Cuando no encontramos la verdad en las noticias
Pável Blanco Cabrera
Rebelión
Marx y Engels afirmaban que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante; quien revisa los medios de comunicación así lo confirma, cuando menos en México, donde cientos de luchas no son conocidas, ni reconocidas porque no logran romper el cerco mediático que se impone por los de arriba
Cuando la sangre se derrama, cuando son tan vistosos los operativos represivos resulta imposible ocultarlos y entonces se les deforma, tergiversa o se les mutila. Así ocurre con importantes luchas como Atenco y Oaxaca, y así ocurre hoy en Pasta de Conchos.
Sabemos que en febrero del 2006 en la Mina 8 de Pasta de Conchos se produjo la muerte de 65 proletarios; algunos le llaman accidente, y eso es lo que se difundió en los medios de comunicación; vamos a llamarle como se debe: un crimen industrial provocado por la negligencia del Grupo México, propietario de Industria Minera México (IMMSA), un monopolio que es concesionario de la explotación de la minería en México y al que la lógica de la ganancia importa más que las medidas de seguridad laboral.
De los 65 fallecidos se rescataron los cuerpos solo de dos mineros, y a través de los medios de comunicación se difundió que el rescate era imposible puesto que los niveles de gas lo hacían irrealizable. Fue un anuncio de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Vicente Fox, e inmediatamente se suspendieron las tareas, desalojando a los familiares y demás trabajadores. Se sello la mina y se procedió a la operación de siempre, la del olvido.
Toneladas de olvido sumadas a las toneladas de escombro para ocultar la responsabilidad del monopolio.
No contabilizaron la dignidad de viudas y familiares que persistirían en el objetivo de rescatar los cuerpos de sus deudos, demostrando que fue un crimen y exigiendo el castigo a los culpables, para que nunca más ocurra una tragedia de estas características.
Algunas de ellas confiaron aún en el camino de las instituciones, acudieron a la Cámara de Diputados, a los organismos de derechos humanos, a organismos internacionales; en todos ellos la respuesta fue la misma: protección de los intereses del Grupo México.
Otro grupo de familiares no confiaron en los de arriba, que siempre mienten y decidieron acercarse a un movimiento nacional que en 2006 mostro que existía otro México, rebelde y digno: La Otra campaña, que nació como una de las iniciativas que se despliegan alrededor de La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, del EZLN, lanzada en junio del 2005.
Así expusieron sus planteamientos en el Encuentro nacional Obrero que se realizo en la Ciudad de México a fines de abril, y lograron que se visibilizara su lucha, en un contexto anticapitalista.
Vino la represión en Atenco, y fue hasta el 20 de noviembre del 2006, que en las puertas de ingreso a la mina se concretó una segunda reunión entre La Otra Campaña y las viudas y familiares de Pasta de Conchos, reunión en la que participo el Subcomandante Insurgente Marcos. En esa reunión La Otra Campaña asumió las demandas de este movimiento, sumándose así a una serie de importantes batallas anticapitalistas, como la lucha por la libertad de las y los presos políticos, libertad y justicia para Atenco y Oaxaca, el apoyo a la resistencia en La Parota Guerrero, la lucha contra la Autopista Siglo XXI en Puebla-Morelos, el apoyo a los pueblos Cucapá y Kiliwa en Baja California, el apoyo a los braceros, a las y los trabajadores sexuales, entre otras luchas que muestran el rostro del sistema capitalista y las ruedas sobre las que se desplaza: explotación, despojo, represión y racismo. Así nació un compromiso.
De las organizaciones adherentes a La VI Declaración de la Selva Lacandona presentes en Coahuila, fueron el Partido de los Comunistas y la JCM las que desarrollaron un trabajo cotidiano en la región carbonífera acompañando las acciones y evaluando las posibilidades hasta que se tomo una decisión: si el monopolio y el gobierno se declaran incapaces de emprender el rescate, entonces nos corresponde efectuarlo de manera autónoma e independiente. Como en la organización hay muchos camaradas que trabajan en las ramas minero-metalúrgica y metal-mecánica se valoró con responsabilidad, sin aventurerismos, la posibilidad técnica, concluyendo que el rescate era posible.
Uno de los mitos más fuertes de la patronal y su personal de rescate era la gran presencia de gas. El 20 de noviembre del 2008 las viudas y familiares tomaron la mina y una comisión integrada por alguna de ellas bajaron al interior. En la comisión también estaba la compañera Cristina Martinez Pacheco de la JCM y Fernando Acosta Esquivel, Secretario General del Comité Central del Partido de los Comunistas. El mensaje fue muy claro, el PC se comprometía a fondo, arriesgando inclusive a sus principales cuadros. La incursión acompañada del material técnico necesario arrojo una conclusión: la empresa mintió; el rescate era posible.
Se lanzo entonces un llamado nacional al México de abajo y a la izquierda a apoyar financieramente el rescate. Desde Noviembre del 2008, hasta hoy, en todo México, la Juventud Comunista y los militantes del PC, hablamos cotidianamente con obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, trabajadores de la educación, recaudando en botes, peso a peso los recursos necesarios para tan justa y digna tarea.
El concurso del Sector de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y el Mar de La Otra Campaña ha sido fundamental; lo mismo el de la Unión Nacional de Organizaciones Populares de la Izquierda Independiente.
Han colaborado corrientes sindicales, sindicatos clasistas, trabajadores desorganizados.
Entre todo el México de abajo y a la izquierda se reunieron casi dos millones de pesos; un porcentaje importante fue de las finanzas propias del PC.
De Baja California a Chiapas, del pacifico al Golfo de México, en las ciudades y campos, en las universidades y calles cientos de miles nos dijeron que la causa era justa.
Siempre dejamos claro que no era un simple rescate humanitario, sino la evidencia para demostrar la contradicción fundamental de nuestra sociedad, la contradicción entre capital y trabajo. Planteando una convicción profunda, los accidentes laborales son crímenes del capitalismo contra los trabajadores, que son asesinados para acrecentar la explotación, la ganancia. Un mundo nuevo solo es posible sobre la base de la destrucción del capitalismo y sus relaciones sociales, solo es posible sobre la base del derrocamiento del sistema capitalista. Lo que requiere la unidad de clase y un programa que agrupe a todos los oprimidos y explotados. Se requiere de un combativo movimiento antimperialista, antimonopolista y anticapitalista.
Más el día 31 de julio irrumpió con violencia en la Mina la policía abriendo paso al grupo Signum, una empresa prestanombres del monopolio Grupo México que no se resigna a dejar de extraer el carbón que está calculado en un valor de 200 millones de USD.
La agresión policial fue tan vistosa que los medios no pudieron silenciarla sin embargo si ocultan lo que es de su interés.
a) Que el rescate autónomo e independiente, avanzado ya en un 70 % surge de las entrañas del pueblo frente a la incapacidad del Estado, por complicidad con los monopolios. Que la materialización demostrara las ilegalidades del Grupo México, las violaciones a la Ley Federal del Trabajo, y los intereses de la explotación cuya voracidad no se limita por la muerte de proletarios.
b) Que este rescate nació en La Otra Campaña y demuestra que los de abajo no necesitan para nada a los de arriba.
c) Que en Pasta de Conchos se enfrentan dos clases sociales, y que ese pequeño punto es una muestra de la contradicción entre capital/trabajo.
d) Que el Grupo México, propietario de Industrial Minera México es un monopolio, protegido por el Estado – a fin de cuentas el Estado está para proteger los intereses de los monopolios- que para continuar con sus jugosos negocios recurre a mascaradas como el Grupo Signum.
e) Que Signum es propiedad de Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila, prominente diputado en la LIV legislatura del Congreso de la Unión, la que legitimo el fraude electoral del 88, es decir un hombre de Carlos Salinas de Gortari. Además Montemayor fue director de PEMEX y opero una serie de fraudes conocidos como el pemexgate, por lo cual quedo inhabilitado como funcionario público. Lo que muestra la fusión de clase política, monopolios y Estado.
f) Que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el PT, CD, PVEM tienen interés en la vida de los trabajadores; el desprecio para las viudas y familiares de Pasta de Conchos proviene de Felipe Calderón y López Obrador por igual.
Sobre todo los medios intentan ocultar la existencia de una alternativa comunista, del partido marxista-leninista que está presente en las luchas nacionales, con la clase obrera y los oprimidos.
Sin embargo los medios de comunicación no podrán parar al potente movimiento anticapitalista que gesta transformaciones profundas para la emancipación de los explotados y oprimidos.
Por ello quien busque comprender la realidad de México mal hace en tener como única fuente a los mass media, independientemente de cuan de “izquierda” parezcan. Hay que buscar más abajo y más a la izquierda, porque ahí, algo está por nacer.
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El autor es Integrante de la Dirección Colectiva del Comité central del Partido de los Comunistas
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8/19/09
Revolt on Goose Island: The Chicago Factory Takeover, and What it Says About the Economic Crisis
By Kari Lydersen
Melville House Publishing.
The following is an excerpt from Revolt on Goose Island by Kari Lydersen. Copyright Kari Lydersen 2009. Reprinted with permission from Melville House Publishing.
The Stakeout
“Turn out all the lights right now,” a supervisor at Republic Windows and Doors told Armando Robles as he was wrapping up the second shift at the factory on Goose Island, a small hive of industry sitting in the middle of the Chicago River. It was about 10 p.m. on November 5, 2008. Robles thought the order strange, as other employees were still finishing up. “Everyone has to leave right now,” the supervisor said. For a while Robles and other workers had been suspicious about goings-on at the factory. They knew business had been bad for the past two years; the housing crash meant not many people were in the market for new windows and doors. At monthly “town hall meetings” the company had started holding over the past year, managers were constantly bemoaning how much money they were losing. And the workforce had been nearly cut in half in the past few years, from almost 500 to 250. Something seemed to be up, and Robles felt sure it wasn’t good.
He and fellow worker Sergio Revuelta left the building as if nothing was amiss, then huddled in the shadows outside the plant. They watched as the plant manager and a former manager came out and looked around carefully. Five cars drove up. That was strange. Robles and Revuelta watched as the men began removing boxes and pieces of machinery from the low-slung, inconspicuous warehouse. They crept around to the back, where they saw a U-Haul waiting with its lights off. Over the next few hours, they shivered and squinted as they watched a parade of objects being loaded into the U-Haul. The only illumination came from the light on a forklift. By almost 5 a.m. they finally headed home to their families.
In the following days, Robles and other workers were being ordered to load heavy machinery from the factory onto semi-truck trailers. When they asked managers what was going, they got vague answers about the machinery being sold to raise money or being sent away for repairs. One day a whole team of workers arrived with no jobs to do, since the machines they usually worked on were gone.
The workers were represented by Local 1110 of the United Electrical, Machine and Radio Workers of America, or UE, a scrappy, progressive union with a storied activist history. Union representatives started filing written requests for information; under their collective bargaining agreement with the company, the union had the right to be advised of major operating decisions or changes. But they got no response. Workers got more and more suspicious and angry.
“I asked my supervisor, how can I work when I don’t even know if you can pay me?” said Rocio Perez, a single mother of five and union steward. She felt like managers were treating them as gullible and naïve since they expected them to keep working as the factory was obviously being dismantled under their noses. “It was like they were mocking us.”
The workers organized a surveillance team which would keep watch outside the factory after hours. One Saturday, Robles was lurking behind the factory near the loading dock with his wife Patricia and their young, lively son Oscar in tow. He got a call from another worker staking out the plant’s front entrance on Hickory Street, who was watching boxes being loaded onto two trailer trucks. They hopped in their cars, and the other worker drove out after the first trailer, Robles followed the second trailer.
They took note of the trucks’ license plates and followed them for about 15 miles to a truck yard on the southwest side of the city, an industrial, grimy swath of land next to the highway. They parked just outside the yard and, keeping their eyes on the trailers, Robles called international union representative Mark Meinster. By the time Meinster arrived it was dark and cold. They sat there for almost four hours mulling over what they should do. Robles was mad. He is a friendly, quick-to-laugh man with a bright smile, but he doesn’t take any crap. That’s one of the reasons his coworkers voted him president of the union Local.
“I have a friend who drives trailer trucks. We could steal the trailers, then they would have to negotiate with us,” Robles suggested to Meinster. “Or we could deflate the tires.” The union rep appreciated Robles’ fearlessness but talked him out of those schemes. They hit upon another idea, one with a long and glorious history in union lore: they could occupy the plant. Robles immediately liked the idea. In other countries including his native Mexico, factory occupations are fairly common. But in the U.S. they had not happened outside of a few scattered incidents since organized labor’s heyday in the 1930s, when auto workers brought the industry’s top companies to their knees with sit-down strikes. Occupying the factory would likely mean people would be arrested, and there was no guarantee it would work or even gain popular support. But these were economic times unlike any in the past 30 years, and drastic times call for drastic measures. Over the following days Meinster and Robles bounced the occupation idea off other workers, and quickly found at least six people ready and willing to risk arrest and occupy the plant in the case of a closing or mass lay-offs.
Meinster knew that unbeknownst to most Americans, the Canadian Auto Workers union had actually in recent years undertaken several dramatic factory occupations or blockades of the type the Republic Windows workers were envisioning.Meinster made a few calls to his Canadian counterparts to visualize the nuts and bolts of occupying a factory. This included logistics—how to get food into the plant, how to bail people out in case of arrests—and strategy. What would their demands be? Who would be their target?
Republic Windows was taken over by Richard Gillman, who had been a salesman at the company since 1974, in 2006. The company was struggling, and rather than paying for it, Gillman took majority ownership by agreeing to assume a substantial debt load. He brought in a new chief operating officer and secured new sources of credit, including a 40 percent equity stake from a subsidiary of JPMorgan Chase and a $5 million line of credit from Bank of America. He thought things were looking up.
