México 2010, escenario de choque social

Yael Anahí López Torres
Rebelión


“La salvación del Estado es la ley suprema para los gobernantes, pero por derivación también para los gobernados”.

Norberto Bobbio.

1. Líneas introductorias:

Empezamos el año 2010 en México, año lleno de expectativas pero también de pesimismo dados los estragos del año anterior en todos los ámbitos [2] , asimismo mucho se ha hablado de un posible estallido social como parte de una historia trágica mexicana [3] .

En este escrito no se rechaza tal posibilidad dadas las condiciones que ha dejado un gobierno cuyo propósito se ha centrado en la seguridad bajo una equivocada estrategia que ha traído como consecuencia el debilitamiento de la legitimidad en el uso de la fuerza estatal y violación al Estado de derecho. En un análisis de prospectiva, se hace una referencia a la concepción de Estado de Norberto Bobbio; y al concepto de represión gubernamental estudiado por Isaiah Berlin.

2. Marco Teórico:

En el tema de la acción coercitiva del Estado es necesario retomar las ideas de Norberto Bobbio. Para entender al Estado, Bobbio distingue al Estado como ente racional (teoría de la razón de estado), o al Estado como reino de la fuerza (concepción marxista del Estado). La primera es la concepción positiva del Estado, mientras que la segunda es la concepción negativa. Para efectos de este análisis, y con el objeto de tratar la vulnerabilidad de la legitimidad y la violación del Estado de derecho, se hará referencia a la segunda concepción.

Se le llama concepción negativa del Estado en el sentido de que el momento de la fuerza es esencial para el Estado en el desempeño de su función. En la concepción tradicional negativa del Estado de inspiración religiosa, exige la maldad de los súbditos, mientras que en la concepción de Marx, es por necesidad un aparato coactivo porque sólo mediante la fuerza la clase dominante puede conservar perpetuar su dominio.

Se podría decir que en la doctrina tradicional el Estado es un mal necesario; mientras que en la doctrina marxista es un mal no necesario para los gobernados, sino para el interés de los gobernantes. [4]

En cuanto a la concepción negativa clásica del Estado, la historia del pensamiento político clásico occidental reina la interpretación agustiniana, tomada después por Martín Lutero, según la cual “el Estado es un mal necesario para reprimir la maldad de la gran mayoría de los hombres, los que no podrían vivir en comunidad sin constricción”. A esta concepción se le llama Teoría terrorista del Estado. [5]

En la justificación de las acciones del Estado en el uso de la “fuerza legítima”, Bobbio retoma el problema de la relación entre moral y política, con base en el pensamiento de Hegel al decir que la moral individual es inferior a la del Estado por lo que se refiere a su validez, y debe cederle el paso a ésta cuando la misión histórica del Estado así lo requiera.

¿Y qué pasa cuando la utilización de esa fuerza legítima es causa de un juicio político negativo? Aquí habría una discusión entre la moral y ética de la acción política. El problema de la idoneidad de los medios se plantea cuando se quiere emitir un juicio sobre la eficacia del gobierno, que a fin de cuentas, es un juicio no moral.

Isaiah Berlin también estudia el juicio político, él argumenta que la paz es el fin mínimo del derecho, y para establecerla es preciso usar la fuerza para hacer entrar en razón a los que no respetan las reglas; en el plano de las relaciones internacionales, esa fuerza sería la guerra. [6] Pero también arguye que la ineficiencia del aparato gubernamental puede provocar el paso de un orden a otro en un choque violento entre facciones opuestas, ya que “mucha represión evita que demasiadas personas digan lo que quieran y paulatinamente atrofia su capacidad de comprensión y expresión… si evitas que la gente piense, y les embotas la imaginación, se quedarán asustados, estúpidos o infantiles..” [7]

El juicio político, es decir, “el juicio sobre las acciones que se localizan en la esfera de la política” también puede verse desde el punto de vista jurídico, o sea de la conformidad o la disconformidad con las normas fundamentales de la Constitución, a la que el ejercicio de la acción política por parte de los órganos superiores del Estado también es sometido. El juicio se centra en el mayor o menor apego de los órganos del Estado de esa parte integrante del poder soberano que son los partidos, a sus normas y a sus principios que da el Estado de derecho que con frecuencia se oye de “incorrección constitucional y práctica antidemocrática”. [8]

2. México en el 2010: Escenario de choque social ante la pérdida de legitimidad en el uso de la fuerza y violación al estado de derecho.

