectares, while manual eradication was slightly ‘better’ at 3,330 hectares. All this is significant based on the fact that the findings came from the same state intelligence.

Oversights persist today. While applauding their self-proclaimed success—even though current levels far exceed anything witnessed in the 1970s, 1980s, and 1990s—the US Embassy in Bogotá, on two separate occasions, presented errors with their current figures. According to the Embassy’s “(2009a) Fact Sheet: 2008 Cocaine Production and Cultivation: Colombia,” 129,876 hectares of coca had been exposed to aerial fumigation while 95,731 hectares underwent some form of manual eradication. This equates to a total of 225,607 hectares. Yet, in the same document officials stipulate, “combined aerial spraying and manual eradication for 2008 was 227,605 hectares”. Such information is further problematic when concerning the embassy’s (2009b) Official U.S. Colombia Survey Shows Sharp Drop in Coca Cultivation and Cocaine Production press release that argued, “high levels of aerial eradication were sustained covering more than 133,000 hectares” – a difference well over 3,000 hectares or the size of roughly 1,400 football fields.

While such miscalculations, yet again, demonstrate the quantitative inadequacies of US intelligence they also fail to calculate the social costs of a militarized approach toward eradication.

Claiming they are trying to encourage agricultural workers to engage in crop substitution, Washington and Bogotá are, in fact, destabilizing the rural political economy. Let us look at a scenario where numerous peasants do give up growing coca after vast portions of their territory have been ecologically attacked. What, in reality, would transpire? First, numerous peasants would adopt (legal) production of non-coca crops leading to an immediate influx of a small handful of the most profitable crops in a particular geographic region, thus driving down the potential returns for said goods. This would subsequently cause a cyclical effect of poverty – one of the original causes that led to the original shift to coca in the beginning. More rural producers would then fall back to the coca-industry as a means of survival.

A second dilemma that might—and has—been faced by small producers is a lack of guarantees by the state to ensure they are taken care of in a post-coca socioeconomic climate. It has been seen repeatedly that those who agreed to state-imposed crop substitution do not receive promised financial support or assistance from the state, development agencies, or NGOs. Suffering from a lack of capital, producers are then forced (again) to return to coca, as no other means of subsistence is available. The third consequence deals with the ecology of the area, which affects not only coca cultivators but also those peasants who long refrained from growing coca altogether. As a result of spraying poisonous defoliants via aerial fumigation many have had their lands destroyed – inhospitable to agriculture. A plethora of cases even revealed how such practices affected legal crops (i.e., plantain, lemons, yucca, maize, etc.) during US/Colombian counter-narcotic campaigns. This caused a rash of peasants having little option but leave for the city or ironically take up coca as a means to cover their losses.

There have even been confirmed accounts of officials admitting the goal of fumigation was to structurally displace peasants in order to increase cheap labour in urban centres while privately centralizing rural resources in the hands of large-scale agro-business. Lastly, it must be emphasized how eradication practices have indisputably damaged the lives of millions in Colombia and the environment in which they live. Aerial fumigation has forced many to abandon their homes and villages due to contamination of land and water. This has subsequently devastated present and future food production, economic stability, and precarious health defects and conditions in young and old. The destruction of crops, soil, and water tables has hampered the capacity for entire communities not only to sustain themselves but has led to further ecological destruction as more are forced to colonize forested regions. Not wanting to leave the sociocultural life they know, many are forced to cut down and inhabit long-time unpopulated territories.

While temporary declines may arise – albeit seldom – the underlining political-economic causes of coca cultivation have not been diminished. Ironically, militarization eradication through aerial spraying or manual displacement of crops is surly to augment conditions of deprivation. It is under these circumstances that the narcotic industry will not wane but rather be sustained (if not increased). Such positions are not simply the critique of a few but even those within the state apparatus itself. In October officials within Colombia expressed the failure of such policies. Here’s a report this year by Neda Vanovac:

“Colombia’s National Planning Council claimed … the fight against drugs is lost and the current government’s ‘Democratic Security’ policy in large part is responsible for the systematic increase in human rights violations in the country. The president of the council, Adolfo Atehortua, condemned the nation’s anti-drug policy, saying that it had been a total failure. As proof, he said that neither the number of hectares planted with illicit crops nor the net production of drugs had been significantly reduced. He also suggested that the spraying stop as it was increasing poverty in rural areas, reported newspaper El Espectador. “The general and indiscriminate aerial spraying of crops damages farmers who have no other options, the helpless producers, testers without life projects or jobs, but does not eliminate the persistency of the drug plantations,” the Council President argued.”

César Gaviria Trujillo, president of Colombia between 1990-1994, added his protest to the current approach to eliminating drugs in Colombia. In November, he (alongside Fernando Henrique Cardoso – former president of Brazil and Ernesto Zedillo Ponce de León – former president of Mexico stated:

“The war on drugs has failed. And it’s high time to replace an ineffective strategy with more humane and efficient drug policies … Prohibitionist policies based on eradication, interdiction and criminalization of consumption simply haven’t worked. Violence and the organized crime associated with the narcotics trade remain critical problems in our countries … Over the last 30 years, Colombia implemented all conceivable measures to fight the drug trade in a massive effort where the benefits were not proportional to the resources invested.”

Even Colombia’s current Foreign Minister, Rodrigo Pardo, has entered into the debate contradicting Washington’s claim of success. Pardo expressed the people of Colombia are “tired of the drug strategy … what we have done has not worked ... We have put so much money and effort into it yet the statistics remain the same”.

While applauding the successes those at the helm of power have clearly turned a blind eye to the cause and consequences of their actions. It is increasingly apparent when reflecting upon such conditions that Washington and Bogotá are not carrying out an attack against drugs but are rather waging war on the poor.

James J. Brittain, teaches sociology at Acadia University, Wolfville, Nova Scotia. He can be reached at james.brittain@acadiau.ca

Works Cited
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Cardoso, Fernando Henrique, César Gaviria and Ernesto Zedillo. 2009. The War on Drugs is a Failure. Bogotá: Partido Liberal Colombiano

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Vanovac, Neda. 2009. “Council: Govt security policy caused increase in human rights violations,” October 27 On-Line http://colombiareports.com/colombia-news/news/6603-council-govt-security-policy-caused-increase-in-human-rights-violations.html#at Accessed October 27, 2009.

White House. 1986. National Security Decision Directive Number 221: Narcotics and national security. Washington, DC: Department of State.

"Proponemos avanzar hacia la unidad del movimiento Indígena nacional"

Declaración final del Foro Social Indígena celebrado en México DF entre el 4 y el 7 de noviembre




Los que suscribimos representantes de comunidades, pueblos y naciones indígenas, organizaciones sociales, productivas, culturales; instituciones académicas; radios comunitarias e indígenas;colectivos de trabajo, reunido en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 2,6,7,8, y 9 de nuestra Carta Magna, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y demás legislación aplicable, y con la finalidad de llevar a efecto el Foro Social Indígena; emitimos la presente Declaración, bajo las consideraciones y puntos declarativos siguientes.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Considerando que la falta de voluntad política del gobierno mexicano que, empeñado en incumplir los convenios y tratados internacionales en materia de derecho de los pueblos indígenas, continúa manteniendo un estado racista y excluyente donde son violados de manera sistemática los derechos individuales y colectivos de los indígenas;

Tomando en cuenta que la política neoliberal transgrede las formas de la organización social y posibilidades económicas de los pueblos indígenas;

Entendiendo que la globalización a través de los procesos de homogeneización atentan contra la lengua, la cultura, la identidad y la historia de los pueblos originarios;

Pensando en la urgente necesidad de fortalecer los procesos de unificación de las luchas de los pueblos originarios y otros movimientos sociales;

Considerando que las políticas públicas implementadas por los gobiernos federal, estatal y municipal no responden a los intereses y la realidad que viven los pueblos y las comunidades originarias;

Considerando que las comunidades originarias de manera aislada no tiene posibilidades de competir dentro de un modelo neoliberal que privilegia la acumulación de grandes capitales frente al desarrollo social;

Entendiendo que el Estado mexicano desconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al disfrute y aprovechamiento de nuestros territorios como el espacio de reproducción de nuestra identidad y cultura;

Tomando en cuenta las diferentes formas de despojo de territorios de los pueblos y comunidades originarias que se presentan;

Sabiendo que los diferentes modelos de educación proporcionados por el Estado no integran ni contemplan la cosmovisión de los pueblos originarios en su relación con el medio ambiente;

Comprendiendo que la crisis alimentaria, las prácticas de cultivo convencional y uso de transgénicos apoyados por el Estado mexicano provocan la dependencia alimentaría a grandes empresas, fortalecen el incremento de precios, la pérdida de conocimiento ancestral y la inaccesibilidad de productos sanos para la sociedad indígena del país;

Considerando el deterioro ambiental, el cambio sociocultural y la crisis económica, así como la búsqueda de un desarrollo sustentable en pro de mejorar la calidad de vida de los pueblos y comunidades tomando en cuenta su cosmovisión, sus necesidades y su cultura;

Considerando que las políticas públicas del Estado mexicano en materia de medio ambiente, identidad y género no están articuladas ni vinculadas para responder a las necesidades de los pueblos originarios y sociedad civil;

Considerando que el gobierno federal ha implementado un cerco mediático de información, criminalizando los movimientos sociales de los pueblos originarios;

LOS PARTICIPANTES DEL FORO SOCIAL INDÍGENA:

Exigimos el respeto y reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos y a los procesos organizativos y estructuras jurídicas de los pueblos y comunidades indígenas así como demandamos el cumplimiento y aplicación de las leyes nacionales e internacionales en dicha materia.