Then in the summer of 2007, a mortgage crisis began to mushroom out of control, quickly infecting the whole housing market and the rest of the economy. The widespread practice of banks bundling mortgage-backed securities and selling them off to investors had exploded like a balloon. People defaulted on their mortgages, many of them sub-prime or fraudulently orchestrated mortgages the buyer could never really afford in the first place, and went into foreclosure. As it became clear the mortgages would not be paid, the mortgage-backed securities became nearly worthless and the house of cards began to fall. Banks panicked and clamped down on offering new credit, which of course put a big chill on consumer spending, housing rehabs and construction, new businesses and in a domino effect almost every market sector.
New home-buying ground to a near stand-still, even as housing prices plummeted. If new houses, office buildings and condos were not being built, new windows and doors were not being purchased to put in them. There was still some window and door demand for rehabs and repairs, but this market also slowed as families and developers put off plans for upgrades and delayed all but the most crucial repairs.
In this climate, it didn’t take long for Republic Windows to burn through its $5 million line of credit, according to Bank of America Midwest Government Relations Manager Pat Holden. In February 2008, Bank of America officials told Gillman they were concerned about his company’s situation and advised him to essentially get his act together. Among other things they noted he should seek other investors and lenders.
But by July 2008, the company’s financial situation didn’t look any better; the company had lost about $3 million in just six months, Holden said. Bank of America officials told Gillman that if he didn’t get another lender he should “start winding down their operations;” in other words, get ready to close the company and presumably sell off the assets to pay back the bank and other creditors. Holden said Gillman ignored their advice, and continued asking for more credit. The bank said no.
Mark Meinster and other union leaders were mulling all these factors over. Richard Gillman and other company officials were by all appearances up to something which would probably be soon costing the workers their jobs. But relatively few people really knew or cared about Richard Gillman or Republic Windows and Doors. Bank of America, on the other hand, had just received $25 billion in taxpayer money and yet was laying off its own workers, initiating foreclosures and scooping up other companies whose executives made more in annual bonuses than most people earned in a lifetime. If the workers were to occupy the factory, the union leaders knew they would need to have demands and they would need a target. Their demands would naturally be that workers be paid the severance pay and unused vacation wages due them, and going even further, that they keep their jobs. Considering the players involved, it looked like they also had a target.
The workers occupied the factory for six days, and gained international attention and support for their efforts. Ultimately Bank of America and JPMorgan Chase agreed to lend $.175 million to pay the severance and accrued vacation wages due. But that was only the beginning. The workers vowed to keep the plant open, and did a “road tour” visiting unions and laid off workers in the northeast, south and Midwest, raising money through the Window of Opportunity Trust Fund to try to keep the plant open. Then a Bay Area-based manufacturer of green building products, Serious Materials, offered to buy the company. On Feb. 25 the sale was finalized, with a union contract signed guaranteeing to respect the workers’ previous seniority. Serious Materials has promised to hire all workers back once production is ramped up, hopefully this spring. And even as the economy continues to suffer, they hope to benefit from millions in stimulus money allocated for energy efficiency. More importantly, the workers have already seen evidence that their struggle has inspired workers elsewhere to stand up for their rights. Stay tuned.
Click here to buy a copy of Revolt on Goose Island
Kari Lydersen, a regular contributor to AlterNet, also writes for the Washington Post and is an instructor for the Urban Youth International Journalism Program in Chicago.
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The Stakeout
“Turn out all the lights right now,” a supervisor at Republic Windows and Doors told Armando Robles as he was wrapping up the second shift at the factory on Goose Island, a small hive of industry sitting in the middle of the Chicago River. It was about 10 p.m. on November 5, 2008. Robles thought the order strange, as other employees were still finishing up. “Everyone has to leave right now,” the supervisor said. For a while Robles and other workers had been suspicious about goings-on at the factory. They knew business had been bad for the past two years; the housing crash meant not many people were in the market for new windows and doors. At monthly “town hall meetings” the company had started holding over the past year, managers were constantly bemoaning how much money they were losing. And the workforce had been nearly cut in half in the past few years, from almost 500 to 250. Something seemed to be up, and Robles felt sure it wasn’t good.
He and fellow worker Sergio Revuelta left the building as if nothing was amiss, then huddled in the shadows outside the plant. They watched as the plant manager and a former manager came out and looked around carefully. Five cars drove up. That was strange. Robles and Revuelta watched as the men began removing boxes and pieces of machinery from the low-slung, inconspicuous warehouse. They crept around to the back, where they saw a U-Haul waiting with its lights off. Over the next few hours, they shivered and squinted as they watched a parade of objects being loaded into the U-Haul. The only illumination came from the light on a forklift. By almost 5 a.m. they finally headed home to their families.
In the following days, Robles and other workers were being ordered to load heavy machinery from the factory onto semi-truck trailers. When they asked managers what was going, they got vague answers about the machinery being sold to raise money or being sent away for repairs. One day a whole team of workers arrived with no jobs to do, since the machines they usually worked on were gone.
The workers were represented by Local 1110 of the United Electrical, Machine and Radio Workers of America, or UE, a scrappy, progressive union with a storied activist history. Union representatives started filing written requests for information; under their collective bargaining agreement with the company, the union had the right to be advised of major operating decisions or changes. But they got no response. Workers got more and more suspicious and angry.
“I asked my supervisor, how can I work when I don’t even know if you can pay me?” said Rocio Perez, a single mother of five and union steward. She felt like managers were treating them as gullible and naïve since they expected them to keep working as the factory was obviously being dismantled under their noses. “It was like they were mocking us.”
The workers organized a surveillance team which would keep watch outside the factory after hours. One Saturday, Robles was lurking behind the factory near the loading dock with his wife Patricia and their young, lively son Oscar in tow. He got a call from another worker staking out the plant’s front entrance on Hickory Street, who was watching boxes being loaded onto two trailer trucks. They hopped in their cars, and the other worker drove out after the first trailer, Robles followed the second trailer.
They took note of the trucks’ license plates and followed them for about 15 miles to a truck yard on the southwest side of the city, an industrial, grimy swath of land next to the highway. They parked just outside the yard and, keeping their eyes on the trailers, Robles called international union representative Mark Meinster. By the time Meinster arrived it was dark and cold. They sat there for almost four hours mulling over what they should do. Robles was mad. He is a friendly, quick-to-laugh man with a bright smile, but he doesn’t take any crap. That’s one of the reasons his coworkers voted him president of the union Local.
“I have a friend who drives trailer trucks. We could steal the trailers, then they would have to negotiate with us,” Robles suggested to Meinster. “Or we could deflate the tires.” The union rep appreciated Robles’ fearlessness but talked him out of those schemes. They hit upon another idea, one with a long and glorious history in union lore: they could occupy the plant. Robles immediately liked the idea. In other countries including his native Mexico, factory occupations are fairly common. But in the U.S. they had not happened outside of a few scattered incidents since organized labor’s heyday in the 1930s, when auto workers brought the industry’s top companies to their knees with sit-down strikes. Occupying the factory would likely mean people would be arrested, and there was no guarantee it would work or even gain popular support. But these were economic times unlike any in the past 30 years, and drastic times call for drastic measures. Over the following days Meinster and Robles bounced the occupation idea off other workers, and quickly found at least six people ready and willing to risk arrest and occupy the plant in the case of a closing or mass lay-offs.
Meinster knew that unbeknownst to most Americans, the Canadian Auto Workers union had actually in recent years undertaken several dramatic factory occupations or blockades of the type the Republic Windows workers were envisioning.Meinster made a few calls to his Canadian counterparts to visualize the nuts and bolts of occupying a factory. This included logistics—how to get food into the plant, how to bail people out in case of arrests—and strategy. What would their demands be? Who would be their target?
Republic Windows was taken over by Richard Gillman, who had been a salesman at the company since 1974, in 2006. The company was struggling, and rather than paying for it, Gillman took majority ownership by agreeing to assume a substantial debt load. He brought in a new chief operating officer and secured new sources of credit, including a 40 percent equity stake from a subsidiary of JPMorgan Chase and a $5 million line of credit from Bank of America. He thought things were looking up.
Then in the summer of 2007, a mortgage crisis began to mushroom out of control, quickly infecting the whole housing market and the rest of the economy. The widespread practice of banks bundling mortgage-backed securities and selling them off to investors had exploded like a balloon. People defaulted on their mortgages, many of them sub-prime or fraudulently orchestrated mortgages the buyer could never really afford in the first place, and went into foreclosure. As it became clear the mortgages would not be paid, the mortgage-backed securities became nearly worthless and the house of cards began to fall. Banks panicked and clamped down on offering new credit, which of course put a big chill on consumer spending, housing rehabs and construction, new businesses and in a domino effect almost every market sector.
New home-buying ground to a near stand-still, even as housing prices plummeted. If new houses, office buildings and condos were not being built, new windows and doors were not being purchased to put in them. There was still some window and door demand for rehabs and repairs, but this market also slowed as families and developers put off plans for upgrades and delayed all but the most crucial repairs.
In this climate, it didn’t take long for Republic Windows to burn through its $5 million line of credit, according to Bank of America Midwest Government Relations Manager Pat Holden. In February 2008, Bank of America officials told Gillman they were concerned about his company’s situation and advised him to essentially get his act together. Among other things they noted he should seek other investors and lenders.
But by July 2008, the company’s financial situation didn’t look any better; the company had lost about $3 million in just six months, Holden said. Bank of America officials told Gillman that if he didn’t get another lender he should “start winding down their operations;” in other words, get ready to close the company and presumably sell off the assets to pay back the bank and other creditors. Holden said Gillman ignored their advice, and continued asking for more credit. The bank said no.
Mark Meinster and other union leaders were mulling all these factors over. Richard Gillman and other company officials were by all appearances up to something which would probably be soon costing the workers their jobs. But relatively few people really knew or cared about Richard Gillman or Republic Windows and Doors. Bank of America, on the other hand, had just received $25 billion in taxpayer money and yet was laying off its own workers, initiating foreclosures and scooping up other companies whose executives made more in annual bonuses than most people earned in a lifetime. If the workers were to occupy the factory, the union leaders knew they would need to have demands and they would need a target. Their demands would naturally be that workers be paid the severance pay and unused vacation wages due them, and going even further, that they keep their jobs. Considering the players involved, it looked like they also had a target.
The workers occupied the factory for six days, and gained international attention and support for their efforts. Ultimately Bank of America and JPMorgan Chase agreed to lend $.175 million to pay the severance and accrued vacation wages due. But that was only the beginning. The workers vowed to keep the plant open, and did a “road tour” visiting unions and laid off workers in the northeast, south and Midwest, raising money through the Window of Opportunity Trust Fund to try to keep the plant open. Then a Bay Area-based manufacturer of green building products, Serious Materials, offered to buy the company. On Feb. 25 the sale was finalized, with a union contract signed guaranteeing to respect the workers’ previous seniority. Serious Materials has promised to hire all workers back once production is ramped up, hopefully this spring. And even as the economy continues to suffer, they hope to benefit from millions in stimulus money allocated for energy efficiency. More importantly, the workers have already seen evidence that their struggle has inspired workers elsewhere to stand up for their rights. Stay tuned.
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Acteal, ¿Y Ahora Qué?
Joan Baucells Lladós
La Jornada
Probablemente esta semana se hará pública la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se concederá el amparo a una cuarentena de los que en su momento fueron condenados por la masacre de Acteal. Los argumentos utilizados por la Corte parecen estar relacionados con las irregularidades procesales de esos juicios. En concreto –según adelantaba El Universal en su edición de 6 de agosto– las condenas se habrían sustentado sobre desaparición de evidencias, alteraciones de la escena del crimen, sustracción de inculpados y fabricación de testimonios. No es prudente comentar una sentencia a la que no se ha tenido acceso y menos criticarla por utilizar argumentos garantistas, aunque en sus consecutivas visitas a Chiapas la Comisión Civil Internacional para la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) pudo contrastar cómo era del todo evidente que la investigación sobre los hechos de Acteal estaba rodeada de enormes irregularidades.
Por esta razón no voy a dedicar la atención de estas líneas a analizar la sentencia o sus consecuencias prácticas, aunque estas últimas sean muy importantes, puesto que, entre otras cuestiones, representará la absolución de la mayoría de los hasta ahora condenados, sin aclarar si fueron ellos o quiénes los auténticos responsables; la ausencia de reparación del daño causado a las víctimas o la causación de posibles conflictos al regreso a sus comunidades. Lo que desde la perspectiva internacional merece ser analizado atentamente es que, de nuevo, bajo el velo de las garantías procesales el amparo de la Suprema Corte revela el colofón de la impunidad, ineficacia y parcialidad de la administración de justicia mexicana para impartir justicia en Acteal.
Respecto de la impunidad, pese a las evidencias, en ninguno de los procedimientos penales abiertos se ha procesado a los responsables de más alto nivel político y militar. Esta impunidad se fundamenta, entre otras razones más estructurales, en el sistema procesal mexicano de acusación, que atribuye la investigación y persecución de los delitos exclusivamente a la procuraduría. Al no existir la acusación particular, es el Ministerio Público, el que de forma exclusiva delimita los hechos susceptibles de persecución penal, califica jurídicamente el titulo de imputación penal y señala los posibles responsables de los mismos. En relación con Acteal, el Ministerio Público no calificó los hechos –pese a las evidencias– como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, ni tampoco consideró la existencia del delito de asociación delictuosa –pese a la evidencia de que sus autores se organizaban en torno a grupos paramilitares– y, mucho menos, dirigió los procedimientos contra los auténticos responsables militares y políticos. Así, es más que evidente –debido al principio de jerarquía y sumisión al Poder Ejecutivo del Ministerio Público– que no se podrá nunca perseguir de forma efectiva a los altos responsables de estos crímenes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido expresamente que el Ministerio Público está concebido en México como una institución comprendida dentro del Poder Ejecutivo. En consecuencia, la autoridad presidencial o del gobernador incide sobre el monopolio exclusivo y excluyente del ejercicio de la acción penal.