México se encamina hacia un año controversial, no por el hecho o “tradición” de llevar una vida llena de truculentos estallidos sociales cada cien años, sino por el contexto que actualmente se vive durante el régimen de Felipe Calderón. Prácticamente desde el inicio de su periodo en el 2006, Calderón ha desatado un profundo descontento social debido a las acciones políticas que se han realizado, tomando como principal objetivo: la “guerra” [9] contra el crimen organizado, especialmente, contra el narcotráfico.

Para este gobierno, el tema de la seguridad ha tenido la importancia fundamental en medio de una crisis internacional tanto económica como financiera. Ante esto hay que decir que la cuestión de la seguridad no carece de importancia sobre todo cuando los niveles de violencia se han incrementado en cifras históricas, el problema es cuando la estrategia no es la adecuada. Desde que los militares salieron a las calles, especialistas y analistas vieron con preocupación esta decisión, cuya prospectiva se encaminaba, lejos de una recuperación de legitimidad, a un descontento aún mayor de los diferentes sectores sociales y a una vulneración de las instituciones estatales. [10]

El resultado no estuvo alejado de estas perspectivas. Esta estrategia de seguridad vino a combinarse con la represión gubernamental, característica en la historia del Estado mexicano; si bien el objeto del control es preservar el status quo, la “estabilidad, la paz y el bienestar”, esta represión ha avivado un creciente recelo de la sociedad mexicana. Por un lado, se ha visto un incremento de los movimientos sociales, y por otra se ha llevado a un plano de criminalizar la protesta social. A parte, tendríamos que ponernos a pensar al menos cuántos presos políticos actualmente existen en las cárceles, un caso muy particular es el de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas, exguerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), liberados en noviembre del 2009, después de diez años de prisión. Tampoco olvidemos las controversiales declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la detención de Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí acusada de secuestrar a seis ex-AFIs. También libre después de estar tres años en prisión, gracias a las presiones de organizaciones nacionales e internacionales. Sus otras dos compañeras indígenas, Alberta y Teresa, siguen aún presas.

La paramilitarización se ha mantenido en posiciones estratégicas donde existe incidencia de grupos “subversivos” o incluso “terroristas”, como lo califica el gobierno mexicano. Se ha tenido evidencia en la zona del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Guerrero o incluso aún en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). [11] Por supuesto que no son los únicos. La estrategia de infundar terror genera una permanente tensión y miedo en la población, lo que se decía en la primera parte: la excesiva represión provoca dejar a la población en un estado infantil, pero también da pauta para un nuevo orden ante un choque social.

En el combate al crimen organizado México parece tomar la concepción de insurgencia que aplica Estados Unidos, ya que la guerrilla y el narcotráfico son considerados enemigos que se erradican con las mismas medidas. Es por ello que también se ha criticado esta guerra disfrazada para poner en acción la contrainsurgencia. Y con ello, los casos de culpas fabricadas han ido en aumento, muchas veces con el adjetivo de “presunto” responsable de X.., bastaría recordar los dos casos de Juan Manuel Martínez Moreno y de Mario Romero Tinoco. El primero detenido hace un año en Oaxaca, por el asesinato del periodista norteamericano Brad Will en el 2006; el segundo, está preso desde hace cuatro meses culpado por supuesta complicidad con el narco. A ambos se les ha declarado como culpables por la misma PGR, a pesar de irregularidades en sus respectivos casos. [12]

Deberíamos tomar en cuenta que el Estado de derecho no se hizo para limitar al individuo sino para limitar al poder. [13] Sin embargo en la práctica vemos lo contrario. Somos testigos que en el círculo de la impunidad no solo se ven implicados civiles en la violación a los derechos humanos, también los propios servidores públicos se ven enmarañados en la gran facultad del fuero castrense. Al menos 25 policías municipales, han sido víctimas de tortura por militares, los casos aun quedan impunes y se ha recurrido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) . Más aún, resulta difícil creer en un Estado que no puede velar por la protección de sus testigos protegidos como lo fue Édgar Enrique Bayardo, ex integrante de la Policía Federal (PF), testigo protegido de la PGR, asesinado en un Starbucks del D.F. [14] O bien, hasta policías desaparecidos durante su envió a una misión contra el crimen organizado en Michoacán. [15]

Se ha aplaudido la acción del operativo en Cuernavaca, Morelos, realizada por la Armada de México, donde resultó muerto Marcos Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de jefes, líder del Cártel que lleva sus mismo apellidos. Pero parece ser que entre mayores golpes al narcotráfico, mayor resulta la tensión entre el gobierno y no se diga entre los civiles inocentes, que esta no fue la excepción en decesos. [16] El caso del asesinato de la familia en Tabasco del marino Mequisedet Angulo, recae en preocupación tanto nacional como internacional por la fuerza del crimen y la constante violencia en México.