Rechazamos enérgicamente las políticas económicas del gobierno mexicano y pugnamos por la instauración de un sistema económico más justo e igualitario bajo un plan de desarrollo comunitario integral.

Reconocemos la urgente necesidad de fortalecer los procesos de unificación de las luchas de los pueblos originarios y otros movimientos sociales, y nos;

Disponemos a generar redes de colaboración solidaria que tiendan a resolver las carencias derivadas de las omisiones y lagunas en las políticas públicas de nuestro país.

Exigimos el cumplimiento del derecho de los pueblos a la consulta, participación y decisión en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

Exigimos que se reconozca y apoye la economía solidaria en las políticas públicas y en la legislación, privilegiando el bienestar de los pueblos indígenas y rechazamos políticas que no consideren la opinión de o no nazcan de las mismas comunidades.

Proponemos una vinculación entre varias organizaciones y comunidades con la finalidad de fortalecer el modelo de la economía solidaria, con intercambio entre mercados locales solidarios; además de promover estancias de capacitación en organizaciones con más experiencia en ciertos campos. Se propone también crear un directorio de organizaciones y empresas solidarias.

Exigimos el respeto al derecho de propiedad intelectual y colectiva de los pueblos originarios.

Exigimos que los investigadores den crédito a las personas poseedoras del conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas sujetos de su investigación.

Rechazamos el fenómeno de privatización de las tierras que se manifiesta en la escrituración o certificación en regímenes comunales y ejidales de los territorios indígenas.

Exigimos difundir las diversas cosmovisiones en las distintas lenguas originarias para mejorar la relación hombre-naturaleza y así alcanzar la calidad de vida de los habitantes.

Exigimos el derecho a la educación indígena como un derecho humano y que responda a las necesidades y los contextos particulares de cada comunidad o pueblo originario fundamentado en el derecho internacional que lo establece

Nos pronunciamos a favor de la recuperación y fomento de los conocimientos ancestrales para aprovechar de manera responsable el potencial de los recursos naturales del país hacia la producción de alimentos.

Nos pronunciamos a favor del fomento de la creación de redes entre productores y de vinculación con los consumidores para evitar la existencia de intermediarios y así contribuir a la soberanía alimentaria.

Rechazamos que las tierras y agua destinadas para la producción de alimentos se usen para otros fines como la construcción de aéreas habitacionales, la producción de agrocombustibles y la minería.

Exigimos, como pueblos originarios, el reconocimiento de la diversidad cultural y la sabiduría

ancestral para mantener con vida a nuestra madre tierra para nosotros y para generaciones venideras.

Reconocemos la urgente necesidad de reforzar la concientización en nuestras comunidades para la preservación y el cuidado de nuestra madre tierra, y rechazamos la introducción de empresas que explotan los recursos naturales.

Exigimos la articulación de políticas públicas de medio ambiente, identidad y género para satisfacer las necesidades reales de los pueblos originarios y sociedad en general.

Demandamos la vinculación y aplicación real de las políticas públicas de medio ambiente, identidad y género hacia los pueblos originarios, mediante la participación de las instituciones públicas, ONG´s, sociedad civil, organizaciones empresariales e internacionales, con respeto a la libre determinación de los pueblos.

Exigimos una reforma integral de legislación en materia de telecomunicación y radiodifusión.

Proponemos avanzar hacia la unidad del movimiento indígena nacional, sentar las bases y crear las condiciones para la articulación de las luchas de los pueblos y las naciones originarias, por lo que hacemos un llamado a todos los movimientos y organizaciones indígenas y sociedades civiles para sumarse a este esfuerzo colectivo de manera urgente.

Exigimos que se deje de ver a las culturas originarias como una cuestión folklórica.

Exigimos el cese inmediato del hostigamiento y la criminalización de las luchas de todos los pueblos y de los movimientos sociales.

Ortega Organizes Street Gangs to Quash Public Dissent

Fear in Nicaragua

By DANNY WEIL

CounterPunch

Violence has broken out all over the country of Nicaragua this week. Armed again, but this time organized by Sandinista thugs. I understand this is hard to swallow but I was in Nicaragua all last week, talking to sources I have in the Sandinista government and outside the government, amongst working people, intellectuals and campesinos.

Beatings and brutal physical attacks against intellectuals, journalists and civil rights group members are frequent here now. There is currently no legal opposition allowed in the country against the policies of the Nicaragua government (FSLN), controlled by the Sandinistas. As of November 9, 2009, for example, it was illegal for any opposition to the Sandinistas to paint anything on poles or walls, which is what students have been doing for weeks to declare the elections stolen. During the early hours of the morning vehicles carrying armed gangs erase any opposition on walls in the country’s capital, Managua. Organized citizen gangs, called the CPC or Consejo del Pueblo Ciudadana work closely with some of the most dangerous criminal delinquent gangs in the city and region, mostly young disenfranchised and uneducated men, to prevent any opposition to Daniel Ortega and his government policies, while rumors fly that Ortega flies to Cuba for blood transfusions. This is disconcerting and almost unbelieveable to those of us, like myself, who a quarter of a century ago lived and worked in Nicaragua supporting the Sandinista government against the ruthless Contra war that blanketed the small country with venal bloodshed.

At issue, or at least one of the issues, is the municipal elections that took place last year,. On November 9, 2008 Nicaragua held municipal elections in 146 cities and towns throughout the country. These races were huge, due to the fact that mayors have a great deal of autonomy and can act as a check on central government power. That is why Daniel stole them The liberal party Deputy, Enrique Quiñónez, said at the time that juvenile delinquents were used to pull off the 2008 municipal fraud. At the time of the elections, the Washington Office on Latin America, not a conservative organization by any means, warned of state-sponsored repression ahead of the vote. In a November 6, 2008 communique, the organization wrote:

“We are alarmed by the growing climate of intolerance for those who are perceived as critics of the federal government. The physical attack on a march of opposition party activists, and the apparent unwillingness of the police to restore order, the criminal investigations of several civil society organizations and their leaders, as well as the investigation of international NGOs that have funded some of these organizations, is extremely troubling."

The Washington Office on Latin America also referenced "violent acts by government supporters against human rights defenders." They went on to note at the time that:

“the physical attack on a march of opposition party activists, and the apparent unwillingness of the police to restore order, the criminal investigations of several civil society organizations and their leaders, as well as the investigation of international NGOs that have funded some of these organizations, is extremely troubling."

The Washington Office on Latin America also referenced "violent acts by government supporters against human rights defenders." (ibid)

In the months preceding the municipal elections of November 9th, 2008, Mr. Ortega’s government maneuvered itself in an effort to disqualify two opposition parties from the ballot. Ortega then blocked the Organization of American States, the European Union and the Carter Center from receiving credentials to observe the balloting. He even barred Nicaragua's highly respected independent watchdog, Ethics and Transparency -- which had recognized Mr. Ortega's 2006 victory -- from the polling stations.

Despite getting shut out, Ethics and Transparency managed to post observers to watch from outside polling stations. It estimated that one-third of the stations experienced irregularities. There were also reports that in some places opposition-party observers were kicked out of polling stations, and some polling stations closed ahead of schedule.

Ortega and his government then sent police to ransack the offices of the country’s leading investigative journalist, Carlos Fernando Chamorro, and those of a women’s group. Ortega, it was said at the time, was investigating another 15 organizations, including Oxfam, a British aid agency, for money-laundering and “subversion”. Many former Sandinista leaders have split with Mr. Ortega over this and other issues. Ortega’s approval rating in opinion polls has slumped towards 20 per cent.

This week of November 9, 2009 opposition leaders, many of them Civil Rights groups, Women Rights groups and simply those in the population tired of the criminal policies and intimidation and fear employed by the Sandinista run government took to the streets to oppose the fraud they say was committed department by department throughout Nicaragua. Students are now putting together Él Libro Negro´, the black book that proves the elections of 2008 were stolen. With this in mind coupled with the increasing pressure on the Ortega government, this 14 of November, after one week of peaceful opposition protest met by brutal Sandinista violence, Daniel Ortega finally admitted there had been fraud in the elections.

