El 68, Morelia, el ejército y la represión política

Andrés Avila Armella
Rebelión


Resulta curioso que a cuarenta años del 2 de Octubre de 1968 se escuchen voces al interior del Estado mexicano, tanto a través de funcionarios de distintos partidos, en las cámaras legislativas, autoridades de la UNAM y a través de los medios orgánicos de comunicación del régimen, una reivindicación del movimiento estudiantil que fue despiadadamente reprimido por las tropas del ejército mexicano en aquella noche.

Dentro del discurso de Estado, se trata de poner a los estudiantes caídos como parte de los mártires que dieron origen a un tal cambio democrático; supuestamente el 68 ha triunfado porque ya vivimos en un México libre y democrático en donde existe libertad de expresión. Nada más falso.




El Movimiento estudiantil de 1968

El movimiento del 68 nos habla de una generación que crecía viendo a sus lados la continua represión de un régimen que se reclamaba heredero de la justa heroica del pueblo mexicano de 1910-1920. Ese régimen fue construido en parte a través de la apropiación mañosa de la memoria histórica de nuestro pueblo, un régimen que reprimiendo al movimiento obrero colocó a sus representantes a la cabeza de los sindicatos y centrales de trabajadores, que asesinando agraristas se apropió de la dirección de una reforma agraria que distó mucho de las aspiraciones de quienes habían entregado su vida por esa causa, que reprimiendo, cooptando o desapareciendo a los dirigentes políticos populares, se decía un gobierno revolucionario y popular.

Aquella generación de jóvenes estudiantes había llegado a las instituciones de educación superior porque el modelo de desarrollo capitalista vigente en ese entonces exigía el crecimiento de un sector de profesionistas, técnicos e intelectuales que contribuyera al crecimiento de una limitada burguesía nacional, ya sea a través del sector privado o bien, a través de oficinas y departamentos de Estado. Esta serie de condiciones propició que en el Politécnico y la Universidad se encontrara un buen número de hijos de la clase trabajadora, ellos escuchaban a su alrededor de estas historias de cooptación, traición y represión, a la vez que el estudio les proporcionaba una perspectiva de los acontecimientos que a nivel mundial hablaban de la lucha de clases y la revolución en Cuba y Vietnam por ejemplo.

Definitivamente el movimiento del 68 no tenía, en general, la intención de transformarse en una revolución socialista, simplemente aquella generación sabía y veía que el régimen no permitiría siquiera que se abordara una discusión importante al respecto, sabía que si no se rebelaba ante el orden de cosas existente su destino sería la cárcel, la muerte, o su triste incorporación a dicho régimen con el cual disentían. Así es, el movimiento del 68 no exigía en su pliego petitorio una Revolución sino algo muy anterior, un escenario político en donde obreros, campesinos y estudiantes pudieran desarrollar libremente la lucha por sus reivindicaciones, su propio desarrollo político que pudiera llevarlos en todo caso a decidir libremente sobre el futuro del país en donde por supuesto se incluía la opción de optar por el socialismo.

Prácticamente el pliego petitorio demandaba una serie de muestras de voluntad por parte del gobierno mexicano de respetar las garantías individuales consagradas en la Constitución; es por ello que dentro de las demandas del movimiento estudiantil se encontraba la desaparición del artículo 145 y 145 (bis) del Código Penal Federal, el cual hablaba del delito de disolución social, mismo que servía de instrumento jurídico para reprimir a movimientos, organizaciones y dirigentes políticos de izquierda sin una justificación plena de comisión de delito alguno que, en efecto, pudiera comprobarse agravara en alguna forma al pueblo mexicano. Así mismo, se encontraba la exigencia de la libertad a los presos políticos provenientes de las filas del movimiento obrero como lo era Demetrio Vallejo y la desaparición del cuerpo de granaderos2. Finalmente, después de algunos años, se liberaron a algunos presos políticos y se derogaron los mencionados artículos, mas nunca desapareció el cuerpo de granaderos y de hecho, cada vez está mejor equipado y se encuentra en distintas modalidades, existen cuerpos antimotines a nivel municipal, estatal y federal, incluso la Policía Militar tiene un cuerpo antimotines; además, de ninguna manera renunció el Estado a contar con instrumentos jurídicos de represión ni, por consiguiente dejaron de existir los presos políticos en el país.3

Sin duda alguna, el Estado mexicano no permitió entonces tales transformaciones reformadoras, puesto que era conciente de que su estabilidad como régimen dependía en gran parte de su capacidad represiva y de control político sobre los espacios donde discutían y se organizaban los trabajadores o los hijos de éstos.

