Entrevista al Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

"Se han creado distintas categorías de ciudadanía en función de los servicios a los que se pueda acceder según los ingresos de cada cual"


Kepa Arbizu/Aida M. Pereda
Lumpen




Cada vez son más intensas las consecuencias que las multinacionales tienen en la vida económica y social de los lugares en los que se instalan. El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), por medio de esta entrevista, nos explica cuáles son y hace un detallado análisis de la situación mundial a este respecto.

¿Cómo surge y cuáles son los objetivos del Observatorio de Multinacionales en América Latina?

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto creado por la Asociación Paz con Dignidad en el año 2003, con tres objetivos fundamentales:

-Documentar y sistematizar la información sobre los impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido generados por la actuación de las empresas transnacionales españolas en América Latina.

-Investigar y denunciar las consecuencias de la presencia de las multinacionales españolas en América Latina, con el fin de sensibilizar sobre ello a la población latinoamericana y del Estado español.

-Trabajar en red con los movimientos sociales europeos y latinoamericanos que resisten frente al poder de las corporaciones transnacionales, promoviendo unas relaciones sociales justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur.

Para ello, OMAL trabaja en coordinación con organizaciones sociales, políticas y sindicales, instituciones, universidades, ONG y centros de estudios de América Latina y del Estado Español.

¿Qué consecuencias concretas tiene el hecho de que las materias primas de un país en desarrollo estén en manos de empresas privadas y extranjeras?

En las últimas décadas, con las deslocalizaciones, la división internacional del trabajo, las privatizaciones, las subcontrataciones, la flexibilización, la desregulación y, en definitiva, con las transformaciones derivadas de los procesos de globalización económica, las compañías multinacionales han pasado a intervenir en prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas. Las corporaciones globales producen, distribuyen y comercializan los coches en los que nos movemos, las redes de teléfono que utilizamos, los alimentos que comemos o la ropa que vestimos. Y eso por no hablar de lo que tradicionalmente se ha dado en llamar servicios públicos, es decir, el agua, la sanidad, la educación y la energía, que también han venido siendo progresivamente subordinados al mandato del máximo beneficio que imponen las empresas transnacionales. Pero, naturalmente, el dejar que todas estas actividades dependan de la lógica empresarial ha provocado una serie de consecuencias sociales y ambientales. Así, se han creado distintas categorías de ciudadanía en función de los servicios a los que se pueda acceder según los ingresos de cada cual, de la misma forma que se han antepuesto los criterios de rentabilidad económica a la protección del entorno.

Bajo la óptica capitalista, estas regiones son competitivas –tanto por su riqueza en recursos naturales y biodiversidad como por la pobreza económica de la mayor parte de su población y porque ésta sirve de mano de obra intensiva– y cumplen un doble papel: de cara al exterior, tienen la misión de proporcionar fuentes de energía a los países con una mayor demanda de consumo de recursos; a nivel interno, han de liberalizar su propio mercado de la energía para permitir la entrada de las corporaciones transnacionales. Con todo ello, lejos de favorecer un fortalecimiento económico y social, el resultado ha sido que se han venido generando numerosos impactos sobre las poblaciones y el entorno.

En este contexto, América Latina representa un caso paradigmático de las consecuencias que puede tener para las regiones del Sur el hecho de que las empresas transnacionales y los gobiernos de los países del Norte estén interviniendo con fuerza en la pugna por controlar los recursos de la región y explotar su potencial como nuevo mercado. Al igual que en otros países del Sur, en Latinoamérica el papel de los recursos naturales energéticos es estratégico, lo que da lugar a situaciones complejas que involucran tanto a las políticas de los Estados como a las transnacionales, con toda una batería de instrumentos jurídicos, legales y económicos que mantienen luchas desiguales y someten a estos países ricos, pero empobrecidos, a graves conflictos.

¿Cuál es la influencia real que tienen todas estas empresas en la política internacional?

El poder de las empresas transnacionales se ha acrecentado en los últimos veinticinco años, como consecuencia de la extensión a escala global de las políticas neoliberales. Desde 1980, las inversiones extranjeras han crecido a una tasa anual que duplica el PIB mundial, concentrándose fundamentalmente en el sector de los servicios, y las principales responsables de este crecimiento han sido las multinacionales: el 84% de la Inversión Extranjera Directa mundial se canaliza a través de este tipo de empresas. Por eso, a día de hoy, las corporaciones multinacionales controlan gran parte de muchos sectores clave de la economía mundial, como la energía, la banca, la agricultura, el agua y las telecomunicaciones.

Y en todo esto ha tenido mucho que ver la estrecha relación de las multinacionales con los Gobiernos, que les han beneficiado en perjuicio del interés de las personas. No es que los Estados se hayan plegado ciegamente a los intereses de las grandes compañías, lo que ha ocurrido es que los Gobiernos han promovido una serie de políticas para favorecer sus negocios. Se podría decir que se trata de una relación de simbiosis, en la que los Estados y las corporaciones se benefician mutuamente

Muchos países de América Latina han tomado el camino de la nacionalización. ¿Es un método válido para resolver los problemas en vuestra opinión?