Ortega’s term to expire in 2012

Yet there is another issue on the table as well. The other issue sparking protest is the constitutional change by the Supreme Court allowing Ortega to run again in 2011 even though he is, or was, term limited. Ortega first went to the Congressional Assembly to seek the abandonment of Article 147 which would have prevented him from running, but he was rebuffed by Congress. Eduardo Montealegre, who lost the Managua mayoral race in the election of 2008, said at the time Ortega was trying to wrangle up enough votes from opposition legislators to pass his reforms. But the Sandinistas are a minority in Congress. Even Nicaraguan Vice President Jaime Morales said he opposed President Daniel Ortega’s bid to change the constitution to allow re-election and will step down if Ortega stays in power after his term expires in 2012. In an interview last year, Morales said: “Re-elections have spawned dictatorships, tyrannies, confrontations and civil war. I think frequent change of power is preferable.”

Morales, who isn’t a member of any political party, was however a negotiator for the U.S.-backed Contra rebels during their 1980s battle against Ortega’s Soviet-backed Sandinista government. He joined Ortega for the 2006 electoral campaign to create a reconciliation government.

The argument Ortega makes for allowing him to run once again is that, in a rapidly changing global world, continuity over more than four years is absolutely necessary if effective FSLN policies for change are to be enacted. Yet ending term limits is tantamount to dictatorship in a country which has seen long-running military dictatorships concretize their power and violence for much of the 20th Century. Ortega knows that. That is why he became a guerilla and worked to overthrow the Somoza regime. Nevertheless, the lesson was evidently not learned, Ortega went over the heads of the country’s elected Congress and garnished the six members of the Supreme Court Justice he needed to confirm that that Article 147 of the Nicaragua Constitution was inapplicable and thus he would be able to run again for president in 2011.

On October 20, 2009 of this year, the Nicaraguan Supreme Court (a subsidiary of the Sandinista Government) lifted a constitutional ban on re-election, clearing the way for President Daniel Ortega to run again in 2011 elections. The court’s decision followed an appeal by Ortega and a group of mayors, many of them those who stole the municipal elections. In July, Ortega said reiterated publicly that he favored allowing people the right to seek consecutive terms (Nicaraguan Supreme Court opens the way for Reelection of President Ortega.

What does this mean? It means that despite constitutional term limits Daniel Ortega is poised once more to run again in 2011; if he’s alive. Rumors and my sources have it that he flies to Cuba for blood transfusions and that he is very ill. His wife, Rosario Murillo, however is ready to assume the crown, along with her sons. And this no doubt plays into the issues, for my sources tell me she runs the show in Nicaragua behind the sickly pallor of Ortega’s increasingly non-public appearances.

Ortega will not give up power with out an organized fight and it is becoming increasingly obvious to any observer that this fight will continue to entail the use of Sandinista violence and criminal gangs.

Violence against women goes on in the northern part of the country as well, not to mention the escalating domestic violence that rages behind closed doors. Patrician Orozco, a journalist and leader of the Autonomous Movement of Women (MAM) who lives in the city of Leon in the north of Nicaragua has been attacked. Observers for the Protection of Human Rights along with the World Organization against Torture (OMCT) have reported an urgent call regarding the situation of women in Nicaragua. According to information received on the October 30, 2009 when Mrs. Orozco was returning with Mrs. Lorna Norori y Ana Eveling Orozco, members of many organizations fighting for the rights of women in Nicaragua, Sandinista police agents detained the taxi they were traveling in. What did they want? Documents, they said. But their questions showed the true intent.
¨Why are you traveling to Leon¨, they asked. They were then told to 'rethink´their trip and turn around and go back south. Before they could leave another patrol arrived and asked them to get out of the taxi they were traveling in to organize their suitcases´´, along with the taxi driver. Mrs. Patricia Orozco told the police she was not out of line, had done nothing wrong and that she and her friends committed no infraction. Not a good idea, in Nicaragua. They were taken to the police for simply complaining about their treatment. But that’s not all: immediately more police arrived in the battle ridden city. They violently handcuffed Mrs. Orozco, began to shove her in the police car-- but not before they violently threw her to the ground and broke her arm. While forced to the ground she consistently asked ¨Why, why are you forcing me to the ground? ¨ Not a good idea either. She was asked questions about her personal life which she refused to answer. She then asked the police if she could call the World Center for Human Rights. That is when they released the handcuffs. They don’t want an international incident.

Patricia Orozco then demanded an opportunity to denounce the police violence. She suffered bodily harm, this we know for she was examined by medical personnel but the police never allowed the doctor to be questioned.
Then came the week of November 9th, 2009 in Managua, Ortega´s ski-masked thugs attacked the offices at La Prensa, the national and official paper of the liberal party, A caravan of cars and vehicles with FSLN banners, shirts and hats emblazoned with Sandinista government emblems threw rocks and shot mortars against the newspaper, destroying the second floor. They then moved on, doing the same thing at the other country paper, El Nuevo Diario. The vehicles of course had no license plates but one could hear loudspeakers shouting cries from 1980 a year after Ortega seized power. Being a journalist is hardly a good time here.

Take the case of Leonor Alvarez, a reporter, was wounded in the leg and Melvin Vargas was robbed of his camera as he covered the story. Frank Cortes another cameraman for local television was seized by violent gangs of thugs and had his camera destroyed. The warning is clear. According to a journalist for the Nuevo Diario, Ortega's henchmen have beaten at least ten journalists.

At least three opposition radio stations, La Corporacion, El Pensamiento and the 15th of September have had their antennas stolen, their cables stolen and their equipment thrown into the air and smashed. The CPC also attacked activists from the Nicaraguan Center for Human Rights, CENIDH, who were investigating the government for illicit acts. According to Gonzalo Carrion of the CENIDH, the CPC "followed our vehicle and then jumped on the back of it, attacking it and beating the windows. Vilma Nunez, the 70 year old president of the CENIDH .was beaten on the back while they cursed her.

Since returning to the presidency in 2007, 17 years after being voted out of office at the end of the Sandinista revolution in 1990 – Ortega has created a network of private businesses that operate under the auspices of the Bolivarian Alliance for the Americas (ALBA), an opaque cooperation agreement of leftist countries bankrolled primarily by Venezuelan President Hugo Chávez. Ortega's "ALBA businesses" – known by an alphabet soup of acronyms, including ALBANISA, ALBALINISA, and ALBACARUNA – have cornered Nicaragua's petroleum import and distribution markets, become the country's leading energy supplier and cattle exporter, turned profits on the sale of donated Russian buses, and purchased a hotel in downtown Managua, among other lucrative investment moves. But no one is allowed to audit the books, only Ortega and his family.

Moises Martínez, an award-winning investigative journalist for the leading daily La Prensa, says government secrecy has made his two-year investigation of Ortega's ALBA business dealings "like trying to dig a tunnel with a hand shovel." Despite being denied access to government sources and companies such as ALBANISA, many investigative journalists have uncovered a sticky web of almost a dozen ALBA business holdings, which Martinez claims has made Ortega and his family one of the most important economic players in the country, on par with Nicaraguan business tycoon Carlos Pellas, one of the richest families in the country. "The difference," Martinez says; "is that it took the Pellas family 80 years to accumulate their wealth. Ortega has done it in two years."

At a meeting held in the central office of the Sandinista Police in the building located in the Plaza El Sol civil rights organizations and their representatives assured the Sandinista dictatorship that they would maintain an appropriate route to and from the march and asked for permission from the government to demonstrate. The march is scheduled to begin at 9:00 AM on November 21st. It will go from the Rotunda Jean Paul Genie to the Consejo Supremo Electoral.

Gustavo Porras, a leader in the Sandinista government announced that they would ask the police to contain their own self-created CPC, or gang of terror, so that the Movement for Nicaragua would be able to march peacefully. But isn't this the fox watching the hen house? According to Violeta Granera, "It is good that they (The Sandinista's) know that the population is very, very tense and that they say they will try to avoid that those responsible for weeks of violence will not have their day." Sure, they know, but what will they do?

Eduardo Montealegre, of the Domocratic Party a political opponent of Ortega’s in the election of 2008 reiterated that the march for civil society will not be violent. “We are not calling for violence we are calling for peace and that they not throw the first rock, that they not carry arms or throw the first mortar,"he said. "We do not want violence."

The head of the Ministry of Interior, Ana Isabel Morales also declared November 13, 2009 on Channel 8 television that, "There is no impediment to any party in the government marching this 21st of November, and this is a right stated in the Constitution". Everyone has the right to mobilize and express themselves", she said. But Daniel and his wife have shown they have no respect for the constitution or the law, asking and getting permission from the Supreme Court to suspend the Constitution so Daniel can seek presidency for life by overruling the congressional assembly as well as stealing all the municipal elections held last year.

Violeta Granera, also one of the main organizers of the march said she had no information as to how many organizations have asked for permission. But it’s clear that there will be many people on November 21st marching for peace, an end to terror and against violence against women, if they are allowed. The spokesperson for the National Police, Commissioner Vilma Reyes, said that if other organizations ask for permissions to peacefully demonstrate this will show there "will be a permanent permit to march in the rotunda of Managua, that is what it will mean", she said.

Religious leaders have said they will not participate in the march for human rights and peace in Nicaragua. Why? Bishop Obando y Bravo, the sophist that he is, has made a pack with Daniel just as he did with Somoza. But religious organizations have demanded that Daniel Ortega allow the constitutionally protected march for peace.