En la legitimación de la guerra, según Bobbio, es un valor positivo, pero en la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón, el concepto negativo ha englobado prácticamente todos los aspectos con los que el Estado mexicano está respondiendo a la creciente violencia que vive el país, peor aún, por la pérdida de confianza en el aparato jurídico al dejar inconclusas las violaciones a los derechos humanos por parte de militares. [17] Hay que tomar en cuenta que en México los militares tienen su propio tribunal de justicia, cuando en otros países americanos como Brasil y Chile son Tribunales civiles quienes juzgan al aparato castrense.

Todo ello ha causado decepción en opinión pública de manera evidente al gobierno de Calderón, como lo explican Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro: “Narcotráfico: La Guerra Fallida”. [18]

La pérdida de legitimidad en el uso de la fuerza, se ha dado no solamente por las consecuencias que ha traído el mal manejo de los medios, sino también por los fines que se buscan. El acto fascista de la toma de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y con ello después la privatización de la energía, es un golpe directo contra las organizaciones sindicales del país que no congenien con el gobierno. Asimismo, la tendencia ha llevado a criminalizar la pobreza, es decir, orillarla al crimen organizado ante la falta de empleo. He ahí otro punto medular para el uso de la fuerza ilegítima de México.

Para estos tiempos, prácticamente todos los sectores sociales, incluso la red empresarial, no están de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente Calderón en el alza de precios para este nuevo año. La falta de oportunidades en el ámbito económico, la situación de inestabilidad y tensión ante la violencia en las calles, la represión gubernamental, la violación del estado de derecho y la falta de legitimidad, son algunos de nuestros elementos para poder argumentar que en el año 2010, si aun no se replantea la estrategia de seguridad, México tendrá un escenario de constantes conflictos y muy probable, un choque social como prueba de descontento y hartazgo de la población.

3. A manera de conclusión.

Bobbio argumentó que “la seguridad del Estado como ente colectivo debe servir en última instancia para garantizar la seguridad de los propios ciudadanos”. Respecto a esto, los medios utilizados (en este caso la fuerza) para conseguir este fin (el status quo), corresponderán al gobierno que se encuentre en el poder. Pero no olvidemos que en el uso de la fuerza del Estado es vital estar apoyado no solo por las instituciones, sino por el consenso legítimo, ya que la población avala las acciones del gobierno para salvaguardar la estabilidad del pueblo. Empero, la desviación de las medidas de coerción por parte del Estado recaen en consecuencias que pueden causar el colapso social.

Utilizando la concepción negativa del Estado, los marxistas consideran que el “Estado es el reino de la fuerza”, el cual utiliza este medio coercitivo como un instrumento de dominación. Ante ello se crea el juicio político, el cual avala las acciones gubernamentales. Indiscutiblemente, al emitir un juicio político es común ser dominados por el aspecto moral. El problema comienza cuando el juicio político sea constante en el aspecto negativo. He ahí la señal de modificar las prácticas seguidas hasta ahora por el gobierno en turno. Ya que si bien la represión y el estado de derecho pueden someter a los ciudadanos en la práctica, su mal empleo puede provocar descontento y vulnerabilidad de la estabilidad de los aparatos que sostienen a la entidad jurídica.

En el caso de México, ante el intento de recuperar la legitimidad de Calderón luego de una contienda sospechosa en el 2006, soltando la “guerra” contra el crimen organizado, se ha obtenido un resultado contraproducente, desatando con ello una ola de violencia que lejos de dar seguridad a la población, recitando la concepción marxista: provoca un mal innecesario.

Ante el debilitamiento de las instituciones por la corrupción entre los gobernadores, su involucramiento con el crimen, ante la impunidad que se tiene, ante el crecimiento de la pobreza y de la carencias necesarias, y ante la represión de todos los sectores sociales, muy difícilmente México será visto como un país donde se mantenga un eficaz Estado de derecho y, más aun, un pueblo que legitime esa hazaña fallida del gobierno de Calderón.

FUENTES CONSULTADAS

Berlin, Isaiah “Filosofía y represión gubernamental” El Sentido de la Realidad, Taurus, 1998.

Carlsen, Laura, “¿Guerra contra el narcotráfico o militarización de México?”, Programa de las Américas, http://www.ircamericas.org/esp/4377

Castañeda Jorge, Aguilar, Rubén, Narcotráfico: La Guerra Fallida, Punto de Lectura.

Dresser, Denise, “Aquí están, señor Presidente” En Semanario Proceso, Opinión, http://www.proceso.com.mx/opinion_articulo.php?articulo=71519

“Estado de derecho”, 21 de marzo de 2005, en La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2005/04/21/023a2pol.php

Fernández Santillán José. Norberto Bobbio: El filósofo y la política: Antología, , Fondo de Cultura Económica, México, 1996, 84-85 p.