El Estado mexicano ha sufrido algunas transformaciones con respecto de aquel régimen priísta de los años sesenta. En aquel entonces, el Estado descansaba principalmente en un Partido que tenía la capacidad de incorporar a un número importante de ciudadanos, organizaciones patronales y de trabajadores así como intelectuales bajo un mismo cobijo partidista. Precisamente el 68 marca, ahí sí, un momento en el que ese Estado está entrando en una crisis política que le dificulta seguir controlando a tantos sectores potencialmente inconformes. Poco a poco, pero principalmente a partir del movimiento electoral de 1988, y cuando la dirección del PRI, y del Estado Mexicano habían pasado de una burguesía nacional entreguista al imperialismo, a manos de una burocracia que servía directamente a los intereses de éste último, desapareciendo entre otras cosas a la burguesía nacional y rompiendo la alianza relativa que se sostenía con sectores de obreros y campesinos, es que el Estado Mexicano abre su espectro partidario, y lo que antes representaba el PRI, ahora lo representan principalmente tres partidos, el PRI, PAN y PRD4.

El espectro político de estos tres partidos no es mucho más amplio que el que cabía dentro del PRI de los años sesenta, dentro de éste siempre existieron posiciones que iban más hacia la derecha y otras más hacia la izquierda, naturalmente que lo que no cabía dentro del PRI era un sector auténticamente revolucionario que no sólo cuestionara algunos procedimientos y formas de ejercer el poder sino al modo de producción capitalista y su consecuente sistema político5. Quien así se lo proponía solamente tenía la opción de hacer política independiente, sin acceso a los medios masivos de comunicación ni de prensa, sin recursos económicos provenientes del Estado, y principalmente bajo la amenaza de ser reprimidos.

Hoy en día, la cosa es muy similar, dentro del Estado gestionado principalmente por esos tres partidos se admite solamente un espectro que insisto, no es mucho más amplio que el de aquel PRI. Esta situación es, traducido ideológicamente por la clase dominante, un cambio democrático en donde existe el derecho de organizarse y opinar libremente. Mientras que en todo caso, lo que vemos es una discusión interna del régimen que a vece se convierte en pública, es decir que lo que antes se decidía en los órganos de discusión interna del PRI, ahora se presenta como circo electoral a través de los medios de comunicación. Por cierto dichos procesos resultan altamente costosos en términos de recursos públicos.

Ahora, quienes desde el Estado reivindican el 68 no lo hacen por compartir, ni en lo más mínimo, los ideales de aquel movimiento. Lo hacen para justificar ideológicamente al Estado actual, ligándolo además, por si fuera poco, con el neoliberalismo, es una oportunidad de los neoliberales para desprestigiar a aquellos que señalan como populistas. Mientras que para quienes se organizan políticamente por fuera del espectro de Estado, ahora compartido por tres partidos, la suerte no es muy distinta a quien lo hacía en los años sesenta, para muestra basta un Atenco6.




El ejército

Para quien conozca la teoría marxista del Estado, desarrollada magistralmente por Lenin, sabrá que ningún análisis que apunte al mismo estará medianamente completo sin atender al asunto de la fuerza pública representada en su máxima expresión por el ejército, pero sabrá también que el Estado no siempre se presenta como tal, es decir, algunos órganos de Estado a veces se presentan como privados o bien como fenómenos ajenos al mismo, sobre todo cuando esto pudiera contradecir su fundamento ideológico, pero por ahora concentrémonos en dicha institución para más adelante hablar de los organismos no formales de represión.7

Precisamente, el Ejército Mexicano jugó un papel clave en la represión de la plaza de las tres culturas de Tlatelolco. Un cuerpo que supuestamente está destinado a defender la soberanía nacional y el bien común fue el que operó logística y materialmente la matanza del 2 de Octubre del 68. Un cuerpo entrenado para la guerra es llevado a resolver un asunto civil y, naturalmente se presenta al lugar, no a tratar con disidentes o con ciudadanos sino a combatir a un enemigo.