The good news is that as I sat and spoke with two 25 year old Nicaraguan students, one woman and one young man, they told me what we all want to hear. Never, Daniel, never! Resistancia hasta el fin. For they see so clearly what Ortega saw in the 1950s but seemingly forgot, students and youth must resist for if not, they will be sink into a fascist culture and economy, perhaps be black bagged or beaten into resistance. However to be fair, the problem runs deep: if you work for the government, the Sandinistas make government workers pledge to the Sandinistas, show a card or they lose their job or life. If you work in a factory, it’s the same thing.

While leaving the country I spoke with a representative of an NGO working with women in Leon. Evidently she was not aware of what had transpired the week she and I were visiting the country. When I told her of the violence and the story you have just read she would not accept it, preferring self deception and delusion, telling me the Sandinistas were actually helping the people of Nicaragua. Similarly, many good people with honest intent come to Nicaragua and have been for decades to help the people who have so little. What is surprising is the self-censorship that seems to inhibits many in the left leaning community when they talk about Daniel Ortega and the FSLN. Yet self-delusion and self deception it is, for as a one time supporter and worker for the Sandinista government, I plainly saw with my own eyes the transformation of what was once ‘the people’s movement’ into one that is now directly battling the pueblo they say they wish to help

All references to La Prensa are from November 11-15th, 2009. El Nuevo Diario also helped me with this report.

Danny Weil is soon to publish "Charter Schools", dissecting neo-liberalism's plan for reforming education in America. Several of his pieces on charter schools have run on this site. He can be reached at WeilUnion@aol.com

"Es inadmisible privatizar las empresas de servicios vitales para la población"

Declaración del Movimiento Nuestra América y de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en solidaridad con el SME


En un contexto de aguda crisis económica y desempleo creciente, el Estado mexicano liquida inconstitucionalmente a más de 44.000 trabajadores activos, a los que se suman los trabajadores jubilados de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La toma de las instalaciones de Luz y Fuerza por la Policía Federal Preventiva (policía militar) el 10 de octubre pasado y el decreto presidencial de extinción de dicha empresa paraestatal, muestran el despliegue armado y policial del neoliberalismo –en el que el uso de la fuerza antecede a la política.

Este embate sigue los lineamientos del neoliberalismo clásico impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás instituciones internacionales que buscan precarizar el trabajo, anulando todos los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de más de un siglo. La agresión gubernamental pretende, además, destruir la organización sindical independiente, al tiempo que propina un ataque brutal a la legislación laboral mexicana, al derecho a la organización de los trabajadores, y se inscribe en una estrategia que busca conducir a la nación entera hacia un Estado de excepción.

Es inadmisible privatizar las empresas de servicios vitales para la población, entregándolas a corporaciones nacionales y extranjeras que no atienden al bien público sino a intereses privados. Se responde así a las necesidades de integración y suministro energético del mayor consumidor del mundo, Estados Unidos, y al interés económico de ex funcionarios gubernamentales y empresas transnacionales, particularmente españolas, que buscan obtener la concesión exclusiva de la red de fibra óptica de la compañía, instalada en el Valle de México, para hacer un negocio privado de telecomunicaciones consistente en transmisión de datos, audio y video (Triple play), cancelando así la posibilidad de que la compañía pública de Luz y Fuerza brinde dicho servicio como servicio público.

Rechazamos de la manera más enérgica este nuevo acto de violencia y despojo del capital contra el pueblo de México y expresamos nuestra mayor solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos sumamos a las miles de voces que exigen la derogación inmediata del decreto de extinción de LyFC; la salida de las fuerzas policiacas y militares de los centros de trabajo de los electricistas; el regreso del Ejército a sus cuarteles, y el retorno inmediato a la Legalidad Constitucional.

Movimiento Nuestra América
Red de Intelectuales y Artistas En Defensa de la Humanidad

Pablo González Casanova, José Luis Ceceña, Miguel Concha Malo, Enrique Dussel, Ana Esther Ceceña, Gilberto López y Rivas, Camilo Pérez Bustillo, Ana María Aragonés, Miguel Álvarez, José Steinsleger, Alicia Castellanos, Oscar González, Héctor Díaz-Polanco, Carlos Fazio, Enrique Rajchenberg, Lucio Oliver Costilla, José María Calderón, Enrique González Ruiz, Francisco López Bárcenas, Oscar González, Arturo Guillén, Hugo Aboites, Carlos Beas, Margarita Favela, Josefina Morales, Mariana Berlanga, Eduardo Correa, Clemencia Correa, Rubén García Clarck, Catalina Eibenschutz, Marcos Roitman Rosenmann (España), Roland Denis (Venezuela), Efraín León Hernández, Elder Andrade de Paula (Brasil), Roberta Lobo da Silva (Brasil), Nayar López Castellanos, María Atilano, María Guerra, Antonia Candela, José Gandarilla Salgado, Rebeca Peralta Mariñelarena, Massimo Modonesi, Sara Neria Ordaz, Maricarmen Montes, Cristina Steffen, Isabel Sanginés, Daniel Ezcurra (Argentina), Gabriela Roffinelli (Argentina), Luis Arizmendi, Miguel Mazzeo (Argentina).

War Vets Deported

Double Crossed


By JAYNE LYN STAHL

CounterPunch

Astonishingly, more than 30,000 foreign born detainees face deportation at some 350 facilities nationwide. Nearly half are legal residents who committed crimes that range from homicide to misdemeanor drug possession, and were turned over to Immigration and Customs Enforcement after serving their prison terms.

Reportedly, about 10% of those foreign born detainees, or 3,000, have served in the U.S. military. A large percentage have legal resident status. Some suffer from PTSD, but all who get in trouble with the law will be rounded up by ICE detained, and then deported.

More troubling is the incidence of those who come here as small children with their parents who are encouraged by recruiters to join the Army, lured by the illusion that their military service will serve as their application for citizenship. Imagine their horror when they find a deportation letter in their mailbox upon their return.

Given the need for warm bodies in combat zones, the military reportedly "falsely promises automatic U.S. citizenship," Associated Content , in return for service which consists of deployment to Iraq and/or Afghanistan. All too often, however, the service member is double crossed and, upon his return to the states, is scooped up, and carted back to the country of his birth.

Others, like Iraq vet Marine Corporal Phillipe Louis Jean, have also been threatened with deportation after they complete their tour of duty. The Marine was court-martialed for an infraction, adultery, not regarded as serious enough to disqualify him for military service, but one egregious enough to prevent him from ever obtaining American citizenship. What is more egregious here the obscene, and wanton exploitation of men in uniform, or their alleged infractions?

There are many who argue that it makes sense to deport anyone who commits a crime, regardless of their immigration status, but doing so renders the argument that prison is intended for rehabilitation obsolete.

Some even think that if someone is here illegally, they should be deported for jay walking. Too often, immigrants are used as human shields, and scapegoats for pre-existing larger social, and economic issues. Too often, nuance is lost as are important legal, and constitutional distinctions between undocumented immigrants and legal residents. Increasingly, those who serve our country, and are prepared to pay the ultimate price to defend us face harassment by ICE, detention, and deportation, not just veterans of Iraq either.

Many who have served this country honorably are now being held in immigration facilities thoughout the U.S. They are legal residents of a country that wants to cart them off in a crate with a "return to sender" label. Consider the irony, for a moment, in light of the organized crime families of the 1920's and 1930's. How many vets of World Wars I and II faced being deported back to Sicily because they were convicted of drug smuggling?

Keep in mind, too, that most of the 3,000 or so service members currently being held were convicted of drug possession, and will have served as much time in immigration detention centers as they did in prison.

A bill introduced by the House in July may soon be a paradigm for how to remedy this gross inequity. HR 2988 provides for the relief of Fernando Javier Cervantes and, if passed, would preclude his deportation. Mr. Cervantes emigrated legally from Mexico to the U.S., more than thirty years ago, at the age of seven, with his mother. He enlisted in the Army toward the end of the Vietnam War, and was honorably discharged.

Now, more than three decades later, Cervantes is a detainee at El Centro Processing Center where he is being held after serving three years for possession of methamphetamine. Most likely, he will spend an equal amount of time in detention as in prison and, barring intervention should the House bill pass, he will be deported back to Mexico, a country he has not seen since 1970.

Justice is clearly a precious commodity, one that is in short supply, and less demand, when American servicemen who participated in the heinous slaughter of two dozen men, women, and children civilians in Haditha, Iraq, back in November, 2005, have escaped prosecution while noncitizen servicemen, many of whom have legal immigration status, are being deported for misdemeanor drug possession.

Clearly, this isn't about illegal drugs, but a backlash against illegal immigration with the inescapable irony that military recruiters don't seem to care about the citizenship application status of their recruits when they need to fill their front lines.

Jayne Lyn Stahl is a widely published poet, essayist, playwright, and screenwriter, member of PEN American Center, and PEN USA.

