Los indígenas no darán marcha atrás hasta que Alan García escuche su voz

El Congreso peruano decidió ayer suspender durante 90 días la entrada en vigor del decreto 1.090



Gara




Los indígenas no darán marcha atrás hasta que el Gobierno de Alan García atienda sus demandas y derogue las leyes que permiten a las multinacionales explotar los recursos de la Amazonia, que representa un 60% del territorio peruano. Para hoy han convocado una marcha nacional, a la que se han sumado movimientos indígenas de Perú y países vecinos. El Congreso suspendió por 90 días el decreto 1.090, lo que no satisfizo a los indígenas.

Los indígenas dejaron claro que mantendrán las movilizaciones hasta que el Gobierno de Alan García no derogue el paquete de siete leyes, entre ellas la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que da amplios poderes a las multinacionales para explotar los recursos de la amazonia peruana.

«No nos moveremos hasta que el Gobierno eche para atrás las leyes que afectan a nuestro territorio», declaró a AFP Hernán Kariaja, un apu (jefe) de la etnia candoshi.

Desde abril, las comunidades indígenas mantienen bloqueados media docena de puntos -una carretera, un puerto fluvial y un pequeño aeródromo entre otros- de la Amazonia, que representa el 60% del país. Aunque no es nada espectacular, ha tenido un gran impacto.

Isabel Ortiz, líder de la etnia shabi, explicó que numerosos empresarios procedentes de Lima han llegado en los últimos tiempos a la región para supervisar los terrenos y hacer firmar ppapeles a los indígenas «que no saben ni leer ni escribir. Les obligan a poner sus huellas dactilares y luego los expulsan».

«Estamos cansados. No daremos marcha atrás porque se trata de nuestras tierras», exclamó.

El Congreso peruano decidió ayer suspender durante 90 días la entrada en vigor del decreto 1.090. Esta medida no satisface a los indígenas que llevan reclamando desde mayo que se derogue definitivamente.

«No se ha derogado, es una confusión. Lo que han hecho es una suspensión de los decretos, que es justamente lo que no querían los nativos», destacó la corresponsal de Telesur en Lima, Verónica Insausti, en la página web de la emisora latinoamericana.

«Lo que ha hecho el partido del APRA [la formación del presidente Alan García] ha sido suspender los decretos, mas no derogarlos», insistió Insausti.

La oposición peruana destacó que este decreto supone un ataque a la soberanía nacional, puesto que están vinculados al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con EEUU.

A lo largo de la semana, el Gobierno de Alan García ha recibido una larga lista de críticas de muy diversos organismos. La última la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, tras condenar «enérgicamente» lo ocurrido, le recordó al Estado que «la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de la represión directa a los manifestantes o de la investigación y proceso penal, es incompatible con una sociedad democrática». Le instó además a «esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias»

El mandatario peruano, sin embargo, salió en defensa de la actuación del Gobierno y de la Fiscalía que, a su juicio, ha hecho bien en denunciar a los líderes indígenas de las protestas porque «no se puede instigar y engañar diciendo que los nativos van a perder sus tierras».

La Cancillería, mientras, resaltó «la gran tradición de promoción y protección de los derechos» de Perú.

Alegó, asimismo, la existencia de «versiones tergiversadas que han circulado y desinforman completamente».

La Conaie califica de «deplorable» la situación en la Amazonia
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) condenó «la violencia de Estado en Perú contra los hermanos indígenas» e hizo un llamamiento a la comunidad internacional a sancionar a «los responsables». Asimismo, calificó de «deplorable la situación de los derechos humanos» en la Amazonia peruana. El dirigente de los Territorios de la Conaie, Luis Yampis, resaltó que las acciones de los indígenas fueron pacíficas y criticó la falta de diálogo por parte del Gobierno. Denunció que en la Amazonia «se estaría impidiendo el derecho a la libre circulación, a las actividades cotidianas de pesca, siembra y recolección».

«Detrás de estos hechos están las pretensiones de abrir un camino de impunidad y depredación, beneficiando a empresas diversas como Perenco y Oxy, que fueron expulsadas de Ecuador», subrayó. Tras la rueda de prensa, integrantes de la Conaie, acompañados por medio centenar de personas, realizaron un plante ante la embajada de Perú en Quito. En las pancartas se podían leer lemas como «No somos criminales... Defendemos la vida y la naturaleza».