Los asuntos militares, antes y ahora son tratados con estricta confidencialidad, no fueron los órganos legislativos, judiciales o los instrumentos civiles del Estado quienes discutieron y llevaron a cabo la represión, el asunto se planeó con absoluta secresía desde la milicia; ésta controló la información al respecto, antes y después de la matanza; incluso hoy, los chivos expiatorios y presuntos responsables que en ningún caso han sido condenados por el poder judicial, se han señalado entre civiles, y los militares no han sido procesados ni en lo individual ni a nivel institución, ni dentro del fuero civil ni militar. El mismo ejército que perpetró la masacre de Tlatelolco es el que tenemos ahora, a través de él no ha pasado ni mínimamente algún cambio democrático, funciona exactamente de la misma manera que antes y la línea de mando se ha ido transmitiendo por los generales y oficiales que participaron de ese y otros sucesos en la llamada “guerra sucia”8.

El ejército mexicano no ha realizado, desde la incursión norteamericana en Veracruz en 1914, ningún acto en defensa de la soberanía nacional, en cambio ha estado operando la represión masiva y selectiva en contra de la disidencia política, principalmente revolucionaria. Recordamos su participación en el asesinato a Rubén Jaramillo, en Tlatelolco, en la ocupación militar del estado de Guerrero para combatir a la ACNR y al PDLP9, que dejara miles de muertos y desaparecidos entre civiles y guerrilleros, en el combate a otras organizaciones guerrilleras, en la ocupación militar en Chiapas, en la persecución y sitio al EZLN y en la persecución al EPR durante la década pasada, así como el continuo seguimiento, espionaje y persecución contra los distintos grupos guerrilleros y que hay en el país. También participa en labores de espionaje y represión en contra de luchadores sociales y organizaciones de izquierda sin perfil político militar.

Desde hace ya varias décadas, el ejército mexicano está claramente configurado para la represión y la persecución política y encuentra a su enemigo dentro de nuestras fronteras y entre los propios mexicanos, es decir, el ejército mexicano, como cualquier otro, encuentra a su enemigo no a partir de su nacionalidad sino de su posición con respecto del Estado capitalista vigente.

Tal vez algunos lectores estarán preparándose a responder enérgicamente que además el ejército mexicano participa en labores de rescate cuando hay desastres naturales, sin embargo para ello no sería necesario un ejército sino un cuerpo de rescate, además su presencia en esos casos está más bien relacionada con el control de población. Aún así alguien podría añadir indignado: ¡combate a un enemigo de todos que es el narcotráfico!10. ¿Será esto cierto?

No debemos olvidar que si bien los asuntos militares se manejan con absoluta secresía y que por tanto sería muy difícil tener referencias concretas de personajes, conversaciones o definiciones internas, está claro que no puede ser completamente autónomo, al servir a un Estado capitalista, defiende principalmente al capital, que es la fuerza dominante en toda sociedad capitalista, y por supuesto, el narcotráfico es parte del capital, y no sólo eso, sino que claramente es uno de los sectores más importantes de la burguesía en México, y por lo tanto podemos intuir, y más tarde comprobar que tiene gran influencia sobre el Estado Mexicano.

Dicho de manera más clara; el ejército que protegía a un Estado unipartidista donde se concentraba prácticamente todo el espectro político admitido dentro del mismo, un Estado hegemonizado por aquella burguesía nacional con tintes semi industriales y de agro producción, misma que reprimió a un movimiento estudiantil que se atrevió a cuestionarlo, es el mismo que hoy protege a un Estado tripartidista hegemonizado por la burguesía extranjera y por una burguesía narcotraficante transnacional.