El Auge Revolucionario de 1956-1959 y la Revolución Cubana

Manuel Moncada Fonseca
Rebelión




La contraparte de todo el sistema de explotación, en el que se conjugaban en un todo los intereses del somocismo como tal, los de la oposición burguesa y los del imperialismo estadounidense, era el pueblo nicaragüense conformado por la inmensa mayoría de la población: obreros, campesinos, artesanos, etc. Es a ellos a quienes se impuso una dominación que, en el plano económico, que se basaba en la producción agro-exportadora. Pero precisamente como consecuencia de las contradicciones de una economía por entero dependiente del mercado mundial capitalista, la respuesta de los que han soportado el peso de sus contradicciones ha sido siempre la lucha de clases.
Desde 1934 hasta 1956, la lucha popular contra el régimen somocista estuvo mancillada por los líderes de la oposición burguesa, quienes no aspiraban a mayor cosa que la obtención de concesiones favorables a sus intereses económicos y políticos. No obstante, el 21 de septiembre de 1956, fecha en que el tirano Somoza García fuera ajusticiado, quedaría históricamente registrado como el momento a partir del cual comenzaría a romperse la tutela de la oposición burguesa sobre la lucha popular.

1. Marco histórico del ascenso revolucionario

El proceso de reintegración del movimiento revolucionario nicaragüense, impulsado por el auge revolucionario de 1956-1961, fue producto del desarrollo de las contradicciones del sistema capitalista agroexportador existente en Nicaragua. No obstante, dicho auge representaba una de las múltiples manifestaciones del auge de los movimientos de liberación nacional y antiimperialista en el ámbito internacional.

Por ello, para comprender el proceso de reintegración del movimiento revolucionario nicaragüense, debemos ubicarlo históricamente, es decir, contemplarlo dentro de los marcos de lo que se denominó crisis general del capitalismo (en su tercera etapa). Por consiguiente, es necesario señalar, aunque sea a grosso modo, las características principales de esta crisis.

En primer lugar, durante la tercera etapa de esta crisis del capitalismo, el socialismo se había convertido en un factor de mucho peso para el desarrollo de la humanidad. Esto se manifestó, por ejemplo, en que en el período de 1950 a 1976, los países socialistas ven incrementada su producción industrial en 11.5 veces; en tanto que en los países capitalistas dicho incremento es tan sólo de 3.4 veces.

En segundo lugar, se produce el desmoronamiento del sistema colonial del imperialismo, lo cual se extiende a África y a Latinoamérica.

En tercer lugar, tiene lugar la aparición de nuevas contradicciones en el sistema capitalista, así como la agudización de las anteriormente existentes. Se observa, sobre todo, la imposibilidad de poner la revolución científico-técnica al servicio de la humanidad, ya que la misma se convierte en un instrumento de la carrera armamentista, promovida por el imperialismo. (1)

Conviene, para palpar más de cerca la gravedad de la crisis del sistema capitalista, señalar que entre los años 50 y 60 del siglo XX, en el mundo aparecen 25 nuevos estados y que el rasgo característico de los movimientos de liberación nacional consiste en que de movimientos aislados entre sí, se transforman en un fenómeno histórico universal. De esta suerte, las revoluciones de liberación nacional, desencadenadas en distintos países, pasaron ha ser eslabones de una misma cadena libertaria. (2)

No en vano, se afirmaba que "por su significado histórico, la desintegración del sistema colonial del imperialismo constituye el segundo acontecimiento [en importancia] después de la formación del sistema socialista mundial". (3)

Ante estas circunstancias, Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial se vio convertido en gendarme del imperialismo internacional, comenzó a internacionalizar los conflictos, orientando la creación de bloques de estados imperialistas que, de manera conjunta, pudieran enfrentarse a los pueblos que se oponían al yugo extranjero. Expresión de esta táctica fue la intervención armada contra Corea (1950-1953), Egipto (1956), Vietnam (1950-1955), Líbano y Jordania (1958). (4)

A pesar de su agresividad, el imperialismo estaba, para estos tiempos, imposibilitado para detener el avance de los pueblos en el ámbito mundial. La causa fundamental de esto radicaba en que a dicha agresividad se oponía con fuerza el sistema socialista, encabezado por la hoy desaparecida Unión Soviética. En efecto, desde mediados de la década del 50, el poderío económico, político y militar de la URSS , se constituyó en un hecho que las potencias capitalistas debieron de considerar con suma seriedad.

Dos sucesos bastan para evidenciar que tan persuasiva resultaba la existencia de la URSS para los agresores de pueblos:

El primero consiste en la seria advertencia que esta última hiciera el 5 de noviembre de 1956 a Inglaterra, Francia e Israel, en el sentido que sus tropas procedieran a la desocupación inmediata del territorio Egipcio, puesto que, de lo contrario, los soviéticos estarían completamente decididos a destruir a los agresores para restablecer la paz en Oriente. (5) No extraña que, exactamente 22 días después de realizada esta advertencia, las acciones armadas de Inglaterra, Francia e Israel contra Egipto hayan sido suspendidas. (6)

El segundo consiste en que, gracias al apoyo militar que la URSS ofrece a Cuba en 1962, EEUU se vio imposibilitado de agredirla militarmente con sus propias tropas y, además, obligado a firmar con aquélla un acuerdo que los compromete a no realizar ninguna agresión directa contra Cuba. (7)

II. América Latina: ascenso de la lucha antiimperialista (1945-1959)

Habiéndose señalado el marco histórico general en que se produce la reintegración del movimiento revolucionario nicaragüense, se hace necesario examinar, así sea brevemente, lo que tiene lugar en América Latina en la década del 50. La importancia de esto estriba en que precisamente el oleaje revolucionario desatado en esta región del mundo para este tiempo, es el marco en el que el pueblo nicaragüense, gradualmente, despierta nuevamente a la lucha política independiente, hasta lograr la conformación de su propio destacamento de vanguardia, en 1961.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el proletariado latinoamericano, como resultado del desarrollo industrial operado en América Latina desde comienzo de esa guerra, se convirtió en una gran fuerza social. Sus filas se acrecentaron significativamente, de modo que, hacia 1950, había en ellas unos 10 millones de personas. Fueron de igual modo notables los cambios producidos en la estructura social del campo, donde se registran más de 10 millones de asalariados. (8)

Reflejo de este considerable desarrollo numérico del proletariado latinoamericano, fue el crecimiento constante del número de huelguistas. Atestiguaban sobre esto los siguientes datos: si para 1951 la cantidad de huelguistas alcanzó una cifra de 2.5 millones de personas, para 1959 abarcó a 20 millones de personas. (9)

En el desarrollo de la lucha antiimperialista, el factor internacional ejerció un gran influjo. Ello se ligó, en primera instancia, con la derrota del fascismo alemán y con la liquidación del militarismo japonés a fines de la II Guerra Mundial, lo que recayó casi exclusivamente sobre los hombros del pueblo soviético. Bajo la constante presión de las masas populares, los círculos gobernantes de América Latina se vieron obligados a democratizar los regímenes políticos. Esto abrió a los partidos comunistas nuevas posibilidades para el desenvolvimiento de su accionar político. Muchos de ellos conquistaron su legalidad. En varios países (República Dominicana, Guadalupe, Guatemala, Bolivia, Guyana, Honduras y Haití), donde antes de la guerra las filas comunistas habían estado dispersas, surgieron partidos comunistas. (10)

Este clima democrático, vivido en muchos países latinoamericanos desde fines de la II Guerra Mundial, manifestado, por ejemplo, en el derrocamiento de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, en El Salvador (1944), en la de Jorge Ubico y en la creación del gobierno democrático de Juan José Arévalo en Guatemala (15/03/1951–27/06/1954), contribuyó al desarrollo del movimiento comunista latinoamericano, tanto cuantitativa como cualitativamente. Eso se expresó, por ejemplo, en que si antes de la guerra dicho movimiento contaba con un total de 90.000 hombres, para 1947 esta cifra se cuadruplicó, alcanzando 370.000 miembros. Se expresó, asimismo, en el hecho de que en Cuba, Chile, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, para 1947 los partidos comunistas comenzaron a desplegar una labor parlamentaria en defensa de los intereses de las masas trabajadoras. (11)

Contraponiéndose al avance de la democracia por todo el continente americano, a fines de la década del 40, la reacción latinoamericana pasa a la contraofensiva. Esta política, que respondía a los designios del imperialismo estadounidense, desembocó en el establecimiento de dictaduras militares de corte burgués-terrateniente en Perú (1948), Venezuela (1950), Cuba (1952) y Colombia (1953).

