El 98.5% de las Agresiones a Activistas de Derechos Humanos queda en la Impunidad

Guadalupe Cruz Jaimes

Argenpress



Durante los últimos tres años, de 128 casos documentados de agresiones hacia personas defensoras de derechos humanos –36 de ellos contra mujeres– 98.5 por ciento permanece impune, lo que permite el aumento de estos crímenes. Así lo informó Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Durante la presentación del informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, celebrada hoy en el Centro Histórico de la capital, Brunori reconoció un incremento de agresiones de enero de 2006 a agosto de 2009, periodo durante el cual la OACNUDH realizó la investigación y el análisis de la situación en 19 de las 32 entidades federativas.

Según el informe, en 2006 se registraron 24 casos de agresión o limitación de la labor de las y los defensores de derechos, humanos, cifra que 2007 casi se duplicó, con 40 eventos, mientras que en 2008 hubo 32 reportes y durante el primer semestre de este año se suscitaron 27.

Cabe mencionar que, a decir de Carlos de la Torre, oficial nacional de Derechos Humanos de la Oficina en México, existe un subregistro en las denuncias de este tipo, y que el aumento de agresiones está vinculado con la ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño y aplicación de políticas de seguridad y la violencia relacionada con el narcotráfico.

Defensoras en riesgo

Las defensoras de derechos humanos, en razón de su condición de género, enfrentan obstáculos adicionales pues están mayormente expuestas a la violencia de género que se expresa en actos que van desde la agresión verbal hasta la violencia sexual y el hostigamiento, asegura el informe de la OACNUDH.

Destaca que los principales agresores de las defensoras de derechos humanos de las mujeres son agentes del Estado y autoridades locales y federales, pues no les ofrecieron una protección adecuada y faltaron a su responsabilidad de investigar a los responsables y de reparar el daño de las víctimas.

Ejemplo de ello son las amenazas en contra de Luz Estela Castro, Marisela Ortiz y María Luisa Andrade, quienes han denunciado diversos actos de amenazas y hostigamiento en relación con su labor de defensa de los derechos de las mujeres en Chihuahua.

El informe contabilizó 128 agresiones, de las cuales 36 fueron en contra de defensoras, 72 contra defensores, 17 contra organizaciones civiles y seis contra familiares de personas dedicadas a la defensa de derechos humanos. Los estados con mayor número de ataques son Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Jalisco.

Una vez más, los principales perpetradores de ataques contra las y los defensores fueron integrantes de la procuración y administración de justicia estatal y federal, seguidos por civiles con la posible anuencia de la autoridad y autoridades municipales.

La OACNUDH destaca que diez personas asesinadas por ocuparse en esta tarea; dos eran mujeres y ocho eran hombres. Las defensoras privadas de la vida fueron las comunicadoras triquis Felicitas Martínez y Teresa Bautista, ultimadas en San Juan Copala, Oaxaca, en 2008.

Las amenazas de muerte y en contra de la integridad de mujeres activistas. En total se registraron 35 denuncias, de las que 22 fueron hechas por defensoras, 19 por defensores y tres por familiares.

Entre las defensoras de derechos humanos que por su labor fueron amenazadas de muerte de 2006 a 2009 están las periodistas Lydia Cacho y Sanjuana Martínez, así como la comunicadora Carmen Aristegui, quien en 2008 fue despedida de la emisora W Radio por cubrir noticias de derechos humanos.

También se registraron 21 eventos de hostigamiento que afectaron a siete defensoras; la mayoría consistía en hacer saber a las personas que estaban siendo vigiladas y que conocían sus actividades personales de trabajo y personales. Asimismo, se registraron 12 allanamientos a oficinas de organizaciones defensoras de derechos humanos que incluyeron robo de información.

Según la investigación de la Oficina en México, en al menos diez ocasiones funcionarios públicos o integrantes de medios de comunicación afines al gobierno mexicano realizaron declaraciones públicas en las que deslegitimaron la labor de las y los activistas.

Ante este escenario, Alberto Brunori indicó que es indispensable que el Estado mexicano adopte una política integral en la que se involucren los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a fin de garantizar en el país el derecho a la defensa de derechos humanos.