Morelia; la explosión que nadie puede explicar

Nadie puede negar que el negocio del narcotráfico se ha fortalecido en México durante los últimos años y con ello las secuelas que acarrea. En un mundo del que poco se sabe, hemos podido percibir el crecimiento de organizaciones dedicadas a este negocio, las cuales cuentan con operadores de negocios, financieros, pistoleros, sicarios y guardias armadas a través de las cuales se disputan los mercados sin más ética o guía moral que la determinada por la conquista de los mismos. Ajustes de cuentas, asesinatos, amenazas y otras situaciones similares parecen acompañar cotidianamente a dicho negocio. Se trata, por decirlo de alguna manera, de una expresión muy transparente del capitalismo. Se puede percibir también que gran parte de la economía mexicana está ligada directa o indirectamente al narcotráfico, pues éste desata una serie de cadenas productivas y de circulación de capital que pasa de los bancos a la industria, al turismo, etc. Cómo en todo negocio capitalista, los principales beneficiarios del mismo son unos cuantos, sus dueños, pero se sirven de un sinnúmero de personas que sin empleo o perspectiva de superar su condición por medios legales son empleados por los narcotraficantes como productores, procesadores, distribuidores o sicarios; percibiendo un mejor ingreso que al que podrían aspirar en la economía legal.

Sin embargo sería un gravísimo error de un pretendido análisis dialéctico si dijéramos que sólo la pobreza explica el narcotráfico, pues está también motivado por la ambición de quienes teniendo ya bastante riqueza en sus manos, buscan insaciablemente incrementar su capital. De tal suerte que sería muy parcial y hasta cierto punto falso decir que el narcotráfico ha penetrado a la economía legal y que por ello se encuentra revuelto con ésta, o bien que el narcotráfico ha penetrado al Estado y por ello existen funcionarios corruptos. En realidad, también ha habido elementos de la burguesía legal que de manera conciente han hecho negocio con el narcotráfico y que ha trasladado por tanto parte de su capital hacia ese rubro, como también ha habido elementos del Estado, particularmente de los encargados de la “seguridad pública” que han buscado negociar con los narcotraficantes para disfrutar de parte de las ganancias obtenidas del mismo. Así pues, resulta muy complicado diferenciar a la burguesía narcotraficante del resto de la burguesía, así como distinguir a algún sector del Estado verdaderamente opuesto a dicho negocio; de hecho, de manera conciente o inconciente, Estado y burguesía son los principales responsables del incremento de dicha actividad económica que por tanto al incrementar su importancia en éste sentido, incrementa también su influencia política y su injerencia en asuntos de Estado.

Por otra parte es importante recordar que Felipe Calderón llegó al gobierno después de un fraude electoral y en medio de la amenaza de una crisis política que pudiera transformarse en crisis de Estado, sobre todo en caso de rebelión popular. En ese contexto, con millones de manifestantes en las calles y con una inconformidad social a gran escala, Calderón no se dio el lujo de asumir la presidencia sin antes ponerse plenamente de acuerdo con el ejército, quien directamente garantizó al mismo su toma de posesión. Esto se daba conjugado al aumento cada vez más escandaloso del narcotráfico y de una aparente guerra de cárteles que se disputaban de manera cada vez más violenta el control de sus mercados.

Así pues, Calderón sabía que su gobierno, por demás carente de legitimidad social, no podría consolidarse sin el respaldo y colaboración plena de las fuerzas armadas. No solamente por la forma en como llegó al poder, sino porque su programa de gobierno lleva consigo una serie de medidas neo liberales que de antemano se sabe incrementarán la inconformidad social. Este proceso implica más que otra cosa, el reflejo de una decisión tomada en las altas esferas del poder económico, principalmente ligado al imperialismo norteamericano, que no piensa dar marcha atrás en el proyecto neoliberal, que por el contrario pretende profundizarlo y ha escogido el modelo de un Estado profundamente comprometido con la causa neoliberal que garantice el cumplimiento de la misma por los medios que sean necesarios, entiéndase, que no vacile en reprimir a quienes amenacen con obstaculizarla.

El aumento de la violencia entre narcotraficantes prestó a Calderón el escenario idóneo para sacar al ejército a la calle, aumentar su presupuesto y promoverle una legitimidad que a pulso ha perdido a través de los años. Por ello, su primer acto de gobierno fue el traslado masivo de elementos del ejército al estado de Michoacán, colocando retenes, haciendo cateos y detenciones casi siempre ilegales, que por cierto, no tuvieron como resultado la disminución de la actividad del narcotráfico en dicho Estado, sino, en todo caso, un posible cambio en la administración de dicho negocio.