Después del fracaso de las tres décadas de aplicación de las reformas neoliberales en América Latina, muchas organizaciones sociales y políticas latinoamericanas están planteando la necesidad de contar en sus países con empresas estatales que permitan mantener el control público de los principales sectores productivos. Sobre todo, varios países han apostado por disponer de una empresa petrolera estatal que disponga del monopolio sobre toda la cadena de producción hidrocarburífera, como un primer paso que permita avanzar en la necesaria tarea de establecer límites a las actividades de las corporaciones transnacionales, profundizando en la idea de que los pueblos recuperen la soberanía sobre su territorio, sus recursos naturales y sus actividades económicas.

En esta línea, la nacionalización de los hidrocarburos constituye una condición que, si bien no es suficiente, sí es necesaria para seguir avanzando hacia la soberanía de los pueblos. En el futuro, indudablemente, medidas como ésta tendrán que ser acompañadas de otras que permitan afrontar el fin de los combustibles fósiles y el cambio climático, para fortalecer los procesos de transición energética hacia fuentes renovables de energía. Pero, en cualquier caso, como un primer y fundamental impulso en el sentido de favorecer a los pueblos frente al poder de las corporaciones transnacionales, se antoja urgente poner los recursos naturales en manos de las mayorías sociales del planeta.

Tanto en Europa como en Estados Unidos, dos de los bloques más importantes, ¿se están tomando medidas para limitar la hegemonía de las multinacionales o al contrario?

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control: tanto las legislaciones nacionales de los países receptores como los sistemas universales de protección de los derechos humanos y laborales fundamentales no pueden neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global. Por un lado, la seguridad jurídica de las inversiones de las multinacionales se protege mediante una tupida red de convenios, tratados y acuerdos que conforman un marco jurídico, político y económico en el que las grandes corporaciones tutelan sus derechos sin contrapesos suficientes. Así, en esta nueva lex mercatoria se subordina la seguridad de los hombres y mujeres de América Latina a los intereses de las compañías extranjeras.

Pero, por nuestra parte, creemos que es necesario elaborar una propuesta para profundizar en los mecanismos de control de las compañías transnacionales, que vaya mucho más allá de las medidas voluntarias que hasta ahora se han venido proponiendo. Estas normas deberían articularse en torno a un código internacional que tenga como premisa central desterrar el concepto de la voluntariedad. Y es que no resulta justo que los derechos de las transnacionales se protejan en los tribunales internacionales de arbitraje mientras los derechos de las mayorías sociales quedan en manos de la conciencia empresarial. Más aún, el nuevo entramado jurídico deberá complementarse con la creación de un Tribunal Internacional para las empresas transnacionales, encargado de tutelar y ejecutar las sentencias favorables a los intereses de las poblaciones y equiparando la tutela de los derechos humanos a la eficacia de la que disponen los derechos de las grandes corporaciones. Además, la creación de un Centro de Empresas Multinacionales –adherido a Naciones Unidas y gestionado entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales y sindicatos–, que se encargara de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las transnacionales sobre el terreno, permitiría contrastar y evaluar la información unilateral que actualmente se recoge en las memorias de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías multinacionales.

Se ha empezado hace poco el juicio contra Shell. ¿La consideráis la primera de una lista que pasarán por los juzgados o es una excepción? Según vosotros, ¿qué casos concretos, existentes hoy en día, son los más flagrantes de vulneración de derechos por parte de las multinacionales?

El juicio que estas semanas se ha estado dando en Estados Unidos contra la multinacional angloholandesa Shell por su complicidad en las ejecuciones sumarias de nueve activistas medioambientales nigerianos, entre ellos el poeta y activista ambiental Ken Saro-Wiwa, pone en evidencia hechos sumamente graves, como la constatación de la violación de los derechos humanos en países del Sur cometidos, directa o indirectamente, por empresas multinacionales.

Eso sí, el caso de Shell es uno de los más conocidos, pero no es el único. Dentro de los ejemplos que muestran esta realidad, se pueden citar varios casos en América Latina.

Por ejemplo, en Perú se ha denunciado el secuestro y la tortura de campesinos en las instalaciones de la empresa minera inglesa Majaz en 2005. En Colombia, una unidad del Ejército colombiano, acusada de violar sistemáticamente los derechos humanos de la población del departamento de Arauca, recibió financiación de la petrolera estadounidense Oxy para proteger sus instalaciones. En Argentina, el Tribunal Supremo investigó a 17 compañías petroleras -entre ellas la española Repsol YPF- por el daño ecológico que ha causado en cinco provincias de ese país.

Pese a estas y muchas otras denuncias de los impactos de las actividades de las empresas multinacionales sobre los derechos humanos, el medio ambiente, los pueblos indígenas y las relaciones laborales, en muy pocas ocasiones se consigue llevar a juicio a estas empresas y apenas existen casos de sanciones y penas en su contra.

¿Qué tipo de proceso burocrático se sigue para asignar la explotación de una zona determinada a una empresa?