Por otro lado, la impunidad también queda de manifiesto en la Recomendación 1/1998, referente a los hechos de Acteal, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual se recomendó al gobierno de Chiapas –contra toda lógica de preferencia de la jurisdicción penal y su principio de vis atractiva– iniciar procesos administrativos contra buen número de servidores públicos. Incluso dentro de los procedimientos disciplinarios abiertos, en algunos casos fue declarada prescrita la acción para sancionar y en otros se absolvió de toda responsabilidad administrativa.
Por su parte, la ineficacia de todos los colectivos implicados en la administración de justicia no sólo se deduce de la impunidad, sino también de la forma en que se ha impartido la justicia en este caso. Por un lado, la misma CNDH reconoce que los cuerpos policiales no han cumplido con eficacia y eficiencia su labor de investigación y persecución de los delitos y de seguridad de los gobernados. Por otro lado, como acabamos de apuntar, el Ministerio Público también ha dado muestras de ineficacia por, entre otras razones, su incapacidad orgánica para exigir responsabilidades penales a sus superiores jerárquicos, para calificar los hechos como crímenes contra la humanidad y por tomar decisiones de archivo pese a las evidencias existentes. Por último, también la actuación de los jueces y tribunales ha sido ineficaz en la medida que han cometido numerosas irregularidades que han posibilitado –como refleja la reciente sentencia de la Suprema Corte– la nulidad de las actuaciones realizadas y la consecuente vulneración de la tutela judicial efectiva a las víctimas.
Por último, la parcialidad de todos los órganos encargados de impartir justicia se evidencia en numerosos datos. Así, tras las muertes de Acteal, por ejemplo, y sólo por lo que respecta a funcionarios del Consejo Estatal de Seguridad Pública, debe recordarse que hubo usurpación de funciones para alterar el lugar del crimen, ocultando la evidencia de las pruebas, con la única finalidad de dificultar la persecución penal de los hechos. En la misma línea, funcionarios de la policía y del Ejército han evidenciado una clara complicidad con los autores de los delitos. Por último, la parcialidad también se manifiesta incluso en los propios jueces y en su canon de actuación selectiva, consistente en la absolución de los pocos cargos públicos respecto de los cuales se ha presentado acusación –pese a la evidencia de las pruebas–; instruyendo indebidamente las causas –cuestión que ha provocado la declaración de la nulidad de las actuaciones–; inaplicando las órdenes pendientes de aprehensión o absolviendo a los condenados del pago de la reparación del daño a las víctimas.
La sentencia de la Corte no puede representar el punto final al caso Acteal. Dos son las principales consecuencias que deben derivarse de ella. De entrada, lo lógico en un estado de derecho sería que, otorgado el amparo, las actuaciones se retrotrajeran hasta el inicio de la instrucción para que representantes de la procuraduría, de forma libre y responsable, pudieran presentar cualquier tipo de acusación –incluyendo la comisión de crímenes internacionales– contra todos los responsables intelectuales y materiales de la matanza, para aclarar, de acuerdo a derecho y sin ningún ápice de impunidad, quiénes fueron los responsables de esos hechos –cayera quien cayera–, para tras un proceso con garantías y sin dilaciones se llegara a su efectiva condena y a la reparación de las víctimas. En segundo lugar, un auténtico estado de derecho no podría soportar que no fueran sancionados los funcionarios públicos responsables de las graves irregularidades que han fundamentado el amparo, no sin antes investigar cuáles fueron las razones que llevaron a esos servidores públicos a hacer desaparecer evidencias, alterar la escena del crimen o fabricar testimonios. Y, sin embargo, todo el que tenga un mínimo conocimiento del sistema judicial mexicano, intuirá que nada de lo anterior llegará a suceder. A los ojos de la comunidad internacional el amparo de la Suprema Corte pone en evidencia que las esperanzas de justicia en Acteal sólo pueden fundamentarse en el recurso a los instrumentos de justicia internacional.
Joan Baucells Lladós. Profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, ex magistrado y comisionado en la VI visita de la CCIODH
La Jornada
Probablemente esta semana se hará pública la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se concederá el amparo a una cuarentena de los que en su momento fueron condenados por la masacre de Acteal. Los argumentos utilizados por la Corte parecen estar relacionados con las irregularidades procesales de esos juicios. En concreto –según adelantaba El Universal en su edición de 6 de agosto– las condenas se habrían sustentado sobre desaparición de evidencias, alteraciones de la escena del crimen, sustracción de inculpados y fabricación de testimonios. No es prudente comentar una sentencia a la que no se ha tenido acceso y menos criticarla por utilizar argumentos garantistas, aunque en sus consecutivas visitas a Chiapas la Comisión Civil Internacional para la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) pudo contrastar cómo era del todo evidente que la investigación sobre los hechos de Acteal estaba rodeada de enormes irregularidades.
Por esta razón no voy a dedicar la atención de estas líneas a analizar la sentencia o sus consecuencias prácticas, aunque estas últimas sean muy importantes, puesto que, entre otras cuestiones, representará la absolución de la mayoría de los hasta ahora condenados, sin aclarar si fueron ellos o quiénes los auténticos responsables; la ausencia de reparación del daño causado a las víctimas o la causación de posibles conflictos al regreso a sus comunidades. Lo que desde la perspectiva internacional merece ser analizado atentamente es que, de nuevo, bajo el velo de las garantías procesales el amparo de la Suprema Corte revela el colofón de la impunidad, ineficacia y parcialidad de la administración de justicia mexicana para impartir justicia en Acteal.
Respecto de la impunidad, pese a las evidencias, en ninguno de los procedimientos penales abiertos se ha procesado a los responsables de más alto nivel político y militar. Esta impunidad se fundamenta, entre otras razones más estructurales, en el sistema procesal mexicano de acusación, que atribuye la investigación y persecución de los delitos exclusivamente a la procuraduría. Al no existir la acusación particular, es el Ministerio Público, el que de forma exclusiva delimita los hechos susceptibles de persecución penal, califica jurídicamente el titulo de imputación penal y señala los posibles responsables de los mismos. En relación con Acteal, el Ministerio Público no calificó los hechos –pese a las evidencias– como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, ni tampoco consideró la existencia del delito de asociación delictuosa –pese a la evidencia de que sus autores se organizaban en torno a grupos paramilitares– y, mucho menos, dirigió los procedimientos contra los auténticos responsables militares y políticos. Así, es más que evidente –debido al principio de jerarquía y sumisión al Poder Ejecutivo del Ministerio Público– que no se podrá nunca perseguir de forma efectiva a los altos responsables de estos crímenes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido expresamente que el Ministerio Público está concebido en México como una institución comprendida dentro del Poder Ejecutivo. En consecuencia, la autoridad presidencial o del gobernador incide sobre el monopolio exclusivo y excluyente del ejercicio de la acción penal.
Por otro lado, la impunidad también queda de manifiesto en la Recomendación 1/1998, referente a los hechos de Acteal, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual se recomendó al gobierno de Chiapas –contra toda lógica de preferencia de la jurisdicción penal y su principio de vis atractiva– iniciar procesos administrativos contra buen número de servidores públicos. Incluso dentro de los procedimientos disciplinarios abiertos, en algunos casos fue declarada prescrita la acción para sancionar y en otros se absolvió de toda responsabilidad administrativa.
Por su parte, la ineficacia de todos los colectivos implicados en la administración de justicia no sólo se deduce de la impunidad, sino también de la forma en que se ha impartido la justicia en este caso. Por un lado, la misma CNDH reconoce que los cuerpos policiales no han cumplido con eficacia y eficiencia su labor de investigación y persecución de los delitos y de seguridad de los gobernados. Por otro lado, como acabamos de apuntar, el Ministerio Público también ha dado muestras de ineficacia por, entre otras razones, su incapacidad orgánica para exigir responsabilidades penales a sus superiores jerárquicos, para calificar los hechos como crímenes contra la humanidad y por tomar decisiones de archivo pese a las evidencias existentes. Por último, también la actuación de los jueces y tribunales ha sido ineficaz en la medida que han cometido numerosas irregularidades que han posibilitado –como refleja la reciente sentencia de la Suprema Corte– la nulidad de las actuaciones realizadas y la consecuente vulneración de la tutela judicial efectiva a las víctimas.
Por último, la parcialidad de todos los órganos encargados de impartir justicia se evidencia en numerosos datos. Así, tras las muertes de Acteal, por ejemplo, y sólo por lo que respecta a funcionarios del Consejo Estatal de Seguridad Pública, debe recordarse que hubo usurpación de funciones para alterar el lugar del crimen, ocultando la evidencia de las pruebas, con la única finalidad de dificultar la persecución penal de los hechos. En la misma línea, funcionarios de la policía y del Ejército han evidenciado una clara complicidad con los autores de los delitos. Por último, la parcialidad también se manifiesta incluso en los propios jueces y en su canon de actuación selectiva, consistente en la absolución de los pocos cargos públicos respecto de los cuales se ha presentado acusación –pese a la evidencia de las pruebas–; instruyendo indebidamente las causas –cuestión que ha provocado la declaración de la nulidad de las actuaciones–; inaplicando las órdenes pendientes de aprehensión o absolviendo a los condenados del pago de la reparación del daño a las víctimas.
La sentencia de la Corte no puede representar el punto final al caso Acteal. Dos son las principales consecuencias que deben derivarse de ella. De entrada, lo lógico en un estado de derecho sería que, otorgado el amparo, las actuaciones se retrotrajeran hasta el inicio de la instrucción para que representantes de la procuraduría, de forma libre y responsable, pudieran presentar cualquier tipo de acusación –incluyendo la comisión de crímenes internacionales– contra todos los responsables intelectuales y materiales de la matanza, para aclarar, de acuerdo a derecho y sin ningún ápice de impunidad, quiénes fueron los responsables de esos hechos –cayera quien cayera–, para tras un proceso con garantías y sin dilaciones se llegara a su efectiva condena y a la reparación de las víctimas. En segundo lugar, un auténtico estado de derecho no podría soportar que no fueran sancionados los funcionarios públicos responsables de las graves irregularidades que han fundamentado el amparo, no sin antes investigar cuáles fueron las razones que llevaron a esos servidores públicos a hacer desaparecer evidencias, alterar la escena del crimen o fabricar testimonios. Y, sin embargo, todo el que tenga un mínimo conocimiento del sistema judicial mexicano, intuirá que nada de lo anterior llegará a suceder. A los ojos de la comunidad internacional el amparo de la Suprema Corte pone en evidencia que las esperanzas de justicia en Acteal sólo pueden fundamentarse en el recurso a los instrumentos de justicia internacional.
Joan Baucells Lladós. Profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, ex magistrado y comisionado en la VI visita de la CCIODH
Debt Revolt? Tax Strike?
There are a Lot of Angry People Out There
By MARSHALL AUERBACK
CounterPunch
No more free passes. A number of the President's supporters who expressed concerns about the pro-Wall Street tilt of his early administration decisions were prepared to give him the benefit of the doubt so long as he came through on health care. President Barack Obama's statement over the weekend that the public option for insurance coverage was "just a sliver" of the overall proposal, and the suggestion by Health and Human Services Secretary, Kathleen Sebelius, that a direct government role in a system intended to provide virtually universal coverage was "not the essential element", appear to provide conclusive evidence of this administration's capitulation to corporate interests. The "change you can believe in" President increasingly looks more like a Manchurian candidate of the right.
The disturbing thing about Obama taking the Rubinite path is that he now leaves government exposed as the lightening rod for everyone's problems, rather than the solution. If he had taken a more populist tack, more public anger could have been directed at the right people from the start as occurred under the FDR administration.
Extending the Bush/Paulson bailout policies (and, indeed, expanding them) and ignoring the needs of the productive economy, have largely discredited government fiscal activism. Obama no longer appears willing to let the fiscal position of the federal budget grow as needed to meet current challenges.
When one adds extreme income imbalances and a comparatively weak social safety net (in contrast to those supposedly horrible "socialists" in Europe), then one has the makings of major social unrest, manifesting itself most recently in health care town hall meetings across the country this August.
Growing social unrest is something we have warned about for months. It's not being taken seriously by Obama's people. The eruption over the AIG bonuses was the tip of the iceberg. The "experts" said it was "beside the point", but it wasn't. It was a basic issue of fairness that could be readily understood by the vast majority of Americans in a way that complex credit default swaps could not.
And the “experts”, who derided the eruption over AIG as a sign of irresponsible populism, are now being similarly dismissive of the town hall protests, which are themselves ostensibly being directed against a “government takeover of health care”, but in reality reflect so much more.
True, Obama has responded ineffectively to the absurd distortions of his plan (well, what we’ve seen of his ‘plan’ as he has delegated much of the writing of it to Congress). But when government is no longer perceived as an instrument serving the general good, one can understand the susceptibility to the gross distortion of today’s health care proposals, however irrational the complaints might appear to the “experts”. The protests more broadly represent a large, inchoate sense that the government is heading in a horribly wrong direction: At its most basic level, it looks increasingly as if the government is simply rewarding bad behavior, particularly given how the housing situation and banking bailout has been handled
In a recent piece I discussed debt repudiation as one manifestation of American citizens' growing sense of helplessness. Could tax non-compliance be far behind? Certainly, it is a possibility (although one I would certainly NOT advocate), given the underlying perception of unfairness in terms of how the taxpayers’ dollars are being deployed. Both debt repudiation and tax non-compliance come when citizens collectively come to the decision that the entire power structure has no legitimacy because it no longer serves the broader population's needs and interests. That’s the longer term possibility.