Similares operativos se han hecho en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas, principalmente, y el resultado sigue siendo bastante dudoso, y más que eso, los elementos del ejército mexicano han demostrado su incapacidad para tratar con civiles y han evidenciado que en general los identifican como enemigos, lo cual tuvo su expresión más evidente cuando un retén de militares abrió fuego en Sinaloa contra de una familia que nada tenía que ver con el narco.

Mientras esto sucedía, en el ámbito de las contrarreformas neoliberales, ha sucedido lo lógico, cada contrarreforma trae consigo expresiones de resistencia popular, hasta ahora, ha destacado la movilización en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos, a lo cual habría que sumar la resistencia a las reformas a la ley del ISSSTE11 y la creciente movilización en contra de la llamada Alianza por la Calidad Educativa que convierte de manera descarada a la educación pública en un instrumento de la burguesía imperialista y que conlleva en parte su privatización.

Sin duda la privatización de PEMEX es el punto más sensible hasta ahora para el gobierno de Calderón, es una contrarreforma de gran importancia económica, de las más exigidas por el imperialismo, pero que resulta políticamente más complicada por lo que significa para el pueblo mexicano la propiedad sobre su riqueza petrolera. La iniciativa de Calderón no ha demostrado tener ninguna popularidad y por el contrario la manifestación en contra de dicha reforma ha sido bastante numerosa, por lo que por el momento se encuentra trabada. Se presiente que su aprobación traería un aumento considerable de la inconformidad social y una posible radicalización de la movilización popular hasta ahora hegemonizada por una fuerza tradicionalmente entreguista, el PRD.12

En ese contexto, el Estado mexicano, a través de muchos de sus voceros, diversos poderes e instituciones y, principalmente a través de sus medios de comunicación como Televisa y TV Azteca, promovieron una gran campaña de paranoia por la actividad de la delincuencia y particularmente del secuestro, convocando a una “movilización ciudadana” para exigir un combate más efectivo en contra de la misma. Esto conllevó una serie de pronunciamientos de los funcionarios de distintos gobiernos en el sentido de incrementar el gasto destinado a los cuerpos policíacos, a mejorar y renovar su armamento y, principalmente a reducir lo que llaman trabas legales para procesar a los delincuentes, lo cual no significa otra cosa que la desaparición paulatina de las garantías individuales y la generalización de un estado de sitio que le facilite al régimen la represión política.

Con toda esta situación alrededor, es que se producen las ya mencionadas explosiones de dos granadas de fragmentación durante la celebración de la Independencia de México en la ciudad de Morelia Michoacán, lo cual trajo consigo ocho civiles muertos y cerca de cien heridos. Hasta ahora nadie ha podido ofrecer una explicación lógica de porque alguien habría podido planear semejante cosa. Las explicaciones de las procuradurías y organismos de seguridad pública han apuntado a relacionarlo con acciones del narcotráfico en medio de la guerra de cárteles, sin embargo nadie puede explicar cómo favorece dicha acción a sus objetivos de acaparar mercados de producción y distribución de drogas. Por el momento, las supuestas investigaciones no han pretendido señalar a grupos guerrilleros como responsables de los mismos, cuestión que resultaría absolutamente inverosímil puesto que es completamente contrario a su planteamiento político y su modo de operación, aunque no podemos descartar que más adelante, ya sea esa misma acción o bien otras similares pretendan ser achacadas a los mismos tal como se ha hecho en otros momentos o lugares como España y Colombia en el afán de desprestigiarlas.

Sería ocioso tratar de iniciar desde este espacio una línea de investigación pericial o algo por el estilo, sin embargo resulta mucho más útil preguntarse quién gana más con dicha acción.

La primera reacción del gobierno de Calderón es nuevamente militarizar el estado de Michoacán, y rodearse de una campaña mediática para convencer a la población de la necesidad de suspender las garantías individuales para combatir a la delincuencia y el terrorismo. De esta manera, si bien no podemos señalar quién fue, si podemos buscar posibles beneficiarios, y en este caso sólo ha habido uno, el gobierno de Calderón.