Garza, Ramón Alberto, “En la antesala del Estado Fallido”, Reporte Índigo, 4 de diciembre de 2009, http://www.encuentro29.com/vernoticias.php?artid=63627&relacion=ESPECIALES&mas=351

Granados Chapa, Miguel Ángel, “Dos casos de injusticia”, Periódico El siglo de Torreón, martes 13 de octubre de 2009 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/469047.dos-casos-de-injusticia-penal.html

Martínez, Alba, “Movimientos sociales en aumento” en Revista Contralínea, 5 de abril de 2009, http://contralinea.info/archivo-revista/?p=1546

Mandujano, Isaín, “Chiapas: paramilitares vigentes”, en Semanario Proceso, 1717/ 27 de septiembre de 2009, 31-33p.

Ravelo, Ricardo, “Un golpe lleno de dudas”, en Proceso, No. 1729 10-17 pp.

“PGR pierde a testigo protegido” El Universal, 6 de diciembre http://www.eluniversal.com.mx/nacion/173476.html

- Yael Anahí López Torres estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán. Actualmente colabora en el área de investigación en el Departamento de Estudios de Imagen Institucional de la misma institución.

[2] De acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, el 55% de los mexicanos considera que en 2009 le fue peor que en otros años. “El sentimiento de mal año que el mexicano tiene respecto a su situación coincide con la forma en que ve al país, ya que, de acuerdo con el mismo estudio, 87% considera que la economía es peor que hace un año; 78% que la política está en esas condiciones y 76% que es la seguridad la que ha empeorado.” Cfr. El Universal, “2009 el peor año para los mexicanos: encuesta” en la edición en línea del periódico El Universal, 5 de enero de 2010; disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/649663.html

[3] Recordemos que en 1810 comenzó el movimiento de independencia de México y que en 1910 sucedió un movimiento revolucionario contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz.

[4] Bobbio Norberto, En Fernández Santillán José. Norberto Bobbio: El filósofo y la política: Antología, , Fondo de Cultura Económica, México, 1996, 84-85 p.

[5] Fernández Sanillán, José. Op. Cit.

[6] Íbid 321 p.

[7] Isaiah Berlin, “Filosofía y represión gubernamental” El Sentido de la Realidad, Taurus, 1998.

[8] Bobbio, Norberto, en Fernandez Santillán.. Op. Cit.. 176 p.

[9] El término de “guerra contra el narcotráfico” fue empleado por primera vez durante la administración de Nixon, cuando la situación política de los Estados Unidos era muy parecida al contexto que actualmente se vive en México. Este término de guerra contra los narcóticos causó la manipulación del miedo a la población, para “expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar una imagen de líder fuerte frente a la sociedad y en medio de circunstancias difíciles y debilidades políticas”. Carlsen, Laura, ¿Guerra contra el narcotráfico o militarización de México?, Programa de las Américas, http://www.ircamericas.org/esp/4377

[10] Martínez, Alba, “Movimientos sociales en aumento” en Revista Contralínea, 5 de abril de 2009, http://contralinea.info/archivo-revista/?p=1546

[11] Mandujano, Isaín, “Chiapas: paramilitares vigentes”, en Semanario Proceso, 1717/ 27 de septiembre de 2009, 31-33p.

[12] Granados Chapa, Miguel Ángel, “Dos casos de injusticia”, Periódico El siglo de Torreón, martes 13 de octubre de 2009 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/469047.dos-casos-de-injusticia-penal.html

[13] Batres Guadarrama, Martí, Estado de derecho, en La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2005/04/21/023a2pol.php

[14] Garza, Ramón Alberto, “En la antesala del Estado Fallido”, Reporte Índigo, 4 de diciembre de 2009, http://www.encuentro29.com/vernoticias.php?artid=63627&relacion=ESPECIALES&mas=351

[15] “PGR pierde a testigo protegido” El Universal, 6 de diciembre http://www.eluniversal.com.mx/nacion/173476.html

[16] Véase Ravelo, Ricardo, “Un golpe lleno de dudas”, en Proceso, No. 1729 10-17 pp.

[17] Al menos diez casos han sido ejemplos de la violación a los derechos humanos por parte de militares, como una pequeña referencia, véase: Dresser, Denise, “Aquí están, señor Presidente” En Semanario Proceso, Opinión, http://www.proceso.com.mx/opinion_articulo.php?articulo=71519

[18] Castañeda Jorge, Aguilar, Rubén, Narcotráfico: La Guerra Fallida, Punto de Lectura.