I am quite sympathetic to the "functional finance" view that there is no inherent "value" in money (not even gold), except insofar as one imparts a value to it via a commercial or private-public transaction. Indeed, the ultimate transaction in today's world is payment of taxes (you don't pay them, you go to jail). The sanction is so high because the entire legitimacy, indeed functioning of a state and its fiat currency depends on its citizens offering its labour in exchange for goods and services. Abba Lerner also suggested:
“The modern state can make anything it chooses generally acceptable as money…It is true that a simple declaration that such and such is money will not do, even if backed by the most convincing constitutional evidence of the state’s absolute sovereignty. But if the state is willing to accept the proposed money in payment of taxes and other obligations to itself the trick is done.”
But the quid pro quo is that there must be tax compliance.
If debtors' revolt extends to tax non-compliance, then you've got the makings of a severe inflationary problem. Hyperinflations often occur when the government can print ever increasing quantities of money, but find little for sale, even as resources sit idle. The brief history of the Confederacy during the US civil war is an excellent illustration of this phenomenon. This does not require full employment; indeed, most hyperinflations take place with lots of unemployment because once hyperinflation sets in, it is virtually impossible to undertake 'money now for money later' operations..
The printing press, then, becomes a symptom of the problem, not the cause because it is the breakdown of the tax system which causes the government's fiat money to become worthless, not the running of the printing presses per se. Tax gives value to a fiat currency. When one has widespread tax avoidance, it marks the beginnings of true political dysfunction.
To be sure, we haven't come close to this point yet. But it becomes an increasing risk for an administration that seems determined to recreate the financial conditions that led to the disaster we are now experiencing. The Obama Administration risks destroying its legitimacy, as the rest of its political agenda is hijacked by a small group of wealthy plutocrats at the top. In the words of Yves Smith, “All Team Obama has done on the banking front is write a lot of blank checks, hold some bogus "stress tests" in lieu of doing the real thing, and raise a stink on a few symbolic issues to try to paper over the failure to embark on real and badly needed reforms.”
Similarly, having the drug industry enlisted in the negotiations to construct a health care plan (as reported in the NY Times last week) is akin to Dick Cheney using Enron executives to construct Bush's national energy policy.
It is almost as if Obama's pledge to not deal with lobbyists was never made.
His "teflon" is wearing off faster than a hot frying pan.
As Howard Dean notes, without a direct government role in health care, you cannot achieve real reform. Similarly, Professor James K. Galbraith notes that the intrinsic costs of providing public health insurance are considerably lower than those for private health insurance. As Galbraith writes in "The Predator State":
"There are no expensive inputs to purchase, not uncertainties of design or technology with which we have to concern ourselves. The major inputs are personnel and computing capacity. There are few major issues of innovation; unlike the rapid changes characteristic of medical practice, the service of providing insurance to pay for them does not evolve rapidly. A successful private insurance company follows an ancient formula: it stratifies its clientele by risk class and charges minimums adapted to each class. The most successful companies are generally those that manage to exclude the riskiest clients.
Public health insurance entities such as Medicare do not evaluate risk because they are universal. Therefore, they save the major cost associated with private health insurance. They pay their personnel at civil servant salary scales and are under no obligation to provide a return to shareholders via dividends or meet a target rate of return. "
Selective provision of private health insurance is invariably inferior to universal public provision. There are ample examples of successful, publicly supported (but privately administered) health care programs overseas in Europe and Asia. Yet, we appear to be heading in the opposite direction.
Given the inappropriate premises under which the Obama Administration has continued to operate (e.g. credit flows from the top down, rather than the bottom up, banks are suffering from illiquidity, not insolvency, we "can't afford" a public health insurance option), we should expect many of today's many problems to continue to languish. All of which will heavily constrain the capacity of the US economy to recover and may well lead to a Japanese style lost decade of economic stagnation.
Marshall Auerback is a market analyst and commentator. He is a brainstruster for the Franklin and Eleanor Roosevelt Intitute. He can be reached at MAuer1959@aol.com
By MARSHALL AUERBACK
CounterPunch
No more free passes. A number of the President's supporters who expressed concerns about the pro-Wall Street tilt of his early administration decisions were prepared to give him the benefit of the doubt so long as he came through on health care. President Barack Obama's statement over the weekend that the public option for insurance coverage was "just a sliver" of the overall proposal, and the suggestion by Health and Human Services Secretary, Kathleen Sebelius, that a direct government role in a system intended to provide virtually universal coverage was "not the essential element", appear to provide conclusive evidence of this administration's capitulation to corporate interests. The "change you can believe in" President increasingly looks more like a Manchurian candidate of the right.
The disturbing thing about Obama taking the Rubinite path is that he now leaves government exposed as the lightening rod for everyone's problems, rather than the solution. If he had taken a more populist tack, more public anger could have been directed at the right people from the start as occurred under the FDR administration.
Extending the Bush/Paulson bailout policies (and, indeed, expanding them) and ignoring the needs of the productive economy, have largely discredited government fiscal activism. Obama no longer appears willing to let the fiscal position of the federal budget grow as needed to meet current challenges.
When one adds extreme income imbalances and a comparatively weak social safety net (in contrast to those supposedly horrible "socialists" in Europe), then one has the makings of major social unrest, manifesting itself most recently in health care town hall meetings across the country this August.
Growing social unrest is something we have warned about for months. It's not being taken seriously by Obama's people. The eruption over the AIG bonuses was the tip of the iceberg. The "experts" said it was "beside the point", but it wasn't. It was a basic issue of fairness that could be readily understood by the vast majority of Americans in a way that complex credit default swaps could not.
And the “experts”, who derided the eruption over AIG as a sign of irresponsible populism, are now being similarly dismissive of the town hall protests, which are themselves ostensibly being directed against a “government takeover of health care”, but in reality reflect so much more.
True, Obama has responded ineffectively to the absurd distortions of his plan (well, what we’ve seen of his ‘plan’ as he has delegated much of the writing of it to Congress). But when government is no longer perceived as an instrument serving the general good, one can understand the susceptibility to the gross distortion of today’s health care proposals, however irrational the complaints might appear to the “experts”. The protests more broadly represent a large, inchoate sense that the government is heading in a horribly wrong direction: At its most basic level, it looks increasingly as if the government is simply rewarding bad behavior, particularly given how the housing situation and banking bailout has been handled
In a recent piece I discussed debt repudiation as one manifestation of American citizens' growing sense of helplessness. Could tax non-compliance be far behind? Certainly, it is a possibility (although one I would certainly NOT advocate), given the underlying perception of unfairness in terms of how the taxpayers’ dollars are being deployed. Both debt repudiation and tax non-compliance come when citizens collectively come to the decision that the entire power structure has no legitimacy because it no longer serves the broader population's needs and interests. That’s the longer term possibility.
I am quite sympathetic to the "functional finance" view that there is no inherent "value" in money (not even gold), except insofar as one imparts a value to it via a commercial or private-public transaction. Indeed, the ultimate transaction in today's world is payment of taxes (you don't pay them, you go to jail). The sanction is so high because the entire legitimacy, indeed functioning of a state and its fiat currency depends on its citizens offering its labour in exchange for goods and services. Abba Lerner also suggested:
“The modern state can make anything it chooses generally acceptable as money…It is true that a simple declaration that such and such is money will not do, even if backed by the most convincing constitutional evidence of the state’s absolute sovereignty. But if the state is willing to accept the proposed money in payment of taxes and other obligations to itself the trick is done.”
But the quid pro quo is that there must be tax compliance.
If debtors' revolt extends to tax non-compliance, then you've got the makings of a severe inflationary problem. Hyperinflations often occur when the government can print ever increasing quantities of money, but find little for sale, even as resources sit idle. The brief history of the Confederacy during the US civil war is an excellent illustration of this phenomenon. This does not require full employment; indeed, most hyperinflations take place with lots of unemployment because once hyperinflation sets in, it is virtually impossible to undertake 'money now for money later' operations..
The printing press, then, becomes a symptom of the problem, not the cause because it is the breakdown of the tax system which causes the government's fiat money to become worthless, not the running of the printing presses per se. Tax gives value to a fiat currency. When one has widespread tax avoidance, it marks the beginnings of true political dysfunction.
To be sure, we haven't come close to this point yet. But it becomes an increasing risk for an administration that seems determined to recreate the financial conditions that led to the disaster we are now experiencing. The Obama Administration risks destroying its legitimacy, as the rest of its political agenda is hijacked by a small group of wealthy plutocrats at the top. In the words of Yves Smith, “All Team Obama has done on the banking front is write a lot of blank checks, hold some bogus "stress tests" in lieu of doing the real thing, and raise a stink on a few symbolic issues to try to paper over the failure to embark on real and badly needed reforms.”
Similarly, having the drug industry enlisted in the negotiations to construct a health care plan (as reported in the NY Times last week) is akin to Dick Cheney using Enron executives to construct Bush's national energy policy.
It is almost as if Obama's pledge to not deal with lobbyists was never made.
His "teflon" is wearing off faster than a hot frying pan.
As Howard Dean notes, without a direct government role in health care, you cannot achieve real reform. Similarly, Professor James K. Galbraith notes that the intrinsic costs of providing public health insurance are considerably lower than those for private health insurance. As Galbraith writes in "The Predator State":
"There are no expensive inputs to purchase, not uncertainties of design or technology with which we have to concern ourselves. The major inputs are personnel and computing capacity. There are few major issues of innovation; unlike the rapid changes characteristic of medical practice, the service of providing insurance to pay for them does not evolve rapidly. A successful private insurance company follows an ancient formula: it stratifies its clientele by risk class and charges minimums adapted to each class. The most successful companies are generally those that manage to exclude the riskiest clients.
Public health insurance entities such as Medicare do not evaluate risk because they are universal. Therefore, they save the major cost associated with private health insurance. They pay their personnel at civil servant salary scales and are under no obligation to provide a return to shareholders via dividends or meet a target rate of return. "
Selective provision of private health insurance is invariably inferior to universal public provision. There are ample examples of successful, publicly supported (but privately administered) health care programs overseas in Europe and Asia. Yet, we appear to be heading in the opposite direction.
Given the inappropriate premises under which the Obama Administration has continued to operate (e.g. credit flows from the top down, rather than the bottom up, banks are suffering from illiquidity, not insolvency, we "can't afford" a public health insurance option), we should expect many of today's many problems to continue to languish. All of which will heavily constrain the capacity of the US economy to recover and may well lead to a Japanese style lost decade of economic stagnation.
Marshall Auerback is a market analyst and commentator. He is a brainstruster for the Franklin and Eleanor Roosevelt Intitute. He can be reached at MAuer1959@aol.com
8/10/09
El movimiento indígena en América Latina
Mónica Bruckmann
Alai-amlatina
La crisis mundial contemporánea no sólo se manifiesta en su dimensión económica y principalmente financiera, sino que representa también una profunda crisis civilizatoria del capitalismo mundial como modo de organización de la sociedad y como forma de producir conocimiento, al mismo tiempo que cuestiona fuertemente el sistema de poder en el planeta. Asistimos a la decadencia de un sistema hegemónico unipolar que necesita cada vez más de la intervención militar brutal para validar su condición de dominación, convirtiendo la civilización occidental en una fábrica de barbarie y de políticas de irrespeto a los principios fundamentales de convivencia de la humanidad.
La visión eurocéntrica
En la base de este sistema de dominación se ubica la perspectiva eurocéntrica como fundamento ideológico y como forma de producción y control de la subjetividad de las sociedades. La producción y reproducción de la vida material de los pueblos y la elaboración de sus imaginarios están dominados por la idea de que la civilización occidental es el único modelo civilizatorio del planeta, y que todas las demás civilizaciones, sin importar su nivel de elaboración y complejidad, su grado de desarrollo o sus aportes a la humanidad, son consideradas apenas culturas atrasadas respecto al modelo impuesto. La arrogancia de esta visión eurocéntrica no sólo justificó violentas formas de colonización y colonialismo sino que se convirtió en una barrera cognitiva que impidió a Occidente conocer y comprender la complejidad del mundo y las más antiguas e importantes civilizaciones del planeta. De esta manera, se despreciaron conocimientos milenarios, formas de organización de la vida y la sociedad no-occidentales, formas más humanas de relación con la naturaleza y la vida, sensibilidades estéticas altamente elaboradas, producción artística y cultural de gran importancia, aportes filosóficos e inclusive el denso pensamiento social producido fuera de los países centrales de occidente.
El eurocentrismo impuso una forma de hacer ciencia y un camino único de producción de conocimiento, que redujo a la condición de a-científico, para-científico o folklórico todo aquel conocimiento producido fuera de estos cánones. En esta perspectiva, el tiempo no existe, pues el conocimiento es universal y válido para cualquier tiempo histórico y para cualquier realidad social del planeta. Esta incapacidad de comprender que la teoría, la ciencia y el conocimiento son productos históricos, ha significado una de las principales limitaciones de la ciencia positivista. Esta ciencia, cada vez más preocupada con su coherencia interna que con la realidad social, se ha encerrado en sí misma para producir sus propias premisas y otorgar a sus deseos, la condición de conclusiones científicas. De esta manera, ha perdido la capacidad de comprender la complejidad del mundo contemporáneo y de cualquier intento de prever escenarios futuros. La humanidad está en camino a romper profundamente con estos paradigmas de ciencia y con esta visión del mundo y de la humanidad.
¿Modernidad vs atraso?
En América Latina la idea de modernidad, como modo de existencia social y como patrón de desarrollo, surge en el centro mismo del sistema colonial y como parte integrante de esta estructura de dominación y de poder. Como sostiene el sociólogo peruano Aníbal Quijano, al analizar el surgimiento de la noción de modernidad, se trata de un momento en la historia en el cual los varios tiempos e historias se configuran en complejas, contradictorias y discontinuas asociaciones entre estructuras fragmentarias y mutantes de relaciones de sentidos y de significados partes de un mismo y único mundo nuevo en plena constitución. [1] La idea de modernidad, entonces, surge en la base de la estructura de poder colonial, y se convierte en un mecanismo legitimador que impone la civilización occidental como la única vía de alcanzar el llamado “progreso”. Todo aquello que estuviera fuera de esta visión y de esta forma de organización social era considerado pre-moderno o atrasado.