Esto no significa que necesariamente sea imposible que un grupo de sicarios vinculado al narcotráfico haya operado y llevado a cabo dicha acción, pero sí supondría que dicho grupo está realizando acciones armadas que favorecen al Estado mexicano. Esto no tendría nada de novedoso, a menudo el Estado se vale de instrumentos represivos que no reivindica nominalmente. En México, tenemos el triste caso de los halcones, quienes reprimieron una manifestación de estudiantes en 1971 ocasionando varios muertos y heridos sin que hasta ahora el ejército mexicano reconozca que fueron ellos quienes crearon, prepararon y auspiciaron las acciones de dicho grupo. Es también el caso de los grupos paramilitares que han operado en muchas partes de América Latina y que particularmente en Colombia, dichos grupos muestran el vínculo del paramilitarismo con el Estado y el narcotráfico. Así que definitivamente el Estado mexicano y el gobierno que lo encabeza no solamente tendrían interés en que algo como lo ocurrido en Morelia sucediera, sino que además puede contar con un sinnúmero de instrumentos para hacer que suceda, incluyendo por supuesto la coordinación del mismo con organizaciones de sicarios vinculados al narcotráfico.

¿Alguien duda que el Estado pueda provocar o cuando menos dejar pasar la muerte de civiles para justificar una serie de acciones represivas? Quién así lo haga sin duda desconoce la forma en que procede un Estado al servicio de la clase capitalista, sin duda no se ha percatado del efecto que tuvo el 11 de Septiembre del 2001 en la política de Estado en los Estados Unidos, ni del incendio del Reichstag durante el régimen de Hitler, ni del estallido del buque Maine en el puerto de la Habana.13 Quien considere al Estado Mexicano y a su ejército como incapaz de asesinar civiles, es porque definitivamente no recuerda lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.




La situación que tenemos

En primer lugar tenemos un gobierno profundamente antipopular que llegó a donde está gracias a una operación de Estado de la mano de los capitalistas más poderosos del mundo y del Estado imperialista norteamericano. El proyecto de Calderón fue el elegido por dichos sectores de la clase dominante por considerar que era el más comprometido con sus intereses. Sin duda la inconformidad social y la resistencia popular debía estar contemplada en esa elección, es decir, quiénes hicieron que Calderón llegara al gobierno sabían que se trataría de un gobierno impopular y que en la medida en que pasara el tiempo y reafirmara su compromiso para con el gran capital se haría aún más impopular. Dentro del cálculo seguramente se encuentran las movilizaciones que se han venido desatando a raíz de las nuevas contrarreformas neoliberales. Ante dicha situación, para el Estado es necesario tener un plan para contrarrestar dicha inconformidad e insubordinación popular; ésta vez el plan no contempla la negociación con los inconformes, sino el combate a los mismos, y para ello es necesario tener un aparato represivo fuerte, capaz de mantener un estado de sitio, contando para ello con instrumentos políticos, jurídicos y materiales suficientes para hacerlo.

Dicha política represiva no comienza sin embargo a partir de la entrada de Calderón sino que tiene su punto de arranque más visible el 3 y 4 de mayo del 2006 cuando los cuerpos policíaco- militares encabezaron la llamada “Operación Rescate” en San Salvador Atenco que dejó como saldo dos muertos, cientos de detenidos, torturados, golpeados y mujeres violadas. Tras dicha acción fueron trasladados a penales de máxima seguridad los principales dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra entre quienes figura Ignacio del Valle. El mismo procedimiento se siguió ante la gran insurrección oaxaqueña del mismo año; el gobierno se negó a dialogar con la APPO y resolvió la crisis a través de la intervención del ejército y de la policía federal. El gobierno también se negó a contar los votos de la elección del 2006 a pesar de una fuerte presión popular que así lo exigía.

Ya entrado el gobierno de Calderón, se ha negado a negociar con los trabajadores al servicio del Estado, mantiene firme su propuesta de privatizar PEMEX y se niega a dialogar con los maestros que rechazan la llamada “Alianza por la Calidad Educativa”. También se ha dictado sentencia a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo del FPDT a 120 años de prisión, es decir, los ha condenado a cadena perpetua dentro de las cárceles de exterminio del régimen, negándose en todo momento a negociar con quienes demandan la libertad de los presos políticos