Por otro lado, con la abierta complicidad de los gobiernos lacayos de República Dominicana, Honduras, El Salvador y Nicaragua, el imperialismo estadounidense, aplicando la táctica de internacionalizar los conflictos, derrocó, mediante una agresión militar, al gobierno progresista de Jacobo Árbenz. (12)

Expresiones de esa ofensiva reaccionaria fueron, de igual modo, las siguientes: la ilegalización de los partidos comunistas en la mayoría de los países latinoamericanos, el rompimiento de relaciones diplomáticas con la URSS , la suscripción del Pacto de Defensa del Hemisferio Occidental (1947) y la creación de la OEA (1948). (13)

Sin embargo, la lucha de los pueblos no se detuvo y cobró cada día mayores dimensiones. Los obreros no sólo realizaron huelgas para defender sus intereses inmediatos, sino que, además, se enfrentan abiertamente contra las dictaduras militares impuestas por el pentágono. Como resultado de esa lucha en la que participan amplios sectores de la población, las dictaduras fueron cayendo una tras otra: primero, la del Perú (1956); luego, la de Colombia (1957); le siguió la de Venezuela (1958) y finalmente la de Cuba (1959).

El derrocamiento de la dictadura batistiana fue más allá que un simple cambio de hombres en el poder, significó la sustitución del poder de las minorías por el poder del pueblo en general. Así las cosas, en el propio "patio trasero" del imperialismo, tan solo a 90 millas de sus costas, apareció el primer territorio libre de América.

Ahora bien, si la revolución cubana representó la síntesis de la lucha antiimperialista, librada en el subcontinente Latinoamericano desde la Segunda Guerra Mundial, el auge revolucionario que se inicia en Nicaragua en 1956, se vio grandemente fortalecido gracias al benéfico influjo moral que sobre él ejerció la lucha del pueblo cubano contra una dictadura tan entreguista, sanguinaria y antipopular como la de los Somoza en Nicaragua.

III. Cuba y Nicaragua: semejanzas de dos dictaduras

Entre Cuba y Nicaragua existen grandes diferencias, pero también grandes semejanzas. La primera es una isla; la segunda se encuentra en tierra firme. Pero por las ventajas de su posición geográfica ambas se asemejan grandemente. Una, por el Caribe, se encuentra frente a las costas de muy buena parte del continente americano; la otra, une territorialmente al Norte y al Sur del Hemisferio occidental; pero, además, ambos territorios son cercanos a las costas de EEUU. Por ello, históricamente han sido objeto de dominación estratégica para esta potencia. Por la misma razón, han sido también motivo de discordia entre potencias coloniales, primero, y, luego, capitalistas, lo que ha marcado grandemente sus destinos.

Pero ¿acaso es la geografía lo único que las hace parecerse una a otra? Evidentemente no. No es tampoco eso lo que más puede llamar nuestra atención. Ya apuntábamos que Cuba y Nicaragua han sido objeto y motivo de disputas entre potencias. No obstante, la geografía, por sí sóla, no puede conducir a ello. No son las condiciones geográficas las que determinan el desarrollo social, sino, en última instancia, la producción de bienes materiales o, mejor dicho, un modo de producción históricamente determinado.

Por consiguiente, por sí sóla, la ubicación geográfica no ha sido la causa de que Cuba y Nicaragua hayan sido codiciadas históricamente por distintas potencias, sino que han sido codiciadas por distintas potencias porque han existido, hasta la fecha, inmersas dentro de sistemas sociales en los que ha imperado la explotación del hombre por el hombre y el sometimiento de unas naciones por otras. Primero fueron dominadas por España, luego por EEUU. Esto naturalmente, estuvo determinado por lo que se ha llamado mayores niveles de desarrollo económico y social que dichas potencias habían alcanzado al momento de conquistar y someter a Cuba y Nicaragua. ¿O es que los conquistadores europeos fueron racialmente superiores y por ello conquistaron a nuestros pueblos?

En las dos, el dominio extranjero contó siempre con el apoyo de los explotadores locales, que le sirvieron de base social para mantenerse. Pero también en las dos hubo siempre una tenaz resistencia contra el dominio interno y externo. No es por ello casual que Cuba sea hoy un territorio libre de América y que Nicaragua, desde 1979, haya dado un gran paso para la consecución de su plena liberación nacional y social, que desde el año 2007, tras dieciséis años de pleno dominio liberal, se vuelve a reanudar en mejores condiciones para su consolidación definitiva como proceso revolucionario.

Cuba se independizó de España en 1898, convirtiéndose de inmediato en una república mediatizada. De este modo, la lucha que durante décadas los patriotas cubanos libraron por su independencia se vio frustrada por el nuevo amo de la isla: el imperialismo yanqui. Las riquezas de la misma, que antes le habían pertenecido al imperio español, pasaron entonces a pertenecerle a EEUU.

Como expresó Fidel Castro, en el I Congreso del Partido Comunista de Cuba, los gobiernos entreguistas que se sucedieron en las primeras décadas de la república, junto a las intervenciones yanquis que tuvieron lugar en ese mismo período, pusieron en manos de los amos del norte "las mejores tierras agrícolas, los centrales azucareras más importantes, las reservas minerales, las industrias básicas, los ferrocarriles, los bancos, los servicios públicos y el comercio exterior". (14)

Y ¿qué ocurrió en Nicaragua después que la intervención yanqui derrocara al gobierno burgués-nacionalista de Zelaya (1893-1909 y Madriz (1909-1910)? ¿No fue acaso esencialmente lo mismo? En efecto, los conservadores -que lograron, gracias a la intervención yanqui retornar al poder en 1910- pusieron en manos del amo yanqui: las rentas de aduanas, los impuestos sobre consumo, las contribuciones, los puertos, el correo, la sanidad etc. Asimismo, entregaron a sus amos imperialistas el Banco Nacional, los ferrocarriles y los vapores.

Por si esto fuera poco, amén de las riquezas, las clases gobernantes de Cuba y Nicaragua entregaron lo más preciado que un pueblo puede tener: su soberanía. Las de Cuba lo hicieron en 1902, mediante la Enmienda Platt , la que no sólo anulaba la independencia de este país, sino que, además, contemplaba intervenirlo militarmente (siempre que la paz interna se viera "perturbada") y el establecimiento de estaciones navales o carboneras de EEUU. (15)

Las de Nicaragua, por su parte, oficializaron la entrega de la soberanía nacional en 1914, mediante la suscripción del tratado canalero Chamorro-Bryan, que concedía a EEUU, para siempre y sin ningún tipo de impuestos, "los derechos exclusivos y propietarios necesarios y convenientes para la construcción operación y mantenimiento de un canal intereoceánico por la vía del río San Juan y el lago de Nicaragua o por cualquier otra ruta sobre el territorio de Nicaragua”. (16)

Pero ¿qué significaron para el imperialismo estadounidense las dictaduras de Fulgencio Batista, en Cuba, y la de Anastasio Somoza García y sus herederos, en Nicaragua, establecidas respectivamente en 1952 y 1934 si partimos, para el segundo de los casos, no de lo oficial (registrado en 1937) sino de lo factual (con el asesinato de Sandino y de centenares de sus seguidores)?

Durante la tiranía batistiana, todas las medidas económicas aplicadas por el gobierno, se orientaban al fortalecimiento del capital estadounidense en la economía del país. A las compañías de EEUU les fueron hechas grandes concesiones en la minería, en la exploración del petróleo, en la venta de gasolina en el interior de la isla. Ya en el primer año de su existencia, la dictadura batistiana permitió que cien nuevas compañías estadounidenses comenzaran a operar en Cuba. No extraña, por eso que, para entonces, de todos los depósitos bancarios de la isla, un cuarto de ellos se encontrara en las sucursales cubanas de los bancos estadounidenses. (17)

El dictador nicaragüense, Somoza García, también realizó grandes concesiones a las compañías de EEUU. Éstas sin ninguna restricción de por medio, empleaban de manera muy irracional los recursos naturales de la nación, como el oro, la madera y el caucho. Se estima que el capital privado de EEUU llegó a controlar, durante el somocismo, el 90% de las riquezas del subsuelo, los bosques y la pesca; el 50% del comercio interno y externo; así como el 40% de la producción industrial del país. (18)

Un examen detallado de las condiciones de vida de los pueblos de Cuba y Nicaragua nos mostraría, de igual modo, las grandes semejanzas de dos dictaduras tan entreguistas, como la batistiana y la somocista. Hambre, miseria, desempleo, analfabetismo, exilio, persecución, cárcel, tortura y muerte, fue en realidad lo que los gorilas gobernantes ofrecían, en vez del pan de cada día, a los pueblos de ambos países.

Batista y los Somoza, servían al imperio yanqui no sólo internamente sino también en el campo internacional. En este aspecto, ambos gorilas demostraban con creces su hermanamiento.

Batista, a través de sus representantes en los foros internacionales, apoyaba sin reservas las intervenciones y acciones agresivas del imperialismo yanqui. Pero ello fue propio también de su antecesor, Pío Socarras, quien en 1949 tuvo la intención de enviar a 25 mil soldados cubanos a la guerra de Corea. (19) No obstante el pueblo cubano se lo impidió, frustrando su maligno propósito.

Volviendo a Batista, debemos agregar que apenas hubo arribado al poder, producto del golpe de estado que dio a Pío Socarrás en 1952, rompió relaciones diplomáticas con la URSS.

