Iglesias contra los derechos de las mujeres

República Dominicana

Mirta Rodríguez Calderón

SEMlac

El tremendo poder que tienen las iglesias, en particular la católica, en este país ha permeado de un matiz de virulencia inusitado la discusión sobre las modificaciones a la Carta Magna, especialmente en lo concerniente a un artículo que establece que la vida "es inviolable desde el momento de la concepción".

La presión es tanta que hasta en su Sermón de las Siete Palabras, el último día de la Semana Santa, el cardenal José de Jesús López Rodríguez, dedicó palabras al asunto.

Influido por estas presiones, el Congreso de la República consumió cuatro horas de su sesión del último jueves (16 de abril) en considerar argumentaciones diversas acerca de la vida humana, contenidas en el artículo 30 del proyecto de reforma constitucional que le ha sido sometido por el Poder Ejecutivo.

El Congreso, con carácter de asamblea revisora, deberá realizar las modificaciones pertinentes a la Carta Magna. En concreto, el artículo que considera el parlamento dice: "El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte".

Durante su sermón, el Cardenal mencionó por sus nombres y endilgó etiquetas de abortistas a la diputada Minou Tavares Mirabal (figura prominente por demás, hija de Minerva Mirabal) y al diputado Víctor Terrero, quienes junto con la presidenta de la Comisión de Género del Congreso, Magda Rodríguez, han representado las posiciones en defensa de la vida de las mujeres cuando peligre la salud de la madre y su propia existencia, haya sido violada, incube un embarazo resultante de incesto o el feto porte malformaciones.

Es basándose en esas circunstancias especiales que los movimientos de mujeres han demandado una formulación racional del artículo 30, que posibilite abortos terapéuticos frente a quienes alegan la existencia de una vida "desde la concepción". Estos últimos la han emprendido también contra los médicos y médicas —incluida la directiva del Colegio Médico Dominicano—, a quienes han acusado de criminales y asesinos.

El planeamiento de reformulación que reclama el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional precisa: "El Estado Reconoce y garantiza el derecho a la vida de las personas, promoverá su protección y disfrute con la más alta dignidad. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso la pena de muerte".

Al debate que ahora suscita este tema, y que también se refleja en la prensa, se le atribuye una esencia política, y así lo han declarado los propios diputados y algunas diputadas durante las reuniones del Congreso.

El meollo parece estar en el temor a enfrentarse a la iglesia y ver influidas las condiciones de las próximas elecciones municipales y congresuales, en mayo de 2010, lo que condiciona las conductas de buena parte de los y las congresistas, cuya mayoría aspira a la reelección y a garantizarles votantes a sus partidos.

Anualmente se realizan aquí 100.000 abortos y las cifras declaradas de mortalidad materna están en 159 por cada 100.000 nacidos vivos al año, de las cuales 20 por ciento corresponde a muertes por abortos inducidos, según el informe "Análisis de la Situación del Aborto Inseguro", adoptado por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Ese guarismo, sin embargo, no es confiable, porque a muchos fallecimientos se les consignan otras causales.

Aunque las diputadas han sido menos agresivas para con las difíciles situaciones que eventualmente pueden implicar a sus propias congéneres, también una parte de ellas modulan sus palabras y las "acomodan" para no inquietar a los poderes presentes.

El Parlamento dominicano está conformado por un 6,3 por ciento de senadoras y un 19,7 por ciento de diputadas.

El movimiento de mujeres ha sido activo en esta coyuntura, pero una larga etapa de desmovilización afecta sus potencialidades para influir de una manera contundente.

La discusión del polémico artículo 30 se reanudará el martes 21. Ya han sido rechazadas dos mociones de procedimiento: una para que el debate se cierre y se vote; otra para que el tema —por lo complejo— sea enviado a una Comisión Especializada.

Queda esperar, entonces, que algunos segmentos en las Cámaras intenten introducir, y quizás ganar, una moción para que este tema se segregue de la Constitución y se deje en el Código Penal, que lleva más de una década en discusión y en el cual se penaliza severamente el aborto.

Otra posibilidad, poco factible a ojos vista, es que se reconozca que no hay aproximaciones de consenso en el enfoque del problema y que se omita el articulado que lo aborda.