En segundo lugar tenemos una situación muy confusa de supuesta guerra entre cárteles de la droga que con su desarrollo ha dotado a Felipe Calderón de una justificación ideológica para elevar la presencia de los órganos represivos del Estado que han demostrado ser absolutamente ineficientes para detener el narcotráfico y que sin embargo actúan con toda determinación para reprimir a la organización popular. Sería muy ingenuo pensar que el Estado mexicano es ajeno a la violencia desatada entre narcotraficantes, principalmente cuando participa de ella, cuando es por demás sabido que la mayoría de los organismos policíacos, de investigación y militares están participando de muchas maneras en el negocio de los narcóticos. De esta manera nos es muy difícil establecer la distinción entre los intereses del narcotráfico y los del Estado y cuando menos podemos afirmar que parte de los sicarios de éstos grupos están actuando justo en el sentido que favorece la política de Estado. Se hayan puesto de acuerdo o no, forman una misma fuerza pues actúan en el mismo sentido y se benefician mutuamente de sus respectivas actividades, puesto que entre otras cosas el aumento de los operativos sostiene altos los precios de la droga que pasa a los Estados Unidos y la creciente violencia de los grupos de sicarios resulta favorable al gobierno de Calderón puesto que le permite sostenerse siendo tan impopular como al principio en medio de un estado de sitio. Y por si fuera poco, aparece un hecho inédito, la explosión de Morelia, la cual cobra víctimas entre la población y cuyo único beneficiario ha sido hasta ahora el propio gobierno de Calderón.

El estilo del presente gobierno no es sin embargo inédito, ha sido el estilo con el que han gobernado en América Latina los gobiernos más comprometidos con el imperialismo norteamericano y se asemeja cada vez más al estilo del gobierno colombiano de Álvaro Uribe. Difundiendo pánico entre la población se ejercen todas las medidas legales e ilegales de una dictadura pero recubierto de un supuesto modelo democrático en donde se celebran elecciones regularmente y sesionan los órganos legislativos. El principal llamado que hacen dichos gobiernos es a la unidad, piden, en nombre de la patria, que se dejen de lado las diferencias políticas en aras del combate al terrorismo para ir conformando un ambiente en donde se identifique y se pueda tratar como enemigo a todos aquellos que se opongan a los designios del gobierno en turno.

A cuarenta años del 2 de Octubre, lo más cómodo para el Estado mexicano ha sido permitir que se reivindique a ese movimiento en lugar de confrontar a quien lo hace, y más allá de eso, lo más efectivo ha sido apropiarse de la memoria de dicho movimiento para incorporarlo a su justificación ideológica de Estado, nada cuesta hablar de la masacre de Tlatelolco cuando los muertos ya están muertos, nada cuesta cuando quienes han lucrado con su militancia pasada han vendido la memoria de sus compañeros caídos al oportunismo o a la reacción. Nada cuesta hoy en día dar por bueno y por finalizado un movimiento que hace cuarenta años luchó por libertades democráticas, sobre todo cuando el Estado se las arregla para que nadie increpe dicha manipulación.

Pero en la realidad, lo que tenemos es un Estado que está reprimiendo sistemáticamente a la disidencia real, al tiempo que afina sus instrumentos para seguirlo haciendo, que hoy como hace cuarenta años encierra a dirigentes políticos sólo que ahora con sentencias más duras, que hoy como ayer impide a quienes disienten con la política de Estado en general que expresen su opinión en algún medio de comunicación, que hoy como ayer, el Estado se dota de instrumentos jurídicos para reprimir más cómodamente a la disidencia; hoy como ayer, los organismos de seguridad pública están dirigidos por políticos corruptos que a la vez que negocian con la delincuencia se niegan a hacerlo con los opositores del régimen; hoy como ayer se asesinan civiles y nadie ofrece una explicación convincente al respecto y hoy como ayer el único beneficiario es el Estado.

No, definitivamente el movimiento del 68 no ha ganado, hace falta mucho para que eso suceda y definitivamente no podrá triunfar dentro de un país cuya política económica está tan atada a la del gobierno más genocida de la historia, no podrá triunfar en un país dónde las principales instituciones del Estado, como lo es el ejército, siguen intactas desde entonces.