Esta noción de modernidad, insertada orgánicamente a la estructura de poder colonial tuvo una enorme capacidad destructora y desarticuladota de las sociedades originarias latinoamericanas. En nombre de la modernidad se destruyeron estructuras enteras de conocimiento y sabiduría milenaria, así como avanzados modos de producción agrícola y formas de organización social comunitarias. Se puso en práctica una acción sistemática de destrucción de la memoria colectiva de los pueblos y civilizaciones americanas, de su imaginario histórico y de su propia percepción de pasado y futuro. Esta enorme capacidad destructiva significó también el propio exterminio de las poblaciones originarias, que a la llegada de los colonizadores europeos se estimaba en más de cien millones de habitantes y que en pocas décadas se vio reducida a casi la mitad.
Si América Latina fue el lugar desde donde se generó la acumulación de capital y las bases materiales para la construcción de la Europa Occidental como centro hegemónico mundial a partir del siglo XVI, es ahora la región donde se están desarrollando los nuevos elementos para la construcción de una civilización planetaria, más equilibrada e inclusiva, capaz de romper radicalmente con la herencia colonial y la visión eurocéntrica. Están surgiendo, en el continente latinoamericano, experiencias ricas y diversas de transformación social que están cambiando el escenario político, económico y cultural en la región.
Este proceso de transformación nos plantea grandes desafíos. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia fuera de la visión colonial y crear matrices teóricas y metodológicas de producción de conocimiento capaces de dar cuenta de la complejidad y densidad de la realidad social. Pero sobre todo, se hace necesario apelar a nuestro legado civilizatorio, al conocimiento milenario y ancestral, a los saberes y formas de ver y sentir el mundo para re-construir nuestra memoria colectiva, deformada o destruida por la colonialidad, y construir nuestras identidades y nuestros proyectos de futuro y de sociedad.
El movimiento indígena latinoamericano
El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Éste se construye como un movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo, ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para re-elaborar, no una, sino varias identidades latinoamericanas; no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de conocimiento que han convivido y resistido a más de quinientos años de dominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro del discurso y de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un proyecto colectivo y emancipatorio. En las líneas que siguen, analizaremos este proceso.
El movimiento indígena como unidad geográfica e histórica
El movimiento indígena latinoamericano ha dejado de ser un conjunto de movimientos locales para convertirse en un movimiento articulado y articulador que se construye en los espacios geográficos de donde se desarrollaron las civilizaciones originarias. En el caso América del Sur, el movimiento indígena se construye en el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización inca y las varias civilizaciones que la precedieron, ocupando los territorios de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Quinientos años de colonización no fueron suficientes para desarticular una unidad histórica y civilizatoria, como fue el “Tawantinsuyo” de los incas, y su profundo arraigo en un espacio geográfico específico: Los Andes. Los Estados nacionales conformados a partir del siglo XIX con las guerras independentistas no sustituyeron las profundas raíces históricas de los pueblos indígenas, que se reconocen quechuas, aymaras o mapuches, antes que bolivianos, peruanos o ecuatorianos.
La reconstrucción de los Andes como unidad geográfica y las civilizaciones pre-Incas e Inca, como unidad histórica, ha profundizado el proceso de integración del movimiento indígena sudamericano, que en julio de 2006, en la ciudad de Cuzco, funda la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI - con la participación de los pueblos Quechuas, ichwas, Aymars, Mapuches, Cymbis, Saraguros, Gumbinos, Koris, Lafquenches, Urus, entre otros tantos pueblos indígenas originarios de la región Andina [2] . En el acta fundacional, firmada por más de once organizaciones representativas, se establece una amplia plataforma de lucha para el movimiento indígena de todo el continente que incluye entre sus principales banderas la construcción de los Estados Plurinacionales; la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra; los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. Se trata de un plan de acción que incluye principios fundamentales de convivencia humana y de profundo respeto a las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades.
Se han creado, en los últimos años, múltiples y diversos espacios de coordinación y articulación del movimiento indígena en la región, diversos foros de intercambio y movilización, al mismo tiempo que se han diversificado las organizaciones y redes indígenas y de los pueblos originarios. Esto ha generado una intensa dinámica y una creciente capacidad de movilización en los niveles locales, regionales y continental, con una clara vocación de articulación planetaria. Durante el último Foro Social Mundial de Belén, en enero de 2009 [3] , las organizaciones y redes indígenas ahí reunidas emitieron una declaración llamando a la más amplia unida para articular alternativas a la “crisis de civilización occidental capitalista”. Entre los principales ejes movilizadotes de este llamado están:
- La tierra como fuente de vida y el agua como derecho humano fundamental;
- Descolonialidad del poder y el autogobierno comunitario;
- Los Estados Plurinacionales;
- La autodeterminación de los pueblos;
- La unidad, equidad y complementariedad de género;
- El respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y diverso;
- Liberación de toda dominación o discriminación racista, etnicista o sexista;
- Las decisiones colectivas sobre la producción, mercados y la economía;
- La descolonialidad de las ciencias y tecnologías;
- Por una nueva ética social alternativa a la del mercado.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas se ha convertido en un espacio dinámico de articulación política y social, que se proyecta hacia las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y de Centro y Norte América, ampliando el espectro de unificación, articulación e integración del movimiento indígena en todo el continente.
El Estado plurinacional como proyecto político
La plurinacionalidad, planteada como bandera política por el movimiento indígena de los años 90, ha sido asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar en plebiscitos nacionales, o a través de asambleas constituyentes, esta nueva forma política e institucional de Estado. El Estado Plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogenizadora del Estado-nación y con ello, la tradición política occidental en América Latina. Este nuevo modelo de Estado es profundamente incluyente. Basado en el principio de “unidad en la diversidad”, reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, y formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización y autoridad en la propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región.
La constitución boliviana, recientemente aprobada por plebiscito nacional, establece en su primer artículo:
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” [4]
Se trata de un proyecto que debe construir aún su propia institucionalidad, pero que puede representa un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta la unidad nacional en la homogenización superficial y en la discriminación y exclusión cultural.
La tierra que nos acoge
La histórica lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no sólo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentamente expropiado desde los primeros momentos de la colonización europea hace más de quinientos años. La tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblo indígenas: ella es la “madre que nos acoge” o “Pachamama” [5] , el espacio donde la vida se crea y se re-crea. En la visión indígena, el hombre debe “criar a la madre tierra y dejarse criar por ella”. Esta relación profunda entre el hombre y la tierra como fuente de vida se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que veía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación. Estas visiones contrapuestas produjeron enormes tensiones y sufrimientos en los pueblos indígenas de nuestro continente, pues fue justamente la mano de obra indígena la que sustentó la minería en las colonias, que permitió la acumulación de capital que sustentó la hegemonía portuguesa y española en el sistema mundial. El trabajo esclavo en las minas fue uno de los principales mecanismo de exterminio de la poblaciones indígenas en nuestro continente.
Después de varios siglos de resistencia, el movimiento indígena contemporáneo recupera el sentido fecundo de su relación con la tierra, exigiendo el respeto a ésta como fuente de vida. Se trata entonces de preservar la tierra, el medio ambiente en que vivimos, el espacio donde nuestros hijos nacen y crecen, donde la flora y fauna nativa debe ser aprovechada por el hombre con un sentido de respeto y preservación. Esta postura ecológica, que corresponde a una visión milenaria del mundo, coloca al movimiento indígena latinoamericano en una posición de vanguardia planetaria, que levanta banderas universales para la sobre vivencia de la humanidad y del planeta, que exige que la extracción de recursos naturales y energéticos se realice sin depredar la tierra y favoreciendo principalmente a las poblaciones que viven en los territorios donde estos recursos se encuentran.
De esta manera, la vida y el ser humano se elevan a la condición de valores fundamentales para la organización de la sociedad y de un nuevo modelo de desarrollo y proyecto colectivo de futuro, sintetizado en el principio indígena del “buen vivir”.
Descolonialidad del poder: “mandar obedeciendo”
La organización comunitaria, el principio de la reciprocidad y solidaridad social, son características de algunas sociedades indígenas pre-coloniales, que han sido retomadas por el movimiento indígena latinoamericano como prácticas cotidianas que afirman un legado civilizatorio y una forma propia de ver el mundo. Al mismo tiempo se crean nuevas formas de autoridad colectiva y de autogobierno comunitario que rescata la comunidad como fuente de todo y cualquier poder y el poder del individuo sometido a la comunidad. Un ejemplo de estas nuevas formas de autoridad y ejercicio del poder han sido dadas por el Movimiento Zapatista en México, con el principio de “mandar obedeciendo”, que refleja claramente estas dos dimensiones de la autoridad.
Estamos pues frente a enormes desafíos. Tal vez una de las principales tareas emancipadoras consiste en liberarnos del eurocentrismo como visión del mundo y como estructura de producción de conocimiento. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia y recuperar nuestra memoria colectiva y legado civilizatorio para construir nuestros propios modelos de desarrollo y proyector de futuro. El movimiento indígena nos ofrece enormes potencialidades y, por la profundidad de su propuesta y de su praxis, abre un nuevo horizonte histórico en América Latina y en el mundo.
Mónica Bruckmann es socióloga peruana, doctoranda en ciencia política por la Universidad Federal Fluminense (Brasil) e investigadora de la Cátedra y Red UNESCO/UNU sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable – REGGEN.
Referencias Bibliográficas
BLANCO, Hugo. Avance del movimiento indígena en la lucha contra el sistema. En: ALAI – América Latina en Movimiento, 18 de setiembre de 2006. www.alainet.org
BRUCKAMANN, Mónica; DOS SANTOS, Theotonio. Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO. http://www.clacso.org.ar/biblioteca
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS. Declaración de Cuzco, 17 de julio de 2006. www.alainet.org
CAOI. Declaración de los hijos de la tierra. En: ALAI – América Latina en Movimiento, 13 de mayo de 2008.
DAVALOS, Pablo (compilador). Pueblos indígenas, Estado y democracia. CLACSO Libros. Buenos Aires. 2005. 356 p.
GARCIA LINERA, Alvaro. El evismo: Lo nacional popular en acción. En: Revista del Observatorio Social de América Latina, Año VII, N° 19, enero-abril de 2006.
GARCIA LINERA, Alvaro. Indianismo y marxismo. En: publicação: Encarte
CLACSO. Cadernos da América Latina No. 2. São Paulo : CLACSO, Conselho Latino-americano de Ciências Sociais. Janeiro 2008.
GONZALEZ CASANOVA, Pablo; ROITMAN RESENMANN, Marcos. (Org.). Democracia y Estado multiétnico en América Latina. La Jornada Ediciones y Centro de Estudios Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM. México. 1996. 390 p.
LANDER, Edgardo (Compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas. CLACSO Libros. Buenos Aires. 2005. 248 p.
QUIJANO, Aníbal. Dom Quixote e os moinhos de vento na América Latina. En: Revista de Estudos Avançados 19 (55), 2005, p. 9-31.
SOUSA SANTOS, Boaventura. Estados Plurinacionales y constituyente. En: Boletín del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas – FLAPE, N° 24, Año 5, Diciembre de 2008.
Notas:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] QUIJANO: 2005.
[2] Ver: COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS. Declaración de Cuzco, 17 de julio de 2006.
[3] Ver “Declaración de los Pueblos Indígenas: Llamamiento desde los Pueblos Indígenas frente a la Crisis de Civilización Occidental Capitalista”, Foro Social Mundial 2009, Belem, Amazonía, Brasil.
[4] Constitución Política de la República de Bolivia, vigente.
[5] En quechua significa “madre tierra”.
http://alainet.org/active/32149
Alai-amlatina
La crisis mundial contemporánea no sólo se manifiesta en su dimensión económica y principalmente financiera, sino que representa también una profunda crisis civilizatoria del capitalismo mundial como modo de organización de la sociedad y como forma de producir conocimiento, al mismo tiempo que cuestiona fuertemente el sistema de poder en el planeta. Asistimos a la decadencia de un sistema hegemónico unipolar que necesita cada vez más de la intervención militar brutal para validar su condición de dominación, convirtiendo la civilización occidental en una fábrica de barbarie y de políticas de irrespeto a los principios fundamentales de convivencia de la humanidad.
La visión eurocéntrica
En la base de este sistema de dominación se ubica la perspectiva eurocéntrica como fundamento ideológico y como forma de producción y control de la subjetividad de las sociedades. La producción y reproducción de la vida material de los pueblos y la elaboración de sus imaginarios están dominados por la idea de que la civilización occidental es el único modelo civilizatorio del planeta, y que todas las demás civilizaciones, sin importar su nivel de elaboración y complejidad, su grado de desarrollo o sus aportes a la humanidad, son consideradas apenas culturas atrasadas respecto al modelo impuesto. La arrogancia de esta visión eurocéntrica no sólo justificó violentas formas de colonización y colonialismo sino que se convirtió en una barrera cognitiva que impidió a Occidente conocer y comprender la complejidad del mundo y las más antiguas e importantes civilizaciones del planeta. De esta manera, se despreciaron conocimientos milenarios, formas de organización de la vida y la sociedad no-occidentales, formas más humanas de relación con la naturaleza y la vida, sensibilidades estéticas altamente elaboradas, producción artística y cultural de gran importancia, aportes filosóficos e inclusive el denso pensamiento social producido fuera de los países centrales de occidente.