A Somoza García, el imperialismo yanqui le asignó un papel digno de un perfecto gorila: el de gendarme en Centroamérica y el Caribe. Este papel se hizo presente en los conflictos que afectaron a Costa Rica (1948); en el rechazo a la Legión del Caribe (1954); en la agresión militar contra el gobierno progresista de Jacobo Árbenz, en Guatemala.

Y después de su ajusticiamiento en 1956, Somoza García heredó a su hijo Luis el papel de gendarme, quien también lo jugó en los precisos momentos que su amo imperialista señalara, por ejemplo, en la agresión mercenaria a Cuba revolucionaria, en 1961.

Antes de ser derrocado, Batista utilizó contra el pueblo cubano tanques que le fueron proporcionados por la dictadura somocista. (20)

Indudablemente, la mayor semejanza existente entre las dictaduras de Batista y la de los Somoza está dada por el carácter de ocupación que prácticamente poseían los ejércitos de Cuba y Nicaragua, sostenes fundamentales del dominio imperialista en estos países. Ambos ejércitos tenían como objeto fundamental defender los intereses estadounidenses, aplastando a sangre y fuego las aspiraciones libertarias de los pueblos de Martí y de Sandino.

Somoza y Batista competían en pretextar la lucha contra el comunismo para reprimir a sus adversarios y para anular hasta los más elementales derechos ciudadanos. Ambos gorilas despedían de sus trabajos a aquéllos que no apoyaban su política.

Procedamos ahora a establecer algunas comparaciones entre la lucha de ambos pueblos:

En primera instancia, como ya quedó dicho más atrás, estos pueblos, el cubano y el nicaragüense han tenido siempre una actitud de permanente rechazo contra el yugo, venga de donde venga. Pero más que hacer referencia a las ricas tradiciones de luchas de estos pueblos, vamos a examinar algunos problemas de la lucha comunes para ambos.

Los problemas de la lucha antidictatorial en Cuba y Nicaragua, aunque no eran idénticos, tenían en común, entre otras cosas, la influencia que sobre la misma ejercían los opositores burgueses.

En el caso de Nicaragua, eso significaba la hegemonía de la oposición burguesa en la lucha antisomocista (ello desde 1934 en que Somoza García asesina a Sandino y a centenares de sus seguidores), a causa en primera instancia de la inexistencia de una vanguardia revolucionaria.

En Cuba, la influencia burguesa en la lucha del pueblo creaba fuertes prejuicios anticomunistas en el mismo. La consecuencia de esto fue que "aunque existía un destacamento abnegado y combativo de comunistas cubanos -afirma Fidel Castro- la burguesía y el imperialismo habían logrado aislarlos políticamente". (21)

En Nicaragua, la oposición burguesa practicaba una política dualista, consistente en que, por un lado, tendía a realizar simulacros armados contra Somoza y, por el otro, en que, no teniendo con éste contradicciones de carácter antagónico y temiendo que la lucha popular escapara de su control, recurría a los pactos con el dictador. (22) En Cuba los partidos tradicionales no deseaban ningún entendimiento con los comunistas y se mostraban incapaces de ofrecer resistencia a la dictadura reaccionaria. (23)

En ambos países, por consiguiente, la lucha antidictatorial exigía, en primer lugar, la creación de organizaciones que fueran independientes de los partidos tradicionales y, al mismo tiempo, capaces de superar la dispersión que caracterizaba a esa lucha. En segundo lugar, exigía y planteaba la necesidad de adoptar la lucha armada como la única vía factible para acabar con las dictaduras proimperialistas.

Tomando en consideración el carácter eminentemente represivo del régimen somocista, el comandante Carlos Fonseca escribía en 1960 lo que sigue:

“... las condiciones peculiares de la realidad nicaragüense llevan al convencimiento de que la lucha legal del pueblo no puede conducir a la victoria (...) la dictadura somocista es un régimen de fuerza y no de ley. Quienes controlan la dictadura son los que controlan la Guardia Nacional. Es absurdo por consiguiente que el pueblo levante la ley contra la fuerza, el código contra la bayoneta". (24)

Huelga decir que estas palabras eran perfectamente aplicables asimismo a la realidad cubana reinante durante el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. En otras palabras, la política represiva de los gobiernos obligaba a las masas a enfrentar la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria.

Si hemos hecho referencia a las semejanzas existentes entre Cuba y Nicaragua, semejanzas que pueden ser, en mayor o menor grado, igualmente establecidas entre buena parte de los países latinoamericanos, ha sido con el propósito de fundamentar que, en última instancia, lo que explica la influencia de la lucha contra Batista, así como del triunfo de esta lucha, en el auge revolucionario registrado en Nicaragua en 1956-1961, no es, de ninguna manera, la exportación de la lucha revolucionaria del pueblo cubano a Nicaragua, sino la naturaleza entreguista y antipopular del gobierno somocista, muy semejante a la que Batista había aplicado durante su mandato.

Refutando las acusaciones que el somocismo hacía contra el FSLN, indicando que sus miembros obedecían a planes cubanos y eran entrenados en Cuba, el Comandante Carlos Fonseca, desde la cárcel de la aviación, escribió en 1964 un manifiesto en el que, en parte, se lee lo siguiente:

" La Revolución Cubana lleva casi seis años de haber triunfado. Aunque nosotros somos jóvenes, mucho antes del triunfo Cubano comenzamos nuestra lucha contra el gobierno somocista. Siendo el suscrito estudiante de secundaria en Matagalpa, participé en la huelga estudiantil en que participaban como estudiantes universitarios, Tomás Borge y Silvio Mayorga, exigiendo retirar del recinto de la universidad un medallón que representaba a Somoza.

"Con motivo de la acción de Rigoberto López Pérez en Septiembre de 1956, los tres hermanos de lucha mencionados sufrieron prisión juntos.

"Para el tiempo de estos dos sucesos el nombre de Fidel Castro era desconocido dentro de Nicaragua. Era un tiempo en que Fidel Castro ni siquiera estaba combatiendo contra la tiranía de Batista en la Sierra Maestra ".

Más adelante leemos:

"Los combatientes sandinistas sostenemos que no es Fidel Castro sino el régimen somocista el que con su feroz política antipopular ha entrenado para pelear en defensa de la libertad". (25)

¿En qué, pues, consiste el influjo cubano en el proceso de reintegración de la lucha revolucionaria del pueblo de Sandino?

Carlos Fonseca señala que la Revolución Cubana influyó en el pueblo nicaragüense aún antes de verse coronada con la victoria. (26) Ello fue así porque el Ejército Rebelde, encabezado por Fidel Castro, al infringirle golpe tras golpe al ejército batistiano, mostraba a los pueblos latinoamericanos y en particular al nicaragüense, la posibilidad real de enfrentar victoriosamente, en el plano militar, a una dictadura que, al igual que la de Batista, siendo fiel instrumento en manos del imperialismo yanqui, aplicaba una política basada en el entreguismo, el robo, la corrupción, la persecución, el exilio, la cárcel, el asesinato a los patriotas, etc.

En Nicaragua, el auge revolucionario que se iniciaba en 1956 se ligaba orgánicamente a las contradicciones del sistema capitalista agroexportador, sometido a los vaivenes del mercado capitalista mundial -en lo que atañe a los precios y cuotas de los productos de exportación- y tendiente a estrechar más y más la producción de alimentos, expropiando las mejores tierras a los pequeños productores, para ponerlas en función de la producción agroexportadora.

Precisamente en 1956, la economía nicaragüense entró en una prolongada crisis, producto del brusco descenso de los precios del café y del algodón en el mercado internacional. Esta situación condujo a las masas a la acción contra el régimen. En medio del descontento generalizado contra la dictadura somocista, el 21 de febrero de ese mismo año, se produjo el ajusticiamiento del tirano por el patriota Rigoberto López Pérez.

La importancia de este hecho consistió no sólo en que con él se dio inicio al auge de la lucha popular, sino también en que reavivó la lucha armada y reinauguró el accionar independiente del pueblo contra el sistema.

Pero si la acción de Rigoberto fue el principio del fin de la dictadura, ello obedeció a que, a partir de ella, el pueblo se iría liberando gradualmente de la tutela de la oposición burguesa. Y las victoriosas acciones del Ejército Rebelde sobre el ejército de Batista contribuyeron de manera notable con ese proceso de lucha contra la dictadura somocista.