Reivindicar hoy la memoria de los mártires de Tlatelolco de manera congruente implicaría mínimamente exigir la libertad de los presos políticos como Ignacio del Valle, la aparición con vida de los desaparecidos, el cese de las desapariciones forzadas como la de Edmundo Reyes Amaya, Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruíz, el desmantelamiento de los grupos paramilitares que operan principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, exigir cuando menos que el ejército no se inmiscuya en asuntos civiles, luchar por una prensa donde las voces disidentes del Estado encuentren algún espacio, exigir que los funcionarios encargados de la seguridad pública sean honestos y sin vocación represiva. Pero todo esto sería insuficiente aún, en realidad luchar por un país con libertades democráticas implica luchar por un orden social y económico completamente distinto, luchar en contra del Estado Capitalista que reproduce asesinos y torturadores, tendría que implicar arrebatarle el poder a la clase capitalista que por medios legales o ilegales busca insaciablemente acumular más y más riqueza a costa de lo que sea y en donde la vida humana, cuando menos la vida de la gente del pueblo, no tiene ningún valor y se les puede matar por muchas razones. Sólo hasta entonces podremos decir que se ha hecho justicia a los mártires de Tlatelolco.

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1 El autor es Sociólogo y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Militante del Comité de Lucha por el Movimiento de Emancipación Nacional (COLMENA). andresavilaarmella@yahoo.com.mx


2 Se exigía también la destitución de dos funcionarios encargados de la seguridad pública de vocación abiertamente represiva, Cueto y Mendiolea, un diálogo público e indemnización para las víctimas de la represión y sus familiares.

3 Por ejemplo se pueden revisar los artículos 130, 131 y 132 del Código Penal Federal que tipifican los delitos de Sedición, Motín y Rebelión, respectivamente, allí podremos ver que la interpretación de dichos artículos puede ser muy ambigua y, prácticamente a cualquier luchador social se le puede acusar de infringirlos, más aún cuando los agentes del Ministerio Público y los Jueces sirven a los intereses del Estado. Estos delitos han sido imputados a una serie de luchadores sociales. La lista de presos políticos desde el 68 hasta la fecha es muy larga, pero actualmente podemos destacar los casos de los líderes del FPDT, y de los Hermanos Cerezo Contreras, aunque existen muchos más, sin contar los que están bajo proceso o quienes ya han sido liberados por falta de elementos, por cumplimiento de sentencia, por amparo o por indulto. Aunque no todos son sentenciados, estar bajo proceso puede implicar, incluso, pasar años en prisión. Por ejemplo en cuanto a la represión sobre la APPO en el 2006 y contra el CGH de la UNAM en el 2000, se llegaron a contar los encarcelados por cientos.

4 Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática respectivamente.

5 Recordemos por ejemplo que en 1968 el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, era militante activo del PRI, ejerciendo alguna influencia sobre sectores del mismo.

6 Abundaré sobre esto más adelante.

7 Véase: V.I. Lenin. El Estado y la Revolución. Allí Lenin describe la relevancia del control de la fuerza pública representada principalmente por un ejército profesional desligado del resto del pueblo.

8 Con el término de guerra sucia se hace referencia a una política de Estado aplicada principalmente en la década de los sesenta y setenta con el fin de aniquilar a la parte más activa de la disidencia política de izquierda, principalmente a las organizaciones guerrilleras; entre sus páginas encontraríamos casos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas. En el Estado de Guerrero es donde se dio en mayor magnitud.

9 Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y Partido de los Pobres, respectivamente.


11 Principalmente con ésta se afecta el régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores al servicio del Estado.

12 Señalo al PRD como partido aún considerando sus divisiones internas y la participación de otras fuerzas y partidos políticos. En tanto no ocurra otra cosa, López Obrador y su gente siguen representando a un partido tradicionalmente entreguista y una propuesta política bastante moderada que en ningún caso y en ninguna de sus fracciones ha planteado transformaciones de fondo en el orden político y económico vigente..

13 Todas las acciones mencionadas sirvieron de pretexto ideológico para emprender acciones militares de expansión y consolidación de un régimen con sus respectivos intereses económicos; el incendio del Reichstag fue utilizado por los nazis para justificar la persecución anticomunista, el entallamiento del Maine fue utilizado por los norteamericanos para hacerle la guerra a España y controlar Cuba y Puerto Rico, y el atentado en las Torres Gemelas de Nueva York para emprender una serie de guerras de expansión con el pretexto de combatir al terrorismo. De todos esos casos se sabe que en gran medida se ha tratado de farsas preparadas desde las altas esferas del poder.