El eurocentrismo impuso una forma de hacer ciencia y un camino único de producción de conocimiento, que redujo a la condición de a-científico, para-científico o folklórico todo aquel conocimiento producido fuera de estos cánones. En esta perspectiva, el tiempo no existe, pues el conocimiento es universal y válido para cualquier tiempo histórico y para cualquier realidad social del planeta. Esta incapacidad de comprender que la teoría, la ciencia y el conocimiento son productos históricos, ha significado una de las principales limitaciones de la ciencia positivista. Esta ciencia, cada vez más preocupada con su coherencia interna que con la realidad social, se ha encerrado en sí misma para producir sus propias premisas y otorgar a sus deseos, la condición de conclusiones científicas. De esta manera, ha perdido la capacidad de comprender la complejidad del mundo contemporáneo y de cualquier intento de prever escenarios futuros. La humanidad está en camino a romper profundamente con estos paradigmas de ciencia y con esta visión del mundo y de la humanidad.
¿Modernidad vs atraso?
En América Latina la idea de modernidad, como modo de existencia social y como patrón de desarrollo, surge en el centro mismo del sistema colonial y como parte integrante de esta estructura de dominación y de poder. Como sostiene el sociólogo peruano Aníbal Quijano, al analizar el surgimiento de la noción de modernidad, se trata de un momento en la historia en el cual los varios tiempos e historias se configuran en complejas, contradictorias y discontinuas asociaciones entre estructuras fragmentarias y mutantes de relaciones de sentidos y de significados partes de un mismo y único mundo nuevo en plena constitución. [1] La idea de modernidad, entonces, surge en la base de la estructura de poder colonial, y se convierte en un mecanismo legitimador que impone la civilización occidental como la única vía de alcanzar el llamado “progreso”. Todo aquello que estuviera fuera de esta visión y de esta forma de organización social era considerado pre-moderno o atrasado.
Esta noción de modernidad, insertada orgánicamente a la estructura de poder colonial tuvo una enorme capacidad destructora y desarticuladota de las sociedades originarias latinoamericanas. En nombre de la modernidad se destruyeron estructuras enteras de conocimiento y sabiduría milenaria, así como avanzados modos de producción agrícola y formas de organización social comunitarias. Se puso en práctica una acción sistemática de destrucción de la memoria colectiva de los pueblos y civilizaciones americanas, de su imaginario histórico y de su propia percepción de pasado y futuro. Esta enorme capacidad destructiva significó también el propio exterminio de las poblaciones originarias, que a la llegada de los colonizadores europeos se estimaba en más de cien millones de habitantes y que en pocas décadas se vio reducida a casi la mitad.
Si América Latina fue el lugar desde donde se generó la acumulación de capital y las bases materiales para la construcción de la Europa Occidental como centro hegemónico mundial a partir del siglo XVI, es ahora la región donde se están desarrollando los nuevos elementos para la construcción de una civilización planetaria, más equilibrada e inclusiva, capaz de romper radicalmente con la herencia colonial y la visión eurocéntrica. Están surgiendo, en el continente latinoamericano, experiencias ricas y diversas de transformación social que están cambiando el escenario político, económico y cultural en la región.
Este proceso de transformación nos plantea grandes desafíos. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia fuera de la visión colonial y crear matrices teóricas y metodológicas de producción de conocimiento capaces de dar cuenta de la complejidad y densidad de la realidad social. Pero sobre todo, se hace necesario apelar a nuestro legado civilizatorio, al conocimiento milenario y ancestral, a los saberes y formas de ver y sentir el mundo para re-construir nuestra memoria colectiva, deformada o destruida por la colonialidad, y construir nuestras identidades y nuestros proyectos de futuro y de sociedad.
El movimiento indígena latinoamericano
El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Éste se construye como un movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo, ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para re-elaborar, no una, sino varias identidades latinoamericanas; no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de conocimiento que han convivido y resistido a más de quinientos años de dominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro del discurso y de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un proyecto colectivo y emancipatorio. En las líneas que siguen, analizaremos este proceso.
El movimiento indígena como unidad geográfica e histórica
El movimiento indígena latinoamericano ha dejado de ser un conjunto de movimientos locales para convertirse en un movimiento articulado y articulador que se construye en los espacios geográficos de donde se desarrollaron las civilizaciones originarias. En el caso América del Sur, el movimiento indígena se construye en el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización inca y las varias civilizaciones que la precedieron, ocupando los territorios de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Quinientos años de colonización no fueron suficientes para desarticular una unidad histórica y civilizatoria, como fue el “Tawantinsuyo” de los incas, y su profundo arraigo en un espacio geográfico específico: Los Andes. Los Estados nacionales conformados a partir del siglo XIX con las guerras independentistas no sustituyeron las profundas raíces históricas de los pueblos indígenas, que se reconocen quechuas, aymaras o mapuches, antes que bolivianos, peruanos o ecuatorianos.
La reconstrucción de los Andes como unidad geográfica y las civilizaciones pre-Incas e Inca, como unidad histórica, ha profundizado el proceso de integración del movimiento indígena sudamericano, que en julio de 2006, en la ciudad de Cuzco, funda la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI - con la participación de los pueblos Quechuas, ichwas, Aymars, Mapuches, Cymbis, Saraguros, Gumbinos, Koris, Lafquenches, Urus, entre otros tantos pueblos indígenas originarios de la región Andina [2] . En el acta fundacional, firmada por más de once organizaciones representativas, se establece una amplia plataforma de lucha para el movimiento indígena de todo el continente que incluye entre sus principales banderas la construcción de los Estados Plurinacionales; la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra; los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. Se trata de un plan de acción que incluye principios fundamentales de convivencia humana y de profundo respeto a las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades.
Se han creado, en los últimos años, múltiples y diversos espacios de coordinación y articulación del movimiento indígena en la región, diversos foros de intercambio y movilización, al mismo tiempo que se han diversificado las organizaciones y redes indígenas y de los pueblos originarios. Esto ha generado una intensa dinámica y una creciente capacidad de movilización en los niveles locales, regionales y continental, con una clara vocación de articulación planetaria. Durante el último Foro Social Mundial de Belén, en enero de 2009 [3] , las organizaciones y redes indígenas ahí reunidas emitieron una declaración llamando a la más amplia unida para articular alternativas a la “crisis de civilización occidental capitalista”. Entre los principales ejes movilizadotes de este llamado están:
- La tierra como fuente de vida y el agua como derecho humano fundamental;
- Descolonialidad del poder y el autogobierno comunitario;
- Los Estados Plurinacionales;
- La autodeterminación de los pueblos;
- La unidad, equidad y complementariedad de género;
- El respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y diverso;
- Liberación de toda dominación o discriminación racista, etnicista o sexista;
- Las decisiones colectivas sobre la producción, mercados y la economía;
- La descolonialidad de las ciencias y tecnologías;
- Por una nueva ética social alternativa a la del mercado.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas se ha convertido en un espacio dinámico de articulación política y social, que se proyecta hacia las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y de Centro y Norte América, ampliando el espectro de unificación, articulación e integración del movimiento indígena en todo el continente.
El Estado plurinacional como proyecto político
La plurinacionalidad, planteada como bandera política por el movimiento indígena de los años 90, ha sido asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar en plebiscitos nacionales, o a través de asambleas constituyentes, esta nueva forma política e institucional de Estado. El Estado Plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogenizadora del Estado-nación y con ello, la tradición política occidental en América Latina. Este nuevo modelo de Estado es profundamente incluyente. Basado en el principio de “unidad en la diversidad”, reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, y formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización y autoridad en la propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región.
La constitución boliviana, recientemente aprobada por plebiscito nacional, establece en su primer artículo:
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” [4]
Se trata de un proyecto que debe construir aún su propia institucionalidad, pero que puede representa un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta la unidad nacional en la homogenización superficial y en la discriminación y exclusión cultural.
La tierra que nos acoge
La histórica lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no sólo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentamente expropiado desde los primeros momentos de la colonización europea hace más de quinientos años. La tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblo indígenas: ella es la “madre que nos acoge” o “Pachamama” [5] , el espacio donde la vida se crea y se re-crea. En la visión indígena, el hombre debe “criar a la madre tierra y dejarse criar por ella”. Esta relación profunda entre el hombre y la tierra como fuente de vida se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que veía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación. Estas visiones contrapuestas produjeron enormes tensiones y sufrimientos en los pueblos indígenas de nuestro continente, pues fue justamente la mano de obra indígena la que sustentó la minería en las colonias, que permitió la acumulación de capital que sustentó la hegemonía portuguesa y española en el sistema mundial. El trabajo esclavo en las minas fue uno de los principales mecanismo de exterminio de la poblaciones indígenas en nuestro continente.
Después de varios siglos de resistencia, el movimiento indígena contemporáneo recupera el sentido fecundo de su relación con la tierra, exigiendo el respeto a ésta como fuente de vida. Se trata entonces de preservar la tierra, el medio ambiente en que vivimos, el espacio donde nuestros hijos nacen y crecen, donde la flora y fauna nativa debe ser aprovechada por el hombre con un sentido de respeto y preservación. Esta postura ecológica, que corresponde a una visión milenaria del mundo, coloca al movimiento indígena latinoamericano en una posición de vanguardia planetaria, que levanta banderas universales para la sobre vivencia de la humanidad y del planeta, que exige que la extracción de recursos naturales y energéticos se realice sin depredar la tierra y favoreciendo principalmente a las poblaciones que viven en los territorios donde estos recursos se encuentran.
De esta manera, la vida y el ser humano se elevan a la condición de valores fundamentales para la organización de la sociedad y de un nuevo modelo de desarrollo y proyecto colectivo de futuro, sintetizado en el principio indígena del “buen vivir”.
Descolonialidad del poder: “mandar obedeciendo”
La organización comunitaria, el principio de la reciprocidad y solidaridad social, son características de algunas sociedades indígenas pre-coloniales, que han sido retomadas por el movimiento indígena latinoamericano como prácticas cotidianas que afirman un legado civilizatorio y una forma propia de ver el mundo. Al mismo tiempo se crean nuevas formas de autoridad colectiva y de autogobierno comunitario que rescata la comunidad como fuente de todo y cualquier poder y el poder del individuo sometido a la comunidad. Un ejemplo de estas nuevas formas de autoridad y ejercicio del poder han sido dadas por el Movimiento Zapatista en México, con el principio de “mandar obedeciendo”, que refleja claramente estas dos dimensiones de la autoridad.
Estamos pues frente a enormes desafíos. Tal vez una de las principales tareas emancipadoras consiste en liberarnos del eurocentrismo como visión del mundo y como estructura de producción de conocimiento. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia y recuperar nuestra memoria colectiva y legado civilizatorio para construir nuestros propios modelos de desarrollo y proyector de futuro. El movimiento indígena nos ofrece enormes potencialidades y, por la profundidad de su propuesta y de su praxis, abre un nuevo horizonte histórico en América Latina y en el mundo.
Mónica Bruckmann es socióloga peruana, doctoranda en ciencia política por la Universidad Federal Fluminense (Brasil) e investigadora de la Cátedra y Red UNESCO/UNU sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable – REGGEN.
Referencias Bibliográficas
BLANCO, Hugo. Avance del movimiento indígena en la lucha contra el sistema. En: ALAI – América Latina en Movimiento, 18 de setiembre de 2006. www.alainet.org
BRUCKAMANN, Mónica; DOS SANTOS, Theotonio. Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO. http://www.clacso.org.ar/biblioteca
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS. Declaración de Cuzco, 17 de julio de 2006. www.alainet.org
CAOI. Declaración de los hijos de la tierra. En: ALAI – América Latina en Movimiento, 13 de mayo de 2008.
DAVALOS, Pablo (compilador). Pueblos indígenas, Estado y democracia. CLACSO Libros. Buenos Aires. 2005. 356 p.
GARCIA LINERA, Alvaro. El evismo: Lo nacional popular en acción. En: Revista del Observatorio Social de América Latina, Año VII, N° 19, enero-abril de 2006.
GARCIA LINERA, Alvaro. Indianismo y marxismo. En: publicação: Encarte
CLACSO. Cadernos da América Latina No. 2. São Paulo : CLACSO, Conselho Latino-americano de Ciências Sociais. Janeiro 2008.
GONZALEZ CASANOVA, Pablo; ROITMAN RESENMANN, Marcos. (Org.). Democracia y Estado multiétnico en América Latina. La Jornada Ediciones y Centro de Estudios Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM. México. 1996. 390 p.
LANDER, Edgardo (Compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas. CLACSO Libros. Buenos Aires. 2005. 248 p.
QUIJANO, Aníbal. Dom Quixote e os moinhos de vento na América Latina. En: Revista de Estudos Avançados 19 (55), 2005, p. 9-31.
SOUSA SANTOS, Boaventura. Estados Plurinacionales y constituyente. En: Boletín del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas – FLAPE, N° 24, Año 5, Diciembre de 2008.
Notas:
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[1] QUIJANO: 2005.
[2] Ver: COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS. Declaración de Cuzco, 17 de julio de 2006.
[3] Ver “Declaración de los Pueblos Indígenas: Llamamiento desde los Pueblos Indígenas frente a la Crisis de Civilización Occidental Capitalista”, Foro Social Mundial 2009, Belem, Amazonía, Brasil.
[4] Constitución Política de la República de Bolivia, vigente.
[5] En quechua significa “madre tierra”.
http://alainet.org/active/32149
Indian Tribals Take on Church of England Over Mining
Siliconeer Report
A young Kondh tribal from Orissa went to London at the end of July to appeal to annual general body meeting of shareholders of Vedanta Plc. The company is set to mine Niyamgiri Mountain.
The Church of England is beginning to feel the heat as well.
“The idea that there could be any connection between one of India’s most remote and inaccessible areas and the Church of England seems improbable, at first glance,” Alastair Dawson reported to the BBC.
“High in the monsoon mists in eastern India, witch doctors in the Niyamgiri hills still make sacrifices to the gods and tribes believe the hills are sacred.