En nuestro país, en 1958, todos los trabajadores, incluyendo a los que anteriormente no se habían pronunciado abiertamente en defensa de sus intereses, se lanzaron a la lucha. Todos, ferrocarrileros, zapateros, maestros, estudiantes, campesinos, se manifestaron de forma espontánea y se organizaron de manera incipiente contra la dictadura. Ese mismo año, la cifra de sindicatos obreros pasó de 5 a 18 y se acrecentaron en miles los conflictos de tierras y de trabajo en el campo. (27)

En medio del despertar general del pueblo a la lucha política independiente, se produjo una lucha armada impresionante. Entre 1958 y 1962 se registraron las siguientes acciones armadas: la de Ramón Raudales (1958), la de Manuel Díaz y Sotelo (1959), la de Carlos Haslan (1959), la de Heriberto Reyes (1959), la de las Trojas y el Dorado (1960), la de Orosí (1959), la de Río San Juan de Luis Morales (1960), la de Poteca (1961), entre otras. (28)

Igualmente notable fue la actividad desplegada por el movimiento estudiantil, mismo que, entre otras cosas, logró impedir que Milton Eseinhower visitara la universidad para recibir el título Honoris Causa que las autoridades del Alma Mater deseaban entregarle. (29)

Al ahondar en el significado que la Revolución Cubana tuvo para el pueblo nicaragüense, es importante señalar que el sólo hecho de que la lucha del pueblo cubano influyera fuertemente en los fundadores del FSLN, en el preciso momento en que ella se libraba, es en sí mismo muy significativo, ya que en la medida en que dichos personajes vieran en esa lucha y en su triunfo reafirmado el planteamiento de que a la dictadura somocista sólo podría derrocársele por la vía armada, sólo en esa justa medida la lucha por el derrocamiento del régimen quedaba estratégicamente definida.

En efecto, el impacto de la Revolución Cubana contribuyó a que los líderes revolucionarios del pueblo nicaragüense se convencieran, de una vez por todas, del papel fundamental que la lucha armada debía jugar en el derrocamiento de la tiranía. Respecto a ello el Cmdte. Tomás Borge señala:

"Fidel fue para nosotros la resurrección de Sandino, la respuesta a nuestras reservas, la justificación de los sueños, de las herejías de unas horas atrás". (30)

Para los revolucionarios nicaragüenses, la Revolución Cubana fue una fuente de grandes enseñanzas. Ella demostraba, entre otras cosas: que un pueblo para derrocar a sus enemigos internos y externos, debe unirse y crear sus propios instrumentos de lucha, divorciados de los partidos tradicionales; que los pueblos con su decisión inquebrantable de lucha, cuando cuentan además con el apoyo internacional, son capaces de vencer a las fuerzas bélicas del enemigo, por muy superiores que éstas sean en cantidad de armas y de hombres.

Al respecto es importante lo que apunta el Comandante Fonseca, quien dice que "es indudable que la cantidad y calidad de las armas tienen importancia en el éxito de la Guerra , pero es conveniente no exagerar esta verdad. Debemos recordar que al finalizar la guerra del pueblo de Cuba contra la oprobiosa tiranía de Batista, esta poseía mayores y mejores armas que los rebeldes y sin embargo fue derrotada. Eso ocurrió así porque lo fundamental es la elevada moral del soldado del pueblo". (31)

Fidel Castro, por su parte, nos dice al respecto algo semejante: "Moncada y Alegría de Pío, dos amargas derrotas no impidieron el curso ulterior de la lucha. Con siete armas se inició de nuevo la contienda en la Sierra Maestra y, al cabo de dos años, el ejército de la tiranía supuestamente invencible, había sido liquidado y el pueblo victorioso empuñaba los ochenta mil fusiles que un día se esgrimieron contra la nación. La Guerra propiamente constituyó un alentador ejemplo de lo que podían lograr el tesón y la voluntad revolucionaria de un pueblo. Los combatientes revolucionarios armados en la fase final de la lucha apenas rebasaban los tres mil hombres. Las armas fueron arrebatadas al enemigo en los combates". (32)

El significado del triunfo de 1959 en Cuba, para los revolucionarios nicaragüenses fue también de carácter ideológico, ya que el marxismo entró y prendió "en un amplio sector del pueblo y de la juventud nicaragüense" (33) precisamente al triunfar la revolución cubana.

Los revolucionarios nicaragüenses aprendieron de los revolucionarios cubanos el papel que desempeña el repudio a los tiranos para movilizar a las masas populares.

Finalmente, es bueno tomar en cuenta lo que la oposición burguesa en Nicaragua opinó sobre el triunfo revolucionario del pueblo cubano. Ello muestra, como una radiografía, los temores de la burguesía por la suerte que pudiera tener el sistema capitalista en Nicaragua. Pero, además, ello mismo constituye el reconocimiento abierto de que las revoluciones no se exportan, sino que tienen sus causas internas. Un ejemplo bastará para demostrar lo arriba expuesto: lo que expreso Luis Cardenal, uno de los más notables líderes de la oposición burguesa al somocismo, el mismo día en que triunfo la revolución cubana.

En su artículo "la caída de un dictador" este personaje decía:

"Como una reflexión al problema nacional de un gobierno nacido de elecciones que no fueron aceptadas por la inmensa mayoría del país como fueron las del Ingeniero Luis Somoza en Febrero del 56, no puedo menos que pensar que mientras no haya elecciones libres y honestas en Nicaragua y en un plazo corto y prudencial no podremos en este país vivir en verdadera paz y tranquilidad y dedicados al trabajo y al mejoramiento de la patria ya que siempre habrá pueblo Nicaragüense que opine en la misma forma que el Glorioso pueblo Cubano. Se necesita por lo tanto, una verdadera conciliación nacional nicaragüense pero a base de civismo y paz, para así no exponernos a una conquista de sangre como en el caso cubano..." (34)

Posiciones de este tipo son las que llevaron al Comandante Fonseca a prevenir contra las maniobras de la oposición burguesa, tendientes a evitar el triunfo popular reduciendo el derrocamiento de la dictadura a un simple cambio de poder. (35)


Notas:



1. Rumiantsev, A. Economía Política. Capitalismo . Editorial Progreso, Moscú, 1980, p. 561.

2. Historia Universal . Tomo 12. Editorial "Pensamiento", Moscú 1979, p. 324. (Obra en ruso).

3. Ibíd. p. 323.

4. Ibíd. p. 324.

5. GROMICO, A.A.; Ponomarev, BN. Historia de la Política Exterior de la URSS 1945-1976 . Tomo II. Editorial "NAUKA", Moscú 1977, pp. 263-264. (Obra en ruso).

6.Ibíd. p. 265.

7. La Unión nos dio la Victoria. Informe del Comité Central del Partido Comunista de Cuba al Primer Congreso. Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PC de Cuba. La Habana , 1976, pp. 63-66. Véase también: Torshin, Mijail. Internacionalismo Proletario: Base de las Relaciones Soviético- Cubanas. En La Historia de Cuba, en tres tomos, tomo III (Cuba Revolucionaria). Redacción de "Ciencias Sociales Contemporáneas"; Academia de Ciencias de la URSS , Moscú 1980, p. 214.

8. Kobal, B.I. El Movimiento Obrero en América Latina . Editorial "NAUKA", Moscú 1979, p. 94.

9. Historia Universal. Ob. cit. p. 455.

10. Kobal, B.I. Ob. cit. p. 91.

11. Ibíd. pp. 92-93.

12. Muro Rodríguez, Mirtha; Dausa Céspedes, Rafael y otros. Nicaragua y la Revolución Sandinista . Editorial de Ciencias Sociales, La Habana , 1984, pp. 64-65.

13. Kobal, B.I. Ob. cit. p. 95.

14. La Unión nos dio la Victoria. Ob. cit. p. 19.

15. Agresiones de Estados Unidos a Cuba. 1787-1976. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 1978, p. 26.

16. Véase El Tratado Chamorro Bryan en Carlos Quijano. Nicaragua : Ensayo sobre el Imperialismo de los Estados Unidos 1909-1927 . Managua: Vanguardia, 1987, p. 267.

17. Gavricov, Y.P. Cuba: Páginas de su Historia. Editorial "NAUKA", Moscú, 1979, p. 93.

18. Lanuza, Barahona, Chamorro. Economía y Sociedad en la Construcción del Estado en Nicaragua. ICAP, San José, Costa Rica, 1983, p. 226.

19. La Unión nos dio la Victoria. Ob. cit. 33.

20. Fonseca, Carlos. Obras. Bajo las Banderas del Sandinismo . Tomo I. Editorial Nueva Nicaragua, Managua 1982, p. 40.

21. La Unión nos dio la Victoria. Ob. cit. p. 38.

22. Fonseca, Carlos. Ob. cit. pp. 26-27.

23. La Unión nos dio la Victoria. Ob. cit.

24. Fonseca, Carlos. Ob. cit. p. 28.

25. Ibíd.

26. Fonseca, Carlos. Ob. cit. p. 27

27. Apuntes de Historia de Nicaragua. Selección de Textos. Tomo II. UNAN, Managua 1982, p. 203.

28. Fonseca, Carlos. Ob. cit. p. 85.

29. Apuntes de Historia de Nicaragua. Ob. cit. Tomo II, pp. 202-203.

30. Borge, Tomás. Apuntes Iniciales del FSLN . Centro de Publicaciones "Silvio Mayorga". Managua, 1983, p. 15.

31. Fonseca, Carlos. Ob. cit. p. 29.

32. La Unión nos dio la Victoria. Ob. cit. p. 45.

33. Fonseca, Carlos. Ob. cit. p. 219.

34. La Prensa. Primero de enero de 1959, p. 5.

35. Fonseca, Carlos. Ob. cit. pp. 61-62.