Los procedimientos que han de darse para explotar las áreas con potenciales recursos naturales dependen de la legislación nacional del país al que nos refiramos. Es sabido que las reformas neoliberales se aplicaron en la gran mayoría de países de América Latina, pero no en todos exactamente en el mismo grado. De forma análoga, en general las legislaciones de estos países fueron modificadas para permitir la entrada masiva de los capitales extranjeros, pero el detalle de los procedimientos burocráticos depende de cada situación particular.

En el caso de Colombia, por citar un ejemplo que hemos investigado en OMAL, durante cerca de cuarenta años el esquema contractual que rigió las actividades petroleras garantizaba la participación estatal, con el fin de asegurar el abastecimiento de combustibles y las grandes rentas provenientes de este negocio. La gradual apertura de las actividades vinculadas al petróleo y el gas natural, como consecuencia del ofrecimiento de contratos de asociación a inversionistas extranjeros a partir de los años ochenta, se tradujo en enormes ingresos por las entradas de IED. Sin embargo, el sistema de contratación se ha venido modificando profundamente en el transcurso de la última década, hasta llegar a un modelo similar al que imperaba a comienzos del siglo XX. Por eso, a día de hoy, se está cediendo a las empresas transnacionales la práctica totalidad de los campos petroleros, únicamente a cambio de unas regalías que oscilan entre el 5% y el 30% , pero que en realidad, de acuerdo a la naturaleza de los campos petroleros, se encuentran en torno a una media del 10%. Este cambio del marco regulatorio para favorecer las inversiones de las compañías transnacionales petroleras ha tenido como consecuencia que, en la actualidad, se esté registrando en Colombia un considerable aumento de los niveles de exploración petrolera. El incremento de las actividades exploratorias se está promocionando dentro del marco de seguridad y confianza que favorece la atracción de las inversiones foráneas, y ciertamente está teniendo éxito en sus resultados: mientras el sector recibió recursos por un valor de 449 millones de dólares en 2002, en 2006 las inversiones en exploración alcanzaron la cifra de 1.500 millones.

Lo que es común en todos los casos es que la proliferación de la extracción de recursos naturales es favorecida por planes que fomentan las exportaciones, fundamentalmente de materias primas, con miras “al crecimiento y el desarrollo”, y están controladas fundamentalmente por capitales extranjeros. Entre las consecuencias del desarrollo de este tipo de sector se encuentra la exigencia en la ocupación e intervención de inmensas extensiones de territorio, como es el caso de los agronegocios (soja, eucaliptos, agrocombustibles), la minería y los hidrocarburos.

El área concesionada a proyectos mineros tiende a cubrir un promedio del 10% del territorio de América Latina. Los países que apuestan por este tipo de actividad tienen una legislación muy débil, en materia de impuestos o regalías, para que un mínimo porcentaje de los beneficios de esta actividad pueda repercutir en la población. La forma de ser competitivo en este sector, según la consultora Metals Economic Group, se resumen en esta idea: “los países que no aplican regalías atraen la mayor inversión minera”. Además, a la ausencia de regalías se suma la procedencia de las principales corporaciones mineras -éstas son canadienses, estadounidenses e inglesas (Drummond, Glencore-Xtrata, AngloAmerican, BHP Billiton, AngloGold)-, de manera que sus ingresos por venta van directamente a las casas matrices. Aparte de los impactos económicos, hay que señalar el impacto ambiental difícilmente recuperable, por la deforestación, movimiento de tierras, emisión de cianuro, contaminación de acuíferos y ríos, etc. Y una situación análoga a las de las compañías mineras se produce con los impactos asociados a la presencia de las empresas petroleras por toda la región.

Pese al impacto y la importancia que tienen las multinacionales en la vida de los ciudadanos no están controladas por ningún tipo de voto popular. Parece contradictorio con el término “democracia”. ¿Qué os parece?

Ya sabemos de sobra que la ideología neoliberal se basa en que los servicios públicos, la banca, los bienes de consumo, la alimentación, el agua, el transporte y la energía se tengan que subordinar a la filosofía del libre mercado. Pero ahora, además, se le da una vuelta de tuerca más al modelo de relación entre las empresas multinacionales y la sociedad: se pretende crear una ciudadanía corporativa, en la que los individuos asuman la plena coparticipación y corresponsabilidad en las actividades empresariales. Así, los consumidores ya no sólo han de consumir, sino que todas sus decisiones y acciones han de estar incorporadas en la dinámica corporativa. Y claro, mientras tanto, el Estado sigue reduciendo su actividad en la economía, el capital transnacional consolida su poder y, así, nuestra vida se va haciendo más y más dependiente de las grandes corporaciones.

Ahora bien, resulta imprescindible desmitificar el discurso oficial en este punto: las actividades de las multinacionales no están siendo un elemento que contribuya a disminuir las enormes desigualdades que asolan el mundo; antes al contrario, y a pesar de su tan trabajada imagen corporativa, únicamente sirven para apuntalar el statu quo. El poder de las multinacionales responde a un modelo económico global que establece la economía como única relación entre los países y la ciudadanía. Por eso, es urgente que las grandes mayorías perjudicadas por este sistema encuentren salidas para contener la impunidad que ampara a las corporaciones transnacionales y que están convirtiendo al planeta y a la vida misma en una simple mercancía.