“It is a world away from the quiet corridors of Church House - the headquarters of the Church of England in London.”
Campaigners say that the lives of indigenous people in India are under threat because of a mining project involving a U.K. company, in which the Church of England has a $4.1 million stake.
Threatened by proposed mining, the Kondh community living on the ecologically sensitive mountain has sent a representative to the U.K. to appeal to the shareholders to stop the mining plan.
“We cannot live without our God Mountain and the forest and we will continue our peaceful struggle. It is a life and death battle and Kondh people are united on this,” said Sitaram Kulisika before taking a flight to London supported by ActionAid.
(Right): A Kondh tribal in Orissa. The tribal community is accusing a British mining company of threatening their way of life with a proposed bauxite mining plant.
Vedanta Resources plc, a British-listed mining company, is about to start building an open-pit mine for bauxite (a raw form of aluminum) in the pristine Niyamgiri Hills. The bauxite will be transported by conveyor belt to a refinery at the foot of the hills.
The Niyamgiri hills are the ancestral home of thousands of tribal people whose distinctive way of life and culture makes them one of India’s most vulnerable indigenous groups.
According to a report by Centrally Empowered Committee of the Supreme Court, the mine will lead to massive deforestation, threaten key water sources and destroy local ecosystems, home to endangered animals such as tigers, leopards and elephants.
In the past appeal to shareholders of the company, international scrutiny of Vedanta’s activities in Lanjigarh and elsewhere led the Norway Pension Fund to withdraw its investment of $15.6 million from the company.
The Ethics Committee had stated: “Allegations levelled at Vedanta regarding environmental damage and complicity in human rights violations, including abuse and forced eviction of tribal people, are well founded.”
Another delegation of Kondh people will be hosting a candlelight vigil in Indian capital to draw attention of Prime Minister Manmohan Singh and seek support from citizens to stop mining and destruction of their very way of life.
The Church of England has been condemned by campaign groups such as ActionAid and Survival International for investing in the Vedanta company.
“We don’t need a foreign multinational to move into our area and promise jobs and development that are not required, ” said Kulisika.
The company is also accused of forcing tribal people off the land, damaging the environment and destroying wildlife.
All this on the face of it is highly embarrassing for the Church, which is why its Ethical Investment Advisory Group spokesman Edward Mason chooses his words carefully as he explains that there are no plans at present to withdraw the investment in Vedanta.
“For certain sensitive industries such as mining companies we have a three-year monitoring and engagement process,” he said.
“Where we have concerns that standards do not conform to norms of corporate behaviour we prefer to talk to them and bring about change that way.”
The church acknowledges that the allegations are “serious.”
ActionAid has brought over Kulisika, and a single share has been bought to enable hm to speak at the meeting.
The Dongria Kondh survive by gathering fruit, growing small crops of millet and selling jungle plants in the towns at the foot of the hills. The modern world has yet to reach the Niyamgiri hills - there’s no electricity, no school, no television, no telephones.
Kulisika is accompanied by ActionAid’s head of indigenous people’s rights, Bratindi Jena, who is equally passionate about the damage she says is being caused by the mining project.
“If you assess the cost benefit analysis of this project there are few benefits,” she says.
“Companies like Vedanta want to make tribal people servants in their own homeland. [These people] know what they want out of their relationship with Mother Earth - not foreign-backed companies.”
Several U.K.-based aid agencies are campaigning against the project, as well as the prominent environmentalist Bianca Jagger.
But Vedanta says it has the support of the Orissa state government and the law on its side.
“Before we went ahead with this project we consulted exhaustively to assess its environmental and social impact,” a spokesman said.
“The campaigners seem to have conveniently forgotten that this is a joint venture with the Orissa government and that it was approved by the country’s Supreme Court last year - the highest judicial body in the land.
“They also seem to forget that we are talking about a part of India urgently in need of investment. This is one of the poorest parts of the country where maternal and infant mortalities are too high and where illnesses such as malaria are rampant. This project offers people a much brighter economic future.”
A young Kondh tribal from Orissa went to London at the end of July to appeal to annual general body meeting of shareholders of Vedanta Plc. The company is set to mine Niyamgiri Mountain.
The Church of England is beginning to feel the heat as well.
“The idea that there could be any connection between one of India’s most remote and inaccessible areas and the Church of England seems improbable, at first glance,” Alastair Dawson reported to the BBC.
“High in the monsoon mists in eastern India, witch doctors in the Niyamgiri hills still make sacrifices to the gods and tribes believe the hills are sacred.
“It is a world away from the quiet corridors of Church House - the headquarters of the Church of England in London.”
Campaigners say that the lives of indigenous people in India are under threat because of a mining project involving a U.K. company, in which the Church of England has a $4.1 million stake.
Threatened by proposed mining, the Kondh community living on the ecologically sensitive mountain has sent a representative to the U.K. to appeal to the shareholders to stop the mining plan.
“We cannot live without our God Mountain and the forest and we will continue our peaceful struggle. It is a life and death battle and Kondh people are united on this,” said Sitaram Kulisika before taking a flight to London supported by ActionAid.
(Right): A Kondh tribal in Orissa. The tribal community is accusing a British mining company of threatening their way of life with a proposed bauxite mining plant.
Vedanta Resources plc, a British-listed mining company, is about to start building an open-pit mine for bauxite (a raw form of aluminum) in the pristine Niyamgiri Hills. The bauxite will be transported by conveyor belt to a refinery at the foot of the hills.
The Niyamgiri hills are the ancestral home of thousands of tribal people whose distinctive way of life and culture makes them one of India’s most vulnerable indigenous groups.
According to a report by Centrally Empowered Committee of the Supreme Court, the mine will lead to massive deforestation, threaten key water sources and destroy local ecosystems, home to endangered animals such as tigers, leopards and elephants.
In the past appeal to shareholders of the company, international scrutiny of Vedanta’s activities in Lanjigarh and elsewhere led the Norway Pension Fund to withdraw its investment of $15.6 million from the company.
The Ethics Committee had stated: “Allegations levelled at Vedanta regarding environmental damage and complicity in human rights violations, including abuse and forced eviction of tribal people, are well founded.”
Another delegation of Kondh people will be hosting a candlelight vigil in Indian capital to draw attention of Prime Minister Manmohan Singh and seek support from citizens to stop mining and destruction of their very way of life.
The Church of England has been condemned by campaign groups such as ActionAid and Survival International for investing in the Vedanta company.
“We don’t need a foreign multinational to move into our area and promise jobs and development that are not required, ” said Kulisika.
The company is also accused of forcing tribal people off the land, damaging the environment and destroying wildlife.
All this on the face of it is highly embarrassing for the Church, which is why its Ethical Investment Advisory Group spokesman Edward Mason chooses his words carefully as he explains that there are no plans at present to withdraw the investment in Vedanta.
“For certain sensitive industries such as mining companies we have a three-year monitoring and engagement process,” he said.
“Where we have concerns that standards do not conform to norms of corporate behaviour we prefer to talk to them and bring about change that way.”
The church acknowledges that the allegations are “serious.”
ActionAid has brought over Kulisika, and a single share has been bought to enable hm to speak at the meeting.
The Dongria Kondh survive by gathering fruit, growing small crops of millet and selling jungle plants in the towns at the foot of the hills. The modern world has yet to reach the Niyamgiri hills - there’s no electricity, no school, no television, no telephones.
Kulisika is accompanied by ActionAid’s head of indigenous people’s rights, Bratindi Jena, who is equally passionate about the damage she says is being caused by the mining project.
“If you assess the cost benefit analysis of this project there are few benefits,” she says.
“Companies like Vedanta want to make tribal people servants in their own homeland. [These people] know what they want out of their relationship with Mother Earth - not foreign-backed companies.”
Several U.K.-based aid agencies are campaigning against the project, as well as the prominent environmentalist Bianca Jagger.
But Vedanta says it has the support of the Orissa state government and the law on its side.
“Before we went ahead with this project we consulted exhaustively to assess its environmental and social impact,” a spokesman said.
“The campaigners seem to have conveniently forgotten that this is a joint venture with the Orissa government and that it was approved by the country’s Supreme Court last year - the highest judicial body in the land.
“They also seem to forget that we are talking about a part of India urgently in need of investment. This is one of the poorest parts of the country where maternal and infant mortalities are too high and where illnesses such as malaria are rampant. This project offers people a much brighter economic future.”
13 Tareas para la Justicia Comunicacional contra la Impunidad Mediática
Comunicólogos y semiólogos latinoamericanos deben solidarizar con las nuevas leyes (socialistas) en materia de comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión
Es indispensable un Movimiento Latinoamericano de la Comunicación Revolucionaria
Es irresponsable dilapidar las oportunidades que la revolución construye. Mientras las oligarquías despliegan su arsenal mediático en la “Guerra de IV Generación”; mientras avanzan las bases militares yanquis en todo el continente; mientras los mass media burgueses inoculan en las conciencias su odio de clase y su moral de mercachifles; mientras se perfecciona la propaganda perversa que enferma las mentes y los corazones de los pueblos; mientras los niños son victimados con la parafernalia violenta de la barbarie mass media... no podemos quedarnos callados. Nosotros debemos organizar un contragolpe continental, sistemático, poético, científico, democrático, solidario y contundente. No esperemos a mirar de brazos cruzados cómo nos dan otro golpe de estado en las conciencias. Construyamos entonces un acuerdo inmediato para:
1. Impulsar una Revolución, no atomizada, de la Comunicación.
2. Enfrentar desde las bases un marco de prioridades mundiales en Comunicación no alienada. De forma y de fondo.
3. Consolidar democráticamente un movimiento teórico-práctico correcto para la Comunicación crítica.
4. Garantizar la creación de redes de Comunicación no alienada con un programa de unidad y no de uniformidad.
5. Animar un debate urgente, profundo y creador, sobre las relaciones entre educación y Comunicación dominante y sus responsabilidades sociales, además romper el cerco de los “académicos” y gestar el control de los medios en manos de los trabajadores obreros, campesinos y organizaciones populares.
6. Consolidar un acuerdo abierto de acción comunicativa conjunta (frente único) -todos contra los mismos problemas- que facilite recursos de producción a los movimientos sociales de base, organizaciones campesinas y obreras.
7. Estimular la investigación científica para crear y experimentar en Comunicación, sus medios y modos.
8. Apoyar y divulgar un debate jurídico sobre las responsabilidades individuales y sociales en Comunicación.
9. Ofrecernos un diagnóstico sobre los recursos y contribuciones actuales de la Comunicación emancipadora.
10. Fundar un Banco –ALBA, UNASUR, PETROCARIBE- de Información Libre para investigadores y creadores que rompa el cerco de los cenáculos “ilustrados” y democratice la ciencia y democratice las herramientas de producción comunicativa.
11. Garantizar la construcción teórico-práctica y dialéctica de la estética y la cultura de la información y sus mediaciones emancipadoras.
12. Re definir los mass media como herramientas dinámicas de creación y liberación permanente en oposición a su uso alienante.
13. Impulsar de manera urgente el desarrollo dialéctico de lenguajes nuevos, es decir, la poética de la Revolución misma.
Hacia una Comunicación organizadora e internacionalista, que haga visibles las luchas populares y la urgencia de la unidad proletaria. Comunicación que deje mirar, con independencia política y antiimperialista, las luchas revolucionarias sus éxitos y desafíos y sus modos de expresión nuevos por emancipados. Una Comunicación que contribuya a construir el poder popular contra todo lo que dilate el avance hacia el socialismo.
La Salud Mental
Necesitamos una comunicación revolucionaria hacia el socialismo, comprometida con accionar directamente sobre la producción simbólica audiovisual para poner las capacidades creativas al servicio de los nuevos símbolos de la revolución en el marco de la lucha de clases con perspectiva internacionalista, anticapitalista y antiimperialista. Una Comunicación capaz de luchar contra lo más atrasado de los factores subjetivos dominantes, las tradiciones esclavizantes, la moral del patrón, los gustos de la burguesía, la mercantilización de la existencia, la hipocresía, el culto al ocio del amo, la mentira como cualidad, el machismo, el hembrismo, la idea occidental y excluyente de "belleza", el humor racista, el chiste discriminatorio, la humillación como entretenimiento, la baladronada de los "cultos", todos los dogmatismos, oscurantismos y supercherías, el alcoholismo, la drogadicción y el imperio de la vulgaridad como consustancial a la pobreza. Entre otras.
Necesitamos una Comunicación capaz de mirar cara a cara la dimensión de sus limitaciones propias para liberarse de la ignorancia, la apatía, el empirismo, el subjetivismo y las manías mercantiles y las trampas de la "reconciliación" simbólica de clases. Capaz de remover los resabios alienantes más profundos que buscan "dominar" los cerebros, entristecer los corazones, derrotar las convicciones, cerrar las esperanzas y desprestigiar las luchas justas. Contra la desolación de los imaginarios actuales, que hacen lo indecible por secuestrar y fulminar al porvenir con embrollos de las mafias mercantiles trasnacionales.
Necesitamos una Comunicación de lucha científica y artística, paciente y esmerada, en la búsqueda de símbolos nuevos, emblemas frescos, lenguajes florecientes, capaz de impulsar métodos científicos para la plantación económico-política de los signos socialistas. Comunicación en guerra abierta contra toda expresión del neo-nazi fascismo que genera muerte, destrucción, miseria y barbarie. Comunicación para expresar las mejores fuerzas del espíritu revolucionario de todos los tiempos en la dramaturgia, la poesía, la danza el cine… en pleno proceso revolucionario. Comunicación al encuentro metodológico y sistematizado de las nuevas texturas, la composición nueva, la armonía de un juicio estético nuevo, los desplazamientos, la iluminación, los ritmos de edición, las narrativas orales, sonoras y musicales, textuales, sub-textuales y contextuales.
Necesitamos una Comunicación entrenada para la interlocución permanente, hacia adentro y hacia afuera, para estudiar la dialéctica de cada signo emergente en las cartografías semánticas, cromáticas, acústicas… que emergen día a día al calor de la revolución social toda. Comunicación de la diversidad y de la unidad. Comunicación de poesía revolucionaria, acústica, cromática, literaria… Comunicación socialista y en Revolución permanente.
El papel de las leyes (socialistas) en la transformación del mundo
Toda ley es objetivamente insuficiente si no pertenece a una lucha y un movimiento social que la sostenga. Una ley revolucionaria en materia de Comunicación será insuficiente sin un movimiento social capaz de abandonar la idea de que la Comunicación es sólo cosa de los “medios” y sus “dueños”. Una ley revolucionaria en Comunicación será letra muerta sin un movimiento mundial que analice minuciosamente los rincones más inopinados donde las relaciones sociales requieren una transformación profunda de sus objetivos e intercambios informativos. Una ley revolucionaria en materia de Comunicación será carne de buitres, palabrería de leguleyos o cementerio de voluntades si no se integra al armamento social contra las opresiones. Incluidas las laborales, las ideológicas… Información y Comunicación revolucionarias no son sólo “medios”. Son ideas y fuerzas para la emancipación de las conciencias..
En una sociedad dividida en clases el debate sobre la Comunicación es ineludiblemente un debate de clase. No sólo un debate de “leyes”. La Comunicación no es un acontecer abstracto que puede despegarse de las condiciones concretas y las necesidades colectivas. Laborales. La Comunicación revolucionaria sólo se desarrollará sobre sus mejores conquistas, dialéctica y colectivamente, cuando la sociedad logre su emancipación definitiva. Y permanezca armada para defenderse. Mientras tanto los logros impulsados desde las ciencias, artes o tecnologías y la jurisprudencia, hasta hoy privilegio de pocos, son sólo índices de un grado importantísimo, pero parcial, del desarrollo humano total.
Sobre el debate político y conciencia de su fuerza como trabajadores… de unidad con el conjunto de los explotados… casi no se habla, las leyes menos, muchos creen que “queda mal”. Y muchas personas caen en el juego, muerden el anzuelo, algunas son buenas personas, que en el mejor de los casos son víctimas de su ingenuidad. Se prestan y “engordan el caldo” de las burocracias sin haber librado un debate político de fondo, sin poner el claro el lugar principal del trabajador, su obra y aporte por encima de los administradores… se prestan y hacen comparsa sin debate político que haga entender que la cosa es exactamente al revés, que nos son los burócratas, que no deben ser ellos, quienes deben gobernar o dirigir la producción de la Comunicación, y ninguna otra, con el control extorsivo del dinero, con el control extorsivo de las herramientas y los espacios de producción y exhibición… que no, que ¡ya basta!, que la cosa es exactamente al revés, que son los trabajadores los que han de organizarse sobre sus tiempos y premisas y que los administradores están para obedecer los acuerdos de base, las necesidades y estrategias de los que producen la riqueza toda, la de la Comunicación también… es al revés. Ninguna ley por encima de esto.
Hay que decirlo en los talleres de artesanos, en los laboratorios científicos, en los centros de investigación, en las panaderías… hay que decirlo a los albañiles y en las escuelas, institutos de dramaturgia y teatro, escuelas de arte, cine, atriles, caballetes, muros… a los profes, a los espectadores y a todo mundo: los demagogos de la Comunicación se santiguan con sus sueldos y se sienten satisfechos por “llevar Comunicación y Cultura al pueblo” gozan orgásmicamente cuando el jefe les da una palmadita en la cabeza y les aumenta alguna ganancia económica o política. Mueven la cola complacidos con su esperpento ideológico… su “Comunicación” de elite triunfante, que sólo sirve a algunos elegidos. Millonarios.
¿Cuánto se gasta en hacer leyes sin respaldo social legítimo?. Si se destapara esta cloaca quedaría bien clara una expresión absolutamente corrupta del capitalismo disfrazado de moderno, con todo y sus leyes. ¿Esto incomoda a alguien? ¿Hay que pedir disculpas? Nos urge ver llegar la Democratización de los Espectros Radioeléctricos y la Justicia Comunicacional.
Por una Corriente Internacional de la Comunicación hacia el Socialismo
Por una Cumbre Latinoamericana de los Pueblos en Materia de Comunicación
Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión
Es indispensable un Movimiento Latinoamericano de la Comunicación Revolucionaria
Es irresponsable dilapidar las oportunidades que la revolución construye. Mientras las oligarquías despliegan su arsenal mediático en la “Guerra de IV Generación”; mientras avanzan las bases militares yanquis en todo el continente; mientras los mass media burgueses inoculan en las conciencias su odio de clase y su moral de mercachifles; mientras se perfecciona la propaganda perversa que enferma las mentes y los corazones de los pueblos; mientras los niños son victimados con la parafernalia violenta de la barbarie mass media... no podemos quedarnos callados. Nosotros debemos organizar un contragolpe continental, sistemático, poético, científico, democrático, solidario y contundente. No esperemos a mirar de brazos cruzados cómo nos dan otro golpe de estado en las conciencias. Construyamos entonces un acuerdo inmediato para:
1. Impulsar una Revolución, no atomizada, de la Comunicación.
2. Enfrentar desde las bases un marco de prioridades mundiales en Comunicación no alienada. De forma y de fondo.
3. Consolidar democráticamente un movimiento teórico-práctico correcto para la Comunicación crítica.
4. Garantizar la creación de redes de Comunicación no alienada con un programa de unidad y no de uniformidad.
5. Animar un debate urgente, profundo y creador, sobre las relaciones entre educación y Comunicación dominante y sus responsabilidades sociales, además romper el cerco de los “académicos” y gestar el control de los medios en manos de los trabajadores obreros, campesinos y organizaciones populares.
6. Consolidar un acuerdo abierto de acción comunicativa conjunta (frente único) -todos contra los mismos problemas- que facilite recursos de producción a los movimientos sociales de base, organizaciones campesinas y obreras.
7. Estimular la investigación científica para crear y experimentar en Comunicación, sus medios y modos.
8. Apoyar y divulgar un debate jurídico sobre las responsabilidades individuales y sociales en Comunicación.
9. Ofrecernos un diagnóstico sobre los recursos y contribuciones actuales de la Comunicación emancipadora.
10. Fundar un Banco –ALBA, UNASUR, PETROCARIBE- de Información Libre para investigadores y creadores que rompa el cerco de los cenáculos “ilustrados” y democratice la ciencia y democratice las herramientas de producción comunicativa.
11. Garantizar la construcción teórico-práctica y dialéctica de la estética y la cultura de la información y sus mediaciones emancipadoras.
12. Re definir los mass media como herramientas dinámicas de creación y liberación permanente en oposición a su uso alienante.
13. Impulsar de manera urgente el desarrollo dialéctico de lenguajes nuevos, es decir, la poética de la Revolución misma.
Hacia una Comunicación organizadora e internacionalista, que haga visibles las luchas populares y la urgencia de la unidad proletaria. Comunicación que deje mirar, con independencia política y antiimperialista, las luchas revolucionarias sus éxitos y desafíos y sus modos de expresión nuevos por emancipados. Una Comunicación que contribuya a construir el poder popular contra todo lo que dilate el avance hacia el socialismo.
La Salud Mental
Necesitamos una comunicación revolucionaria hacia el socialismo, comprometida con accionar directamente sobre la producción simbólica audiovisual para poner las capacidades creativas al servicio de los nuevos símbolos de la revolución en el marco de la lucha de clases con perspectiva internacionalista, anticapitalista y antiimperialista. Una Comunicación capaz de luchar contra lo más atrasado de los factores subjetivos dominantes, las tradiciones esclavizantes, la moral del patrón, los gustos de la burguesía, la mercantilización de la existencia, la hipocresía, el culto al ocio del amo, la mentira como cualidad, el machismo, el hembrismo, la idea occidental y excluyente de "belleza", el humor racista, el chiste discriminatorio, la humillación como entretenimiento, la baladronada de los "cultos", todos los dogmatismos, oscurantismos y supercherías, el alcoholismo, la drogadicción y el imperio de la vulgaridad como consustancial a la pobreza. Entre otras.
Necesitamos una Comunicación capaz de mirar cara a cara la dimensión de sus limitaciones propias para liberarse de la ignorancia, la apatía, el empirismo, el subjetivismo y las manías mercantiles y las trampas de la "reconciliación" simbólica de clases. Capaz de remover los resabios alienantes más profundos que buscan "dominar" los cerebros, entristecer los corazones, derrotar las convicciones, cerrar las esperanzas y desprestigiar las luchas justas. Contra la desolación de los imaginarios actuales, que hacen lo indecible por secuestrar y fulminar al porvenir con embrollos de las mafias mercantiles trasnacionales.
Necesitamos una Comunicación de lucha científica y artística, paciente y esmerada, en la búsqueda de símbolos nuevos, emblemas frescos, lenguajes florecientes, capaz de impulsar métodos científicos para la plantación económico-política de los signos socialistas. Comunicación en guerra abierta contra toda expresión del neo-nazi fascismo que genera muerte, destrucción, miseria y barbarie. Comunicación para expresar las mejores fuerzas del espíritu revolucionario de todos los tiempos en la dramaturgia, la poesía, la danza el cine… en pleno proceso revolucionario. Comunicación al encuentro metodológico y sistematizado de las nuevas texturas, la composición nueva, la armonía de un juicio estético nuevo, los desplazamientos, la iluminación, los ritmos de edición, las narrativas orales, sonoras y musicales, textuales, sub-textuales y contextuales.
Necesitamos una Comunicación entrenada para la interlocución permanente, hacia adentro y hacia afuera, para estudiar la dialéctica de cada signo emergente en las cartografías semánticas, cromáticas, acústicas… que emergen día a día al calor de la revolución social toda. Comunicación de la diversidad y de la unidad. Comunicación de poesía revolucionaria, acústica, cromática, literaria… Comunicación socialista y en Revolución permanente.
El papel de las leyes (socialistas) en la transformación del mundo
Toda ley es objetivamente insuficiente si no pertenece a una lucha y un movimiento social que la sostenga. Una ley revolucionaria en materia de Comunicación será insuficiente sin un movimiento social capaz de abandonar la idea de que la Comunicación es sólo cosa de los “medios” y sus “dueños”. Una ley revolucionaria en Comunicación será letra muerta sin un movimiento mundial que analice minuciosamente los rincones más inopinados donde las relaciones sociales requieren una transformación profunda de sus objetivos e intercambios informativos. Una ley revolucionaria en materia de Comunicación será carne de buitres, palabrería de leguleyos o cementerio de voluntades si no se integra al armamento social contra las opresiones. Incluidas las laborales, las ideológicas… Información y Comunicación revolucionarias no son sólo “medios”. Son ideas y fuerzas para la emancipación de las conciencias..
En una sociedad dividida en clases el debate sobre la Comunicación es ineludiblemente un debate de clase. No sólo un debate de “leyes”. La Comunicación no es un acontecer abstracto que puede despegarse de las condiciones concretas y las necesidades colectivas. Laborales. La Comunicación revolucionaria sólo se desarrollará sobre sus mejores conquistas, dialéctica y colectivamente, cuando la sociedad logre su emancipación definitiva. Y permanezca armada para defenderse. Mientras tanto los logros impulsados desde las ciencias, artes o tecnologías y la jurisprudencia, hasta hoy privilegio de pocos, son sólo índices de un grado importantísimo, pero parcial, del desarrollo humano total.
Sobre el debate político y conciencia de su fuerza como trabajadores… de unidad con el conjunto de los explotados… casi no se habla, las leyes menos, muchos creen que “queda mal”. Y muchas personas caen en el juego, muerden el anzuelo, algunas son buenas personas, que en el mejor de los casos son víctimas de su ingenuidad. Se prestan y “engordan el caldo” de las burocracias sin haber librado un debate político de fondo, sin poner el claro el lugar principal del trabajador, su obra y aporte por encima de los administradores… se prestan y hacen comparsa sin debate político que haga entender que la cosa es exactamente al revés, que nos son los burócratas, que no deben ser ellos, quienes deben gobernar o dirigir la producción de la Comunicación, y ninguna otra, con el control extorsivo del dinero, con el control extorsivo de las herramientas y los espacios de producción y exhibición… que no, que ¡ya basta!, que la cosa es exactamente al revés, que son los trabajadores los que han de organizarse sobre sus tiempos y premisas y que los administradores están para obedecer los acuerdos de base, las necesidades y estrategias de los que producen la riqueza toda, la de la Comunicación también… es al revés. Ninguna ley por encima de esto.
Hay que decirlo en los talleres de artesanos, en los laboratorios científicos, en los centros de investigación, en las panaderías… hay que decirlo a los albañiles y en las escuelas, institutos de dramaturgia y teatro, escuelas de arte, cine, atriles, caballetes, muros… a los profes, a los espectadores y a todo mundo: los demagogos de la Comunicación se santiguan con sus sueldos y se sienten satisfechos por “llevar Comunicación y Cultura al pueblo” gozan orgásmicamente cuando el jefe les da una palmadita en la cabeza y les aumenta alguna ganancia económica o política. Mueven la cola complacidos con su esperpento ideológico… su “Comunicación” de elite triunfante, que sólo sirve a algunos elegidos. Millonarios.
¿Cuánto se gasta en hacer leyes sin respaldo social legítimo?. Si se destapara esta cloaca quedaría bien clara una expresión absolutamente corrupta del capitalismo disfrazado de moderno, con todo y sus leyes. ¿Esto incomoda a alguien? ¿Hay que pedir disculpas? Nos urge ver llegar la Democratización de los Espectros Radioeléctricos y la Justicia Comunicacional.
Por una Corriente Internacional de la Comunicación hacia el Socialismo
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